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Históricamente, los grandes avances en salud pública -el saneamiento y la higiene del agua, así como la seguridad alimentaria- han ido muy ligados a las respuestas sanitarias dadas a los grandes brotes epidémicos que han azotado a la humanidad. La actual pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades de la sanidad ambiental a la hora de abordar uno de los aspectos más relevantes de la prevención de las enfermedades infecciosas respiratorias: la transmisión aérea, o por aerosoles, en ambientes interiores. Si bien existen normas que regulan algunos aspectos de la calidad del aire en los edificios públicos, en la práctica no son percibidas como requisitos sanitarios o preventivos y raramente se vigila su cumplimiento. Por ello, desde la óptica de la salud pública y aprovechando la experiencia de la pandemia, parece razonable integrar la vigilancia de la “higiene del aire” en la sanidad ambiental, yendo más allá de los aspectos energéticos o de confort y enfatizando los aspectos sanitarios y microbiológicos. Ello supondría un avance sustancial en la contención de la transmisión de enfermedades infecciosas a través de los aerosoles.