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La esfera municipal estuvo supeditada en España al poder estatal central desde el siglo XIX, desde un punto de vista legal, financiero y de gestión. Esto se acentuó durante el franquismo. Sin embargo, desde los años 1960 se debatió en el seno de la dictadura la reforma de los ayuntamientos, como parte de un proyecto más amplio de institucionalización y legitimación. Los debates en torno a la reforma se dilataron en el seno del régimen y finalmente ésta no tuvo frutos relevantes. La nueva ley de 1975 y las elecciones de 1976 lo atestiguan. Tampoco se introdujeron cambios apreciables en la financiación municipal. Quedó claro que la reforma de las corporaciones locales representaba un verdadero nudo gordiano. Durante el proceso de cambio político la vida municipal se vio postergada, demorándose su renovación democrática hasta la primavera de 1979. La prioridad serían las autonomías y no los ayuntamientos.