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En el año 1985, Phil Linney, un trabajador estadounidense residente en Colombia, inició un proceso laboral contra la empresa Morrison-Knudsen International Company. En el año 2018, 33 años después, con sentencia a favor de primera y de segunda instancia, aún no se había resuelto su caso porque no se había podido materializar la orden del juez de pagar la indemnización. Phil falleció esperando su indemnización y lo único que heredó su hijo fue la posición procesal de demandante. Como este, a lo largo y ancho de nuestra justicia hay acumulados, en grandes arrumes de papel, millones de casos con varios lustros de trámite y que todavía están pendientes de resolverse. Tantos expedientes amontonados, entre anaqueles y atados con cabuya, que han estado a punto de causar el colapso de las sedes judiciales en una grotesca alegoría del peso de la ley.

El excesivo uso de la prisión preventiva, ha demostrado la vulneración de derechos que existe dentro del Ecuador y su sistema penitenciario vigente en la legislación, debido a que, cuando una persona ha sido procesada por un delito que no exceda los 5 años de privación de libertad, dentro del proceso se han dictado medidas cautelares alternativas las cuales pueden ser dispuestas por los administradores de justicia en nuestro país, Jueces de garantías penales, por ello se debe analizar que, la prisión preventiva llega a ser una pena anticipada para la persona imputada y, esta medida cautelar se debería aplicar como una de última ratio; la finalidad de este trabajo de investigación es, desarrollar un fundamento jurídico para poder identificar de una manera clara la situación jurídica que se vive en el Ecuador específicamente en el cantón Azogues, respecto de esta mal utilizada medida cautelar. Por lo tanto, es necesario comprender varias definiciones, generalidades, antecedentes históricos, análisis de derechos, y recalcar los principios esenciales que se ven vulnerados en relación con la prisión preventiva, garantías que tienen las personas privadas de la libertad, realizando un análisis sobre lo mencionado en derecho comparado. Por último, cabe señalar, la importancia de precedentes jurisprudenciales de la prisión preventiva, las cuales serán analizadas mediante un fundamento jurídico, constitucional y legal que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, los tratados internacionales de Derechos Humanos y el Código Orgánico Integral penal., del mismo modo se realizará una revisión bibliográfica utilizando artículos científicos, referentes al tema del uso excesivo de la prisión preventiva, en delitos menores a cinco años, se realizarán encuestas a abogados de libre ejercicio y jueces de la ciudad de Azogues, con la finalidad de proponer alguna alternativa que ayude a la solución de esta problemática.

El presente trabajo de investigación expone las principales tendencias doctrinales existentes acerca de la prueba, haciendo énfasis en su configuración como derecho fundamental y su manifestación en la jurisprudencia constitucional comparada; para luego analizar brevemente los elementos que integran el derecho a la prueba y sus alcances como elemento sustancial del debido proceso, acorde a su intenso desarrollo en la jurisprudencia constitucional boliviana. Finalmente, se incluyen algunas líneas jurisprudenciales relevantes acerca de la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, así como la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento de la garantía del debido proceso, de acuerdo con la reciente jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. This paper outlines the main existing doctrinal tendencies about the proof, emphasizing its configuration as a fundamental right and its manifestation in comparative constitutional jurisprudence; then it continues to briefly analyze the elements that make up the right to evidence and its scope as a substantial element of due diligence, according to its intense development in Bolivian constitutional jurisprudence. Finally, some relevant jurisprudential lines are included about the review of the assessment of the evidence in the constitutional venue, as well as the justification and motivation of the resolutions as an element of the guarantee of due diligence, according to the recent jurisprudence established by the Plurinational Constitutional Court of Bolivia.

En el desarrollo procesal y probatorio se presentan múltiples problemas respecto a la prueba pericial en responsabilidad médica, principalmente por el álgido debate de la carga dinámica de la prueba, con la ambivalencia jurisprudencial y doctrinaria de que la carga de prueba, la tiene aquella parte que esté en mejores posibilidades de probar, a ello, la actitud tímida de la parte demandante por los escasos recursos técnicos y económicos para la encomienda pericial, hecho que ha generado al usuario de salud abstenerse de realizar cualquier reclamación o colegas abogados y jueces que prefieren no abordar esta clase de procesos, por el esfuerzo de amalgamar la prueba y la ciencia en el decreto de prueba pericial, práctica de la pericia, sustentación del perito experto, contradicción de la prueba pericial y valoración de la prueba pericial por parte del operador de justicia. Para el presente trabajo, el problema de la investigación tratará estudiar el decreto de la prueba pericial, destacando como elemento importante los criterios de admisibilidad de la pericia, en cuanto a la conducencia y pertinencia científica, cuya complejidad radica no solo en la sustentación de la solicitud de la prueba, si no en el juicio valorativo previo aporte de la prueba al proceso que deben hacer las partes para seleccionar y limitar los hechos jurídicamente relevantes en la pericia médica. Univeridad Libre de Colombia - Derecho - Maestría Derecho Procesal In the procedural and evidentiary development, there are multiple problems regarding the expert evidence in medical liability, mainly due to the heated debate on the dynamic burden of proof, with the jurisprudential and doctrinal ambivalence that the burden of proof rests with that party who is in a better position to prove, to this, the timid attitude of the plaintiff due to the scarce technical and economic resources for the expert commission, a fact that has caused the health user to refrain from making any claim or fellow lawyers and judges who prefer not to addressing this kind of processes, due to the effort to amalgamate evidence and science in the decree of expert evidence, practice of the expertise, support of the expert witness, contradiction of the expert evidence and evaluation of the expert evidence by the justice operator . For the present work, the problem of the investigation will try to study the decree of the expert evidence, highlighting as an important element the criteria of admissibility of the expertise, in terms of conduct and scientific relevance, whose complexity lies not only in the support of the request for the evidence, if not in the value judgment prior to the contribution of the evidence to the process that the parties must carry out to select and limit the legally relevant facts in the medical expertise.

Este trabajo presenta una opinión sobre los derechos de los niños y de las niñas partiendo de postulados lógico-formal en la construcción jurídica, teniendo como eje el impacto que se genera en los proceso judiciales y como enfoque el reconocimiento de actos en un esquema de protección también de resguardo que se presentan durante y después de los procesos judiciales, optándose por un esquema dogmático de nuevos elementos que desde otras figuras que parten de la aplicación de los derechos humanos, así de los efectos jurídicos en la labor del juzgador al momento de resolver en un caso concreto.

La presente investigación brinda en su primera parte un amplio panorama en relación con el marco normativo, jurisprudencial y doctrinal nacional e internacional en relación con el tema del derecho a la defensa de las personas privadas de la libertad y el concepto de las relaciones especiales de sujeción. En segundo plano, se podrá apreciar el análisis efectuado a un gran número de procesos disciplinarios que han sido adelantados en contra de personas privadas de la libertad en tres establecimientos carcelarios de orden nacional, donde se aprecia de manera palpable las evidencias encontradas en relación con aspectos sustanciales y procesales. Finalmente, de manera concreta se presenta el resultado de esta investigación con base en los hallazgos encontrados, presentando una propuesta académica de rango legal. universidad libre - facultad de derecho, ciencias políticas y sociales - maestría en derecho disciplinario In the first part, this research provides a broad overview of the national and international normative, jurisprudential, and doctrinal framework in relation to the issue of the right to defense of persons deprived of liberty and the concept of special relationships of subjection. Secondly, the analysis of many disciplinary proceedings that have been brought against persons deprived of liberty in three national prisons is presented. Therefore, the evidence found in relation to substantive and procedural aspects is observed. Finally, the result of this research is presented concretely based on the findings, presenting an academic proposal of legal rank.

En la actualidad los Jueces Laborales de Pequeñas Causas (JLPC) no tienen regulada legalmente la competencia; generando una incertidumbre en los usuarios, pues no se tiene claridad de cuáles son las materias que estos conocen. Por esta razón surgen los distintos conflictos de competencia entre los JLPC y los Jueces Laborales del Circuito, lo que conlleva a una mora judicial al resolver los litigios. El presente estudio busca establecer si dicha falta de regulación respeta los principios constitucionales de acceso a la administración de justicia y debido proceso, por medio del método histórico-descriptivo se realizó un análisis de la legislación vigente que rige el tema de las competencias y la interpretación de las distintas autoridades judiciales. Es así, como se estableció que la falta de regulación de la competencia de los JLPC no respeta los mencionados principios constitucionales, pues al no tener claro el Juez competente, el tiempo de solución será mayor, generándose una barrera de acceso a la administración de justicia y mora judicial. Se concluye con una propuesta de regulación normativa que establezca una competencia de los JLPC solo con restricción de la cuantía y procesos especiales (fuero sindical) y se consagre de esta forma las medidas para solucionar una creciente demanda de administración de justicia en esta especialidad. "Universidad Libre de Colombia" - Facultad de Derecho - Maestría de Derecho Laboral y de la Seguridad Social Legal regulation on Labour small claims judges (LSCJ) is not regulated at the moment; generating uncertainty in all users, since there is no clarification on which subjects they know. For this reason exist competency conflicts between LSCJ and Laboral Circuit Judges, creating a judicial delay when solving litigation. This research wants to find if the lack of regulation respect all the constitutional principles to Access administrative justice and due process. For this, and through the historical descriptive method an analysis of the current legislation that mandates the competency and interpretation of the different jurisdictional authorities was made, So, it was established that a lack of regulation of the LSCJ competency doesn’t respect all mentioned constitutional principles, due to lack of knowledge of who is the competent judge, the resolution time will be longer, creating an access barrier to the administrative justice and judicial delay. A proposal of the normative regulation is presented to establish jurisdiction of the JLPC only with restriction of the amount and special processes (union jurisdiction) and then dedicate all measures to solve an increasing justice administration demand in this specialization.

Esta investigación versa sobre el referente que en el marco del nuevo paradigma normativo como construcción antropocéntrica, econcéntrica y anticipativa, permite un primer nivel de armonización entre los poderes oficiosos del juez de lo contencioso administrativo colombiano y el debido proceso. En este contexto, ¿cómo estructurar y delinear de manera jurídicamente satisfactoria el contenido y los contornos de la necesaria relación entre los poderes oficiosos del juez de lo contencioso administrativo colombiano y el debido proceso? Frente al anterior cuestionamiento, nuestra respuesta es categórica. A la luz de la Constitución Política de Colombia, para estructurar de manera jurídicamente satisfactoria la relación entre los poderes oficiosos del juez de lo contencioso administrativo y el debido proceso, se requiere, a partir de una aproximación antropocéntrica, econcéntrica y anticipativa, establecer un referente que permita un primer nivel de armonización indispensable para comenzar a llenar de contenido y estructura y delinear los contornos de esa necesaria y aparentemente difícil relación jurídica y, con ello, develar su importancia, utilidad y complementariedad. Ese referente no es otro que el bienestar del ser humano y de su relación inescindible con la naturaleza, ethos del nuevo paradigma normativo.

Se analiza si el Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones cumple con los estándares interamericanos de derechos humanos y el bloque de convencionalidad. Asimismo, se plantea el camino que debió tomar el Tribunal Supremo de Elecciones a la hora de conciliar la autonomía de la función electoral y el carácter irrecurrible de sus resoluciones.

Detección de afectación de derechos fundamentales del sujeto investigado y garantías procesales, con la imposición de la medida de aseguramiento preventiva privativa de la libertad en establecimiento carcelario, cuya praxis se ha constituido en una regla general y no una medida de carácter excepcional. Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal

El origen de la carga de la prueba está determinado por la Constitución Política, los derechos fundamentales y constitucionales prevalecen la carga de la prueba para garantizar el cumplimiento del debido proceso; asimismo, en el procedimiento penal se cumplen las garantías constitucionales y además, tiene como finalidad la pena y obtener una retribución justa, sin que sea justo obligar a una persona a probar su inculpabilidad, contrariando la prohibición de auto-responsabilidad. En consecuencia, la carga dinámica de la prueba como concepto del derecho procesal en general debe ser usado en materia penal como un criterio que oriente al juez al momento de fallar cuando haya incertidumbre de los hechos, y el acusado pueda desvirtuar las conductas imputadas reafirmando su inocencia con la presentación de elementos que desacrediten porque ante la ausencia de pruebas se debe acudir al in dubio pro reo, pero no como una carga probatoria, sino como un dinamismo, que pretende es fortalecer y efectivizar el derecho de defensa. Así las cosas, cualquier persona acusada por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, tiene dos opciones: guardar silencio, en tal caso corresponde a la Fiscalía toda la carga, o puede alegar la justificación de sus ingresos, en cuyo caso será su carga demostrarlo. Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestria en Derecho Penal, Areas Penal y Procesal Penal The origin of the burden of proof is determined by the Political Constitution, fundamental and constitutional rights prevail the burden of proof to guarantee compliance with due process; likewise, in criminal proceedings the constitutional guarantees are fulfilled and, furthermore, its purpose is to punish and obtain a fair retribution, without it being fair to force a person to prove his guilt, contrary to the prohibition of self-responsibility. Consequently, the dynamic burden of proof as a concept of procedural law in general must be used in criminal matters as a criterion that guides the judge when ruling when there is uncertainty of the facts, and the defendant can distort the imputed conducts reaffirming his innocence with the presentation of elements that discredit because in the absence of evidence, the in dubio pro reo must be resorted to, but not as a burden of proof, but as a dynamism, which seeks to strengthen and make effective the right of defense. Thus, any person accused of committing the crime of illicit enrichment of individuals, has two options: remain silent, in which case the entire charge corresponds to the Prosecutor's Office, or they can allege the justification of their income, in which case it will be their responsibility. charge prove it.

Resumen Este trabajo analiza la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso judicial. Se parte de la base que las garantías y formas habituales empleadas en los litigios entre adultos no resultan plenamente aplicables en este caso. Ello se debe a que la vigencia efectiva de los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes puede entrar en colisión con la interpretación y aplicación usual de las garantías del debido proceso, lo que atenta contra la dignidad de los menores de edad y el principio del interés superior de niño. De esta forma, se proponen algunos ajustes al debido proceso a fin de conciliarlo con los derechos de la infancia, particularmente en cuanto al derecho a la prueba y el derecho a la sentencia motivada.

Este ensayo pretende hacer una comparación entre Colombia y Brasil sobre el derecho a la propiedad y el término bien baldío. Como lo desarrollaremos a lo largo de este texto, no existe una definición unívoca en Colombia del bien baldío, lo que ha generado una alta inseguridad jurídica a través de pronunciamientos dispersos de la jurisprudencia de las altas cortes. En el Brasil, el equivalente alude a las tierras devolutas como imprescriptibles e inalienables, y aunque no exista antecedente de un registro de dominio, se presume la propiedad privada o como tierra de nadie en los términos del Código Civil de 2002. En ese sentido, los particulares pueden adquirir por prescripción la tierra que posean pues el bien no será considerado como devoluto sino pasible de dominio. En Colombia, el acceso equitativo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios en los términos del artículo 64 de la Constitución, cuenta con una interpretación relativa, en la medida en que los bienes rurales explotados económicamente, pero sin antecedente registral como baldíos, desconoce la presunción de propiedad privada. Con ello, se está afectando el derecho fundamental al debido proceso por el juez. Esta interpretación jurisprudencial genera un gran vacío jurídico, atentando contra la seguridad jurídica y la confianza legítima propias de Estado de Derecho.

Spain has developed its legal framework regarding the forfeiture of illicit assets in order to increase efficiency in the prevention and the repression of crimes. To reach that goal, the forfeiture transcends the individual responsible for the crime, reaching third parties in possession of the assets. This quest to reach higher standards of efficiency brings tension between two fundamental principles of the legal framework: on the one hand, to fight crimes efficiently; on the other hand, to preserve due process and property rights. This paper discusses this tension analyzing, in the first section, the legal framework for the forfeiture of assets in possession of third parties unrelated to the crime. The following section focuses on the mandatory intervention of these individuals in the criminal process as a consequence of the asset forfeiture., España ha profundizado sus políticas de decomiso de bienes ilícitos de modo de lograr mayor eficiencia en la prevención y persecución de delitos. En esa línea, el decomiso trasciende a la persona penalmente responsable para alcanzar a terceros poseedores de bienes. La búsqueda de mayor eficiencia pone así en tensión dos principios fundamentales del ordenamiento jurídico: de un lado, enfrentar con eficiencia las conductas delictivas; del otro lado, la necesidad de conservar los principios del debido proceso y de resguardar el derecho de propiedad. El trabajo busca explorar esta tensión abordando, en una primera sección, la regulación jurídica de la figura del decomiso de bienes ilícitos en posesión de terceros ajenos al delito. Con posterioridad, se enfoca la necesaria intervención de esas personas en el proceso penal, ante la eventual aplicación del instituto de decomiso., A Espanha tem desenvolvido sua política de confisco de bens derivados de atos ilícitos para aumentar a eficiência na prevenção e na persecução de delitos. Nesse sentido, a recuperação de ativos transcende o âmbito da pessoa penalmente responsável pelos delitos e alcança terceiros que possuam os bens. A busca de maior eficiência coloca tensão entre dois princípios fundamentais do sistema jurídico: por um lado, a necessidade de enfrentar com eficiência as condutas delituosas; por outro, a necessidade de garantir os princípios do devido processo legal e de resguardar os direitos relacionados à propriedade. Este trabalho tem a finalidade de explorar essa tensão e aborda, em uma primeira seção, o regime jurídico da figura de confisco de ativos ilícitos em posse de terceiros não responsáveis pelo delito. Posteriormente se enfoca a intervenção necessária dessas pessoas no processo penal diante da possibilidade de utilização do instituto de confisco de bens.

espanolEl articulo pretende conceptualizar el bien baldio, a fin de determinar que bienes pueden considerarse como tal y cuales de propiedad privada. El metodo usado es el documental. La definicion se podra usar en todos los escenarios en los que se alude al concepto de bien baldio, tales como: 1) la restitucion de tierras a las victimas del conflicto armado, 2) el proceso de recuperacion de bienes baldios de la Agencia Nacional de Tierras (ant) y 3) el proceso de declaracion de pertenencia de bienes presuntamente baldios, entre otros. Se resalta la importancia del concepto mencionado en el contexto colombiano. Acto seguido, se demuestra que, al dia de hoy, no existe claridad en el termino juridico de bien baldio, con el proposito de intentar algunas definiciones desde las normas vigentes. Finalmente, se presenta una proposicion normativa que evite la indefinicion y la falta de seguridad juridica existentes en la materia. portuguesEste artigo pretende conceituar o bem baldio, a fim de determinar quais bens podem ser considerados como tal e quais de propriedade privada. O metodo usado e o documental. A definicao podera ser usada em todos os cenarios nos quais se faz referencia ao conceito de “bem baldio”, tais como: 1) restituicao de terras as vitimas do conflito armado; 2) processo de recuperacao de bens baldios da Agencia Nacional de Terras e 3) processo de declaracao de pertencimento de bens supostamente baldios, entre outros. Ressalta-se a importância do conceito mencionado no contexto colombiano. Em seguida, demonstra-se que, hoje, nao existe clareza na expressao juridica de bem baldio, com o objetivo de tentar algumas definicoes com base em normas vigentes. Por ultimo, apresenta-se uma proposicao normativa que evita a indefinicao e a falta de seguranca juridica existentes na materia. EnglishThis article intends to conceptualize wasteland to determine which properties can be considered as such and which as private property. The method used is a desk research. The definition may be used in all cases in which the concept of wasteland is referred to, such as 1) land restitution to victims of the armed conflict, 2) the process of recovering wasteland by the National Land Agency (ANT), and 3) the process of declaring the ownership of alleged wasteland. The importance of this concept in the Colombian context is emphasized. Then, it is shown that the legal term of wasteland is still unclear and some tentative definitions from the current regulations are provided. Finally, a regulatory proposal is put forward to avoid the existing absence of definition and legal security on the subject.

Resumen: El presente artículo versa sobre la investigación científica del fenómeno de la motivación de las sentencias, partiendo desde su origen y evolución hasta su consagración como componente inherente al debido proceso. Asimismo, se expondrán las características que en la actualidad debe revestir toda motivación, su estrecha vinculación con la valoración de la prueba y las consecuencias que provoca su ausencia. A tal fin, se analizará el articulado contenido en el Código General del Proceso uruguayo y los aportes vertidos tanto por la jurisprudencia como por la doctrina nacional y extranjera. Abstract: This article focuses on the scientific research of the phenomenon of the motivation of the conclusions of law in court judgments, starting from its origin and evolution until being established as an inherent element of due process. The features that every motivation must contain at present, as well as its close connection with the evaluation of the evidence, and the consequences its absence entails, will also be described. The sections of the General Code of Procedure of Uruguay and the contributions from jurisprudence and national and foreign doctrine will be analyzed for such purpose.

Las relaciones especiales de sujeción son inherentes a la dogmática del Derecho Disciplinario y de ellas emergen diferentes categorías dependiendo del servidor público que ostente el vínculo con la administración, por ser éstas de carácter estandarizado o intensificado. Así las cosas, para describir y diferenciar la categoría intensificada de la relación a la cual se sujetan los miembros de las Fuerzas Militares, es necesario realizar la enunciación sobre la construcción del concepto “relaciones especiales de sujeción”, su evolución y los fundamentos que a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal se han emitido, para de esta manera comprender los derroteros bajo los cuales los uniformados deben actuar para materializar el adecuado ejercicio de la función pública de carácter constitucional que les ha sido encomendada. Universidad Libre – Facultad de Derecho - Especialización en Derecho Disciplinario The special relationships of subjection are inherent to the dogmatics of Disciplinary Law and different categories emerge from them depending on the public servant who holds the link with the administration, as they are standardized or intensified. Thus, to describe and differentiate the intensified category of the relationship to which the members of the Armed Forces are subject, it is necessary to make a statement about the construction of the concept "special relationships of subjection", its evolution and the foundations that normative, jurisprudential and doctrinal level have been issued, in order to understand the guidelines under which the uniformed officers must act to materialize the adequate exercise of the constitutional public function that has been entrusted to them.

La presente investigación evidencia que, a pesar de las diversas y severas disposiciones jurídicas establecidas desde antaño, las cuales han incluido incrementos punitivos, la eliminación y restricción de beneficios penitenciarios, mecanismos probatorios facilistas a la Fiscalía General, etc.; a efecto de prevenir y sancionar las conductas referidas a los delitos de Acceso carnal abusivo con menor de catorce años del artículo 208 y los Actos sexuales con menor de catorce años, contenido en el artículo 209 del Código Penal; el abuso sexual que afecta a menores de edad, no solamente se sigue cometiendo, sino que sus denuncias han incrementado, con el agravente que, los índices de esclarecimiento de estos delitos, tienden drásticamente a la baja. A contrario sensu, los elementos detectados muestran que las disposiciones jurídicas analizadas sí han comportado un quebrantamiento y abolición de las garantías y derechos fundamentales de los acusados por esta clase de delitos. La autorización legal para la incorporación de la entrevista forense efectuada a menores de edad, como elemento material de prueba, es un fiel reflejo de lo anteriormente expuesto. Su alcance y valor probatorio no difiere de cualquier otra declaración o testimonio de referencia, no obstante, y so pretexto de la supremacía de los derechos de los menores, muchas han sido las sentencias de carácter condenatorio que se han promulgado solo con base en ella. Si bien es cierto que, una vez realizado el análisis comparativo de los protocolos internacionales y nacionales que son utilizados para la investigación de los tipos penales que nos ocupan, se determinó que el Protocolo RATAC o SATAC es el que permite mayores garantías en la claridad y recordación del testimonio del NNA; no menos cierto resulta que, en su realización se omiten factores de previsión legal y constitucional de derechos, la garantía de la contradicción y objeción de sus preguntas, y demás que afectan gravemente el debido proceso de los acusados. Debido a lo anterior fue que se consideró que se encontraban en conflicto los principios constitucionales del interés superior del menor como sujeto de especial protección constitucional junto al de legalidad y acceso efectivo a la administración de justicia en virtud de un proceso penal por afectaciones al bien jurídico tutelado de la integridad, libertad y formación sexual, frente a los del debido proceso, igualdad y presunción de inocencia que rodean a toda persona investigada o procesada. La necesidad entonces de esta investigación consistía en proponer soluciones alternativas a un fenómeno jurídico que ha sido respondido legalmente de una forma poco adecuada y, aunque jurisprudencialmente ha sido tratado, aun así las posturas han sido variadas y, por lo tanto, no son de pleno conocimiento, aceptación y/o apreciación por parte de la comunidad jurídica, integrada por los funcionarios que administran justicia, entes investigadores, Ministerio Público, defensores públicos y/o de confianza y la comunidad académica en general (Tabares y otros, 2016). En consecuencia, y como se advirtió, la solución de armonización de dicho conflicto, a nuestro parecer, siempre estuvo presente en la normativa de la Ley 906 del 2004, concretamente con su artículo 284 referido a la práctica de la prueba anticipada. A través de ella se logra que la entrevista y testimonio del menor, se cumpla en una sola fase, garantizando los principios de contradicción, con intervención de la defensa y un profesional idóneo (psicólogo) que eviten la realización de preguntas sugestivas, inductivas, confusas, etc. y garanticen el desarrollo de la declaración a profundidad. Asimismo, no se haría necesaria la práctica de prueba adicional alguna que revictimice al menor, pero sobretodo, se eliminaría el problema de considerar a la entrevista forense como prueba de mera referencia. A nuestro juicio, con lo anterior se brinda solución a los dos grandes problemas objeto de investigación: por un lado, la afectación a los derechos de los menores, que aunque requiere una protección urgente e inmediata, la misma no se está garantizando en manera alguna, debido a la alta tasa de absolución por indebido manejo probatorio (Fiscalía General de la Nación, 2016); por otra parte, los derechos de los procesados se están vulnerando, al promover procesos que no tienen el debido soporte probatorio o que, en su lugar, este no se materializa de forma adecuada dentro del desarrollo de la investigación, encontrándose casos como que, por ejemplo, la condena se basa únicamente en pruebas de referencia, contrario a lo ordenado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 (Marroquín, 2016) o con abierta vulneración de las garantías procesales. Universidad Libre – Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal

EL documento aborda el tema del principio de congruencia en el Derecho Disciplinario, con el ánimo de precisar que si bien esta garantía procesal solo se reconoce como principio rector de la norma disciplinaria con la expedición de la Ley 1952 de 2019, es un precepto que ha estado presente en la actuación desde sus inicio, recobrando especial importancia con la promulgación de la Constitución de 1991, en donde se estableció como pilar fundamental del Estado la justicia social que, protege en sentido estricto la dignidad del ser humano, y establece una serie de garantías y derechos fundamentales que ciñen las actuaciones de las autoridades, con el ánimo de eludir las acciones ignominiosas y absolutista, para propender por la imparcialidad, ecuanimidad e independencia, de las tareas que se desarrollen en el cumplimiento de sus fines estatales. En desarrollo de la investigación, nos aproximaremos con algunos conceptos y definiciones de términos inherentes en el ejercicio de la potestad sancionadora, destacándose entre ellos, debido proceso, garantías y principios rectores, entre otros. Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Disciplinario The document addresses the issue of the principle of consistency in Disciplinary Law, with the aim of specifying that although this procedural guarantee is only recognized as a guiding principle of the disciplinary law with the issuance of Law 1952 of 2019, it is a precept that has been present in the action since its inception, gaining special importance with the enactment of the Constitution of 1991, where social justice was established as a fundamental pillar of the State, which strictly protects the dignity of the human being, and establishes a series of guarantees and fundamental rights that govern the actions of the authorities, with the aim of avoiding ignominious and absolutist actions, to promote impartiality, equanimity and independence, of the tasks that are developed in the fulfillment of their state purposes. In the development of the research, we will approach with some concepts and definitions of terms inherent in the exercise of the sanctioning power, highlighting among them, due process, guarantees and guiding principles, among others.

El objeto del presente trabajo de investigación, es analizar el delito de lavado de activos, y evaluar la viabilidad de una autonomía sustancial y/o procesal del delito en mención, regulado en el decreto legislativo 1106, que en su artículo 10 prescribe: “El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación y procesamiento no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sidodescubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria...”; esto en el marco del nuevo proceso penal peruano, ya que en ella se desarrolla los principios que garantizan a todoimputado sus derechos uno de los cuales es el principio de imputación necesaria consagrado en la Constitución Política del Estado, siendo una manifestación de los principios de legalidad,del derecho de defensa y debido proceso. Considerando que se apertura investigaciones por lavado de activos por el solo hecho de tener desbalance patrimonial y/o incremento patrimonial, y sin mencionar cual es el delito precedente que habría generadodichos activos; afectándose de esta forma el principio de imputación necesaria. El tipo de investigación jurídica corresponde al dogmático jurídico.

espanolEn este trabajo de investigacion se estudiara y verificara el procedimiento disciplinario del Tribunal de Etica de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, ente encargado de vigilar el ejercicio de la profesion contable. Para esto, se contextualiza al lector en el origen de este Tribunal, su evolucion historica a partir de las diferentes reformas normativas y la comparacion con tribunales o entes afines de otros paises, con el objetivo de identificar las irregularidades en el procedimiento disciplinario; toda vez que se han advertido anomalias relacionadas con la aplicacion de figuras juridicas como la caducidad y la prescripcion; la inexistencia de una segunda instancia, asi como inconsistencias en las etapas del procedimiento aplicado actualmente en Colombia para la vigilancia de la profesion contable.Para el efecto, se hara una recopilacion de documentacion, se analizara el procedimiento establecido, en comparacion con otras leyes que regulan este tipo de procedimientos disciplinarios, en aras de determinar si es necesario un replanteamiento, a fin de que los procesos adelantados por el Tribunal Disciplinario garanticen los derechos de los investigados, y opere en armonia con los principios que rigen la profesion contable y los principios propios del Derecho disciplinario EnglishThis investigative work will study and verify the Ethics Tribunal’s disciplinary procedure of the Accountants Central Joint Special Administrative Unit, entity in charge of the practice of professional accounting. With this in mind, the reader will be contextualized in the origins, historical evolution, starting with the different normative reforms and the comparison of tribunals, or related entities of other countries, with the objective of identify the irregularities in the disciplinary procedures actually applied to survey the accounting profession in Colombia.For this purpose, it is a compilation of the documentation, the procedure is analyzed, it is compared with other laws that regulate this type of discipline, it is a rethinking, an end of the processes advanced by the Disciplinary Tribunal guarantees the rights of researchers and the principles of the accounting profession and the principles of disciplinary law. francaisDans ce travail de recherche sera etudie et verifie la procedure disciplinaire du Tribunal de l’ethique de l’Unite Administrative Speciale - Bureau Central des Comptables, entite chargee de superviser l’exercice de la profession comptable. Pour cela, le lecteur est contextualise dans l’origine de cette cour, son evolution historique depuis les differentes reformes normatives et la comparaison avec les tribunaux ou entites apparentees d’autres pays, dans le but d’identifier les irregularites existant dans la procedure disciplinaire, depuis que des anomalies ont ete detectees liees a l’application de chiffres juridiques tels que l’expiration et la prescription, l’absence de deuxieme instance, ainsi que des incoherences dans les etapes de la procedure actuellement appliquee en Colombie pour le controle de la profession comptable.Pour ce faire, une compilation de la documentation sera etablie, la procedure etablie sera analysee en comparaison avec d’autres lois reglementant ce type de procedure disciplinaire, afin de determiner s’il est necessaire de repenser le processus afin que les procedures suivies par le Tribunal disciplinaire garantissent les droits des personnes ceux qui font l’objet d’investigation, et qui fonctionne en harmonie avec les principes qui regissent la profession comptable et les principes du droit disciplinaire. portuguesNeste trabalho de pesquisa sera estudado e verificado o procedimento disciplinar do Tribunal de Etica da Unidade Administrativa Especial - Conselho Central de Contabels, entidade responsavel pela supervisao do exercicio da profissao contabil. Para isso, o leitor e contextualizado na origem deste Tribunal, sua evolucao historica das diferentes reformas normativas e a comparacao com tribunais ou entidades afins de outros paises, com o objetivo de identificar as irregularidades existentes no procedimento disciplinar, desde que foram detectadas anomalias relacionadas a aplicacao de valores legais como vencimento e prescricao, falta de segunda instância, bem como inconsistencias nas etapas do procedimento atualmente aplicado na Colombia para a supervisao da profissao contabil.Para fazer isso havera uma colecao de documentos, o processo sera analisado em comparacao com outras leis que regulam este tipo de processos disciplinares, para determinar se obrigado a fazer uma reflexao para os processos realizados pelo Tribunal Disciplinar garantam os direitos de aqueles investigados, e que operem em harmonia com os principios que regem a profissao contabil e os principios do direito disciplinar.

El artículo explora las relaciones entre el derecho, la democracia y el imperativo del trato igual, deteniéndose en el desarrollo de nociones como “comunidad política”, “actos políticos” o “derechos”, y proponiendo un entendimiento específico de los “derechos democráticos” en cuyo contexto el derecho de igual acceso a la protección judicial juega un papel crucial. El análisis combina exploraciones en el plano del lenguaje jurídico dogmático con acometidas filosóficas, filológicas, históricas y sociopolíticas, en consonancia con la idea de que las fuentes históricas (los hechos sociales y su reconocimiento teórico) son las coordenadas que rodean la experiencia jurídica y el juego democrático (donde lo hay).

RESUMEN El presente artículo analiza jurídicamente un caso de juzgamiento efectuado en la comunidad indígena de San Rafael, en la provincia del Cañar en el año 2013. Para lo cual se desarrolló una revisión bibliográfica de artículos publicados en revistas indexadas, textos de consulta, normativa nacional e internacional y corpus legal del Ecuador. Se constató que existió incumplimiento del debido proceso establecido en la Constitución (2008) y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2019). Se constataron ciertas fallas como: imprecisiones y falencias en la ejecución de la fase de investigación y en la recopilación de pruebas. Se concluye que las falencias, vacíos e irrespetos al debido proceso podrían derivar en la afectación directa al derecho de los ciudadanos a recibir un juicio justo. ABSTRACT This article analyze a case of trial carried out in the indigenous community of San Rafael, in the province of Cañar in 2013. For which a bibliographic review of articles published in indexed journals, reference texts was developed, national and international regulations and legal corpus of Ecuador. It was found that there was a breach of the due process established in the Constitution (2008) and in the COIP (2019). Certain flaws were found such as: inaccuracies and shortcomings in the execution of the investigation phase, and in the collection of evidence. It is concluded that the shortcomings, gaps and disrespect for due process could lead to a direct impact on the right of citizens to receive a fair trial.

En la presente investigación se analizó la construcción de la vinculatoriedad del precedente en el ordenamiento jurídico colombiano, partiendo del concepto doctrinal de fuentes de derecho y del desarrollo histórico del precedente en el sistema de Common Law, analizando las razones por las cuáles se trata de un elemento ajeno al sistema que todas las constituciones colombianas han manejado por su herencia legalista, para identificar que su incorporación como parte fundamental de todas las decisiones judiciales es consecuencia de la vigencia de la actual carta política en estricta interpretación y aplicación de los principios que la conforman, generándose un desarrollo principalmente jurisprudencial sobre los parámetros para su aplicación y exigibilidad, lo que permitió concluir que pese ser una fuente de derechos aplicada prácticamente con la misma fuerza vinculante y obligatoria que la ley, no se ha cubierto adecuadamente lo correspondiente a sus efectos en el tiempo cuando se suscita un cambio de postura para garantizar los mismos principios de igualdad de trato jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima que fundamentan su aplicabilidad. Para lo que se propone una herramienta jurídica procesal, basada en instituciones ya existentes del Common Law, que permitiría subsanar esta falencia y garantizar la adecuada ejecución del precedente judicial como fuente de derechos subjetivos en Colombia. This research analyzed the construction of the binding nature of precedent in the Colombian legal system, starting from the doctrinal concept of sources of law and the historical development of precedent in the Common Law system, analyzing the reasons why it is a foreign element to the system that all Colombian constitutions have handled by their legalistic heritage, to identify that its incorporation as a fundamental part of all judicial decisions is a consequence of the validity of the current political charter in strict interpretation and application of the principles that comprise it, This led to the conclusion that despite being a source of rights applied practically with the same binding and obligatory force as the law, it has not adequately covered the effects over time when there is a change of position to ensure the same principles of equal legal treatment, legal certainty and legitimate confidence that underlie its applicability. For this purpose, a procedural legal tool is proposed, based on existing Common Law institutions, which would allow to remedy this deficiency and guarantee the adequate enforcement of the judicial precedent as a source of subjective rights in Colombia.

Según la legislación colombiana, la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) es la entidad facultada para recaudar impuestos y derechos de aduana. Esta entidad deberá cumplir con el Decreto 1165 de 2019 en materia aduanera. Este Decreto tiene dos procedimientos para el decomiso (incautación) de mercancías. Proceso de decomiso ordinario y proceso de decomiso directo. El sujeto interesado en impugnar estas decisiones puede utilizar el recurso de reconsideración. Sin embargo, el gobierno nacional debe permitir el uso de otros recursos en este proceso con el propósito de proteger el principio de la doble instancia. Este Trabajo expone posibles salidas que permitan el uso de los demás recursos en garantía de la doble instancia. Under Colombian law, the National Directorate of taxes and customs (DIAN) is the entity entitled to collect taxes and custom duties. This entity should comply with the Decree 1165 of 2019 in the customs fields. This Decree has two procedures for the confiscation (seizure) of merchandise. Ordinary confiscation process and direct confiscation process. The subject interested in challenging these decisions may use reconsideration resource. However national government should allow the use of other resources in this process whit the purpose to protect the double instancy principle. This Work exposes possibles exits that allows the use the other resourses in warranty of the double instance. Maestría Magíster en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas

En el presente escrito se realizó un estudio del derecho a la libertad de escoger y ejercer profesión u oficio, cuya regulación por parte del legislador debe estar orientada a mantener un control sobre las actividades que contengan un riesgo social y un interés general intrínseco. A su vez, se analizaron las particularidades de la policía administrativa y las garantías en los procedimientos sancionatorios desarrollados por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y particulares, que vigilan y controlan las profesiones en Colombia, denotando la importancia de satisfacer el principio de legalidad y en consecuencia el principio de tipicidad. De esta manera, se pone en evidencia las posibles dificultades y desatinos normativos, respecto al régimen sancionatorio ético- profesional que deben ser abordados en un futuro por las autoridades competentes. In this writing a study was carried out of the right to freedom to choose and exercise a profession or trade, the regulation of which by the legislator must be aimed at maintaining control over activities that contain a social risk and an intrinsic general interest. At the same time, the particularities of the administrative police and the guarantees in the sanctioning procedures developed by the administrative, jurisdictional and private authorities, which monitor and control the professions in Colombia, were analyzed, indicating the importance of satisfying the principle of legality and consequently the principle of typicity. In this way, the possible difficulties and normative blunders are highlighted, regarding the ethical-professional sanctioning set of rule that must be addressed in the future by the proper authorities. Maestría Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Administrativo

El Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, estipula que las autoridades administrativas al emitir actos administrativos dentro de los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio, están sujetas a una serie de elementos y atributos esenciales comunes que los estructuran, de conformidad con la teoría del acto administrativo, regulando sus actuaciones y procedimientos administrativos a la luz del ordenamiento jurídico garantizando los principios en materia administrativa sancionatoria del debido proceso, legalidad de las faltas y de las sanciones, presunción de inocencia, no reformatio in pejus y non bis in idem, en coordinación con los principios procesales de economía, celeridad y eficacia, para poder obtener una tutela judicial efectiva (ley 1437 de 2011, artículo 3). De esta manera, lo que se pretende con la presente investigación, es establecer la importancia de emplear adecuadamente los criterios y elementos esenciales que debe considerar la administración para respetar el debido proceso en actos administrativos de carácter sancionatorio y resolver la revocatoria directa cuando los procedimientos no sean los adecuados, desconociendo las garantías y principios constitucionales y en consecuencia la tutela judicial efectiva, configurándose las vías de hecho. The Code of Administrative Procedure and Administrative Litigation stipulates that the administrative authorities, when issuing administrative acts within the administrative procedures of a sanctioning nature, are subject to a series of common essential elements and attributes that structure them, in accordance with the theory of the administrative act, regulating their actions and administrative procedures in the light of the legal system, guaranteeing the principles of due process, legality of misdemeanors and sanctions, presumption of innocence, no reformatio in pejus and non bis in idem, in coordination with the procedural principles of economy, speed and efficiency, in order to obtain effective judicial protection (Law 1437 of 2011, Article 3). In this way, the purpose of this research is to establish the importance of adequately using the criteria and essential elements that the administration must consider to respect the due process in administrative acts of a sanctioning nature and to resolve the direct revocation when the procedures are not adequate, ignoring the constitutional guarantees and principles and consequently the effective judicial protection, configuring the de facto ways.

Resumen: El trabajo analiza el régimen de responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos regulado tanto en el Código Orgánico de Tribunales como en los Autos Acordados que ha dictado la Corte Suprema. La tesis propuesta sostiene que la aplicación de sanciones a los jueces debe hacerse bajo el principio de legalidad y tipicidad y en un procedimiento jurisdiccional que respete todas las garantías de un debido proceso constitucional. Bajo esa óptica se concluye que la regulación chilena vigente no respeta esas garantías constitucionales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina revocó una sentencia que condenaba a una Obra Social al cumplimiento de prestaciones médicas. En el novedoso caso están en juego el derecho a la salud, a la cobertura médica integral de personas con discapacidad y el derecho de defensa, más precisamente, el respeto por el debido proceso, siendo esto último la base para así decidir en favor de la demandada. The Supreme Court of Justice of the Argentine Nation revoked a sentence that condemned a Social Work to the fulfillment of medical benefits. In the new case, the right to health, the comprehensive medical coverage of people with disabilities and the right to defense are at stake, more precisely, respect for due process, the latter being the basis for deciding in favor of the defendant.

This present paper propose an analysis of accounting regulation legitimacy in Colombia, from due process concept, and using the analitic categories proposed by Suchman and other authors about legitimacy concept.The paper concludes that exist a lack of legitimacy in accounting regulatory orden in Colombia, insofar as regulators fail to comply the due process in the emission process of accounting rules, in the context of convergence enacted for 1314/2009 Act, with consequences on capacity of regulatory body – Public Accounting Technical Council- and the quality of regulation itself. El presente documento propone un análisis de la legitimidad de la regulación contable en Colombia, a partir del concepto de “debido proceso”, usando las categorías analíticas propuestas por Suchman y otros autores sobre legitimidad.El documento concluye que existe un déficit de legitimidad en el ordenamiento regulatorio contable en Colombia, en la medida en que los reguladores mismos incumplen el debido procesos en la emisión de normas de contabilidad, en el marco de la convergencia decretada por la Ley 1314 de 2009, con consecuencias sobre la capacidad del ente regulador –Consejo Técnico de la Contaduría Pública– y la calidad de la regulación propiamente dicha. Cet article propose une analyse de la légitimité de la réglementation comptable en Colombie, du concept de « procédure régulière », en utilisant les catégories analytiques proposées par Suchman et d’autres auteurs de la légitimité.Le document conclut qu’il ya un déficit de légitimité dans le système de réglementation comptable en Colombie, dans la mesure où les régulateurs eux-mêmes violent une procédure régulière dans l’émission des normes comptables dans le contexte de la convergence par la loi adoptée 1314 2009 avec des répercussions sur la capacité du régulateur technique -Conseil de publication comptable et la qualité de la réglementation elle-même.

espanolDebido al alto numero de condenas en contra de las entidades publicas, el Congreso de Colombia, mediante el Acto Legislativo 03 de 2011, establecio que los efectos de las sentencias judiciales podran ser modulados, modificados o diferidos siempre que afecten la sostenibilidad fiscal de la entidad condenada. El presente escrito analiza el sentido y alcance del incidente de impacto fiscal, asi como sus implicaciones para el debido proceso, la cosa juzgada y la tutela judicial efectiva. EnglishDue to the high number of convictions against public entities, the Congress of Colombia, through Legislative Act 03 of 2011, established that the effects of judicial decisions may be modulated, modified or deferred, as long as they affect the fiscal sustainability of the Condemned entity. In the following paper, the meaning and scope of the fiscal impact incident will be analyzed, as well as its implications for due process, res judicata and effective judicial protection.

espanolEl presente articulo de investigacion expone la naturaleza y el marco juridico de las audiencias de incumplimiento, asi como los tipos de sanciones derivados de dichas audiencias. Posteriormente analiza las audiencias de incumplimiento celebradas por la Gobernacion de Boyaca, entidad que cuenta con un sistema integrado de gestion el cual implementa y hace seguimiento a los procedimientos administrativos contractuales, mediante formatos propuestos por la Direccion de Contratacion. Estos formatos fueron comparados con los lineamientos en materia sancionatoria y procedimental establecidos y regulados en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1474 de 2011, asi como en la jurisprudencia contencioso administrativa, entre otras, para identificar las posibles deficiencias normativas en las que puede incurrir la Gobernacion de Boyaca al iniciar los procedimientos sancionatorios El desarrollo del presente articulo pretende dar respuesta al siguiente problema de investigacion: Deficiencias normativas que se presentan en las audiencias de incumplimiento celebradas por la Gobernacion de Boyaca, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 y el ano 2016. Para lo cual se dividira el presente articulo en tres partes: la primera en la que se analiza el contexto y marco juridico de las audiencias de incumplimiento, desde su naturaleza, sus antecedentes en el derecho administrativo colombiano y su evolucion hasta nuestros dias, asi como las clases de sanciones que de este tipo de procedimiento se derivan. En la segunda parte, trataremos las deficiencias procedimentales y juridicas que se han presentado en las audiencias de incumplimiento celebradas por la Gobernacion de Boyaca en el quinquenio comprendido entre 2011 y 2016; para culminar en la tercera parte del articulo con una serie de recomendaciones y sugerencias que, a nuestro modo de ver, permitiran hacer mas efectivas las audiencias de incumplimiento celebradas por la Gobernacion sin poner en riesgo los derechos que el contratista, como colaborador de la administracion, tiene y permitiendo que con ellas se materialice de manera efectiva la finalidad que el legislador busco con su institucionalizacion. EnglishThis research article exposes the nature and legal framework of non-fulfillment hearings, as well as the types of penalties derived from said hearings. Subsequently, it analyzes the non-fulfillment hearings held by the Provincial Government of Boyaca, an entity that has an integrated management system which implements and monitors the contractual administrative procedures through formats proposed by the Contracting Authority. These formats were compared with the penalty and procedural guidelines established and regulated in Law 80 of 1993 and Law 1474 of 2011, as well as in contentious-administrative jurisprudence, among others, to identify possible regulatory deficiencies in which the Provincial Government of Boyaca may incur when initiating penalty procedures. The development of this article intends to answer the following research problem: Normative deficiencies in the non-fulfillment hearings held by the Provincial Government of Boyaca, during the period between the entry into force of Law 1474 of 2011 and 2016. For which this article will be divided into three parts, the first in which the context and legal framework of the non-fulfillment hearings is analyzed, from its nature, its background in Colombian administrative law, and its evolution to the present day, as well as the kinds of penalties that derive from this type of procedure. In the second part, we will deal with procedural and legal deficiencies that have transpired in the non-fulfillment hearings held by the Provincial Government of Boyaca in the five-year period between 2011 and 2016, to end the third part of the article, with a series of recommendations and suggestions that, in our opinion, will make more effective the non-fulfillment hearings held by the Provincial Government without putting at risk the rights that the contractor, as a collaborator of the administration, has and allowing them to effectively materialize the purpose the legislator sought with its institutionalization.

espanolLa justicia administrativa nicaraguense se caracteriza por su centralizacion organica y territorial, lo que puede provocar un trato desigual en el acceso a la misma, demoras injustificadas y la transgresion al debido proceso, al no tener el recurrente derecho a un recurso de alzada, ante un juzgador independiente e imparcial del que emitio la sentencia. Ademas, su personal no se rige por los procedimientos de la carrera judicial, sino por un sistema de nombramientos directos, sin criterios claros de especializacion y con riesgos de politizacion. A partir de un examen de la reciente reforma constitucional nicaraguense que aprueba la descentralizacion de la justicia administrativa, se muestra la necesidad de incorporar cambios y regular su estructura, y la manera como se escoge a su personal persiste EnglishNicaraguan administrative justice is characterized by an organic and territorial centralization, that could lead to an unequal treatment in access to justice, unjustified delays and the transgression of due process, since there is no appeal to a higher court. In addition, rules governing the judicial career do not apply to the administrative justice’s staff. Instead, its personnel are directly appointed, without a clear regime of qualifications or specialization criteria, increasing the risk of politicization. Despite a recent Constitutional reform approving the decentralization of the administrative justice system, this paper shows the need for a new institutional frame and qualifications regime for members reviewing agency decisions

RESUMEN: En este trabajo trataremos de demostrar a partir de una institución procesal civil (inadmisibilidad del recurso de apelación), la posibilidad de compatibilizar las exigencias de debido proceso con consideraciones de eficiencia. En efecto, el aporte del Análisis Económico del Derecho permite entregar pautas de regulación que mejoran la institución mencionada.

En el presente documento se examina en forma panorámica el debido proceso, su conquista, evolución, definición, observación y condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona emplazada o inculpada pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos; esto se le conoce como "derecho al debido proceso legal". Igualmente se refieren procesos históricos relacionados con su observancia en México.

espanolEl Codigo Procesal Penal del ano 2000 regulo de manera muy restrictiva la posibilidad de un acuerdo entre el fiscal y el imputado destinado a evitar el juicio. La ley 20.931 abandono esa concepcion y creo para los delitos de hurto y robo un sistema de incentivos destinado a la produccion masiva de condenas basadas en acuerdos sobre la base de premios consistentes en importantes rebajas de pena. Este articulo critica la fragmentacion del sistema de justicia penal chileno que esta nueva normativa produce. Ademas, explora hasta que punto el nuevo subsistema destinado a favorecer los acuerdos en los robos y hurtos se hace acreedor de la critica que se suele dirigir al sistema de los Estados Unidos en el sentido de constituir un sistema de adjudicacion unilateral por parte del fiscal EnglishThe Criminal Procedure Code introduced in Chile in the year 2000 regulated the possibility of an agreement between the prosecutor and the accused that seeks to avoid trial in a very restrictive way. Law 20.931 abandoned this notion, instituting instead, for crimes of theft and robbery, a system of incentives that could produce a massive number of sentences based on agreements that prize the accused with considerable reductions in penalties. This article criticizes the fragmentation of the penal justice system that this new law creates. Furthermore, it attempts to explore the following issue: to what extent could the new subsystem, destined to favor agreements with regards to robbery and theft, be subjected to the criticism generally levelled at the United States justice system, in the sense that it constitutes a system of unilateral adjudication from the side of the prosecutor.

La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos. Se plantea que el dinamismo probatorio es condición de legitimidad y opera como garantía suprema del convencimiento judicial. La determinación judicial que acredite como cierta la ocurrencia de un hecho criminal –tipo penal– sin el ejercicio idóneo de la actividad probatoria, constituye una clara violación de principios y garantías fundamentales del proceso penal. This research develops the problem of the lack of evidence in order to source accreditation crime that configures the crime of money laundering. Here the evidence suggests that dynamism is a condition of legitimacy, operating as supreme guarantee of the judicial conviction. The judicial determination that proves to be true the occurrence of a penal type criminal act without the suitable exercise of evidential activity, constitutes a clear violation of fundamental principles and guarantees of criminal proceedings.

El presente artículo se enmarca en la tradición del Análisis Económico del Derecho Procesal. Al respecto, se critica el tratamiento de minimización de los costos procesales relevantes que ha motivado a los autores del Law and Economics. A partir de dicha crítica se formula un tratamiento de óptimo de costos procesales para el legislador, resguardando en todo caso las exigencias del debido proceso, que opera con poder de veto respecto de aquellos óptimos que pudieran vulnerar tales exigencias. I will criticise the treatment of the minimisation of relevant procedural costs which have inspired the authors of Law and Economics. I will suggest a legislative treatment of the procedural cost optimization. In any case, it must respect the requirements of due process, which can veto the optimizations infringing upon such requirements.

108 páginas Esta investigación tiene por objetivo el estudio de la figura de las resoluciones anticipadas conforme al Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio; se realiza un análisis sobre el experiencias prácticas de la figura en derecho comparado tomando como referencia Australia, Estados Unidos y Peru; por último se analiza el caso colombiano frente a los principios del debido proceso y seguridad jurídica y las buenas prácticas que podrían implementarse frente a la experiencia internacional tomada como referencia. This investigation is intended to study the figure of advance ruling in accordance with the Trade Facilitation Agreement of the (WTO); an analysis is carried out on the practical experiences of the figure in comparative law based on Australia, the United States and Peru; Finally, the Colombian case is analyzed against the principles of due process and legal certainty and the good practices that could be implemented against the international experience taken as a reference. Maestría Magíster Virtual en Tributación Internacional, Comercio Exterior y Aduanas

En este trabajo se lleva a cabo un análisis sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en el proceso judicial desde la perspectiva del debido proceso. En ese sentido, se estudia cómo los avances en las TICs y en Inteligencia Artificial, que están dando lugar al surgimiento de una ingente cantidad de herramientas de gran utilidad en el proceso, influyen en los derechos que han de ser respetados en todo debido proceso, tales como el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la asistencia letrada o el derecho a un juez independiente e imparcial. Para ello se establecen seis niveles jurídicos en los que pueden clasificarse los nuevos desarrollos tecnológicos The purpose of this paper is to study the incidence of new technologies in the judicial process from the perspective of due process. To achieve its objectives, it is important to analyze how the new tools in ICTs and Artificial Intelligence are influencing the rights that must be respected in the judicial and extrajudicial processes, such as the right of access to justice, the right to legal assistance or the right to an independent and impartial tribunal. To do this, the new technological developments are classified in six legal levels of intervention

The Superintendency of Domestic Utilities is responsible for the inspection, surveillance, and control of domestic utilities companies. Within this context, this administrative authority has the power to impose sanctions on such providers, for which it uses the general administrative sanction procedure enshrined in Law 1437 of 2011, in accordance with other rules of substantial order dispersed in the national regulatory system, which determine the sanctions to be imposed, but especially the criteria under which said power must be exercised. However, there is insufficient clarity as to whether the way in which these legal instruments are laid down actually leads to the fulfilment of the basic tenets of any administrative sanctioning procedure, that is, whether the principle of legality, typicity, timeliness, gradualness, the right of legal defense, the non bis in idem and other guarantees inherent in the due process that must precede the imposition of the sanctions that may be imposed on domestic utilities, are actually guaranteed. And it is within this context that this article offers an approximation to the legal and theoretical elements that make it possible to define whether the administrative sanctioning procedure in question satisfies the basic postulates that must be inherent in this type of action. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se encarga de la inspección, vigilancia y control de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Dentro de ese contexto, dicha autoridad administrativa tiene la facultad de imponer sanciones a tales prestadoras, para lo cual se sirve del procedimiento administrativo sancionatorio general consagrado en la Ley 1437 de 2011 en concordancia con otras normas de orden sustancial dispersas en el ordenamiento normativo nacional, que determinan las sanciones a imponer, pero especialmente los criterios bajo los cuales ha de ejercerse dicha potestad. Sin embargo, no existe claridad suficiente en relación con si la forma en la que están dispuestos estos instrumentos jurídicos realmente conduce al cumplimiento de los postulados básicos de cualquier procedimiento administrativo sancionatorio, esto es, si se garantiza el principio de legalidad, la tipicidad, la oportunidad, la gradualidad, el derecho de defensa, el non bis in idem y otras garantías inherentes al debido proceso que debe preceder a la imposición de las sanciones que pueden llegar a imponerse a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y es dentro de ese contexto que el presente artículo ofrece una aproximación a los elementos jurídicos y teóricos que permiten definir si el procedimiento administrativo sancionatorio en cuestión satisface los postulados básicos que deben ser inherentes a este tipo de actuaciones. A Superintendência de Serviços Públicos Domiciliares é responsável pela inspeção, pela vigilância e pelo controle das empresas de serviços públicos domiciliares. Nesse contexto, essa autoridade administrativa tem a faculdade de impor sanções a essas prestadoras utilizando o procedimento administrativo punitivo geral consagrado na Lei 1.437 de 2011 em concordância com outras normas de ordem substancial dispersas no ordenamento normativo nacional, que determinam as sanções a impor, mas especialmente os critérios sob os quais esse poder pode ser exercido. Contudo, não há clareza suficiente sobre se a forma na qual estão dispostos esses instrumentos jurídicos realmente conduz ao cumprimento dos princípios básicos de qualquer procedimento administrativo punitivo, isto é, se são garantidos o princípio de legalidade, a tipicidade, a oportunidade, a gradualidade, o direito de defesa, o el non bis in idem e outras garantias inerentes ao devido processo que deve preceder à imposição das sanções das empresas de serviços públicos domiciliares. Nesse sentido, este artigo oferece uma aproximação dos elementos jurídicos e teóricos que permitem definir se o procedimento administrativo punitivo em questão satisfaz os princípios básicos que devem ser inerentes a esse tipo de atos.

147 páginas El presente trabajo de investigación jurídica expone aquellos presupuestos de constitucionalidad en el sistema acusatorio colombiano, que son vulnerados por la prohibición de rebajas de pena en la realización de preacuerdos en delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de menores (NNA), contemplados en el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia (CIA). Dicha vulneración tiene fundamento en la Política Criminal del Estado que protege y garantiza los derechos de NNA. La investigación aborda una metodología cualitativa basada en el análisis documental, que examina doctrinas y jurisprudencia internacional y nacional en aras de identificar la relación de causalidad entre el desmedro de garantías de los procesados y la prohibición de rebajas establecida en el CIA. Entre los hallazgos más relevantes se tiene que existe un conflicto entre principios del Derecho Internacional tales como el debido proceso, justicia pronta y legalidad, y las disposiciones jurídicas del CIA, también basadas en el Derecho Internacional, particularmente en el principio de protección superior del niño (pro infains) que prohíben rebajas a procesados por estos delitos. Además, dicha prohibición ha contribuido a congestionar los despachos judiciales del ente acusador, así como los de la judicatura. The present legal research work exposes those constitutionality budgets in the Colombian accusatory system, which are violated by the prohibition of penalty reductions in the realization of pre-agreements in crimes against freedom, integrity and sexual training of minors (NNA), contemplated in numeral 7 of article 199 of Law 1098 of 2006 Code of Children and Adolescents (CIA). This violation is based on the State Criminal Policy that protects and guarantees the rights of children. The research addresses a qualitative methodology based on documentary analysis, which examines international and national doctrines and jurisprudence in order to identify the causal relationship between the disproportion of guarantees of the defendants and the prohibition of rebates established in the CIA. Among the most relevant findings there is a conflict between principies of lnternational Law, such as due process, prompt justice and legality, and the legal provisions of the CIA, also based on lnternational Law, particularly the principie of superior prtoection of children (pro infains) that prohibit rebates to those prosecuted for these crimes. In addition, this prohibition has contributed to congesting the judicial offices of the prosecutor, as well as those of the judiciary. Maestría Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal

52 páginas El Consejo de Estado es la corte de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa la cual establece la jurisprudencia que debe ser revisada y cumplida por las autoridades administrativas, entre ellas las autoridades ambientales. Por tal razón, el objeto de este artículo es revisar y analizar las principales sentencias que el Consejo de Estado ha promulgado en materia sancionatoria ambiental y que deben ser aplicadas por las autoridades ambientales durante los procesos sancionatorios que adelanten. The Council of State is the closing court of the contentious administrative jurisdiction which establishes the jurisprudence that must be reviewed and complied with by the administrative authorities, including environmental authorities. For this reason, the purpose of this article is to review and analyze the main judgments that have been promulgated in environmental sanctioning matters by the State Council and that must be applied by the environmental authorities during the sanctioning processes that proceed.

En la actualidad la inteligencia artificial tiene un rol crucial en muchos sectores de la sociedad y la administración de justicia no es la excepción. La aplicación de sistemas operados mediante estas tecnologías en diferentes etapas del procedimiento, en beneficio de algunos de los intervinientes o en relación con ciertos sectores de la judicatura, es una realidad. Colombia no escapa al fenómeno, pues incluso en materia penal, a pesar de lo estricto de las reglas procedimentales, se han implementado prototipos de esta clase de herramientas. Este artículo expone algunos de los desafíos que representa su incorporación en el procedimiento penal nacional, especialmente frente a las garantías del debido proceso definidas por el derecho interno e internacional. Nowadays artificial intelligence plays a crucial role in many sectors of society and the administration of justice is not an exception. The use of systems operated through these technologies in different stages of the procedure is a reality and Colombia does not escape to this phenomenon: Even in criminal matters, despite the strictness of the procedural rules, prototypes of this tools have been implemented. This paper has undertaken to approach some of the challenges that these tools represent to the national criminal procedure, especially those regarding the guarantees of due process defined by internal and international law.

El presente proyecto de investigación se justifica en el inapelable deber de promover, en sede administrativa, las garantías procedimentales que deben ser acatadas por las empresas, en uso del deber legal de recuperar las pérdidas de energía eléctrica, máxime si se tiene en cuenta que, por ejemplo, para el caso de la Empresa de Energía de Pereira, la administración pública en el orden municipal tiene participación en su conformación igual al 51%, y sobre esta, al existir participación privada, la hace como es de pleno conocimiento una empresa de naturaleza mixta, cuya participación pública obliga, en mayor proporción, a la optimización de los recursos que de la actividad ejercida por la mencionada empresa se derivan. Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- Maestría en Derecho Administrativo

88 páginas The purpose of this monograph aims to identify the treatment of the sanitability of nullities in Colombia, despite the fact that it is indicated that they are insatiable. This is based on the determination of the theoretical basis and historical background of procedural nullities; in turn, the procedural effects of sanitary and insaneable nullities are identified within the framework of Law 1564 of 2012; likewise, the procedural effects of nullities against the principie of procedural economy are established; and finally, the effects of the position taken by the Constitutional Court in Judgment C-537 of 2016 about the restoration of nullities are indicated. La presente monografía tiene por objeto identificar el tratamiento de la saneabilidad de las nulidades en Colombia, a pesar de que se indique que son insaneables. Para ello, se parte de la determinación de los fundamentos teóricos y los antecedentes históricos de las nulidades en materia procesal; a su vez, se identifican los efectos procesales de las nulidades saneables e insaneables en el marco de la Ley 1564 de 2012; de igual manera, se establecen los efectos procesales de las nulidades frente al principio de economía procesal; y por último, se señalan los efectos de la posición asumida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-537 de 2016 sobre el saneamiento de las nulidades. Maestría Magíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesal

RESUMEN: El presente artículo analiza algunos de los problemas procesales que surgen en la reclamación judicial de la solidaridad pasiva, a partir de la tesis de pluralidad de vínculos que se asigna a la obligación solidaria. El objetivo es explicar el comportamiento de la cosa juzgada, la litispendencia, la legitimación y la prejudicialidad, considerando el contenido de la garantía del debido proceso. ABSTRACT: This article analyzes some procedural problems related to joint and several liability legal action, which arise from the thesis that multiple obligors are bound by the same obligation towards an obligee when such liability is declared. The purpose of this article to explain those problems with regard to res judicata, lis pendens, standing and binding judgements, taking into account the right to due process of law.

92 páginas The present research aims to present an analysis on the possibility of configurating state liability when there is a violation of constitutional rights in a judicial decision. This research aims to propose this category as an autonomous imputation tille based on the action of the judiciary when acting in accordance with law and with total attachment to the national legal trame. In this case, the Constitutional judges find a violation of a fundamental right that causes an injury that must be compensated by the Government. When the judiciary acts. in accordance with che regulatory duty without incurring in negligence, nor in judicial error could be an autonomous imputation title that can configure liability attributable to the Govemment. This autonomous tille must be explicit in the specific case and must have caused an injury fully compensable. La presente investigación busca plantear un análisis sobre la posibilidad de configurar la Responsabilidad del Estado por la existencia de una vía de hecho judicial, considerando esta como un título de imputación autónomo fundamentado en que el actuar del operador judicial al estar acorde a derecho y con total apego al deber normativo, por criterio del juez constitucional vulneran derechos fundamentales causando un ·daño que origina perjuicios indemnizables. Es decir que la existencia de una vía de hecho judicial cuando el operador judicial actúa conforme al deber normativo sin incurrir en falla en el servicio, o en el error judicial podría ser un título de imputación autónomo que puede configurar una responsabilidad imputable al Estado, claro está que la vía de hecho. debe ser explicita y previo juicio de valoración por parte del Juez constitucional probando la existencia de la vía de hecho judicial así como también de un Daño plenamente indemnizable. Maestría Magíster en Derecho

La Constitución de la República de Ecuador, en su articulado señala de forma concreta derechos, garantías, deberes y principios constitucionales de sus ciudadanos. Uno de sus principios que se encuentran en nuestra constitución es la proporcionalidad. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación consiste en analizar y determinar la efectiva aplicación del principio de proporcionalidad de las penas en los delitos cometidos por menores o adolescentes infractores sustentada en las garantías del debido proceso. La metodología utilizada en la investigación es de modalidad Cualitativa de análisis crítico, de tipo explicativa, siguiendo los métodos Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético, de alcance exploratorio; revisión bibliográfica sustentada en el análisis, síntesis y esquematización de la información. Al finalizar la investigación ha sido posible establecer que es una realidad el incumplimiento del principio de proporcionalidad en la determinación de la pena en los casos de delitos cometidos por menores o adolescentes infractores.

El Código de Trabajo Ecuatoriano, contempla el trámite administrativo de visto bueno, como primera opción para resolver conflictos laborales, este proceso debe garantizar los derechos consagrados en la Constitución, el problema de este trámite se ocasiona al disponerse en el Código de Trabajo que ha falta de un procedimiento propio se utilice de forma supletoria el procedimiento contemplado en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En virtud de lo expuesto, el objetivo de ésta investigación es garantizar los derechos consagrados en la Constitución del Ecuador, para tal efecto se ha utilizado los métodos histórico lógico, método hipotético deductivo y lógico inductivo, para justificar la necesidad de crear un procedimiento propio para la sustanciación del trámite administrativo, finalmente otorgar a la resolución de visto bueno, fuerza de fallo para garantizar el derecho al debido proceso y seguridad jurídica.