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La misión Kemmerer traída al país durante el gobierno del Dr. Isidro Ayora, sugirió la creación de un ente controlador de las actividades de las entidades públicas, a modo de Tribunal de Cuentas; desde entonces la Contraloría General del Estado ha venido cumpliendo este rol de fiscalización de la adecuada gestión pública y el debido uso de los recursos de la nación. La Constitución de Montecristi, significó la introducción de innovaciones en la estructura estatal donde el poder se lo ejercía mediante una división de funciones tripartita, para pasar a una integración en la que se incorporan nuevas funciones (Electoral, de Transparencia y Control Social) que permitan la actuación de las veedurías sociales en el quehacer estatal cotidiano. En esta nueva estructura la Contraloría Juega el papel de exclusivo determinador de responsabilidades por las actuaciones de los servidores públicos, y, los particulares que dispusieren de la cosa pública en su actividad diaria; determinación de responsabilidades que por mandato legal estará siempre apegada al cumplimiento de los principios del debido proceso y respeto de los derechos fundamentales de los auditados The Kemmerer mission brought to the country during the Government of Dr. Isidro Ayora, suggested the creation of a driver being of the activities of public entities, as a Court of Auditors; Since then the General Comptroller of the State has been performing this role of proper public management control and proper use of the resources of the nation. The Montecristi Constitution, meant the introduction of innovations in the State structure where the power exercised it is through a tripartite division of functions, to move to an integration which incorporates new (Electoral, of transparency and Social Control) functions that allow the performance of the social oversight in the State daily. In this new structure the Comptroller plays the role of exclusive Fact Finder’s responsibility for the actions of public servants, and individuals who provide public thing in their daily activity; determination of responsibilities which by law will be always attached to compliance with the principles of due process and respect for the fundamental rights of the audited.