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Introducción. La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas cuestiona las políticas sociales y las prácticas de apoyo que se han organizado tradicionalmente para las personas con discapacidad. Su ratificación por parte de España en 2008 obliga al cumplimiento de esta normativa. Sin embargo, no se ha producido una transformación significativa de los servicios sociales dirigidos a las personas con discapacidad intelectual acorde con el nuevo paradigma de derechos. Conocer en qué medida los servicios sociales responden al modelo de derechos de la Convención es vital para orientar la transformación de las políticas, las organizaciones y las prácticas de apoyo. La opinión de las personas implicadas (personas con discapacidad intelectual, sus familias, y profesionales) es imprescindible para obtener datos acerca de la situación actual y poder plantear orientaciones de mejora. Esta investigación tiene por objeto explorar en qué medida las políticas y prácticas actuales vinculadas con los servicios sociales para personas con discapacidad intelectual se alinean con los planteamientos de la Convención, partiendo de las opiniones de personas con discapacidad, sus familias y profesionales. Metodología. El enfoque metodológico es mixto. Por una parte, se aplicó un cuestionario diseñado “ad-hoc” a 123 profesionales; por otra, se desarrollaron 5 grupos de discusión con personas con discapacidad intelectual (32 participantes) y 3 grupos de discusión con familiares (32 participantes). Los datos cuantitativos se analizaron mediante técnicas de estadística descriptiva y se realizó un análisis de contenido temático con los resultados cualitativos, organizando los resultados en tres temas: diseño de políticas sociales, orientación ofrecida a personas con discapacidad y familias, y participación de las personas con discapacidad y sus familias. Resultados. Los participantes concuerdan en valorar el dominio del modelo institucional, así como en las dificultades para la personalización y la promoción de la autonomía desde las prácticas y las políticas actuales, que se basan en un diseño extremadamente rígido de servicios y prestaciones. Se subraya la falta de información clara y accesible para familias y personas con discapacidad. Se indica la necesidad de potenciar un modelo flexible, acorde con la Convención, que potencie la participación de las personas y un mayor control de los apoyos por parte de éstas. Discusión. Se contrastan los resultados con investigaciones previas que han abordado algunas cuestiones relacionadas con los servicios sociales en España, y se confirma la necesidad de una mayor alineación entre las actuales políticas y prácticas con la Convención. Conclusiones. Avanzar en el modelo de derechos requiere la transformación de los servicios sociales mediante una revisión de los procedimientos de valoración y diagnóstico, explorar modelos centrados en la persona que garanticen su control sobre los servicios y los apoyos, asegurar apoyos flexibles y personalizados, así como procedimientos que garanticen la participación en los servicios y organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias. También es imprescindible la formación en derechos de todos los agentes (profesionales, personas con discapacidad y sus familias).

Las personas con discapacidad intelectual presentan, en general, redes sociales reducidas, poco diversificadas y con escasas fuentes de apoyo naturales. Promover la construcción de redes sociales más potentes contribuye a su bienestar personal e inclusión social y a enriquecer la diversidad de la sociedad. Este artículo presenta el proceso llevado a cabo en el diseño y validación de un instrumento que tiene por objeto apoyar la construcción de redes sociales de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. La elaboración de este dispositivo se ha articulado en diversas fases que incluyen un exhaustivo análisis bibliográfico, varias rondas de discusión y revisión interna y la validación por parte de profesionales de servicios dirigidos a personas adultas con discapacidad intelectual, profesorado de centros educativos y personas con discapacidad intelectual. Este proceso de validación se ha llevado a cabo en el ámbito nacional e internacional y se concreta en el Marco de calidad para las buenas prácticas de apoyo a la construcción de redes sociales (MdC-RS). El artículo describe el proceso de validación desarrollado, la versión final y orientaciones para su aplicación.

This article forms part of research into the role of support offered to children and youth by different community agents during the pandemic. In order to carry out the research, an online questionnaire was designed and administered between October 2021 and January 2022, to which 1,216 people in Catalonia (Spain) aged between 9 and 18 years responded. This article presents the results of the analysis of the open questions, in which participants specified the type of support and help they had received. The results show that the support offered by schools mainly focused on the continuity of the learning process; that the family was a main source of emotional support; and that communal leisure activities contributed to health and recreation. It concludes underlining the importance of the community, and the need to strengthen the complementarity of the various surroundings as support providers when situations of generalized adversity arise.

Background: Previous studies show that the personal support networks of people with intellectual disability are smaller and less diverse than those of people without intellectual disability. This article aims to compare the characteristics of the personal networks of young people with and without intellectual disability. Method: The Personal Network Analysis (McCarty, Revista Hispana Para El Análisis de Redes Sociales, 2010, 19, 242--271) was applied. The participants comprised 51 young people aged between 13 and 19, of whom 27 had an intellectual disability. The Egonet programme was used to compile information, and SPSS v.27 for the statistical analysis. Results: Young people with intellectual disabilities have smaller personal networks than people without disability, while they also comprise more people with disability and fewer 'friends' and support people. Conclusions: The full social inclusion of people with intellectual disability requires schools, families, the community and the individual to work together to develop activities that help them initiate and maintain relationships, prioritising mainstream contexts.