El proyecto del Palacio para el Congreso Nacional, seleccionado por un concurso internacional en 1895, fue rediseñado en función de acentuar su carácter majestuoso, mediante un revestimiento en piedra. Ninguna ley avaló el incremento del presupuesto para la nueva versión. La obra se inició con el financiamiento otorgado por las partidas anuales del presupuesto nacional previstas por una ley anterior al concurso. Pero, el desajuste financiero y las modalidades difusas del control de los trabajos, sin ningún protocolo administrativo, estuvo por detrás de un ritmo de trabajo extremadamente lento y de la persistente sospecha de corrupción que ganaba la opinión pública. En ese sentido, la imagen del edificio circuló como parte de la retórica de la grandeza y del futuro de la Nación –propia del Centenario de la Revolución de Mayo– y en contratara, como ilustración de la escandalosa dilapidación de los fondos propia de la obra pública. Este trabajo revisa esa problemática, en el ciclo que se cierra en 1904, con la muerte del arquitecto Meano, su proyectista y director.