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Profundiza en la condición de vulnerabilidad y específicamente en las personas solicitantes de asilo Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

En esta encuesta un grupo de profesores de Derecho Constitucional contestan un conjunto de preguntas sobre el derecho de excepción, su razón de ser, objetivo, límites y garantías. Y en relación con el derecho de excepción español, sobre las previsiones constitucionales al respecto, su desarrollo a través de la LO 4/1981 y su aplicación práctica.

Verfassungsblog: On Matters Constitutional

En este trabajo se estudia la repercusión que en los primeros momentos tuvo en las personas y grupos más vulnerables la pandemia de coronavirus, así como las medidas que se han adoptado en España para intentar combatir esos efectos. El estudio se limita a las medidas aprobadas durante las primeras semanas de incidencia de la pandemia en España (marzo de 2020).

Reseña de: Pérez Miras, A. et al (Dir.) y Romboli,S. et al. (Coord.) Setenta años de constitución italiana y cuarenta años de constitución española. Madrid : BOE/CEPC

“Debemos estar siempre vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar las manifestaciones de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos que conducen a la muerte salvo que sea necesario controlarlas para así salvar a la nación…” Hace más de cien años que se escribieron estas famosas palabras por parte del juez Holmes en su voto particular en el asunto Abrams v. United States, de 10 de noviembre de 1919. Las palabras de Holmes, en España deben ser especialmente recordadas en los momentos actuales porque, pese a la consolidación del Estado social y democrático de Derecho y la proclamación de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE), perviven amenazas reales a la libertad de expresión y no parece descartable, a la vista de no pocas resoluciones judiciales y de algunas reformas legislativas, que no es descartable vayan a más.

Este artículo analiza las respuestas que, en materia de derechos fundamentales, ofrecen a las crisis sanitarias tanto la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, como la Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública. Pero, además de la teoría, estudiamos las dificultades prácticas que se han evidenciado con ocasión de la aplicación de estas normas a la pandemia de COVID-19. Finalmente, nos ocupamos de la única resolución, hasta la fecha, del Tribunal Constitucional sobre la afectación de derechos fundamentales en el contexto de la citada pandemia.

Producción Científica, El presente volumen, realizado en el marco del Proyecto estatal "España ante Europa: retos nacionales en materia de derechos fundamentales" (DER2016-75993-P), se articula en torno a dos partes bien diferenciadas. En la primera se examina la protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBI en perspectiva internacional y comparada. Comprende un estudio de Ignacio Álvarez Rodríguez sobre el papel desempeñado por la ONU a este respecto; otro de José Díaz Lafuente acerca de los avances habidos en el seno de la UE en este terreno; y un tercero sobre el Consejo de Europa, a cargo de Francisco Ruiz-Risueño Montoya, en el que se disecciona críticamente la muy relevante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recaída sobre la materia. Esta primera parte se completa con un estudio comparado de Anna Lorenzetti sobre la situación jurídica de las personas LGTBI en diversos Estados europeos. En la segunda parte de la obra se analizan temas específicos que presentan especial interés para el colectivo LGTBI. María Díaz Crego aborda la discriminación por orientación sexual; Miguel Ángel Presno Libera se ocupa del discurso del odio contra las minorías sexuales: Pilar Benavente examina el registro y la filiación de parejas LGTBI; Francisco Javier Matia Portilla se pregunta si sería conveniente regular la gestación subrogada en nuestro país; y finalmente Antonio Arroyo Gil concluye con una reflexión jurídica sobre la intersexualidad., Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (DER2016-75993-P)

Este libro contiene tres estudios resultado de la Clínica Jurídica del Máster en protección de las personas y los grupos vulnerables de la Universidad de Oviedo. El primero, escrito por M.A. Presno Linera , analiza la historia paralela del surgimiento del CEAR en España y el derecho de asilo, a través de la elaboración normativa y el desarrollo institucional. En el segundo, de Á. Espiniella Menéndez, se presenta una crónica de la jurisprudencia sobre esta materia. Por último, Pilar Concellón Fernández estudia el sistema europeo común de asilo y su relevancia en el momento actual.

El objeto y finalidad de la presente tesis consiste en dilucidar la medida en que determinados valores y principios necesarios para el cumplimiento por las Fuerzas Armadas de las misiones asignadas por el art. 8 de la Constitución Española (CE) sirven para la delimitación del objeto, contenido y límites de los derechos fundamentales de los militares, sin que nuestro análisis se reduzca, por tanto, a un mero estudio de cada uno de ellos. A lo largo del trabajo hemos descartado que del Texto supremo sea posible deducir una cláusula general limitativa de los derechos fundamentales de los sometidos a disciplina militar o que la categoría de las relaciones especiales de sujeción halle expreso reflejo constitucional. Por ello, con independencia de las salvedades expresas que figuran en el texto constitucional (véanse los arts. 25.3, 28.1, 29.2 o 70.1) y ello sin perjuicio del carácter informador que ostenta la permanencia del peculiar estatuto de los militares, y que da lugar en la práctica a una intensa relación especial de sujeción que proyecta sus efectos tanto a las actividades del militar en acto de servicio cuanto a las realizadas fuera del mismo, éstos son titulares de los derechos fundamentales contenidos en el título I de la Constitución sin distinción respecto a cualquier otro ciudadano, de forma que las restricciones a los derechos fundamentales deben fundamentarse para cada caso concreto en algún bien o principio con relevancia constitucional como la disciplina y neutralidad política en la medida en que sirvan a la eficacia y operatividad de los ejércitos a la luz del art. 8 de la Constitución. Esta conclusión se ve reforzada por la indudable caracterización de las Fuerzas Armadas como parte de la Administración plenamente sometida al principio de legalidad y fiscalizable, por ello, en sede jurisdiccional (arts. 103 y 106 CE), sin ningún tipo de cautelas, salvaguardas o inmunidades impropias de un Estado cuya Constitución proclama en el preámbulo su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley. No obstante, aun apareciendo la nueva Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes con la indudable vocación de constituir un auténtico estatuto integral de los derechos fundamentales de los militares, hasta el momento se ha seguido la defectuosa técnica de configurar los derechos de los miembros de la milicia mediante las leyes penales y disciplinarias militares, a lo que han de añadirse los límites establecidos en normas reglamentarias o instrucciones de ínfimo rango, derivados de la permanente relación de sujeción propia de los que ostentan la condición militar y que no hallan el adecuado reflejo en el lugar que les es propio en virtud del principio de reserva de ley.

El colectivo menor de edad como grupo potencialmente vulnerable requiere una protección jurídica específica destinada a salvaguardar los derechos, intereses y libertades del colectivo en pro del interés superior del menor. Es por tanto, que las normativas internacionales y estatales han ido evolucionando adaptándose a las nuevas necesidades derivadas de la evolución social, realizándose modificaciones y reformas que nos llevan hasta el sistema de protección de la infancia y adolescencia actual. Es necesario tener en cuenta la situación en la que se encuentran algunos menores lo cual requiere de medidas específicas como el acogimiento, recurso fundamental para la protección del colectivo, sin olvidar el importante papel que juegan las entidades privadas destinadas igualmente a la protección del colectivo.

El ejercicio del derecho de participación política es una condición indispensable de los sistemas democráticos y diferentes grupos vulnerables lo tienen reconocido expresamente. Pero con el reconocimiento del derecho no es suficiente, sino que son necesarios mecanismos accesibles y eficaces para garantizar su ejercicio. En consecuencia, han surgido en los últimos años consejos consultivos donde se debaten temas específicos que afectan a determinados grupos. También, varias de las leyes autonómicas de participación ciudadana establecen el fomento de la participación política de diversos grupos, incluso, han ampliado su ejercicio a grupos tradicionalmente excluidos.

Tesis doctoral con mención internacional, La presente tesis doctoral analiza cómo la clásica lucha contra las inmunidades del poder que abanderó García de Enterría a principios de los años 60 del siglo pasado, es propia de unas coordenadas jurídico-políticas heterorreferenciales, donde existe verdaderamente un poder inmune ajeno y superior al Derecho (soberano legibus solutus), cuyas manifestaciones (inmunidades del poder), portan necesariamente su misma naturaleza. En el Estado constitucional, sin embargo, esa lógica desaparece pues ya no existen poderes inmunes jurídicamente posibles sino poderes públicos o privados juridificados, es decir, no solo jurídicamente limitados sino jurídicamente constituidos. Tan es así que la inmunidad deja de corresponderle a esos viejos poderes ajenos al Derecho para corresponderle, por entero, al ordenamiento jurídico en sí mismo considerado, que precisa de las dos cualidades inmunitarias de la autorreferencialidad y positividad para existir como orden soberano. A la larga y de forma indirecta, la lucha contra las inmunidades del poder terminaría entonces conduciendo a la lucha por la propia inmunidad del sistema normativo, en suma, al Estado constitucional.

El presente trabajo tiene como finalidad el tratamiento de la cuestión social en el Estado social y democrático de Derecho español conformado a partir de la Constitución de 1978, así como la interrelación entre dicha construcción y el modelo de economía capitalista de mercado. En particular, nos detendremos de manera crítica sobre la afectación de la crisis económica al catálogo de derechos fundamentales prestacionales, derechos sociales y principios rectores de la de la política social y económica desarrollados constitucionalmente y su incidencia, en última instancia, en las situaciones de vulnerabilidad económica recrudecidas en épocas de crisis.

El ejercicio de la potestad legislativa de urgencia que el Gobierno tiene constitucionalmente reconocida se supedita a la existencia de circunstancias extraordinarias y urgentes (art.86 CE). Sin embargo, la historia democrática, a través de las cifras y las razones que los distintos Ejecutivos han ido ofreciendo para aprobar decretos-leyes, permite cuestionar el carácter excepcional que reviste esta figura, pues ha devenido mucho más cotidiana y frecuente de lo que el presupuesto habilitante parece permitir. Y ello se aprecia, especialmente, en la X Legislatura, que, caracterizada por la existencia de una profunda crisis económica, ha dado lugar a un número importante de decretos-leyes que abordan cuestiones de naturaleza social cuya excepcionalidad y urgencia parece confundirse con la mera comodidad y conveniencia políticas.

La educación es un derecho fundamental reconocido en el art.27 CE. La reforma educativa y los planes para la integración de todos los alumnos, entre otras razones, sirven para explicar las dificultades de los problemas de integración con niños gitanos. La evolución ha sido desde los intentos de una atención especial hacia los gitanos hasta su integración, entendida como una evolución en cierto modo positiva, pero sin criterios claros y con la ausencia de recursos necesarios. Desde una perspectiva crítica, a pesar de los indudables progresos en los últimos años en educación intercultural, todavía queda un gran camino por recorrer, que se pretende constatar a partir del trabajo de campo realizado en un barrio marginal, compuesto únicamente por población gitana.