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Ninguna otra persona, en ninguna situación, es obligada a realizar el acto supererogatorio que se exige a la mujer embarazada. Aun cuando una adecuada aplicación de la teoría general de los derechos humanos permite reconocer el derecho al aborto durante los dos primeros trimestres del embarazo sobre la base de que los derechos sólo pueden restringirse por mor de los propios derechos. En esa línea, se intenta responder a quienes sostienen que el problema del aborto no puede resolverse pues no existe forma de identificar un momento exacto a lo largo del desarrollo del embrión que permita diferenciar entre un aborto legítimo y uno ilegítimo. Se defiende que existen potentes argumentos morales para definir una postura que reduzca la incertidumbre y permita fundamentar reformas legislativas de despenalización.