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El presente trabajo analiza los principales problemas que en el ámbito práctico presenta el procedimiento abreviado y la incapacidad, hasta el momento, del sistema jurídico español para resolverlos y dar respuesta a la cuestión de si estos problemas afectan a las garantías del administrado y por consiguiente a su adecuación a la tutela judicial efectiva. Con esta finalidad, tras examinar los problemas que suscita su ámbito de aplicación, se analiza la demora en la tramitación y resolución de asuntos mediante este cauce procedimental y las garantías del recurrente en las diferentes fases procedimentales. Finalmente, a la luz de todos los elementos anteriores, realizamos una serie de conclusiones que pretenden ilustrar acerca de si realmente existe o no una merma en las garantías del administrado y se plantean algunas propuestas de reforma e impulso a la implantación de la mediación intrajudicial en el orden contencioso-administrativo.

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El autor analiza algunos de los fundamentos del Derecho administrativo proyectados en la contratación pública, primero se examina el binomio central del sistema administrativo en Italia constituido por los derechos subjetivos e intereses legítimos y, luego, se aborda la configuración de la jurisdicción contencioso-administrativa italiana la que concentra su desarrollo a partir del mencionado binomio. La contratación pública y el Derecho administrativo, o viceversa, caminan unidos en la historia y se conviven a partir de ciertas instituciones y procedimientos que se presentan en este trabajo como fundamentos para la protección de los derechos e intereses legítimos del ciudadano frente al poder discrecional de la Administración Pública.

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La crisis provocada por la Covid-19 ha tenido repercusiones evidentes en la Administración de Justicia en España y las continuará teniendo en un futuro próximo. Este trabajo pretende examinar cómo las medidas de lucha contra la pandemia han afectado a la actividad jurisdiccional, con especial referencia al ámbito contencioso-administrativo. Con este fin, por una parte, se analiza, desde una perspectiva crítica, el impacto que han tenido las medidas adoptadas por las autoridades gubernativas para combatir la pandemia en el funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por otra, de lege ferenda, también se plantean algunas propuestas de mejora del actual marco normativo en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y se valoran, también con una mirada crítica, las propuestas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial para la reactivación de la actividad jurisdiccional en este ámbito y las medidas ya adoptadas o proyectadas por el Gobierno, para agilizar la actividad judicial en este ámbito.

El presente artículo pretende, a través de una pequeña reflexión metodológica, contribuir al diálogo necesario entre cierta historiografía jurídica definida por su empleo de la alteridad y la ciencia del derecho público interesada en la historia de su disciplina y de su derecho. Aprovechando un disenso historiográfico claro en torno a una temática clásica en la historia de la construcción del Estado decimonónico español —la instauración de “lo contencioso-administrativo”— se analizan, en primer lugar, las dos formulaciones posibles de esa misma historia incidiendo en aquellos aspectos que más las diferencian. En segundo lugar, se razona sobre las causas que están detrás de la falta de consenso interpretativo, para así acabar sosteniendo que el enriquecimiento del diálogo debe pasar ineludiblemente por ampliar el catálogo de fuentes y hacerlas compatibles con una perspectiva común que tome de la segunda formulación su mayor cuidado a la hora de emplear esas mismas fuentes.

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Bajo el influjo del liberalismo conservador, con el objetivo de construir un Estado amplio hegemonizado por la administración pública, el Derecho administrativo español desarrolló muy pronto la teoría de la doble personalidad estatal y, con ello, la distinción entre el derecho subjetivo ordinario o derecho subjetivo de carácter civil (posición jurídica frente al Estado, en cuanto persona civil situada en pie de igualdad, merecedora de plena protección judicial) y el derecho subjetivo de carácter administrativo o interés legítimo (posición jurídica frente a la administración en estado de mando merecedora de una protección administrativa menor en beneficio del interés general). Sin embargo, a partir de los años cincuenta del siglo XX ha recuperado elementos clave del liberalismo genuino, entre ellos el concepto clásico (ordinario) de derecho subjetivo. La tendencia ha sido que a que: (i) todo el Derecho administrativo objetivo sea derecho subjetivo bajo la condición de que el incumplimiento del primero afecte singularmente a quien esgrime el segundo en el proceso, con independencia de la finalidad de la norma; y (ii) quien sufre las extralimitaciones del poder, en cuanto titular de derechos, tenga garantizada una protección judicial plena con garantías de imparcialidad e igualdad de armas, así como la posibilidad de practicar prueba y obtener condenas a hacer. Al igual que en los ordenamientos vecinos, la ficción ha jugado un papel decisivo en esta evolución.

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Acercamiento a una fijación conceptual de los bienes de dominio o de servicio público, en cuanto propiedades de las diferentes Administraciones Públicas, y su marco normativo. En el régimen local, descripción de las disposiciones legales que amparan los bienes de dominio público y capacidad de las entidades municipales y provinciales para su señalamiento, inscripción, defensa, recuperación y desahucio, así como los medios compulsorios admitidos por la vía administrativa y judicial. Se describe la doctrina jurisprudencial y los criterios utilizados por la jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los caminos públicos locales, de su catalogación y de su naturaleza; de igual modo, se indican los criterios sobre la legalidad de los actos de las entidades locales, tanto procedimentales como de fondo, en la fijación de los bienes como servicio público. Recoge, asimismo, las sentencias más destacadas sobre esta materia pronunciadas en estas dos últimas décadas.

The full judicial control of the acts and resolutions of the Administration is a requirement of the constitutional principles contained in articles 1, 9.1, 9.3. 14, 23, 24, 103 and 106, and it is a pending task in our Rule of Law and in the protection of citizens' rights. The discretion of the administrative acts that consists in the authority of the Administration to decide between different options, all of them in accordance with the legal system, does not fit the technical qualification, because when it comes to reaching the "technical truth" we are faced with an undetermined legal concept that will require an interpretive effort of concretion, but in the end only one option will meet this condition. The evidence and its due evaluation by the judicial bodies thus constitutes the central nucleus of effective judicial protection in the contentious-administrative process. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El artículo propone una lectura laboral de la función pública. Es por eso que expone la problemática a la que se ven enfrentadas las relaciones laborales de carácter estatal en Colombia, específicamente las de naturaleza estatutaria, propia de los llamados empleados públicos, consistente en la sistemática inaplicación de las normas protectoras del trabajo humano y la prevalente utilización de las fuentes del derecho público administrativo para su regulación. A partir de la constatación que se hace de este fenómeno en el escenario de los procesos contenciosos conocidos por justicia administrativa colombiana en un período determinado, se concluye que siguen vigentes en dicho escenario las decimonónicas teorías de la soberanía y el autoritarismo estatal que, con la justificante de la protección del interés general, siguen traduciendo en el ámbito de la función pública una concepción unilateralista del vínculo laboral que une a los empleados con el Estado

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El Tribunal Ambiental de Santiago (TAS), en su sentencia de Rol 131 (STAS), dictada el 28 de abril del 2017, resuelve la acción de reclamación presentado por la empresa Frutícola y Exportadora Atacama Limitada (la reclamante) en contra de la Resolución Exenta N° 1056, de 12 de septiembre de 2016, del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la que por su parte había rechazado la reclamación presentada por la misma empresa en contra de la Resolución de Calificación Ambiental N° 133, de 23 de julio de 2015, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto "Candelaria 2030 - Continuidad Operacional", cuyo titular es Compañía Contractual Minera Candelaria. Respecto a la evaluación ambiental del proyecto controvertido, cabe destacar que durante su substanciación la reclamante realizó un total de 42 observaciones ciudadanas, las que relevaban la actividad agrícola desarrollada en la zona y el impacto que tendría sobre ésta, la continuidad el proyecto minero "Candelaria 2030 - Continuidad Operacional". Ahora bien, como su nombre lo indica, el proyecto minero Candelaria 2030 se trata en realidad, de una extensión de la operación cuprífera "Candelaria", aprobado originalmente en 1992. Asimismo, es de destacar que el Comité de Ministros acoge parcialmente la reclamación impetrada por la empresa Frutícola y Exportadora Atacama, por estimar que efectivamente existía un impacto en la actividad agrícola desarrollada en la zona, lo que repercutía en el componente ambiental "medio humano" reconocido en el artículo 11 letra c) de la Ley N° 19.300, sobre "Bases Generales del Medio Ambiente" (Ley N° 19.300). Adicionalmente, se incorporaron medidas relacionadas con los componentes ambientales "recursos hídricos" y "aire". La sentencia dictada por el Tribunal Ambiental de Santiago (TAS) en este caso (R-131- 2016) resuelve rechazar la reclamación intentada por el empresa Frutícola y Exportadora Atacama en el entendido de que la resolución del Comité de Ministros reclamada abordó adecuadamente las observaciones expuestas por ésta durante la evaluación ambiental del proyecto "Candelaria 2030 - Continuidad Operacional" Un aspecto interesante de analizar en este fallo es la forma en que la jurisdicción ambiental entiende el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa. Para ello es necesario primero, referirse a algunas particularidades del conflicto en comento. En su informe al TAS, el órgano recurrido indicó que la reclamante habría alegado nuevos hechos que no fueron sometidos al conocimiento del Comité de Ministros, esto es la sede de reclamación administrativa, lo que a su juicio, habría vulnerado el principio de congruencia. La idea que subyace a esta alegación es que sólo se podrá ventilar en sede jurisdiccional cuantos argumentos hayan sido expuestos en la etapa administrativa previa; en casos de "incongruencia" el Tribunal Ambiental no debe pronunciarse sobre el exceso. En el caso concreto, en la sede administrativa la empresa Frutícola y Exportadora Atacama impugnó las consideraciones que tuvo la Autoridad ambiental respecto del componente ambiental suelo desde su aptitud agrícola para el medio humano (art. 11 letra c) de la Ley N° 19.300), mientras que en la sede jurisdiccional agregó que también se debe considerar cómo la calidad del aire podría afectar el componente suelo desde su función de "recurso natural renovable" (art. 11 letra b) de la Ley N° 19.300). El órgano reclamado cuestiona este proceder pues la calidad del aire y su relación con el suelo no fue una materia observada durante la evaluación ambiental del proyecto "Candelaria 2030 - Continuidad Operacional". Al resolver, el TAS aclara que una infracción al principio de congruencia dice relación con la falta de conexión entre la sentencia y el objeto del proceso. Así, lo expuesto por el órgano reclamado estaría, a juicio del TAS, más bien vinculado a una "eventual desviación procesal en el contexto del enfoque revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa". Respecto a la desviación procesal, y citando a la jurisdicción contencioso-administrativa española, indica que: "habrá desviación procesal cuando se introduzca en el procedimiento contencioso administrativo una pretensión nueva, ya sea en fase de demanda o de conclusiones, siempre que aquella pretensión no se haya planteado en vía administrativa, privando a la Administración demandada de su conocimiento y de la posibilidad de acogerla o denegarla" (Sentencia 709/2015, del Tribunal Supremo de Justicia de Asturias). Por último, y para detectar la vinculación que debe existir entre la pretensión aducida en el procedimiento administrativo y el proceso judicial, el TAS no sólo pone atención al petitorio de la reclamación administrativa y la ulterior acción de reclamación, sino que también hace énfasis en las observaciones expuestas durante el procedimiento de participación ciudadana y las con posterioridad reclamadas en sede judicial. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El régimen jurídico de la tutela cautelar que rige hoy por hoy para la justicia administrativa en Cuba, se basa en el principio de ejecutabilidad de los actos administrativos, y por tanto, en la regla de la no suspensión de las decisiones de la administración pública. El modelo construido tomó como referencia el sistema de justicia cautelar administrativa del derecho franco-español de finales del siglo xix. En el siguiente trabajo se parte del presupuesto de la necesidad de un cambio de paradigma en torno a la ordenación jurídica de la tutela cautelar administrativa en Cuba; para la cual se aportan argumentos teóricos que justifican una modificación en pos de ampliar y reforzar el rol de la tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.

This article proposes a labor reading of public performance. It refers to the problem faced by public labor relations in Colombia, specifically those referring to the government, those of public employees, consisting in a systematic non application of norms which protect human work the prevalent use of sources of management public law for its regulation. From verification of this phenomenon in the scenario of litigious processes known by the Colombian management justice in a specific period, it was concluded that nineteenth century theories of sovereignty and government authoritarianism, which covered under the fact of general interest protection continue being in force, resulting in an unilateral conception of the labor link between employees and the Statea. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La jurisdicción contencioso-administrativa y el Derecho administrativo vienen configurando el sistema de control de las adjudicaciones contractuales. El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos administrativos y órganos similares territoriales arraigan el Derecho administrativo en el ámbito contractual, pero pueden llegar a afectar el significado de la jurisdicción contencioso-administrativa. En todo caso, aumentan las exigencias y, en el Derecho español, esto significa que aumenta el rigor del Derecho administrativo, mientras que en otros países se oculta esta realidad en la medida de lo posible prefiriéndose enfocar la materia jurídica desde el punto de vista del Derecho de la competencia. Pese a posibles referencias en el Derecho comparado, las organizaciones del Derecho de la competencia no suponen actualmente en España crisis alguna del modelo tradicional, habiéndose llegado a la asunción de distintas parcelas o ámbitos de control. El reto en realidad es que las resoluciones que se adopten se adecuen, mejor que en el pasado, a los intereses públicos y a los de justicia de los licitadores.

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y ESPECIALES. III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS FORMALIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO FORMALIZADOS. IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO, Y LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMO INSTRUMENTALES DE LOS REGÍMENES SUSTANTIVOS DE COMPETENCIA DE LAS MISMAS. V. LAS NORMAS PROCEDIMENTALES DE LA LEY 30/1992.

La jurisdicción de lo contencioso administrativo está muy congestionada. Para solucionar esta situación, son necesarias varias medidas: La disminución de los términos de caducidad de las acciones contenciosas ordinarias; la disminución del periodo probatorio y de las pruebas practicadas dentro del mismo; el aumento de los gastos del proceso que debe sufragar el demandante para que se le tramite el proceso, y la imposición de costas para la parte vencida en el pleito; la transferencia de asuntos que actualmente están asigna­ dos a la jurisdicción contenciosa, a la jurisdicción ordinaria civil; la eliminación de acciones constitucionales mal diseñadas por el legislador, que no han tenido una eficacia real; la redistribución de competencias en las secciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para disminuir la carga laboral de las Secciones congestionadas; extensión de la perención en contra de las entidades públicas demandantes, cuando éstas no cumplen con sus car­ gas procesales; eliminación de la aprobación de las conciliaciones prejudiciales por parte de los tribunales administrativos, para que estas sean aprobadas en sede administrativa.

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