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Profundiza en la condición de vulnerabilidad y específicamente en las personas solicitantes de asilo Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

En este trabajo se estudia la repercusión que en los primeros momentos tuvo en las personas y grupos más vulnerables la pandemia de coronavirus, así como las medidas que se han adoptado en España para intentar combatir esos efectos. El estudio se limita a las medidas aprobadas durante las primeras semanas de incidencia de la pandemia en España (marzo de 2020).

Reseña de: Pérez Miras, A. et al (Dir.) y Romboli,S. et al. (Coord.) Setenta años de constitución italiana y cuarenta años de constitución española. Madrid : BOE/CEPC

Este artículo analiza las respuestas que, en materia de derechos fundamentales, ofrecen a las crisis sanitarias tanto la Ley orgánica 4/1981, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, como la Ley orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública. Pero, además de la teoría, estudiamos las dificultades prácticas que se han evidenciado con ocasión de la aplicación de estas normas a la pandemia de COVID-19. Finalmente, nos ocupamos de la única resolución, hasta la fecha, del Tribunal Constitucional sobre la afectación de derechos fundamentales en el contexto de la citada pandemia.

“Debemos estar siempre vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar las manifestaciones de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos que conducen a la muerte salvo que sea necesario controlarlas para así salvar a la nación…” Hace más de cien años que se escribieron estas famosas palabras por parte del juez Holmes en su voto particular en el asunto Abrams v. United States, de 10 de noviembre de 1919. Las palabras de Holmes, en España deben ser especialmente recordadas en los momentos actuales porque, pese a la consolidación del Estado social y democrático de Derecho y la proclamación de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE), perviven amenazas reales a la libertad de expresión y no parece descartable, a la vista de no pocas resoluciones judiciales y de algunas reformas legislativas, que no es descartable vayan a más.

“Debemos estar siempre vigilantes para poner freno a quienes pretendan controlar las manifestaciones de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos que conducen a la muerte salvo que sea necesario controlarlas para así salvar a la nación…” Hace más de cien años que se escribieron estas famosas palabras por parte del juez Holmes en su voto particular en el asunto Abrams v. United States, de 10 de noviembre de 1919. Las palabras de Holmes, en España deben ser especialmente recordadas en los momentos actuales porque, pese a la consolidación del Estado social y democrático de Derecho y la proclamación de la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE), perviven amenazas reales a la libertad de expresión y no parece descartable, a la vista de no pocas resoluciones judiciales y de algunas reformas legislativas, que no es descartable vayan a más.

Se centra en la práctica de la docencia del Área de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. Se plantea el objetivo de orientar todos los instrumentos disponibles a dicho proceso y se hace, en primer lugar, desde una perspectiva de grupo: un equipo de profesores con distinto nivel de cualificación y experiencia que colaboran entre sí y con los propios estudiantes. Se muestran algunos de los instrumentos que se han ido utilizando los últimos años para conseguir los objetivos señalados. Navarra Biblioteca de Navarra; Paseo de Antonio Pérez Goyena, 3; 31008 Pamplona; +34848427788; +34948169069; bibliotecadenavarra@navarra.es ESP

El colectivo menor de edad como grupo potencialmente vulnerable requiere una protección jurídica específica destinada a salvaguardar los derechos, intereses y libertades del colectivo en pro del interés superior del menor. Es por tanto, que las normativas internacionales y estatales han ido evolucionando adaptándose a las nuevas necesidades derivadas de la evolución social, realizándose modificaciones y reformas que nos llevan hasta el sistema de protección de la infancia y adolescencia actual. Es necesario tener en cuenta la situación en la que se encuentran algunos menores lo cual requiere de medidas específicas como el acogimiento, recurso fundamental para la protección del colectivo, sin olvidar el importante papel que juegan las entidades privadas destinadas igualmente a la protección del colectivo.

El ejercicio del derecho de participación política es una condición indispensable de los sistemas democráticos y diferentes grupos vulnerables lo tienen reconocido expresamente. Pero con el reconocimiento del derecho no es suficiente, sino que son necesarios mecanismos accesibles y eficaces para garantizar su ejercicio. En consecuencia, han surgido en los últimos años consejos consultivos donde se debaten temas específicos que afectan a determinados grupos. También, varias de las leyes autonómicas de participación ciudadana establecen el fomento de la participación política de diversos grupos, incluso, han ampliado su ejercicio a grupos tradicionalmente excluidos.

Tesis doctoral con mención internacional, La presente tesis doctoral analiza cómo la clásica lucha contra las inmunidades del poder que abanderó García de Enterría a principios de los años 60 del siglo pasado, es propia de unas coordenadas jurídico-políticas heterorreferenciales, donde existe verdaderamente un poder inmune ajeno y superior al Derecho (soberano legibus solutus), cuyas manifestaciones (inmunidades del poder), portan necesariamente su misma naturaleza. En el Estado constitucional, sin embargo, esa lógica desaparece pues ya no existen poderes inmunes jurídicamente posibles sino poderes públicos o privados juridificados, es decir, no solo jurídicamente limitados sino jurídicamente constituidos. Tan es así que la inmunidad deja de corresponderle a esos viejos poderes ajenos al Derecho para corresponderle, por entero, al ordenamiento jurídico en sí mismo considerado, que precisa de las dos cualidades inmunitarias de la autorreferencialidad y positividad para existir como orden soberano. A la larga y de forma indirecta, la lucha contra las inmunidades del poder terminaría entonces conduciendo a la lucha por la propia inmunidad del sistema normativo, en suma, al Estado constitucional.

El presente trabajo tiene como finalidad el tratamiento de la cuestión social en el Estado social y democrático de Derecho español conformado a partir de la Constitución de 1978, así como la interrelación entre dicha construcción y el modelo de economía capitalista de mercado. En particular, nos detendremos de manera crítica sobre la afectación de la crisis económica al catálogo de derechos fundamentales prestacionales, derechos sociales y principios rectores de la de la política social y económica desarrollados constitucionalmente y su incidencia, en última instancia, en las situaciones de vulnerabilidad económica recrudecidas en épocas de crisis.

El ejercicio de la potestad legislativa de urgencia que el Gobierno tiene constitucionalmente reconocida se supedita a la existencia de circunstancias extraordinarias y urgentes (art.86 CE). Sin embargo, la historia democrática, a través de las cifras y las razones que los distintos Ejecutivos han ido ofreciendo para aprobar decretos-leyes, permite cuestionar el carácter excepcional que reviste esta figura, pues ha devenido mucho más cotidiana y frecuente de lo que el presupuesto habilitante parece permitir. Y ello se aprecia, especialmente, en la X Legislatura, que, caracterizada por la existencia de una profunda crisis económica, ha dado lugar a un número importante de decretos-leyes que abordan cuestiones de naturaleza social cuya excepcionalidad y urgencia parece confundirse con la mera comodidad y conveniencia políticas.

La educación es un derecho fundamental reconocido en el art.27 CE. La reforma educativa y los planes para la integración de todos los alumnos, entre otras razones, sirven para explicar las dificultades de los problemas de integración con niños gitanos. La evolución ha sido desde los intentos de una atención especial hacia los gitanos hasta su integración, entendida como una evolución en cierto modo positiva, pero sin criterios claros y con la ausencia de recursos necesarios. Desde una perspectiva crítica, a pesar de los indudables progresos en los últimos años en educación intercultural, todavía queda un gran camino por recorrer, que se pretende constatar a partir del trabajo de campo realizado en un barrio marginal, compuesto únicamente por población gitana.

Elementos de protección dentro del ordenamiento español de la minoría gitana, haciendo una mención especial a la vivienda y los planes de erradicación del chabolismo llevados a cabo en Asturias

El presente trabajo analiza una parte de los medios de protección contra la discriminación basada en razones étnicas o raciales, en distintos órdenes jurisdiccionales como penal, civil, social y administrativo, de los que dispone el ordenamiento jurídico español en el año 2012.