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Mediante la Sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la no reanudación del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig) y sometió su continuación a dos requisitos, a saber: i) la implementación de la consulta previa y posterior en casos de afectaciones directas a comunidades étnicas en el marco de la implementación del Pecig, y ii) el diseño de un proceso para la toma de decisiones con base en el principio de precaución. Hasta la fecha, no se no ha propuesto una política que cumpla con los requisitos establecidos por la Corte; por tanto, el Pecig permanece suspendido. Lo anterior ha suscitado el debate frente a la posibilidad de flexibilizar las órdenes de la Corte ante la necesidad operacional de erradicar los cultivos de uso ilícito, como también replantear el debate de la erradicación desde el nuevo plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida (2022-2026)” y sus perspectivas de seguridad humana, con el fin de enfrentar con eficiencia el aumento constante de estos cultivos. A partir de un análisis sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en este artículo se proponen recomendaciones sobre cómo el Estado colombiano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de cultivos ilícitos desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Through judgement T-236 de 2017 the Colombian Constitutional Court ordered not to resume the Program for the Eradication of Illicit Crops by Aerial Spraying of Glyphosate (Pecig) and subjected its continuation to two requirements, namely: (i) the implementation of prior and post consultation in cases of direct affectations to ethnic communities in the framework of the Pecig’s implementation and (ii) the design of a decision-making process base on the precautionary principle. To date, the National Government has not designed a policy that complies with the requirements ordered by the Court; consequently, the Pecig remains suspended. This context has raised a debate on the possibility of making the Court's orders more flexible due to the operational need to eradicate illicit crops, opening up the possibility of tackling the constant increase of illicit crops efficiently. Therefore, based on an analysis of the Constitutional Court's jurisprudence, this article proposes some recommendations on how the Colombian state should comply with its international obligations regarding eradicating of illicit crops from a perspective of respect for human rights and environmental protection.

Este artículo examina los fundamentos constitucionales y legales de la participación ciudadana y de la consulta previa a pueblos originarios en el sector minero en la República Argentina, apuntando tanto desarrollos regulatorios como, de modo general, vacíos normativos e institucionales para garantizar la plena efectividad de estos derechos. El artículo hace una revisión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de participación ciudadana y consulta previa, de la cual pueden extraerse estándares relevantes a los casos concernientes a la actividad minera. Del análisis surge el contraste entre el ambicioso marco constitucional aplicable a los recursos naturales, que descansa en un enfoque de sostenibilidad y derechos humanos a partir de la reforma de 1994, y los mecanismos de participación pública y consulta previa, que son resorte de las autoridades provinciales. En materia de consulta previa, hay una gran brecha entre los principios emanados de las cláusulas constitucionales y los compromisos internacionales, y la implementación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados en proyectos que los afectan a través de medidas legislativas y administrativas, institucionalidad apropiada y políticas públicas en la materia. This article examines into the constitutional and legal foundations of citizen participation and prior consultation to indigenous peoples in mining projects in Argentina. It points out legal developments and, in general terms, normative and institutional gaps that hinder the full effectiveness of these rights. The article reviews decisions of the Supreme Court of Justice concerning citizen participation and prior consultation, which provide a basis to draw standards relevant to cases related to mining. The article underlines the contrast between the ambitious constitutional framework applicable to natural resources, embedded in a sustainability and human rights approach as of the 1994 constitutional reform, and the public participation and prior consultation mechanisms in force, which fall under the competence of provincial authorities. Regarding prior consultation, there is a wide gap between the principles derived from constitutional provisions and international commitments, and the effective implementation of the rights of indigenous peoples to be consulted on projects that affect them through legislative and administrative measures, appropriate institutions and public policy on the subject matter.

RESUMEN La evolución del derecho fundamental a la Consulta Previa demanda una profunda reflexión sobre la forma como debe garantizarse éste sin menoscabar el principio de seguridad jurídica en el desarrollo económico de las naciones. Para el efecto, el presente documento abordará las nociones de seguridad e inseguridad jurídica y la forma en que los procesos de determinación de procedencia de la Consulta Previa, los yerros en las etapas consultivas, en los actores y asignación de roles, en los procedimientos inadecuados en la institución de la post – consulta, conllevan a la afectación de los derechos fundamentales de los grupos étnicos, el desarrollo de los proyectos de inversión y los intereses de los promotores de estas iniciativas. Es de vital importancia en el marco de un Estado Social de Derecho que se encuentre el equilibrio adecuado para garantizar a la población indígena, rom, afrocolombiana, raizal y palenquera, sus derechos fundamentales a la participación y a la integridad étnica y cultural; sin menoscabar el desarrollo económico que requiere nuestro país. Finalmente se propondrán algunas iniciativas en los ámbitos político, jurídico y económico que desde la práctica puedan contribuir a la debida articulación de las entidades, instancias y procesos que sean necesarios para minimizar los riesgos en los procesos consultivos y en el diálogo intercultural. Univresidad Libre - Facultad de Derecho - Maestria en Derecho Administrativo ABSTRACT The evolution of the fundamental right to Prior Consultation calls for an in-depth reflection on how it should be guaranteed without undermining the principle of legal certainty in the economic development of nations. For this purpose, this document will address the notions of security and legal uncertainty and the way as usual failures in the processes of determining the provenance of the Prior Consultation, errors in the consultative stages or inappropriate procedures in the post - consultation, They affect the fundamental rights of ethnic groups, investment projects and the interests of the promoters of these initiatives. It is of vital importance in the context of a social State governed by the rule of law to find the right balance to guarantee the Indigenous, Roma, Afro-Colombian, Raizal and Palenquera populations their fundamental rights to participation and to ethnic and cultural integrity; without undermining the economic development required by our country. Finally, some initiatives will be proposed in the political, legal and economic fields that can contribute to the proper articulation of the entities, The European Commission has also taken the view that the European Parliament should be given the necessary powers and procedures to minimise risks in consultation processes and intercultural dialogue.

El objetivo propuesto en esta investigación consiste, en examinar la efectividad de la consulta previa realizada en el corregimiento de pasacaballos, de la ciudad de Cartagena con motivo del proyecto Sociedad Portuaria Puerto Bahía; para ello la metodología empleada fue la de la investigación socio jurídica y aplicada para el derecho y las técnicas de recolección de la información fueron las primarias ya que se aplicaron encuestas sociales a integrantes de la base social que viven en dicha localidad, para establecer su percepción sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía en la Consulta Previa realizada por su Consejo Comunitario, y medir estadisticamente su impacto en el desarrollo socioeconómico de dicha comunidad; además se utilizaron fuentes secundarias como la ficha bibliográfica que permitió realizar un análisis de contenido a libros, capítulos de libros y artículos científicos y elaborar así el estado de la discusión sobre la consulta previa en Colombia a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal. Encontramos que los resultados de las encuestas sociales aquí analizadas estadísticamente denotan según el sentir de los encuestados, el poco desarrollo social del corregimiento mencionado entre los años 2014 a 2018, aun cuando el proyecto en mención, durante el desarrollo de la consulta previa realizada por el consejo comunitario pactó unas compensaciones proporcionales al daño recibido por los afrodescendientes que allí habitan, dada la imposibilidad de gozar y usar su territorio, por poner en riesgo su vida debido a la instalaciones portuarias que tiene una terminal de líquidos al granel, que además durará instalado por tiempo indeterminado.

La consulta previa como derecho fundamental de los grupos étnicamente diferenciados y el consecuente proceso administrativo para la garantía de su materialización efectiva, constituye uno de los elementos fundamentales y un requisito constitucional para la ejecución de proyectos, obras o actividades (POA), medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los mencionados pueblos. Desde la suscripción del Convenio 169 de 1989 por parte de Colombia y la entrada en rigor de la Ley 21 de 1991 aprobatoria del mismo, la consulta previa no ha pasado desapercibida y por el contrario, con el auge en las últimas dos décadas de proyectos minero energéticos y de infraestructura, las tensiones sociales y jurídicas entre los derechos de las comunidades étnicas y el derecho a la libre empresa e iniciativa privada han sido permanentes. Con el fin de buscar alternativas normativas para el cierre de brechas y vacíos legales generados por la desordenada emisión de actos administrativos para la regulación del proceso de consulta previa, así como el aporte permanente de criterios, reglas, principios y estándares jurisprudenciales por parte del Juez constitucional, tanto el gobierno nacional como algunos sectores productivos han promovido la expedición de proyectos normativos que permitan cerrar estos vacíos, buscando generar mayor certeza y seguridad jurídica en la implementación del proceso consultivo.

O presente trabalho busca relatar as experiências do projeto de extensão em educação socioambiental, realizado pelo Grupo de Pesquisa “Convenção 169 e o Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada” da Liga Acadêmica Verde Cabanagem em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Pará. As atividades do grupo foram realizadas entre os anos de 2018 e 2020 e estiveram concentradas na promoção de debates, rodas de conversa e fóruns acadêmicos relacionados ao direito à consulta. A justificativa do projeto esteve relacionada com a necessidade de se promover conhecimento sobre o tema, especialmente em decorrência das recorrentes violações de direitos humanos e fundamentais de povos e comunidades tradicionais no Estado do Pará. Os encontros e os eventos realizados contribuíram significativamente para a construção de narrativas e bases teóricas de todos/as os/as participantes, encerrando suas atividades com o painel sobre direitos de povos e comunidades tradicionais no 41o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista.

La Colombie, qui a érigé le droit à la consultation en droit fondamental, est perçue comme un modèle en ce qui concerne la mise en oeuvre de la Convention 169 de l’OIT. La consultation y est fortement institutionnalisée, grâce notamment aux mobilisations autochtones et aux décisions de la Cour constitutionnelle colombienne. Si le « modèle colombien » de consultation crée un véritable espace de participation pour les peuples autochtones, il n’en demeure pas moins fortement contesté. Les consultations servent en effet surtout à légitimer les décisions gouvernementales, dans la plupart des cas, plutôt qu’à protéger les droits des peuples autochtones. Cette forte institutionnalisation a aussi comme effet paradoxal de restreindre et d’encadrer la portée du droit au consentement, de plus en plus mis de l’avant par les peuples autochtones face aux limites des procédures consultatives. En ce sens, la résistance au passage d’un modèle consultatif à un modèle reposant sur le droit au consentement reste importante en Colombie., Colombia, which has enshrined the right to consultation as a fundamental right in its constitution, is perceived as a model for the implementation of ILO Convention 169. Thanks to Indigenous activism and key judicial victories, consultation is a well-established institution in Columbia. While it creates a unique participatory space for Indigenous peoples, the “Columbian model” of consultation remains highly contested. For many, it serves less the interest of Indigenous peoples in protecting their rights than as a procedural tool for legitimizing government decisions that will impact those rights. The strong institutionalization of this model also paradoxically serves to curtail Indigenous claims for a greater recognition of the principle of free, prior and informed consent. Resistance to the passage from a consultation to a consent regime therefore remains strong in Columbia., Colombia, que ha establecido el derecho a la consulta como un derecho fundamental, es considerado como un país modelo en la aplicación del Convenio 169 de la OIT. No obstante, la consulta ha sido muy institucionalizada, como resultado de las movilizaciones indígenas y las decisiones de la Corte Constitucional colombiana. Si bien el “modelo colombiano” de consulta crea un verdadero espacio de participación para los pueblos indígenas, éste sigue siendo muy controvertido. De hecho, las consultas sirven principalmente para legitimar, en la mayoría de los casos, las decisiones gubernamentales más que para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Esta fuerte institucionalización tiene también el paradójico efecto de restringir y enmarcar el alcance del derecho al consentimiento, cada vez más reivindicado por los pueblos indígenas ante las limitaciones de los procedimientos consultivos. En este sentido, la resistencia a la transición de un modelo consultivo a un modelo basado en el derecho al consentimiento sigue siendo significativa en Colombia.

The purpose of this essay is to review the normative references of the prior consultation process, highlight the legal gaps in the the gender approach application and analyze the factors that weaken the participation of peruvian community women in the process. The political situation of community women will be addressed qualitatively and the obstacles to their participation in the public sphere will be described through the review of legal references and academic research, . These notions reflect the need for a government statutes and regulations renewal, and the design of intercultural methodologies that guarantee parity in the processes. Finally, the article questions whether prior consultation, in the practice, contributes to reinforcing customary power and gender structures and, in what extent its legal references discourage the participation of community women. El presente ensayo tiene como finalidad revisar las referencias normativas del proceso de consulta previa, subrayar los vacíos legales presentes en la aplicación del enfoque de género y analizar los factores que debilitan la participación de mujeres comuneras peruanas en dicho proceso. A través de la revisión de referencias legales y investigaciones académicas, se abordará de manera cualitativa la situación política de las mujeres comuneras y se describirán las trabas para su participación en la esfera pública. Estas nociones nos aproximan a reflexionar sobre necesidad de renovación de estatutos y normativas gubernamentales, y del diseño de metodologías interculturales que garanticen la paridad en los procesos. Finalmente, el artículo propone cuestionarnos si la consulta previa, en la práctica, contribuye a reforzar las estructuras de poder y de género consuetudinarias y en qué medida sus referencias legales desalientan la participación de mujeres comuneras.

Este artículo analiza las actas concernientes a los procesos de consulta previa sobre hidrocarburos, con el objetivo de determinar si el Estado peruano cumplió con las normas internacionales de derechos humanos o, por el contrario, si el derecho a la consulta previa se redujo a un proceso informativo que legitima al estado peruano para que proceda con la exploración o explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. Las actas pertenecen a las etapas de Evaluación Interna y de Diálogo. En las Actas de Evaluación Interna están plasmadas la reflexión y deliberación de las comunidades indígenas sobre la medida propuesta. En las Actas de Consulta —denominadas así por ley— se plasman los acuerdos totales o parciales alcanzados durante el diálogo entre representantes de las comunidades indígenas, quienes transmiten el contenido de las Actas de la Evaluación Interna, y los representantes de la entidad que promueve la aprobación de la medida.Recibido: 06 marzo 2020Aceptado: 14 mayo 2020Publicación en línea: 26 junio 2020

El presente ensayo trata sobre las políticas públicas del estado, de protección a los pueblos indígenas, que se basan solo en el derecho a la consulta formal; sin embargo, este derecho tiene como finalidad llegar a un acuerdo a través de una negociación “libre e informada”; dicha forma de protección, es necesaria pero no suficiente; ya que todo sistema social está influido por muchos factores; factores que en un Estado dirigido por una ideología neoliberal, no son tomados en cuenta, lo que cuenta es la maximización de beneficios delindividuo.

El reconocimiento de la Nación pluriétnica y multicultural que hace la Constitución de 1991 es una de las promesas de transformación social de la Carta. La Consulta Previa, abanderada por la Corte Constitucional ha sido la herramienta utilizada para incluir a las comunidades étnicas al proyecto de nación y así cumplir esta promesa. No obstante, su desarrollo, de la mano del derecho transformador, está lejos de ser pacífico, pues adversarios y defensores debaten acaloradamente. Los primeros, denuncian la inseguridad jurídica que viven, los segundos, defienden los avances logrados y piden mayor efectividad. El prestigio adquirido por la Consulta Previa hace perder de vista que los debates que se dan alrededor de esta son apenas el reflejo de la tensión social que, a 31 años de expedida la Carta, no solo persisten, sino que se profundizan en torno a la apropiación y explotación de la tierra y que dejan de presente los conflictos entre comunidades étnicas, inversionistas y el mismo Estado. The recognition of the multi-ethnic and multicultural Nation by the 1991 Constitution is one of the Charter's promises of social transformation. Prior Consultation, championed by the Constitutional Court, has been the tool used to include ethnic communities in the national project and thus fulfill this promise. However, its development, hand in hand with the transforming law, is far from being peaceful, adversaries and defenders debate heatedly: the former denounce the legal insecurity they experience, and the latter defend the progress achieved and ask for greater effectiveness. The prestige acquired by the Prior Consultation makes us lose sight of the fact that the debates surrounding it are merely a reflection of the social tension that 31 years after the Charter was issued not only persists, but also deepens around the appropriation and exploitation of land, and that the conflicts between ethnic communities, investors and the State itself are still present. Maestría Magíster en Derechos Humanos y Democratización

El artículo expondrá el origen del derecho fundamental de la consulta previa desde el derecho internacional y su posterior vinculación por medio de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la diversidad cultural a nivel global y el bloque de constitucionalidad a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; con este soporte sociojurídico se ha pretendido garantizar este derecho fundamental en situaciones específicas como la realización de proyectos de intervención en comunidades étnicas, entre los cuales se encuentra la transformación e innovación infraestructura vial que en los años recientes se ha intensificado, un caso es la doble calzada en la vía Panamericana en el trayecto Popayán-Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, donde la diversidad étnica es predominante, precisamente, este caso será analizado en este artículo para determinar cómo se garantiza el derecho fundamental de la consulta previa en ambiciosos proyectos de infraestructura vial en Colombia. The article will expose the origin of the fundamental right of prior consultation from international law and its subsequent linkage through the ratification of international human rights treaties that recognize cultural diversity at a global level and the constitutionality block through the jurisprudence of the Constitutional Court; With this socio-legal support, it has been tried to guarantee this fundamental right in specific situations such as the implementation of intervention projects in ethnic communities, among which is the transformation and innovation of road infrastructure that has intensified in recent years, one case is the double causeway on the Pan-American highway on the Popayán-Santander de Quilichao route in the department of Cauca, where ethnic diversity is predominant, precisely this case will be analyzed in this article to determine how the fundamental right of prior consultation in ambitious projects is guaranteed of road infrastructure in Colombia.

En este artículo se aborda la relación entre empresa y Estado, que se encuentra ligada por la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos «John Ruggie». Aunque estos principios no son fuente formal del derecho internacional, ya que son soft law, en su esencia, recopilan las bases para mitigar, prevenir y reparar las afectaciones a derechos humanos que causen las empresas en el desarrollo de actividades económicas a comunidades que se encuentren en un territorio específico. Debido a esto, cada vez más se ve su aplicación en políticas públicas por parte de los Estados y en planes de ejecución empresarial mediante la aplicación de la debida diligencia. Este concepto cobra mayor relevancia por ser una herramienta más de defensa de la Consulta Previa, y a su vez ser el puente de conexión entre la aplicación de los Principios Rectores y los efectos que conlleva generar una afectación a los derechos humanos. Abstract: This article approach the relationship between business and the State is linked by the application of the United Nations Guiding Principles on Human Rights and Business «John Ruggie». Although these principles are not a formal source of international law since they are soft law, in essence, they gather the bases to mitigate, prevent and repair the human rights violations caused by companies in the development of economic activities to communities that are in a specific territory. Also, it is increasingly seen its application in public policies by the States and in business execution plans through the application of due diligence. This concept is more relevant because it is one more tool to defend the Prior Consultation; and at the same time, be the connecting bridge between the application of the Guiding Principles and the effects entailed in generating an impact on human rights.

Este documento realiza un compendio de análisis normativo para abordar los antecedentes de la Consulta Previa como derecho fundamental de las comunidades étnicas, lo anterior tomando como referencia algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, que generalmente en sede de tutela, contenciosa o de consulta ha tenido tímidos pronunciamientos basándose en criterios meramente formales y en ocasiones poco garantistas del mencionado derecho.

O objetivo deste artigo é analisar a equivalência do conceito de democracia deliberativa no instituto da consulta prévia prevista pela Convenção n.º 169 da OIT na perspectiva do cenário amazônico. Primeiro, expomos ideias acerca de democracias deliberativas e sua correlação com as epistemologias emancipatórias da América-Latina e da Amazônia. Em seguida, dialogamos as ideias sobre democracia deliberativa com o instituto da consulta prévia da Convenção n.º 169 da OIT; e, por fim, apresentamos relação entre consulta prévia, Poder Judiciário e democracia deliberativa na perspectiva da diversidade social amazônica em situação de conflito – indígenas e mineradora na região do município de Autazes. Os resultados expõem o primeiro protocolo de consulta prévia oriundo de uma Ação Civil Pública, assim como a conclusão da pesquisa aponta que democracia deliberativa está avançando em práticas institucionais complexas. Esta é uma produção original com valor intrínseco aos estudos da diversidade sociojurídica brasileira, pois a diversidade da América Latina estimula estudos sobre a democracia deliberativa como instrumentalização da emancipação dos povos, principalmente em espaços de conflitos, como a Amazônia.

La consulta previa como derecho fundamental es reconocida por las Naciones Unidas mediante el artículo 7 del convenio OIT 169 de 1989, y se ratificó a través de la promulgación de la Ley 21 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT., Ginebra 1989” (Presidencia de la Republica de Colombia, 1991). En el año de 1991 se promulga la nueva Constitución Política de Colombia la cual incluye la participación de los pueblos indígenas y tribales, protegiendo la diversidad cultural y étnica mediante el mecanismo de consulta previa, el cual es reafirmado en tal legislación. La consulta previa, es el mecanismo de participación que busca: garantizar la participación real y oportuna de las comunidades étnicas en la toma de decisiones sobre los impactos y medidas de manejo de los proyectos, obra o actividades, medidas administrativas o legislativas que los puedan afectar, con el fin de proteger su integridad étnica y cultural (Ministerio del Interior (MI), 2015) (como se cita en Convenio Fondo Adaptación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). Prior consultation as a fundamental right is recognized by the United Nations through Article 7 of ILO Convention 169 of 1989, and was ratified through the promulgation of Law 21 of 1991, “Through which Convention number 169 is approved. on indigenous and tribal peoples in independent countries, adopted by the 76th. meeting of the ILO General Conference, Geneva 1989” (Presidency of the Republic of Colombia, 1991). In 1991, the new Political Constitution of Colombia was enacted, which includes the participation of indigenous and tribal peoples, protecting cultural and ethnic diversity through the prior consultation mechanism, which is reaffirmed in such legislation. http://www.ustadistancia.edu.co/?page_id=3956 Maestría

La tensión entre neoliberalismo y derechos humanos en América Latina ha servido como caldo de cultivos de nuevas categorías de análisis como el concepto de Estado constitucional regulador, que surge en un contexto de desarrollo económico volcado en la producción de materias primas y la consolidación constitucional de un discurso de los derechos, en los que las cortes constitucionales han asumido un importante protagonismo. Este documento explica cómo se ha desarrollado este proceso en la regulación de la consulta previa en Colombia, Perú y Chile, para demostrar la permanente interacción entre ramas del poder público, especialmente de las cortes, y de discurso de los derechos con el de la regulación basada en la eficiencia. The tension between neoliberalism and human rights in Latin America has served as a broth of crops of new categories of analysis such as the concept of constitutional regulatory state, that arises in a context of economic development focused on the production of materials bonuses and the constitutional consolidation of a discourse of rights, in which the courts constitutional have assumed an important role. This document explains how to has developed this process in the regulation of prior consultation in Colombia, Peru and Chile, to demonstrate the permanent interaction between branches of public power, especially those cuts, and discourse of rights with that of regulation based on efficiency.

Ilustraciones, gráficos Este trabajo de investigación está basado en la “Teoría de Interacción Contextual” del profesor Hans Bressers, en donde se analizó la interacción entre la Comunidad Negra de Pasacaballos y los otros actores involucrados en el conflicto generado por los impactos producidos a razón de los dragados de mantenimiento en el Canal del Dique. Lo anterior se realizó usando el programa Atlas T.I y tomando como insumo las respuestas a las entrevistas realizadas en trabajo de campo a los representantes de las partes pertenecientes al sector público, al sector privado y a la Población mencionada, las cuales estaban dirigidas a indagar sobre sus necesidades, sus recursos y sus motivaciones dentro del proceso, ya que esto es lo que determinaría los puntos en común que tienen y los intereses disímiles dentro de la situación problemática. This research paper is based on the “Contextual Interaction Theory” of the professor Hans Bressers. It presents an analysis of the interaction between black community from Pasacaballos and other actors involved in the conflict generated by the impacts of the maintenance dredging of the “Canal del Dique”. This approach was done using Atlas T.I software and taking as input the answers of the interviews carried out on site to the representatives of the parts belongings to the public sector, private sector and the population mentioned above. The aim of the interviews was inquiring about their needs, their resources and their motivations within the process, since this would determine the common points and the dissimilar interests they have within the problematic situation. Maestría Magíster en Gobierno y Políticas Públicas

La situación de los pueblos indígenas ha sido largamente documentada en la historia peruana y ha estado ligada al despojo de sus tierras, territorios y recursos naturales. El modelo extractivo de crecimiento económico ha incrementado las actividades mineras, forestales y la producción de petróleo, en territorios de pueblos indígenas. Por otro lado, el ordenamiento territorial, la zonificación ecológica y los incentivos a la inversión privada, cada vez excluyen a los pueblos indígenas poniendo en riesgo su supervivencia por la reducción de sus territorios. Este trabajo ha recopilado y analizado parte de la legislación nacional e internacional de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente aquellos que viven en contacto inicial y en aislamiento voluntario. Las leyes de ordenamiento territorial y ambiental, como los dispositivos para el desarrollo económico demuestran la violación de los tratados internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas., The situation of indigenous peoples has been largely documented in Peruvian history and has been linked to the dispossession of their lands, territories and natural resources. The extractive model of economic growth has increased the mining, forestry activities and the production of oil, in the territories of indigenous peoples. In addition, the territorial management, the ecological zoning, and the incentives to private investment, constantly excludes indigenous peoples threatening their survival because of territories reduction. This study compiled and analyzed part of national and international legislation of the rights of indigenous peoples, especially those living in voluntary isolation and initial contact. The laws of territorial and environmental management such as devices for economic development demonstrate the violation of international treaties relating to the rights of indigenous peoples.

O objetivo deste artigo é contextualizar a aplicação do instrumento jurídico da consulta prévia no âmbito de um projeto de mineração em áreas protegidas e pleiteadas por comunidades quilombolas nas margens do rio Trombetas, em Oriximiná- PA. A pesquisa baseia-se em fontes processuais e documentos acostados nos autos do Inquérito Civil que repercutiu na obrigação de realização da referida consulta. Os resultados preliminares do estudo apontam a coexistência de entendimentos e expectativas distintas em torno da consulta prévia, por parte das comunidades e do Ministério Público Federal que obrigou a sua realização.

L’Amérique latine n’échappe pas à l’exploitation de territoires hier difficilement accessibles. De ce fait, l’offensive de l’industrie extractive, notamment de la part d’entreprises canadiennes, engendre des impacts négatifs multiples sur la vie et les droits des populations (pollution des eaux, alimentation délétère, maladies diverses). Les peuples autochtones, dont le mode de vie et l’identité sont profondément marqués par leur rapport à la terre et à la nature, se retrouvent donc dans un nouveau cycle de luttes pour la protection de leurs territoires et la préservation d’un mode de vie équilibré avec les contingences de la nature. Leurs résistances sont diverses et innovatrices du point de vue de l’émancipation des peuples et de leurs droits. Non seulement questionnent-ils le modèle de développement dominant, mais ils mettent également en cause le pouvoir de décision des États sur le sens du développement, un pouvoir quasi absolu qui se substitue au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et à décider de leur propre développement., Latin America is presently living a huge exploitation of territories that were difficult to reach before. The international extractivist industry’s offensive, where Canada’s enterprises play a decisive role, produces many negative impacts on the life of people and concerning the rights of different populations (water contamination, toxic food, various mdiseases). Profoundly connected to their relation with earth and nature, Indigenous Peoples are especially facing a new phase of struggles to protect their territories and preserve the balanced style of life they wish to handle with nature cycle’s requests. In that respect, from a people’s emancipation perspective, Indigenous battles are several and innovative. Not only they criticize a dominant model of development, but they also question the absolute State’s power over development decisions, beyond the right of self-determination of peoples and their right to freely pursue their economic, social and cultural development., América latina no se escapa a la explotación de territorios primariamente inaccesibles. El asalto de la industria extractiva, y característicamente de la minería canadiense, genera muchos impactos negativos sobre la vida y los derechos de las poblaciones (contaminación de aguas, nutrición deletérea, diversas enfermedades). Basando su vida y su identidad a partir de su relación con la tierra y la naturaleza, en este tiempo los pueblos indígenas enfrentan un nuevo ciclo de luchas para proteger sus territorios y mantener un modo de vida equilibrado con las contingencias de esta naturaleza. Del punto de vista de la emancipación de los pueblos y del de sus derechos, sus resistencias son varias e ingeniosas. Esas resistencias no solo chocan con el modelo dominante de desarrollo, sino plantean además desafíos a la legitimidad del poder de decisión casi absoluto de los Estados en materia de desarrollo; ahora bien, es un poder que se substituye al derecho a la libre determinación de los pueblos, a su derecho de decidir sobre su propio desarrollo.

Violent conflicts between indigenous groups, multinational companies, and governments over the control of lands potentially containing valuable minerals and hydrocarbons are proliferating in Latin America, as well as elsewhere around the world too. In 1989 the International Labor Organization (ILO) approved ILO Convention 169, which mandates the implementation of prior consultation (PC) with indigenous peoples about any project that could potentially affect their territory. Many interpretations regarding the aims and scopes of PC exist. Some environmental sectors see PC as a mechanism to prevent the implementation of ecologically unsustainable projects in indigenous territories. Part of the indigenous rights sector, however, sees PC as a platform via which to negotiate financial resources for indigenous communities. On the side of governments and multinational companies, PC represents a means to diminish violence and advance projects under more stable political conditions. By examining mining and hydrocarbon projects in Bolivia, Peru, and Mexico, the authors compare cases in which PC takes place and ones where it is not applied. A typology of the outcomes in relation to 1) the prevention of industrialized resource extraction on indigenous lands, 2) redistribution of economic benefits produced by extractive projects, and 3) diminishment of the state repression associated with extractive projects is offered. Findings show that in many cases all three of these results are not simultaneously achieved; the authors explain why some outcomes might be obtained in certain instances and not in others. Finally, the article offers an overall assessment of PC results in light of participation theories., La violencia entre grupos indígenas, empresas multinacionales y gobiernos sobre el control de tierras con potencial minero y petrolero se encuentra en aumento en América Latina y en el resto del mundo. En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 169 de la OIT que establece la obligación de los estados de realizar consulta previa (CP) con sus grupos indígenas antes de llevar a cabo cualquier proyecto que tenga el potencial de afectar sus territorios. Existen diversas interpretaciones sobre los alcances de la CP. Algunos sectores medioambientalistas entienden que la CP es un mecanismo para prevenir la implementación de proyectos ecológicamente destructivos en territorios indígenas. Por otro lado, parte del sector de derechos indígenas, entiende que la CP es una plataforma por la cual los grupos indígenas pueden negociar recursos financieros con el gobierno y/o las empresas ejecutoras. Por el lado de los gobiernos y las empresas multinacionales, la CP representa un medio para disminuir la violencia e implementar proyectos bajo condiciones de mayor estabilidad política. A través del análisis de proyectos mineros y petroleros en Bolivia, Perú y México, las autoras comparan casos en los que la CP tiene lugar con casos en que esta está ausente. Seguido de ello se elabora una tipología de resultados en relación a 1) prevención de extracción industrializada de recursos naturales en territorios indígenas, 2) redistribución de beneficios económicos producidos por proyectos extractivos, 3) disminución de represión estatal asociada con proyectos extractivos. Los hallazgos demuestran que, en muchos casos, estos tres resultados difícilmente son obtenidos simultáneamente; las autoras explican por qué algunos resultados son obtenidos en ciertos casos y en otros no. Finalmente el artículo ofrece un examen general de los resultados de la CP a la luz de las teorías sobre participación.

La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la participación en asuntos de interés público, en forma individual y colectiva. De esta manera, se busca desarrollar un proceso permanente de construcción del poder ciudadano en varios ámbitos de la sociedad, incluyendo al sector minero. En el presente artículo se abordarán los fundamentos constitucionales, legales, desarrollos regulatorios y jurisprudenciales de la participación ciudadana y de la consulta previa en el sector minero en Ecuador. Posteriormente, se plantean los retos de la participación ciudadana y de la consulta previa en el sector minero en el marco de la covid-19. Por último, se responden algunas preguntas sobre las novedades normativas del sector.

El presente artículo explica que la susceptibilidad de afectación directa, como elemento de la consulta previa, ha sido considerada en Chile con un estándar diferenciado al que se encuentra en sede comparada, tanto a nivel normativo como jurisprudencial. Además, se explica que tal elemento resulta conflictivo porque escapa al ámbito del derecho, adentrándose en la antropología, en vista de los diversos referentes cognitivos de los pueblos indígenas, los que solo podrán ser conocidos por medio de un peritaje antropológico.

El presente trabajo se enfoca en el mandato contenido en el art. 6 del Convenio 169 de la OIT, referente a que la consulta previa a los pueblos indígenas sea realizada a través de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Específicamente, se aborda el problema de cómo comprender la antinomia entre derechos colectivos y derechos individuales, cuando dichas instituciones, sea en su constitución, organización o funcionamiento, restringen determinados derechos individuales de sus miembros. Ante ello, se plantea que existen dos formas de comprender dicho problema. La primera, que considera que los derechos individuales tienen una primacía clara sobre el derecho propio indígena; la segunda, que es la que defiende el presente artículo, estima que no existe tal claridad en la prioridad entre ambos derechos, en tanto el corpus iuris contemporáneo en materia de derechos indígenas se basa en el reconocimiento de estos pueblos como sujetos colectivos de derechos fundamentales, lo que implicaría que la correcta forma de comprensión jurídica de la antinomia mencionada es como una colisión de derechos de igual jerarquía.

En este capítulo se analiza la figura de la obtención vegetal: su alcance, dimensión, requisitos y caracterización frente a otros derechos de propiedad intelectual, para así abordar su ámbito de protección y su tratamiento en el ámbito internacional. Se pretende en este sentido plantear que la tendencia regulatoria en materia de obtenciones vegetales en Colombia no sólo va en contravía de los intereses de los pueblos indígenas, sino además de su patrimonio colectivo que les ha garantizado una gran diversidad que hoy por hoy es sustento de su alimentación. Con lo anterior se lleva a cabo un singular esfuerzo para tratar de forma comprensiva este asunto, buscando la primacía del consentimiento libre, previo e informado de las comunidades potencialmente afectadas.

Prior consultation is an ideal mechanism to protect the rights of indigenous people because it has had a legal development from the international scenarios to the domestic legislation, promoting safety because of its establishment as Law. However, both the effectiveness of its application and the enforcement of established procedures in the most favorable way for indigenous communities can be questioned; this essay is about that. Resumen: La Consulta Previa es un mecanismo idóneo para proteger los derechos de los pueblos indígenas, puesto que este ha tenido un desarrollo normativo desde escenarios internacionales irradiando la normatividad interna, generando seguridad en cuanto a su tipificación en la norma. Ahora bien, la eficacia puede ser cuestionada en virtud de la aplicación de las mismas y la ejecución de los procedimientos establecidos de la manera más favorable para las comunidades indígenas; este ensayo es sobre esto último.

La Constitución de 1991 abrió espacios de participación política para los pueblos indígenas pero también perpetuó prácticas nocivas como la formación de élites articuladas al aparato estatal. Con base a mi trabajo de campo etnográfico, expongo cómo estas sociedades han renunciado a su capacidad de participación y acción política cediéndosela a esta nueva élite. En el caso del algunos de los pueblos indígenas de los Llanos, la creación de una élite política indígena se traduce en la renuncia del movimiento social indígena como sujeto político, por una parte, y por otra, la entrada a una nueva disputa caracterizada por la lucha por los recursos económicos del Estado colombiano y las multinacionales que hacen presencia en la región. Esta disputa por administrar los recursos, está ligada a la lucha por la arena política legitimada por el sistema, recursos que benefician solo a la élite indígena y su círculo más cercano. Se concluye la configuración de la autonomía indígena como un espejismo y no una realidad.Publicación en línea: 11 diciembre 2017

Artículo Indexado, Este artículo expone el marco de actuación del trabajo social comunitario, algunos resultados cualitativos y reflexiones académicas; con ello, se espera dar cuenta de ciertos temas relacionados con la profesión en contextos internacionales e interculturales (como el indígena), de los mecanismos de participación y consulta asociados a la diversidad cultural. Se basa en una experiencia de Trabajo Social Comunitario en Colombia, llevada a cabo con el apoyo del Programa de Cooperación Interuniversitaria (AECID). Se consultaron la Estrategia Española para Pueblos Indígenas, el Código de Conducta Universitaria en materia de Cooperación al Desarrollo (CRUE), las políticas de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS), y los documentos de derechos humanos en materia de consultas comunitarias., Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Il riconoscimento di un 'nucleo di diritti fondamentali' dei popoli indigeni nelle singole esperienze giuridiche latinoamericane rivela la valenza del riconoscimento dell'organizzazione dei popoli stessi in quanto tale, a prescindere dal paradigma della modernità dello Stato. In America Latina i diritti dei popoli indigeni muovono verso un riscontro concreto nelle singole realtà che l'hanno promosso, dove i popoli in questione reclamano un loro 'diritto alla consultazione preventiva' soprattutto in relazione allo sfruttamento delle risorse naturali strategiche, al fine di calmierare le scelte ad esse relative in considerazione delle esigenze di vita ctonia e della cosmovisione indigena. Nel quadro dei diritti indigeni emerge una questione fondamentale, quella degli 'obblighi intergenerazionali' che appare meritevole di accoglimento e sviluppo nella comunicazione interna alle diverse esperienze giuridiche del sistema latinoamericano.

Este documento analiza la relación entre los proyectos de desarrollo, los cuales son autorizados mediante licencias ambientales en nuestro país, y los conflictos en relación con el derecho fundamental a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos y los cuales han terminado por ser resueltos ante los estrados judiciales. Este artículo está orientado a establecer los requisitos mínimos que debe tener la consulta previa para su implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas al territorio, la autonomía, la participación y el desarrollo propio. Adicionalmente, ofrece una mirada al tema del consentimiento previo, libre e informado en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional a través de una de sus providencias, para terminar sosteniendo que estas temáticas tan complejas, deben ser abordadas desde el enfoque basada en derechos humanos. This document is intended to analyze the relationship among development projects which are authorized through environmental licenses in our country, as well as the conflicts related to the basic right to prior consultation indigenouspeople and all other ethnical groups have; conflicts which have eventually resolved before courts. This article is focused on establishing minimum requirements a prior consultation should have to be implemented and assured with the right indigenous people have to territory, autonomy, participation, and own development. Besides, the article provides an overview about the prior free and informed consent as established by the Inter-American Court of Human Rights and the Constitutional Court through several sentences which finally stated that these topics are socomplex that they should be treated from an approach based on the human rights.