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El modelo de democracia que se deriva de la Constitución española aprobada en 1978 se ha intentado definir a través del uso de instrumentos de participación electoral/representativos e instrumentos de participación directa. No obstante, el vértigo de un constituyente timorato, una interpretación restrictiva de la jurisprudencia constitucional y una práctica perezosa han convertido en marginales los instrumentos de participación política semidirecta. Con este complicado marco de partida, el presente trabajo intenta describir los problemas con los que se ha encontrado el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular, valorar cómo se ha gestionado en la vida política ese instrumento de participación ciudadana y, por último, hacer propuestas que pudiesen revitalizar el ejercicio popular de ese mecanismo para que el Cuerpo Electoral pueda colaborar efectivamente en el proceso legislativo junto con las Cortes y el Gobierno.

En noviembre del 2007 se instala la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución y con ello renovar el sistema político ecuatoriano. Este artículo tiene como objetivo analizar el desarrollo de la iniciativa popular normativa como procedimiento institucional de participación ciudadana, desde mayo 2009 hasta diciembre 2014 e identificar los principales factores que influyeron para su impulso u obstrucción en el escenario político nacional. La investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, cuantitativo, documental, empleando fuentes de información primaria y secundaria. Se revisó la producción legislativa en el período de estudio para establecer el aporte de la ciudadanía a la construcción de la política pública y los resultados revelan que las experiencias son pocas e intrascendentes, debido a un legislativo sometido al control presidencial y un modelo de gobierno donde los tiempos, los espacios y las formas de implementar los mecanismos de democracia directa y participativa se definen “desde arriba”, de acuerdo a la coyuntura política. Además, que no basta con la redacción de una normativa de contenido progresista para que la sociedad utilice estos mecanismos y se generen cambios estructurales, sino que se requiere de un Estado democrático que respete los derechos fundamentales.

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El presente trabajo realizado bajo un objetivo general de determinar los argumentos jurídicos para incorporar en el ordenamiento civil peruano en forma optimizada los contratos electrónicos, cuya investigación se realizó bajo una metodología explicativa, con un enfoque mixto, con un diseño no experimental y de corte transversal, cuya técnica de recolección de datos siendo la observación directa y las subtecnicas como la interpretación y la argumentación se llega a los resultados que la mayoría de los notarios y usuarios no tiene bastante conocimiento en contratos electrónico y además mencionan que no genera confianza ese tipo de contratos, así llegando a la conclusión, “Las implicancias jurídicas de generar regulación en el ordenamiento civil, se manifiestan en: el consentimiento como requisito de la contratación electrónica, la formalidad como elemento de un contrato electrónico y la seguridad jurídica en la contratación electrónica”

En las Sentencias 139/2018, de 17 de septiembre, y 17/2019, de 11 de febrero, el Tribunal Constitucional estima dos recursos de amparo por vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23 CE). En ambas sentencias, el Tribunal Constitucional considera que la Mesa del Congreso de los Diputados no ha ejercido su función calificadora de conformidad con las exigencias constitucionales derivadas de los arts. 23.2 y 134.6 CE, ya que no supo apreciar que la oposición del Gobierno no se ajustaba a los criterios jurisprudenciales sobre el art. 134.6 CE.

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Resumen: Las Comunidades Autónomas pueden, porque así se lo autoriza el artículo 87.2 de la Constitución, iniciar leyes estatales tanto ante el Gobierno de la Nación como ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los escasos trabajos que se ocupan de la iniciativa legislativa autonómica se centran casi exclusivamente en la segunda de las vías acogidas por aquel artículo, sin que prácticamente se haya llevado a cabo ningún comentario teórico que trate de dar sentido, hacer la crítica y elaborar unas ciertas garantías a la utilización de la vía ante el Gobierno. El ejercicio de esta modalidad de iniciativa legislativa regional abre todo un panel de cuestiones a tratar, algunas más sustantivas, como el saber el por qué de dicha previsión (¿para qué estimular la puesta en marcha de la ley ante un órgano que no es un legislador?), y otras estrictamente procedimentales (principalmente referidas a la tramitación que han de seguir, en el seno del Gobierno, las solicitudes de proyectos de ley remitidas por los parlamentos regionales), a todas las cuales el presente estudio trata de dar respuesta. Con el fin de ordenar todas estas cuestiones es útil distinguir dos fases claramente diferenciadas a través de las cuales se articula la actuación de este estímulo de la iniciativa legislativa gubernamental. La primera de estas fases tiene lugar en el seno de los parlamentos regionales de acuerdo con lo previsto en sus respectivos reglamentos parlamentarios, y se concreta en la aprobación por tales Cámaras de la remisión al Gobierno de una propuesta -articulada o no- de proyecto de ley. La segunda fase se desarrolla en el seno del Gobierno, el cual, si decide discrecionalmente atender la solicitud remitida por una Asamblea autonómica, iniciará el procedimiento de elaboración, aprobación y posterior remisión a las Cortes del proyecto de ley previsto en nuestro ordenamiento jurídico. De especial interés resulta, a este respecto, analizar las consecuencias de la incomprensible ausencia de un mínimo procedimiento que prolongue la actuación de la iniciativa autonómica con algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de la Nación, lo cual viene a reducir la facultad atribuida por la Constitución a las Asambleas de las Comunidades Autónomas que nos ocupa a un “vacío” ayuno de toda entidad jurídica, razón por la cual nos permitimos proponer algunas medidas de lege ferenda con el fin de reintegrar este instituto a su verdadero sentido y a su más cierta eficacia. Abstract: The article 87.2 of the Spanish Constitution assigns to the Assemblies of the Autonomous Communities the power to initiate state laws, power that can exercise before the National Government or the Chamber of Deputies. However, few studies dealing with the regional legislative initiative focusing exclusively on the second of the routes received by that article. Practically it has not been carried out any theoretical commentary try to make sense, to criticize and develop a certain guarantees to the use of the road with the Government. The procedure for exercising the request to government bills opens some substantive problems (for example, why should stimulate the implementation of the law before a body which is not a legislator?), and others of a procedural nature (mainly concerning the processing to be followed within the Government requests for bills approved by regional parliaments), all of which this study try to respond. For this, it examines each of the two phases through which the exercise of this regional initiative articulates. The first phase takes place within regional parliaments in accordance with the provisions of their respective parliamentary rules in order that such chambers approve the referral to the State Government a proposed bill. The second phase develops within the Government, which, if it decides to grant the request submitted by a regional Assembly, it will initiate the procedure for preparation, approval and subsequent submission to the state Parliament of the bill. We examined its regulatory framework, the assumption of the regional impulse by the Government (the “previous pass” of the Council of Ministers), or the advantages can have this form of the regional legislative initiative against the other form of regional legislative. Of particular interest is analyzed the consequences of the incomprehensible absence of a minimum procedure to prolong the action of the regional initiative with some kind of action to be taken by the Government of the Nation, which has the result of reducing to a “vacuum” the statutory provision of article 87.2 of the Constitution, for which reason it is proposed here some further measures de lege ferenda that are desirable in order to this institution might better fulfil their purposes in an efficient manner. Title: The exercise of the legislative initiative of the Autonomous Communities before de national Government. Singularity, deficits and proposals de lege ferenda Summary: I. INTRODUCTION. II. WHAT THE LAW SAYS ABOUT IT: 2.1 The autonomic phase. Articulated or unarticulated formulation of the impulse of the Assemblie of the Autonomous Community. 2.2 State phase and the action (or inaction) of the national Government: A) Regulatory framework. B) The assumption of the autonomic impulse by the Government: the «praevios pass» of the Council of Ministers. C) Excursus: advantages and disadvantages that can result from this type of autonomic initiative. Considerations about the supposed primacy of the governmental legislative initiative. III. WHAT THE LAW DOES NOT SAY. THE FACTS AS «PASSIVE» OF THIS FIGURE: 3.1 A cause that still belongs to the realm of law: the absurdity that implies that a power granted by the Constitution to autonomics parliaments did not follow any procedure. 3.2. And two consequences of that nonsense: A) An unavoidable sequel: the almost total disengagement of the Government of the Nation. B) And an already proven dysfunctional practice: the use of this figure diverted for different purposes than those you are supposed to. Recourse to the «case method». IV. PROPOSALS DE LEGE FERENDA. V. BIBLIOGRAPHY.

El artículo reflexiona sobre el significado político y constitucional de la iniciativa legislativa del Gobierno en los tiempos actuales. Es decir, sobre la preminencia del poder ejecutivo en la función de impulso de la legislación y el papel político que corresponde a las fuerzas políticas del Parlamento en esta tarea. Asimismo el artículo analiza el modelo difuso o desconcentrado de redacción de los textos pre-legislativos en España y su contraste con otros modelos existentes en Europa.

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The main objective of this study is to analyse the unequal presence in other decentralised States of the power to initiate state laws that the article 87.2 of the Spanish Constitution assigns to the Assemblies of the Autonomous Communities, analysis that allows to conclude that not even any regional State recognises necessarily to his territorial autonomous entities legislative initiative before the central Parliament, not even the existence of a second territorial chamber is an obstacle in order that some Federations recognise his members states a capacity of legislative initiative before the federal Parliament. In addition, the upper chamber of the federal system often has minor legislative capacity that the lower chamber, and even, may suffer from little political relevance. On the one hand, the position of the States federated in the second territorial chamber is only that of a member, which does not allow them to dominate the decision to stimulate a federal law. On the other hand, It is evident that there exist federal States in which the legislative initiative of the member states before the national Parliament is perfectly recognized. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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