Search

El artículo analiza los criterios tenidos en cuenta por el juzgador de instancia —en un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración por mala praxis médica— al entender vulnerado el derecho de la mujer (en el caso de autos) a decidir si daba a luz de manera natural o mediante cesárea. La sentencia resulta pionera porque por primera vez se reconoce en sede judicial, en el marco de los derechos reproductivos, que «la decisión final no es del facultativo, sino de la paciente». Por tanto, es a la mujer, bajo su responsabilidad, a la que le corresponde decidir sobre la forma de dar a luz una vez haya sido correctamente informada de su situación y de las alternativas existentes. No reconocer este derecho a decidir lleva de suyo una «imposición contra legem del criterio médico» frente a la decisión de la mujer, lo que denota una actitud médico-paternalista que socava la normativa específica en materia de autonomía del paciente, vulnera la lex artis y supone una forma de violencia obstétrica. El análisis se focaliza en los aspectos jurídicos claves tenidos en cuenta para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la administración, así como en el sustento normativo y jurisprudencial aplicado desde una óptica sensible al género.

En el desarrollo procesal y probatorio se presentan múltiples problemas respecto a la prueba pericial en responsabilidad médica, principalmente por el álgido debate de la carga dinámica de la prueba, con la ambivalencia jurisprudencial y doctrinaria de que la carga de prueba, la tiene aquella parte que esté en mejores posibilidades de probar, a ello, la actitud tímida de la parte demandante por los escasos recursos técnicos y económicos para la encomienda pericial, hecho que ha generado al usuario de salud abstenerse de realizar cualquier reclamación o colegas abogados y jueces que prefieren no abordar esta clase de procesos, por el esfuerzo de amalgamar la prueba y la ciencia en el decreto de prueba pericial, práctica de la pericia, sustentación del perito experto, contradicción de la prueba pericial y valoración de la prueba pericial por parte del operador de justicia. Para el presente trabajo, el problema de la investigación tratará estudiar el decreto de la prueba pericial, destacando como elemento importante los criterios de admisibilidad de la pericia, en cuanto a la conducencia y pertinencia científica, cuya complejidad radica no solo en la sustentación de la solicitud de la prueba, si no en el juicio valorativo previo aporte de la prueba al proceso que deben hacer las partes para seleccionar y limitar los hechos jurídicamente relevantes en la pericia médica. Univeridad Libre de Colombia - Derecho - Maestría Derecho Procesal In the procedural and evidentiary development, there are multiple problems regarding the expert evidence in medical liability, mainly due to the heated debate on the dynamic burden of proof, with the jurisprudential and doctrinal ambivalence that the burden of proof rests with that party who is in a better position to prove, to this, the timid attitude of the plaintiff due to the scarce technical and economic resources for the expert commission, a fact that has caused the health user to refrain from making any claim or fellow lawyers and judges who prefer not to addressing this kind of processes, due to the effort to amalgamate evidence and science in the decree of expert evidence, practice of the expertise, support of the expert witness, contradiction of the expert evidence and evaluation of the expert evidence by the justice operator . For the present work, the problem of the investigation will try to study the decree of the expert evidence, highlighting as an important element the criteria of admissibility of the expertise, in terms of conduct and scientific relevance, whose complexity lies not only in the support of the request for the evidence, if not in the value judgment prior to the contribution of the evidence to the process that the parties must carry out to select and limit the legally relevant facts in the medical expertise.