Search

Mediante la Sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la no reanudación del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig) y sometió su continuación a dos requisitos, a saber: i) la implementación de la consulta previa y posterior en casos de afectaciones directas a comunidades étnicas en el marco de la implementación del Pecig, y ii) el diseño de un proceso para la toma de decisiones con base en el principio de precaución. Hasta la fecha, no se no ha propuesto una política que cumpla con los requisitos establecidos por la Corte; por tanto, el Pecig permanece suspendido. Lo anterior ha suscitado el debate frente a la posibilidad de flexibilizar las órdenes de la Corte ante la necesidad operacional de erradicar los cultivos de uso ilícito, como también replantear el debate de la erradicación desde el nuevo plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida (2022-2026)” y sus perspectivas de seguridad humana, con el fin de enfrentar con eficiencia el aumento constante de estos cultivos. A partir de un análisis sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en este artículo se proponen recomendaciones sobre cómo el Estado colombiano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de cultivos ilícitos desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Through judgement T-236 de 2017 the Colombian Constitutional Court ordered not to resume the Program for the Eradication of Illicit Crops by Aerial Spraying of Glyphosate (Pecig) and subjected its continuation to two requirements, namely: (i) the implementation of prior and post consultation in cases of direct affectations to ethnic communities in the framework of the Pecig’s implementation and (ii) the design of a decision-making process base on the precautionary principle. To date, the National Government has not designed a policy that complies with the requirements ordered by the Court; consequently, the Pecig remains suspended. This context has raised a debate on the possibility of making the Court's orders more flexible due to the operational need to eradicate illicit crops, opening up the possibility of tackling the constant increase of illicit crops efficiently. Therefore, based on an analysis of the Constitutional Court's jurisprudence, this article proposes some recommendations on how the Colombian state should comply with its international obligations regarding eradicating of illicit crops from a perspective of respect for human rights and environmental protection.

Desde la creación del Estado Social de Derecho con ocasión a la Constitución de 1991, se procedió con el ideal de garantizar de forma correcta los derechos de los colombianos, especialmente aquellos que por su condición étnica o cultural se veían expuestos a transgresiones constantes por parte de la Administración. De suerte que, a través de la ley 21 del 1991 se propició la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, por medio de del cual se tomarían las medidas necesarias para asegurar la materialización de los derechos de los pueblos indígenas, aborígenes y tribales, aumentando los medios para la protección de sus valores y estimulando la participación constante de los mismos en las decisiones tomadas por el gobierno central. Motivo por el cual se crea la figura de la Consulta Previa, en forma de un diálogo constante con el Estado a fin de desembocar en un acuerdo que le permita a este último proceder sobre los territorios y/o intereses de las comunidades indígenas, sin desconocer su derecho de participación. Since the creation of the Social State under the rule of law on the occasion of the 1991 Constitution, the ideal has been to guarantee in a correct manner the rights of Colombians, especially those whose ethnic or cultural background exposed them to constant transgressions by the Administration. Thus, Law 21 of 1991 led to the ratification of Convention 169 of the International Labour Organization - ILO, through which the necessary measures would be taken to ensure the realization of the rights of indigenous peoples, Indigenous and tribal peoples, increasing the means for the protection of their values and encouraging their constant participation in decisions taken by the central government. Reason for the creation of the Prior Consultation, in the form of a constant dialogue with the State in order to arrive at an agreement allowing the latter to act on the territories and/or interests of the indigenous communities, without ignoring their right to participate. Especialista en Derecho Administrativo http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion Especialización

This work aims to demonstrate the obligation of Consultation and Consent for the validation of the legislative process that deals with the Indigenous Peoples’ rights, specifically with regard to mining in their territories, since the consultation process is a necessary instrument to guarantee the right to self-determination consolidated by the Brazilian Constitution (1988) and by ILO Convention No. 169., Este trabajo pretende demostrar la obligación de Consulta y Consentimiento para la validación del proceso legislativo que trata de la Ley de Pueblos Indígenas, específicamente en lo que respecta a la minería en sus territorios, ya que el proceso de consulta y consentimiento son instrumentos necesarios para garantizar el derecho a la autodeterminación consolidada por la Constitución brasileña de 1988 y por el Convenio n. 169 de la OIT de 1989., Este trabalho tem como objetivo demonstrar a obrigatoriedade da Consulta e do Consentimento para a validação de processo legislativo que verse sobre Direito dos Povos Indígenas, especificamente no que diz respeito à mineração em seus territórios, visto que o processo de consulta e o consentimento são instrumentos necessários para garantia do direito à autodeterminação consolidados pela Constituição Brasileira de 1988 e pela Convenção n. 169 da OIT de 1989.

A raíz de mis estudios doctorales, tuve la oportunidad de profundizar en distintos modelos de regulación del territorio indígena a lo largo del continente americano a la luz del giro ontológico en la antropología; se trató de un estudio que buscó identificar si las distintas regulaciones respondían a las formas de percepción del entorno(s) de los pueblos indígenas. La respuesta fue compleja y variopinta, aunque se puede destacar, finalmente, que ese reconocimiento ontológico de los pueblos indígenas no se hace desde un punto de partida que, al menos, intente crear un espacio de neutralidad en la multiplicidad de ontologías de una sociedad pluriétnica, sino que se materializa a través de una mirada netamente occidental, a través de la protección de lo humano y su relacionamiento con las “cosas” (división cultura/naturaleza). En los años en los que desarrollé esta investigación, paralelamente, veía como muchas de las dificultades que se presentaban en escenarios protagonizados por abogados, recaían en la subestimación, la incapacidad de comprensión o simple desdén o indiferencia por las diferencias ontológicas en juego. Es común ver en los participantes de los procesos de consulta previa, las agencias de gobierno que toman decisiones sobre territorio indígena o los jueces de la república y altas cortes, que, al momento de enfrentarse a escenarios de multiplicidad de percepciones, prima un paradigma cultural, en donde todo parte de expresiones tales como: “es otra cultura”, “es un choque cultural” o “¿hasta dónde se debe proteger esa cultura?”

El artículo analiza el fracaso en la formulación de la política pública de protección de los sistemas de conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas en Colombia, en el gobierno del expresidente Iván Duque. Intervención necesaria si se considera que el 85% de las especies de plantas en el mundo se encuentran en territorio habitado por comunidades indígenas, por lo que el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado para respetar la integridad cultural de las comunidades indígenas. El artículo también discute la amenaza de la biopiratería y la necesidad de una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del conocimiento tradicional. The article analyzes the failure in the formulation of the public policy for the protection of the traditional knowledge systems of the Indigenous Peoples in Colombia, in the government of former President Iván Duque. Necessary intervention if it is considered that 85% of the plant species in the world are found in territory inhabited by indigenous communities, for which reason the Colombian State must guarantee the right to prior consultation and free and informed consent to respect the integrity of cultures of indigenous communities. The article also discusses the threat of biopiracy and the need for an equitable distribution of the benefits derived from the use of traditional knowledge. Primera edición.

Resumen En Colombia se ha tratado imponer una restricción a los métodos tradicionales de resiembra, medida que atenta contra la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y especialmente de las comunidades campesinas. A través de un ejercicio reflexivo y de un razonamiento inductivo es abordada esta problemática para proponer, a manera de resultado, unos lineamientos para lograr que a través de la consulta previa se involucren a los campesinos y se garanticen los derechos vulnerados. Abstract: In Colombia, there has been an attempt to impose a restriction on traditional methods of replanting, a measure that undermines food sovereignty and the traditional knowledge of indigenous peoples and especially peasant communities. Through a reflective exercise and inductive reasoning, this problem is addressed in order to propose, as a result, some guidelines to achieve the involvement of pea sants through prior consultation and to guarantee the violated rights.

Este artículo examina los fundamentos constitucionales y legales de la participación ciudadana y de la consulta previa a pueblos originarios en el sector minero en la República Argentina, apuntando tanto desarrollos regulatorios como, de modo general, vacíos normativos e institucionales para garantizar la plena efectividad de estos derechos. El artículo hace una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de participación ciudadana y consulta previa, de la cual pueden extraerse estándares relevantes a los casos concernientes a la actividad minera. Del análisis surge el contraste entre el ambicioso marco constitucional aplicable a los recursos naturales, que descansa en un enfoque de sostenibilidad y derechos humanos a partir de la reforma de 1994, y los mecanismos de participación pública y consulta previa, que son resorte de las autoridades provinciales. En materia de consulta previa, hay una gran brecha entre los principios emanados de las cláusulas constitucionales y los compromisos internacionales, y la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados en proyectos que los afectan a través de medidas legislativas y administrativas, institucionalidad apropiada y políticas públicas en la materia. This article examines into the constitutional and legal foundations of citizen participation and prior consultation to indigenous peoples in mining projects in Argentina. It points out legal developments and, in general terms, normative and institutional gaps that hinder the full effectiveness of these rights. The article reviews decisions of the Supreme Court of Justice concerning citizen participation and prior consultation, which provide a basis to draw standards relevant to cases related to mining. The article underlines the contrast between the ambitious constitutional framework applicable to natural resources, embedded in a sustainability and human rights approach as of the 1994 constitutional reform, and the public participation and prior consultation mechanisms in force, which fall under the competence of provincial authorities. Regarding prior consultation, there is a wide gap between the principles derived from constitutional provisions and international commitments, and the effective implementation of the rights of indigenous peoples to be consulted on projects that affect them through legislative and administrative measures, appropriate institutions and public policy on the subject matter.

RESUMEN La evolución del derecho fundamental a la Consulta Previa demanda una profunda reflexión sobre la forma como debe garantizarse éste sin menoscabar el principio de seguridad jurídica en el desarrollo económico de las naciones. Para el efecto, el presente documento abordará las nociones de seguridad e inseguridad jurídica y la forma en que los procesos de determinación de procedencia de la Consulta Previa, los yerros en las etapas consultivas, en los actores y asignación de roles, en los procedimientos inadecuados en la institución de la post – consulta, conllevan a la afectación de los derechos fundamentales de los grupos étnicos, el desarrollo de los proyectos de inversión y los intereses de los promotores de estas iniciativas. Es de vital importancia en el marco de un Estado Social de Derecho que se encuentre el equilibrio adecuado para garantizar a la población indígena, rom, afrocolombiana, raizal y palenquera, sus derechos fundamentales a la participación y a la integridad étnica y cultural; sin menoscabar el desarrollo económico que requiere nuestro país. Finalmente se propondrán algunas iniciativas en los ámbitos político, jurídico y económico que desde la práctica puedan contribuir a la debida articulación de las entidades, instancias y procesos que sean necesarios para minimizar los riesgos en los procesos consultivos y en el diálogo intercultural. Univresidad Libre - Facultad de Derecho - Maestria en Derecho Administrativo ABSTRACT The evolution of the fundamental right to Prior Consultation calls for an in-depth reflection on how it should be guaranteed without undermining the principle of legal certainty in the economic development of nations. For this purpose, this document will address the notions of security and legal uncertainty and the way as usual failures in the processes of determining the provenance of the Prior Consultation, errors in the consultative stages or inappropriate procedures in the post - consultation, They affect the fundamental rights of ethnic groups, investment projects and the interests of the promoters of these initiatives. It is of vital importance in the context of a social State governed by the rule of law to find the right balance to guarantee the Indigenous, Roma, Afro-Colombian, Raizal and Palenquera populations their fundamental rights to participation and to ethnic and cultural integrity; without undermining the economic development required by our country. Finally, some initiatives will be proposed in the political, legal and economic fields that can contribute to the proper articulation of the entities, The European Commission has also taken the view that the European Parliament should be given the necessary powers and procedures to minimise risks in consultation processes and intercultural dialogue.

Se propone revisar a manera de esbozos cómo se les entiende hoy a los indígenas a partir de lo investigado por otros autores los cuales serán base suficiente para comprender el paradigma indígena desde lo contemporáneo; para ello el punto de partida será empezar por la misma estructura constitucional definiendo una posible problemática a partir de la revisión reflexiva de dos artículos de la Constitución de 1991, estos son el artículo 13, segundo y tercer inciso, versus el artículo 14, de cara al indígena entendido como un individuo. Realizado lo anterior, se examinará si se les habla a los indígenas en clave del artículo 14 de la Constitución, es decir, si les es viable para ellos ejercer la personalidad jurídica, o si por el contrario al indígena le resulta más llevadero, conforme a la dinámica estatal, acogerse al etiquetamiento de outsider (Becker, 2009) esperando ser protegido. Lo cual, en consecuencia, acarrearía la negación del ejercicio pleno del reconocimiento de la personalidad jurídica ante un mundo postindustrial cuyos movimientos son completamente económicos. It is proposed to review by way of sketches how indigenous people are understood today based on what has been investigated by other authors, which will be a sufficient basis for understandingthe indigenous paradigm from the contemporary; For this, the starting point will be to begin with the same constitutional structure, defining a possible problem that is found when two articles of the 1991 Constitution are considered, that is, article 13, second and third paragraph, versus article 14, facing the indigenous understood as an individual. Once the above is done, it will be examined whether the indigenous are addressed in terms of article 14 of the Constitution, that is, if it is feasible for them to exercise legal personality, or if, on the contrary, it is easier for the indigenous to seek to be labeled as an outsiders in the words of Becker (2009) waiting to be protected, denying him as a consequence the full exercise of recognition of legal personality in a post-industrial world whose movements are completely economic Magister en Derecho Público Maestría

Resumo O presente artigo demonstra como o procedimento de consulta aos povos indígenas torna-se um mecanismo de participação democrática quando minorado o desequilíbrio de poder simbólico e adotado um viés descolonizante. Os métodos foram o dedutivo e o materialista histórico-dialético e a pesquisa bibliográfica. Para alcançar o resultado, utilizou-se as teorias do poder simbólico de Pierre Bourdieu e do perspectivismo ameríndio de Viveiros de Castro. Abstract This article demonstrates how the procedure of consultation with indigenous peoples becomes a mechanism of democratic participation when the imbalance of symbolic power is reduced, and a decolonizing bias is adopted. The methods used were deductive and historical-dialectical materialist and the research was bibliographic. The result was achieved using Pierre Bourdieu’s theory of symbolic power and the Amerindian perspectivism of Viveiros de Castro.

Con la presente investigación se realiza la identificación de antecedentes normativos, jurisprudenciales y teóricos acerca de la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa en las comunidades étnicas en Colombia. De igual forma, se analiza el concepto de justicia dentro del marco de las teorías igualitarias aplicadas a la conceptualización de reparación en la actualidad colombiana, y por último se realiza un análisis del caso correspondiente al proyecto de construcción de la represa Urrá sobre el río Sinú, en el departamento de Córdoba, “construcción hidroeléctrica Urrá y un estudio de comparado de jurisprudencia nacional e internacional, a fin de identificar si se da una verdadera reparación integral con ocasión a la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa. This research compiles the normative, jurisprudential and theoretical background about the violation of the fundamental right to prior consultation in ethnic communities in Colombia. In the same way, the concept of justice is analyzed within the framework of egalitarian theories applied to the conceptualization of reparation in Colombia today, and finally an analysis of the case corresponding to the construction project of the Urrá dam on the Sinú river is carried out. , in the department of Córdoba, “Urrá hydroelectric construction and a comparative study of national and international sentences, in order to identify if a true comprehensive reparation is given on the occasion of the violation of the fundamental right to prior consultation. Magister en Derecho Público Maestría

La consulta previa como derecho fundamental de los grupos étnicamente diferenciados y el consecuente proceso administrativo para la garantía de su materialización efectiva, constituye uno de los elementos fundamentales y un requisito constitucional para la ejecución de proyectos, obras o actividades (POA), medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los mencionados pueblos. Desde la suscripción del Convenio 169 de 1989 por parte de Colombia y la entrada en rigor de la Ley 21 de 1991 aprobatoria del mismo, la consulta previa no ha pasado desapercibida y por el contrario, con el auge en las últimas dos décadas de proyectos minero energéticos y de infraestructura, las tensiones sociales y jurídicas entre los derechos de las comunidades étnicas y el derecho a la libre empresa e iniciativa privada han sido permanentes. Con el fin de buscar alternativas normativas para el cierre de brechas y vacíos legales generados por la desordenada emisión de actos administrativos para la regulación del proceso de consulta previa, así como el aporte permanente de criterios, reglas, principios y estándares jurisprudenciales por parte del Juez constitucional, tanto el gobierno nacional como algunos sectores productivos han promovido la expedición de proyectos normativos que permitan cerrar estos vacíos, buscando generar mayor certeza y seguridad jurídica en la implementación del proceso consultivo.

de conformidad con el artículo 93 de la constitución nacional, Colombia a través de congreso de la Republica ha ratificado distintos tratados y convenios internacionales, entre los que podemos encontrar el convenio 169 de la OIT, mismo que versa sobre temas relacionados con los pueblos indígenas y tribales, con el fin de garantizar la participación y el acceso a la información sobre los proyectos, obras o actividades que se pretendan realizar en sus territorios ancestrales. Pese a que en Colombia se encuentra regulada la participación de los pueblos indígenas, mediante la implementación y desarrollo de la consulta previa como derecho fundamental, muchas entidades estatales, empresas e instituciones han venido trasgrediendo referido derecho, entendiendo que este ha sido vulnerado, bajo la premisa de otorgar presuntos beneficios tecnológicos. in accordance with article 93 of the national constitution, Colombia through the Congress of the Republic has ratified different treaties and international agreements, where we can also find the ILO convention 169, the same one that deals with issues related to indigenous and tribal towns, in order to guarantee participation and information about projects, works or activities that are intended to be carried out in their ancestral territories, Despite the fact that in Colombia the participation of indigenous peoples is regulated through the implementation and development of prior consultant as a fundamental right, many state entities, companies and institutions have been transgressing the aforementioned right, Understanding that this has been transgressed under the premise of granting presumed technological benefits Especialista en Derecho Administrativo Especialización