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En esta investigación se analiza la evolución del derecho del mar en relación con la tesis ecuatoriana de las 200 millas de mar territorial, hasta la institucionalización de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la posterior adhesión del Ecuador a la referida Convención con las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y de soberanía, se examinan los vicios jurídico-constitucionales en el proceso de aprobación de la CONVEMAR y los aspectos que lesionan la soberanía nacional e integridad territorial ante el renunciamiento a las 200 millas de mar territorial que el Ecuador venía sosteniendo como tesis nacional, lo cual, significa la mutilación de 188 millas de mar territorial y la cesión de la riqueza ictiológica alimentaria más significativa para el progreso y desarrollo Ecuatoriano.

this note deals with the contribution of the interstate international arbitrations to the definition of the maritime zones and to their delimitation. Thus, it analyses how some significant arbitral awards have contributed to the definition of the territorial sea and its length, the high seas and its principles, the continental shelf and, in addition, the islands’ legal regime. Moreover, the note addresses the main contributions made by the international arbitration to the maritime zones’ delimitation. Finally, it concludes the fruitful interaction and the joint development of this field carried out by the arbitration, the International Court of Justice, and the International Tribunal for the Law of the Sea. esta nota aborda la contribución de los arbitrajes internacionales interestatales, de un lado, a la definición de los espacios marinos y, del otro, a su delimitación. Así, se estudia el modo en que determinados laudos arbitrales especialmente relevantes han coadyuvado a la definición del mar territorial y su anchura, la alta mar y sus principios reguladores, la plataforma continental y, también, al régimen jurídico de las islas. Finalmente, la nota expone las principales aportaciones del arbitraje a la delimitación de los espacios marinos y refleja la interacción y desarrollo conjunto por parte del arbitraje, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La inmigración en el Mediterráneo Central ha dado lugar a una serie de iniciativas por parte de los sucesivos gobiernos italianos destinadas a contrarrestar la llegada a los puertos de la Península de embarcaciones con personas rescatadas en el mar. Dos son las directrices seguidas: la «externalización» de la gestión del fenómeno migratorio, que comenzó en particular a través del «Memorando de Entendimiento sobre los migrantes» estipulado con el gobierno de Trípoli el 2 de febrero de 2017; y la «desvinculación» con respecto a las actividades de Búsqueda y Rescate en el mar, limitando gradualmente la participación directa y sobre todo desalentando estas operaciones por parte de las ONG, «culpables» de atraer a las personas rescatadas a la jurisdicción italiana. En 2018 y 2019, llegaron los dos llamados «decretos de seguridad». Estos decretos prevén, entre otras cosas, medidas para combatir a toda costa el fenómeno de la migración irregular por mar, incluso a través de un desprendimiento progresivo de los compromisos internacionales asumidos. En esta nota me gustaría detenerme en particular en un único aspecto del «decreto de seguridad bis» (n. 53/19 convertido por la ley n. 77 del 8 de agosto de 2019) que se refiere a la interpretación del derecho de paso inocente en el mar territorial, institución codificada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar firmada en Montego Bay en 1982 y ratificada por Italia en 1994., Central Mediterranean migrations have led to a series of initiatives by successive Italian governments, initiatives aimed at countering the arrival in the ports of the Peninsula of boats with people rescued at sea. Two are the guidelines followed: the “outsourcing” of the migratory phenomenon’s management, which began in particular through the “Memorandum of Understanding on migrants” stipulated with the government of Tripoli on 2 February 2017; and the “disengagement” with respect to Search and Rescue activities at sea, gradually limiting the direct involvement and above all discouraging these operations by NGOs, “guilty” of attracting rescued persons to the Italian jurisdiction.In 2018 and 2019, the two so called “security decrees” arrived. These decrees provide, among other things, measures to combat the phenomenon of irregular migration by sea at all costs, including through a progressive detachment from the international commitments undertaken.In this Note I would like to dwell in particular on a single aspect of the “security decree bis” (n. 53/19 converted by law n. 77 of 8 August 2019) which concerns the interpretation of the right of innocent passage in the territorial sea, an institution codified by the United Nations Convention on the Law of the Sea signed in Montego Bay in 1982 and ratified by Italy in 1994.

Este Trabajo de Fin de Grado deja constancia de la problemática existente sobre el patrimonio cultural subacuático. En el mundo existe una gran multitud de restos arqueológicos sumergidos, por lo que, tanto los organismos internacionales, como los diferentes Estados, intentan dar solución a problemas como; a quién pertenece este patrimonio, qué medidas se pueden tomar para su conservación y protección, y qué hacer para evitar su expolio. Es interesante conocer toda esta problemática a través de un caso concreto como es el caso Odyssey. Estamos ante un caso que tuvo una gran repercusión mediática en España, ya que el gobierno español y la empresa estadounidense Odyssey se embarcaron en un largo proceso judicial que puso en juego el patrimonio cultural español. Se analizará el caso Odyssey desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado, haciendo especial hincapié en aquellas situaciones en las que se haya que determinar la competencia judicial internacional y la ley aplicable, a supuestos derivados de la protección jurídica internacional del patrimonio cultural subacuático This Final degree Project, puts on record the existing problem on underwater cultural heritage. In the world there is a great multitude of submerged remains. For that reason, both the intergovernmental organizations and the different states are trying to give a solution to the problems like; who owns that heritage, what measures can be taken for its conservation and protection, and what to do to prevent its pillage. It is interesting to know all this problem through a specific case like the Odyssey case. It was a case that had a great media impact in Spain, because the Spanish government and the American company were involved in a long judicial process that brought to light the Spanish cultural heritage. The Odyssey case will be analyzed from the perspective of Private International Law, with special emphasis on those situations in which international jurisdiction has to be determined and the law applicable to cases derived from the international legal protection of underwater cultural herit

Una de las facetas legales y políticas específicas de la disputa entre España y Gran Bretaña sobre Gibraltar son las zonas marítimas a su alrededor. La disputa se extiende a las aguas alrededor de la Roca, sus zonas marítimas y la jurisdicción sobre ellas, ya que, con la excepción de las aguas del puerto, España rechaza la existencia de aguas jurisdiccionales británicas alrededor de la Roca, mientras que el Reino Unido siempre las ha reclamado y ejercido jurisdicción de facto sobre ellas. España niega la existencia de aguas pertenecientes a Gibraltar, pero, en la práctica, permite el ejercicio de la jurisdicción británica dentro de una extensión establecida unilateralmente por el Reino Unido, sin distinguir entre las aguas de la Roca y las del istmo. El Reino Unido afirma una supuesta soberanía sobre las aguas alrededor de la Roca, pero su posición inicial de que las aguas que rodean el istmo son británicas es legalmente débil. Dos factores principales explican la evidente falta de coordinación con respecto al régimen legal que rige las aguas alrededor de la Roca. El primero es estructural: está inextricablemente vinculado a los temas centrales de la disputa de soberanía, ya que las aguas son legal y judicialmente inseparables de las otras disputas sobre la cesión de la ciudad, puerto, peñón e istmo, así como de la doctrina de la ONU. en descolonización. El otro factor es temporal: la falta de canales institucionales u otros canales de diálogo para alentar a las partes a abordar cuestiones prácticas de coexistencia y jurisdicción en las aguas. Esto explica la imposibilidad de llegar a un entendimiento sobre las aguas e incluso para alcanzar un modus vivendi simple y provisional sobre el régimen que rige la navegación en ellas. Con el Brexit, sin embargo, se han abierto otras perspectivas de futuro para eventuales acuerdos y coordinación en las aguas, a través del Protocolo sobre Gibraltar del Acuerdo de Retirada de Reino Unido de la UE y los Memorandos de cooperación. La posición de la «costa seca» española no es tan legalmente sólida con respecto a las aguas como a otros aspectos de la disputa, y además debilita la reclamación de España en su conjunto. Esta teoría es de alguna manera incompatible con la práctica española y, además, parece ser bastante joven, ya que se estableció en la década de 1960 durante la dictadura y posteriormente continuó en la democracia española. En este artículo se afirma que el problema de las aguas en torno a Gibraltar es el de la duda histórica sobre la extensión de las aguas del puerto en el frontal oeste del Peñón y el istmo: determinar el alcance hoy de las aguas del puerto y rada de Gibraltar, una vez admitido en 1968 por Reino Unido su no aplicación a las aguas más al norte denominadas «Puerto Canning». Asegurar una mayor coherencia entre la teoría y la práctica españolas en relación con la posición de España en las aguas de la bahía fortalecería la consistencia y la credibilidad de su reclamación sobre las aguas en la disputa de Gibraltar, que parece haber surgido en respuesta a la teoría de la ‘costa seca’ aplicada por el Reino Unido a España en ese momento. Con este planteamiento, España podría considerar reformular la teoría de la costa seca, con una interpretación restrictiva del Tratado de Utrecht que considere no cedida la montaña completa, en particular la cara de levante del Peñón. De esta forma podría ofrecerse una base jurídica diferente a la teoría de la ‘costa seca’, con una mayor coherencia, ya que la españolidad no derivaría de la no cesión de aguas en Utrecht, sino de que el territorio del este no se cedió –como tampoco se cedió el istmo- por lo que la costa del este de la montaña y sus aguas son españolas. Esta reformulación de la ‘costa seca’ consistiría en la práctica en la afirmación de costa española en el istmo y este del Peñón, con consecuencias similares a las de la tesis española tradicional: negar espacios marítimos al Gibraltar británico fuera de los espacios en el interior de la Bahía. De esta forma, la reformulación que proponemos daría coherencia a la posición histórica tradicional española, que interpreta el Art X como una cesión que «no reconoce otros derechos y situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el Tratado de Utrecht». Con esta lectura restrictiva del Tratado de Utrecht, se salvaguardaría en el futuro para los intereses españoles una hipotética expansión británica de espacios marítimos al este de Gibraltar. También el articulo considera la situación en descolonización de Gibraltar y la aplicabilidad la III Resolución de la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Igualmente se subraya la vinculación de la controversia en las aguas con la necesidad de tratamiento democrático dentro de España y con Reino Unido de los intereses esenciales británicos, que son los estratégicos, militares, de inteligencia y seguridad. Esta cuestión es probablemente la esencia última de todo el problema, y tiene un déficit democrático estructural, pues hay que contemplar involucrar a las Cortes españolas en el debate real sobre las bases militares británicas, ya que la situación de privilegio militar y estratégico de los británicos no puede mantenerse a costa de la seguridad de los españoles. En suma, con la propuesta que se realiza se pretende una argumentación coherente con la posición tradicional española sobre las aguas de la «Costa Seca», mediante una revisión interpretativa del Tratado de Utrecht y de la práctica española.

Busca-se demonstrar que a compreensão dos conceitos de mar territorial e de zona econômica exclusiva são pré-requisitos para o enfrentamento da polêmica referente aos conflitos entre Municípios na cobrança do ISS. A partir da caracterização de ambos, nota-se que a tese do “local da prestação do serviço” deve ser rejeitada em favor do local em que é estabelecida a sede ou filial da empresa que presta o serviço em área marítima. Por fim, é destacado que o domicílio, ao ser usado como um parâmetro para se exigir o ISS, protege a segurança jurídica do contribuinte, a elaboração e a previsibilidade do orçamento municipal, além de valorizar o papel da lei complementar.

El tráfico ilegal de personas y, en particular, la incesante llegada de cayucos a nuestras costas suscita importantes problemas de toda índole en España. Dificultades que, en el plano de lo estrictamente jurídico, hasta hace muy poco residían -entre otras cuestiones-en dirimir si la jurisdicción española era competente para enjuiciar a los patronos de las embarcaciones cuando eran interceptadas en aguas internacionales. En este caso, la LOPJ no albergaba ninguna previsión al respecto, mientras que el Tribunal Supremo, guiado por criterios de justicia material, utilizó distintos argumentos para dar respuesta a ese vacío legal. Tesis que, fundamentalmente, se basaban en acudir a la cláusula de cierre del art. 23.4 de la LOPJ relativa a los Tratados o Convenios internacionales ratificados por España o, bien, en acudir a la teoría de la ubicuidad. Criterios que, como veremos seguidamente, no comparto y que me llevan a concluir que España carecía de jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento de tales hechos, salvo si el tráfico de personas estaba destinado a la explotación sexual. Situación que finalmente se remedia tras la entrada en vigor de la L.O. 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas que, entre otras cosas, supuso la modificación del art. 23.4 de la LOPJ y con ello la inclusión de estos supuestos.

Resumen: En el ordenamiento jurídico argentino la frontera marítima en una figura cuya concepción es dinámica y posee raigambre constitucional. La misma está constituida por una porción de territorio de ancho determinado adyacente a la línea de costa del mar territorial. Su seguridad debe ser resguardada por el Estado de modo permanente al amparo de la jerarquía constitucional consagrada en el artículo 75, inciso 16, de la Constitución Nacional, contemplando las amenazas del crimen transnacional y la eventualidad de una agresión interestatal. La frontera marítima es una figura estratégica que determina gran parte de la integridad territorial del Estado, siendo un componente inherente al territorio del Estado, en general y al borde nacional adyacente al mar territorial, en particular. Sostenemos que en un futuro los legisladores deberían volver a incluir en la frontera marítima la variable de su desarrollo sustentable, excluida en el año 1994. Abstract: In the Argentine legal system the maritime frontier in a figure whose conception is dynamic and has constitutional root. It is constituted by a portion of territory of determined width adjacent to the coastline of the territorial sea. Its security must be protected by the State permanently under the protection of the constitutional hierarchy enshrined in article 75, paragraph 16 of the National Constitution, contemplating the threats of transnational crime and the possibility of an inter-state aggression. The maritime frontier is a strategic figure that determines a large part of the territorial integrity of the State, being an inherent component of the territory of the State in general and the national border adjacent to territorial sea in particular. We argue that in the future, legislators should include the variable of sustainable development, excluded in 1994, back at the maritime frontier.

O uso do espaço marítimo é de elevada importância para todos os países com linha de costa. A utilização das águas marinhas como via de transporte, como meio de sustento através da pesca e de toda a indústria anexa, pela exploração de recursos energéticos ou por atividades recreativas obrigam a que exista uma gestão sustentada deste espaço, evitando criar desequilíbrios nos ecossistemas. Atualmente a proteção da biodiversidade tem um papel indispensável à sobrevivência de muitos seres vivos. Os ecossistemas aquáticos marinhos encontram nestas medidas uma garantia à sua sobrevivência com a implementação das áreas marinhas protegidas. Nesta dissertação foi usada a ferramenta Marxan with Zones para a identificação de áreas prioritárias de conservação entre a Foz do Douro e o Cabo Raso, em Cascais. Foram apresentados vários cenários e os critérios utilizados na seleção da melhor opção. Este exercício é importante para conhecer as potencialidades deste programa no apoio ao planeamento e gestão do espaço marítimo e das zonas costeiras e marinhas. Em suma, o software permite ao utilizador o uso de dados biológicos e socioeconómicos que aliados ao suporte teórico necessário à compreensão e definição de áreas protegidas facilitam a tomada de decisão na priorização e design de áreas de conservação da natureza e de investimento. The maritime space has a major importance for all countries with shorelines. The use of marine waters as a way of transport, of subsistence through fishing and the whole associated industry, by the exploitation of energy resources or by recreational activities, requires a sustainable management of this space, avoiding the creation of ecosystemic imbalances. Currently, the protection of biodiversity plays an indispensable role for the survival of many living beings. Marine aquatic ecosystems have a guarantee for their existence with the implementation of marine protected areas. In this thesis, the Marxan with Zones tool was used to identify priority conservation areas between Foz do Douro and Cabo Raso in Cascais. Several scenarios and the criteria used to select the best option are presented. This exercise is important to understand the potential of this program to support the planning and management of maritime space and coastal and marine areas. In short, the software allows the user to use biological and socioeconomic data combined with the theoretical support needed to create efficient protected areas and facilitate decision making in the prioritization and design of areas of nature conservation and investment. Mestrado em Engenharia do Ambiente

Os conceito de ilha e de rochedo estão, na actualidade, no centro de um conjunto alargado de manifestações económicas, políticas e estratégicas de Estados à escala internacional e que, partindo da Convenção de Montego Bay mas não se cingindo a esta, têm vindo a ser desenvolvidos na prática nem sempre à volta dos principios de equidade e de justiça, antes demonstrando que o direito se vai assumindo como crescentemente situacional na sua aplicação indo de forma crescente ao encontro dos interesses económicos dos Estados.

La presencia estatal en la mar, se hace ostensible fundamentalmente a través de los buques de guerra, cuyo particular régimen jurídico, condiciona su modo de ser y estar en dicho medio. Además, hace necesario conciliar el ejercicio de las actividades militares llevadas a efecto por los buques de guerra pertenecientes a terceros Estados, con los derechos que ostentan los Estados ribereños en los espacios marítimos sometidos a su soberanía o jurisdicción. La cuestión relativa a la conformidad o no a Derecho de las actividades militares desarrolladas por los buques de guerra de terceros Estados en las aguas interiores, el mar territorial, y la zona económica exclusiva del Estado ribereño dista mucho de ser pacífica en la doctrina y en la práctica internacional. Los usos militares del mar por terceros Estados, cuando se proyectan sobre las aguas interiores y el mar territorial del Estado ribereño, aparecen limitados por el ejercicio de la soberanía por parte de este último, en dichas aguas. Sin embargo, en la zona económica exclusiva del ribereño, partiendo del silencio que guarda en este punto la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las actividades militares realizadas por otros Estados, han de considerarse internacionalmente legítimas, de manera que, sólo resultarían ilegítimas si, atendiendo al supuesto concreto planteado, aquéllas contravinieran alguna de sus disposiciones

Artigo publicado em revista científica internacional Submitted by Filomena Borba (fmborba@iscal.ipl.pt) on 2021-07-01T12:15:18Z No. of bitstreams: 1 2021_03-Recopilatorio-110-AJA-marzo.pdf: 1778417 bytes, checksum: 7a9d621dac6f0b4eeb8062c9c956dbb2 (MD5) Made available in DSpace on 2021-07-01T12:15:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2021_03-Recopilatorio-110-AJA-marzo.pdf: 1778417 bytes, checksum: 7a9d621dac6f0b4eeb8062c9c956dbb2 (MD5) Previous issue date: 2021-03 info:eu-repo/semantics/publishedVersion