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Introducción: En Espana, ˜ un tercio de los menores y dos tercios de los adultos padecen exceso de peso, una condición que genera un sobrecoste médico directo de 2000 millones de euros. El entorno alimentario obesogénico causa obesidad al promover el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados. Por ello, proponemos cinco políticas prioritarias con el PODER de revertir la epidemia de obesidad y de enfermedades no transmisibles asociadas a ella, mediante la creación de entornos alimentarios saludables. El PODER de las políticas alimentarias: P (Publicidad): regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a menores por todos los medios y prohibición de patrocinios de congresos o eventos deportivos y avales de asociaciones científicas o profesionales de la salud. O (Oferta): promoción de una oferta 100% saludable en máquinas expendedoras de centros educativos, sanitarios y deportivos. D (Demanda): implantación de un impuesto, al menos del 20%, a las bebidas azucaradas, acompanado ˜ de subvenciones o bajadas de impuestos a alimentos saludables y disponibilidad de agua potable a coste cero en todos los centros y espacios públicos. E (Etiquetado): aplicación efectiva del Nutri-Score mediante el uso de incentivos, regulación y mecanismos de contratación pública. R (Reformulación): reformular los acuerdos de reformulación con la industria con objetivos más ambiciosos y de obligado cumplimiento. Reflexión final: Las cinco intervenciones propuestas, aplicadas con éxito en otros países, contribuirán a concienciar a la población y tendrán un impacto positivo en la salud y en la economía, por una reducción de los costes sanitarios de la obesidad y un aumento de la productividad laboral. Estas medidas deberían formar parte de una gran transformación del sistema alimentario, con políticas agroalimentarias que fomenten una producción sostenible de alimentos saludables.

El régimen fiscal de los lugares de culto tradicionalmente ha sido objeto de una serie de beneficios fiscales dirigidos a evitar que los tributos que recaen sobre la propiedad inmobiliaria vacíen el patrimonio de la Iglesia. La determinación del régimen actualmente aplicable comporta la necesidad de tener en cuenta una serie de disposiciones de distinta naturaleza, lo que genera cierta inseguridad jurídica. De entre todas ellas es preciso destacar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 (y los demás acuerdos de cooperación con las confesiones legalmente reconocidas), que establece el núcleo irreductible de beneficios fiscales aplicables a la Iglesia, de los que el Estado no puede disponer de manera unilateral. Por otra parte, el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos también resulta aplicable a los lugares de culto, lo que implica la mejora de buena parte de los beneficios fiscales, tanto por su contenido como por su aplicación.