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The main purpose of this article is to develop the constitutional content of the right of property of the indigenous people over territories where they have lived historically, that regarding the problem of the Government compromise on granting property titles. In order to achieve this, first, it follows the national and international jurisprudence that develop this topic. Later on, this article makes an approximation to the content of this right of property in our constitutional context. Also, it suggests the protection the Government should provide to grant this right and the measures that have to be taken. Finally, it develops possible answers to the principal questions this topic brings on. El presente artículo tiene como principal objetivo desarrollar el contenido constitucional del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre los territorios que han habitado históricamente, en vista del problema que presenta la obligación impuesta por el Estado peruano de registrar su titularidad. Para ello, en primer lugar, se seguirá tanto la jurisprudencia nacional como internacional que ha desarrollado el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. Luego, se hará una aproximación a su contenido dentro del marco constitucional en nuestro país.Asimismo, se hablará del resguardo que debe brindar el Estado a este derecho y las medidas que está obligado a brindar para hacer efectiva su protección. Finalmente, se desarrollarán respuestas tentativas a las principales interrogantes que surgen con respecto a este derecho.

The present article seeks to approach to the constitutional content of the right of indigenous peoples to their territories, especially the one developed by the Inter American Court of Human Rights, in view of the substantial pronouncements of this important court, its guarantor rights character, and it’s binding to the operators of the justice system of our country character. El presente artículo intenta aproximarse al contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, de manera especial al desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a los sustanciosos pronunciamientos de este importante tribunal, a su carácter garante de derechos, y de su carácter vinculante para los operadores del sistema de justicia de nuestro país.

The last proposal from the Ministry of Energy and Mines (MEM), about the exoneration from the Environmental Impact Study (EIS, onwards) the realization of the seismic activity in the stage of exploration of oil lots, has allowed us a better visualization to of the EIS’s role in the defense of the territories of indigenous peoples. Similarly, it allows us to evaluate carefully how the way the MEM understands and realizes EISs meets the mandatory standards established by the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights (IACH, onwards), the Convention No. 169 of the ILO and Peruvian Constitution. Then, given that the rules established in the jurisprudence of the IACH are mandatory, this article has three objectives: first, to generally review EISs treatment in the IACH’s jurisprudence; second, to identify the centrality of the livelihoods of indigenous peoples in the EISs about extractive activities; and, third, to establish the requirements set out by the IACH for the La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio N° 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividad

The present article seeks to approach to the constitutional content of the right of indigenous peoples to their territories, especially the one developed by the Inter American Court of Human Rights, in view of the substantial pronouncements of this important court, its guarantor rights character, and it’s binding to the operators of the justice system of our country character. El presente artículo intenta aproximarse al contenido constitucional del derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios, de manera especial al desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en atención a los sustanciosos pronunciamientos de este importante tribunal, a su carácter garante de derechos, y de su carácter vinculante para los operadores del sistema de justicia de nuestro país.

La última propuesta del Ministro de Energía y Minas de exonerar de estudio de impacto ambiental (EIA) la realización de la actividad sísmica en la etapa de exploración de los lotes petroleros ha permitido visibilizar mejor el papel que juegan los EIA en la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y evaluar con detenimiento hasta qué punto la forma como el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entiende y realiza los EIA, se ajusta a los estándares de cumplimiento obligatorio establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), el Convenio Nº 169 de la OIT y la Constitución peruana. Teniendo en cuenta que las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH son obligatorias, los objetivos de este artículo son tres. Primero, revisar de manera general el tratamiento que los EIA reciben en la jurisprudencia de esta; en segundo lugar, identificar la centralidad de la subsistencia de los pueblos indígenas en los EIA sobre actividades extractivas y; en tercer lugar, establecer los requisitos que la Corte IDH establece para la validez de los EIA sobre actividades extractivas en territorios de pueblos indígenas. La conclusión es que la forma como se aprueban los EIA en el Perú no se ajusta y no es compatible con las reglas vinculantes establecidas en el sistema interamericano de derechos humanos.