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El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido escasamente estudiado por la doctrina del Derecho Constitucional. Sin embargo, este derecho está presente en la mayor parte de las demandas que llegan al Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo, y por ende en la mayoría de las sentencias que aquél dicta. El contraste entre uno y otro dato se debe a la percepción que existe acerca de la naturaleza predominantemente procesal de este derecho. Esta percepción aboca en muchas ocasiones a una mala comprensión del citado derecho. La finalidad del presente trabajo es delimitar el derecho a la tutela judicial efectiva desde su naturaleza constitucional, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se afirmará que el derecho a la tutela judicial efectiva abarca todo el proceso y que, por tanto, no es posible delimitar este derecho a partir del tradicional esquema basado en la distinción entre un contenido de naturaleza constitucional y un contenido de legalidad «ordinaria». Por el contrario, lo que distingue al derecho a la tutela judicial efectiva es la perspectiva que obliga a adoptar a quien desee fundamentar en él su argumentación. El derecho a la tutela judicial efectiva no permite revisar el acierto de las resoluciones judiciales, sino la razonabilidad de la argumentación desarrollada por los órganos judiciales para fundamentar sus resoluciones. De esta manera, la argumentación basada en el derecho a la tutela judicial efectiva distingue varias vertientes en este derecho y aplica una serie de tests, que dan la medida de la razonabilidad exigida a las resoluciones judiciales en cada caso. El presente trabajo detalla, precisamente, estas vertientes y tests. Ello da lugar a que la doctrina sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sea imprecisa, ya que emplea conceptos tales como la razonabilidad, la proporcionalidad, la eficacia o la finalidad de las actuaciones judiciales y el contexto de los casos, entre otros. Sin embargo, esta característica no puede sorprender, ya que es inherente, precisamente, a su no siempre bien comprendida naturaleza de derecho fundamental. The right to the effective protection of judges and courts has been poorly studied by Spanish Constitutional Law experts. Yet this right is at stake in most individual appeals for protection filed before the Spanish Constitutional Court (recursos de amparo) hence in most Constitutional Court judgements. This contrast is due to a widespread misperception of this right as mostly concerned with Procedural Law matters. The purpose of this article is to approach the right to the effective protection of judges and courts from a strictly constitutional perspective, based on the case law produced by the Spanish Constitutional Court. Its basic assumption is that all judicial acts are covered by the constitutional right to the effective protection of judges and courts, hence that the classic distinction between the constitutional and the ordinary legal content of this right is not appropriate. What singles out this right to the effective protection of judges and courts is rather the perspective it forces all legal actors to adopt. Although it does not subject the accuracy of judicial decisions to constitutional review, it allows for the constitutional review of the reasonableness of the arguments that sustain them. It does so through a series of tests that convey the degree of reasonability that is required from judicial rulings in every case. The present study explores these tests as applied to the different dimensions of the right to the protection of judges and courts. The richness of these dimensions and the diversity of the cases where they appear makes case law on the matter necessarily imprecise, as it relies on open-ended concepts such as reasonableness, proportionality or efficiency, among others. Such imprecision is however hardly surprising, indeed it is inherent to the nature of this right as a constitutional right.

Los Jueces/as deben aplicar la perspectiva de género, en aquellos casos que devienen hechos de violencia contra las mujeres, por cuanto ejercitan un rol transformador ante la desigualdad formal, material y estructural al momento de conocer los procesos, al juzgar son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas, el fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder, esquemas de desigualdad que afectan el desarrollo de hombres y mujeres dentro de la sociedad. Estas decisiones judiciales no solo deben garantizar derechos, sino también deben ser preventivas, y necesarias para erradicar una vida libre de violencia contra las mujeres. El tipo de investigación aplicada en el artículo fue cualitativa-cuantitativa, con énfasis en una investigación cualitativa que dentro de la Argumentación Jurídica por parte de Jueces/as incorpora los enfoques de igualdad desde la perspectiva de género en la violencia contra las mujeres.

El artículo tiene como objetivo analizar el entendimiento humano, para lo cual se trabajó en base a una investigación filosófica de tipo analítica, permitiendo generar reflexión sobre el contexto del aforismo para explicar situaciones relacionadas a la vida ética del ser humano, desde una concepción del deseo – conocimiento. Lo cual permite promover la reflexión en el campo jurídico para la interpretación de leyes contextualizadas a diversos eventos que desencadenan decisiones judiciales, permitiendo comprender que la necesidad de evaluar el entorno donde se desarrolló el fenómeno con una visión amplia, situación que por demás permitirá establecer un juicio lo más objetivo posible, por cuanto la realidad está inmersa en múltiples interpretaciones conocidas como relativismo, desde allí se desarrolla una postura sobre el entendimiento humano en el campo de las ciencias jurídicas.

In the context of the pandemic, States have enacted multiple measures that restrict rights and liberties. The right to protest has not been the exception, with States alluding to the dangers the virus poses to health in order to impose heavy restrictions on public gatherings. This article examines a number of judicial decisions from different jurisdictions, to show how courts call on governments to respect affected rights when reviewing the constitutionality of such measures. Even in times of pandemic, the article shows courts find that the proportionality of regulations may be judicially assessed. Although this line of reasoning may appear obvious -it is a standard globally resorted to review rights limitations-, it needs to be highlighted in times when fear, as history and our own recent jurisprudence show us, may lead to uncritically accept these restrictions., En el contexto de la pandemia se han decretado varias medidas restrictivas de las libertades. El derecho a la protesta no ha sido la excepción. En términos generales, los Estados han echado mano al peligro que la transmisión del virus acarrea para la salud, para imponer fuertes restricciones a las reuniones públicas. Este trabajo revisa algunas sentencias del derecho comparado, a efectos de anotar que los tribunales, al evaluar la constitucionalidad de esas medidas, llaman la atención sobre el respeto a los derechos involucrados. La proporcionalidad de las medidas -han sostenido esos tribunales- debe evaluarse incluso en contextos de pandemia. Esto que parece obvio -a final de cuentas, la proporcionalidad suele utilizarse para evaluar medidas que regulan derechos y libertades-, debe destacarse en momentos en que el miedo, como enseña la historia y quizá nuestra propia jurisprudencia reciente, nos lleva a recepcionar estas medidas de forma acrítica.

En este artículo se analiza las problemáticas que se presentan al momento de pretender ejecutar una resolución judicial, dictada por un Juez Familiar de Primera Instancia o bien un convenio judicial con autoridad de cosa juzgada. El Código de Procedimientos Civiles en vigor del Estado de Tabasco, en sus artículos 383 y 385 establecen las formas de “EJECUCIÓN FORZOSA” y “EJECUCIÓN DIRECTA”. De los que se interpreta que la ejecución directa se actualiza cuando no tenga que intervenir necesariamente el adversario de la parte que pida la ejecución; interpretado a contrario sensu, la ejecución forzosa tiene lugar cuando existe oposición por la parte contraria. Sin embargo, no se especifica el trámite a seguir, sobre todo cuando existe una parte que se opone a la ejecución; por lo que, ante la falta de disposición expresa la ejecución se sigue a través de una demanda incidental, en la que las partes tienen que someterse nuevamente a un juicio, ofrecer pruebas, y desahogarlas, hasta la emisión de una sentencia en el que la autoridad nuevamente ordene su cumplimiento y que resulta muchas veces tardado. Sucede similar cuando en una resolución de manera oficiosa se ordenan terapias psicológicas a las partes, y una vez que se eleva a categoría de cosa juzgada, se ordena el archivo del procedimiento al haber concluido; sin darle seguimiento a las terapias psicológicas. De ahí la importancia de que exista un procedimiento de ejecución en materia familiar, así como una autoridad que se encargue del procedimiento como un juzgado de ejecución.

In Colombia, the socio-environmental conflicts have escalated through the phenomenon of judicial expansion on two fronts (Feoli, 2015), via judicialization of politics and via judicial activism. First of all, when competing actors use different legal mechanisms to resolve environmental issues (such as the prior control of the constitutionality of referendums, the protective action against judicial decisions, and the nullity of rulings of the Constitutional Court), instead of solving them in scenarios of democratic participation, own of other powers. While the second occurs when the judiciary makes decisions that escape the traditional adjudication of the Law, which in terms of Lopez (2018) is typical of anti-formalism. Within the environmental referendums and from the case study of the regime of environmental competences of territorial entities, this text answers two questions: I) Can the ruling SU-095 of 2018 of the Colombian Constitutional Court be classified as activism? And II) Are the changes in the constitutional precedent of the competence of territorial entities to prohibit extractive activities due to changes in the magistrates of the Constitutional Court? This text concludes that, on the one hand, the ruling SU-095 of 2018 is in fact activism and represents a case of excellency of the government of judges that oppose the government of people, expressed in the referendums done and, on the other, that the changes in the composition of the Constitutional Court did influence the change of precedent in this matter.

La situación de las cárceles en Colombia regresó, después de quince años, al análisis estructural de la Corte Constitucional. En esta ocasión, tras dos nuevos fallos de estado de cosas inconstitucional, la Corte resolvió reenfocar el entendimiento del problema carcelario y profirió órdenes de diversa índole para conjurar el déficit de derechos de las personas privadas de la libertad. Pese a estos esfuerzos de la Corte, sus fallos parecen no haber tenido éxito en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, enfrentándose así a una encrucijada que impide su cumplimiento. Este artículo de reflexión analiza estas decisiones a la luz de teorías de carácter general sobre los fallos estructurales y en particular sobre aquellas relativas al sistema penitenciario y carcelario para describir cómo se expresa dicha encrucijada y se propone un remedio judicial que, sin ser susceptible de álgidos debates, puede resulta en una medida efectiva para la protección inmediata de la población privada de la libertad.

Cuando se piensa en una decisión judicial sobre el estado de adoptabilidad de un niño se pretende que la resolución sea la correcta, ello a favor del niño al considerar su interés superior. En consecuencia, no solo se debe tener en cuenta la situación particular del niño, niña y adolescente, sino también la normativa convencional de derechos humanos y las normas nacionales, que permite establecer la fundamentación discursiva de la resolución que pueda ser tomada por el órgano jurisdiccional., When thinking about a judicial decision on the adoptability status of a child, the resolution is intended to be the correct, in favor of the child considering its best interest. Consequently, not only must the particular situation of the child and adolescent be taken into account, but also the conventional human rights norms and nationalnorms, which allow establishing the discursive foundation of the resolution that can be taken by the court., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

espanolRESUMEN: ?Un recurso manifiestamente infundado podria implicar mala fe? Este articulo contesta afirmativamente esa pregunta en base a un estudio comparado de los filtros ante los recursos de casacion en Chile, Francia e Italia y de apelacion intermedia en el sistema federal de Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Se encontraron similitudes importantes en cuestiones como el examen preliminar del fondo, votacion por unanimidad, fundamentacion abreviada, contradiccion de la jurisprudencia, entre otros. La tesis que se propone es que tales similitudes se explicarian por un consenso subyacente acerca de la buena fe en los recursos: un estandar de conocimiento del Derecho exigible a todos los profesionales juridicos que participan del proceso judicial. EnglishABSTRACT: Could a manifestly ill-founded appeal imply bad faith? This article answers that question affirmatively based on a comparative study of the filters before the cassation recourse in Chile, France, and Italy and the intermediate appeal in the US federal system and the jurisdiction of England and Wales. Important similarities were found in issues such as the preliminary evaluation of the merits, unanimous vote, abbreviated judicial opinions, contradiction of the case law, among others. The thesis proposed in this article is that these similarities can be explained by an underlying consensus about the good faith in appeals: a standard of knowledge about the Law which applies to all the legal professionals participating in the judicial process.

RESUMEN. El artículo aborda una reflexión en torno a la figura del sentido del fallo, la cual fue implementada en el artículo 373.5 del código general del proceso, establecida como una excepción a la obligación de los jueces de emitir sentencia una vez finalizada la audiencia de instrucción y juzgamiento. EI calificativo de inane, referido al sentido del fallo, corresponde a una crítica al desconocimiento de la complejidad de la decisión judicial, y a sostener que cuando el juez puede emitir el sentido del fallo, de igual manera puede emitir la sentencia, a menos que existan dificultades de tipo locativo o de tiempo; por ende, y en los restantes eventos, si no puede emitir la sentencia, por desconocimiento de la decisión que va a asumir, tampoco puede exigírsele que emita sentido del fallo. ABSTRACT. This paper contains an analysis about the meaning of the decision, implemented with the article 373.5 of the General Procedural Code. That article established an exception to the duty to dictate the sentence, once the hearing of instruction and judging ends. This is a useless figure because implies a lack of knowledge of the complexity of the judicial decision, and it ignores that judges can give judgement when issue the meaning of the decision, unless difficulties of location or time arise. Thus in the remaining events, if the judge cannot issue the judgment due to ignorance of the decision, he cannot dictate the meaning of the decision either.

The principle of immediacy in the oral procedural system involves the interaction of the judge in the reception of the evidence, the parties, witnesses and experts, allowing a judicial decision, with the quality information obtained at the hearing. However, what happens when the judges who took part in the probative activity, who gave their oral decision, can not intervene in the elaboration and subscription of the sentence, perhaps other judges, would have to declare the nullity of the proceedings and makea new hearing of judgment to mediate with the test, or through the recording media, other judges can elaborate the sentence. Faced with this situation, the former Supreme Court of Justice issued Resolution No. 564 of October 26, 2011, and the current National Court of Justice issued Resolution No. 18-2017 of November 22, 2017, for which , the central axis of this work, which employs a qualitative research is to determine whether the aforementioned resolutions, violate the principle of probative immediacy in the General Organic Code of Processes and the Organic Comprehensive Criminal Code, addressing this problem through a study analytical, doctrinal, normative, comparative and jurisprudential, using a descriptive methodology that aims to identify the central problem through legal sources. El principio de inmediación en el sistema procesal oral implica la interacción del juez en la recepción de la prueba, las partes, testigos y peritos, permitiendo una decisión judicial, con la información de calidad obtenida en la audiencia. Sin embargo, qué sucede cuando los jueces que intervinieron en la actividad probatoria, que dieron su decisión oral, no pueden intervenir en la elaboración y suscripción de la sentencia, acaso otros jueces, tendrían que declarar la nulidad de lo actuado y realizar una nueva audiencia de juicio para inmediar con la prueba, o a través de los medios magnetofónicos, otros jueces pueden elaborar la sentencia. Frente a esta situación, la otrora Corte Suprema de Justicia emitió la Resolución No. 564, de 26 de octubre de 2011, y la actual Corte Nacional de Justicia expidió la Resolución No. 18-2017 de 22 de noviembre del 2017, por lo que, el eje central del presente trabajo, que emplea una investigación cualitativa radica en determinar si las citadas resoluciones, vulneran el principio de inmediación probatoria en el Código Orgánico General de Procesos y en el Código Orgánico Integral Penal, abordando este problema a través de un estudio analítico, doctrinal, normativo, comparativo y jurisprudencial, recurriendo a una metodología descriptiva que tiene como objeto identificar el problema central a través de fuentes legales.

Mi propósito en este ensayo consiste en reflexionar en torno al argumento de la injusticia extrema (Fórmula de Radbruch), enfocándome tanto en las teorías no-positivistas del derecho de Gustav Radbruch y Robert Alexy como en los argumentos positivistas de H. L. A. Hart y Brian Bix, para así proponer algunos argumentos para defender la corrección de la tesis que reconoce la Fórmula de Radbruch como un elemento del concepto del derecho, pero no como una prescripción para la decisión judicial. My purpose in this essay is to reflect on the argument of the extreme injustice (the Radbruch Formula), focusing on both the non-positivist theories of Gustav Radbruch and Robert Alexy’s law and the positivist arguments of H. L. A. Hart and Brian Bix, in order to propose some arguments to defend the correctness of the thesis that recognizes the Radbruch formula as an element of the concept of law, but not as a prescription for judicial decision.

El presente estudio aborda la espinosa cuestión de la valoración de la prueba de reconocimiento judicial. La falta de una norma que siente criterios valorativos ha alimentado toda suerte de especulaciones sobre si hay tal valoración y si la hubiera si se trata de un acto de decisión judicial libérrimo. La incertidumbre sobre dicho aspecto se acrecienta cuando se aprecia que tan siquiera es pacífico cuál sea el concreto objeto de la actividad valorativa, si es que la hay. Toda esta polémica tiene repercusiones prácticas, entre las que destaca la posibilidad efectiva de sujetar su valoración a algún tipo de control en sede de recursos. Finalmente, todo se complica cuando el juez perceptor y el sentenciador son distintos. The present study deals with the thorny question of the assessment of the judicial recognition evidence. The lack of a concrete rule that states the standard of said evidence has produced all sorts of speculations about whether there exists such an assessment and, in the event that it exists, if it is an act of a real free judicial decision. The uncertainty about this aspect is increased when it is appreciated that it is not even peaceful which is the concrete object of the activity of assessment, if there is any. All this controversy has practical repercussions, among which we highlight the effective possibility of subjecting said assessment to some type of control in any appeal of the judgment. Finally, everything gets complicated when the judge that proceeds with the evidence and the judge that issues judgment is a different one. info:eu-repo/semantics/acceptedVersion

ResumenEn Costa Rica, durante el siglo XX, tanto la ordenación territorial como las políticas ambientales y sus respectivos instrumentos de implementación resultaron ineficientes o insuficientes para evitar, o cuando menos reducir, los impactos negativos que generan, sobre el ambiente, las diversas actividades desarrolladas por el ser humano. Sin embargo, durante las últimas dos décadas -principalmente, a partir de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, en 1994, que consagró el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado- encontramos esfuerzos legislativos, administrativos y comunitarios, encausados a lograr una adecuada armonía entre las actividades humanas, la protección del ambiente y el crecimiento ordenado de las ciudades. Sin lugar a dudas, el elemento ambiental ha adquirido una creciente relevancia en el país, a lo largo de los últimos veinte años, que se ha visto reflejadaen la promulgación de leyes y reglamentos, que buscan tanto consagrar la protección ambiental, como suplir la ausencia, ya se directa o indirectamente, de normas jurídicas de naturaleza urbanística.Determinar con mayor precisión, desde la perspectiva jurídica, la incidencia del elemento ambiental en la ordenación territorial y la planificación urbana, a través de las acotadas normas y a su vez, de las políticas públicas y sus instrumentos de implementación, se convierte en el objetivo del presente artículo; buscando, a su vez, ofrecer un análisis sobre las resoluciones, tanto adminstrativas como judiciales, que permita identificar sus alcances y afectación -positiva o no- sobre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Lo anterior, con la finalidad de reconocer sus efectos y definir, de cara al futuro, cuáles aspectos se pueden y deben mejorar, en aras de lograr la consecución de una cohesión socioeconómica y un desarrollo sostenible pleno, que repercuta en una mejor calidad de vida para la población costarricense. AbstractDuring the twentieth century in Costa Rica, spatial planning and environmental policies, as well as their implementation tools, proved they have been inefficient or insufficient to avoid, or at least, to reduce, the negative impacts produced over the environment by the multiple activities developed by humans. However, during the past two decades -mainly, since article 50 of the Constitution was modified in 1994, enabling the right to enjoy an ecologically balanced and wholesome environment- we can find legislative, administrative and communitarian efforts, looking forward to an adequate harmony amid human activities, environmental protection and cities organized development. Without a doubt, the environmental factor has acquired an increasing relevance in the country during the last twenty years. This has been materialized by the enactment of laws and bylaws, trying to achieve not only environmental protection, but also support - direct or indirectly - the absence of urbanistic laws and regulations.To determine with accurate precision, from a legal perspective, the incidence of the environmental factor in spatial and urban planning, through the mentioned laws and bylaws, the public policies and their implementation tools, is the purpose of this paper; and also, to offer an analysis about the administrative and judicial decisions, that may allow the identification of the results - positive or not- over the Public Administrations and the citizens. The later, with the aim to recognize their effects, and define towards the future, which bearings may and must be improved. This in order to conquer a social economic cohesion and a plain sustainable development that will positively affect citizens’ quality of life.

Teniendo en cuenta el principio de especialidad aplicado en materia tributaria, que se refleja en los siguientes postulados: 1.) la norma especial prima sobre la norma general; 2.) la norma superior prima sobre la inferior; 3.) la norma posterior prima sobre la anterior, así como el principio de igualdad, que consiste en aplicar la ley en cada una de las circunstancias según las diferencias constitutivas de las mismas, el presente artículo procede a plantear el análisis de las notificaciones administrativas y tributarias, con el fin de aplicar, tanto el test establecido por la Corte Constitucional Colombiana, como el criterio planteado por el Tribunal Supremo del Perú, para verificar si prevalece el principio de igualdad o el de especialidad; estableciendo previa y claramente los cambios históricos que ha sufrido cada medio de notificaciónen el área del Derecho respectiva. Como en el caso de la notificación personal, que tiene gran trascendencia en el ordenamiento jurídico colombiano porque es el medio que resulta más efectivo procesalmente, para garantizarles a los interesados el conocimiento de las decisiones administrativas y judiciales, la cual en el procedimiento administrativo general se encuentra reservada para todos los actos definitivos, es decir, aquellas decisiones que concluyen la actuación administrativa o deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, en el presente estudio se pudo establecer que en el caso de la notificación por correo, en materia tributaria, de dichos actos no se cumple el referido test de igualdad y, por ende, el principio de especialidad debe ceder ante el de igualdad. Taking into account the principle of specialty applied in tax matters reflected in the following postulates: 1.) The special premium standard on the general standard; 2. The top standard above the bottom; 3.) The subsequent premium standard above the above. As well as the principle of equality, which consists in applying the law in each of the circumstances according to the constituent differences of the same, this article proceeds to consider the analysis of administrative and tax notification, in order to apply both the test established by the Court and the criterion posed by the Peru Supreme Court, To verify whether the principle of equality or specialization prevails; Establishing prior and clearly the historical changes that each means of notification has undergone in the low specific area. As in the case of personal notification, which has great significance in the Colombian legal system because it is the most effective means procedurally, to guarantee to the interested parties the knowledge of the administrative an judicial decisions; so much that it is reserved for those decisions that put an end to an administrative action, that is to say those decisions that conclude the administrative action or decide directly or indirectly the substance of the matter, in the present study it was possible to establish, in the case of the mail notification, in tax matter, of such acts is not fulfilled the referred equality test and therefore the principle of specialization must yield to equality.

This article surveys recent developments in domestic U.S. law relating to key issues in Internet (or Cyber) Law. Rapid technological advances have posed serious challenges to traditional legal doctrines and approaches relating to (for example) fundamental issues of privacy, freedom of speech and expression, and protection against unwarranted governmental intrusion. How has the law responded to these key challenges? Since the United States lacks a comprehensive legislative structure addressing these issues, most of the recent developments have come in the form of judicial decisions.

Este artículo presenta un análisis crítico a la forma en que los medios de comunicación influencian las decisiones judiciales colombianas desde tiempo atrás, tema tratado por el doctor Germán Silva García en el libro El mundo real de los abogados y de la justicia, tomo tercero. Se demostrará la importancia de retomar una obra de hace quince años, con la finalidad de analizar la problemática que en aquella época se presentaba en la Rama Judicial que aún está sucediendo en Colombia y afecta la legitimidad de las decisiones judiciales. Si en aquel momento ya causaba controversias, hoy los medios de comunicación se encuentran más sumergidos en las decisiones judiciales, debido a que están creciendo más que hace algunos años y generan mayor presión en un juez, magistrado o fiscal para que tome una decisión que, a los ojos de la sociedad y la política, sea la correcta, aunque deje los argumentos jurídicos en segundo plano para complacer a la sociedad. This article presents a critical analysis of the way in which the media has been influencing Colombian judicial decisions for some time now, a subject dealt with fifteen years ago by Dr. Germán Silva García in his book El mundo real de los abogados y de la justicia [The Real World of Lawyers and Justice], Volume 3 the administration of justice. The paper demonstrates the importance of revisiting a work written fifteen years ago, with the purpose of analyzing problems that appeared at that time in the judicial branch and that even now are present in Colombia, affecting the legitimacy of judicial decisions. Although it already caused controversies fifteen years ago, the media today is even more involved in judicial decisions since it is growing faster than a few years ago and can exert greater pressure on a judge, magistrate, or prosecutor to make a decision that is correct in the eyes of society and politics, leaving legal arguments in the background in order to please society.

Los juristas suelen analizar la argumentación desde una perspectiva formal y normativa aplicada, en su mayoría, al ámbito de los jueces y sus decisiones. Este artículo adopta una perspectiva distinta, en tanto examina de manera empírica la calidad de la argumentación de las demandas propuestas dentro de procesos de control constitucional abstracto. En esta línea, este trabajo evalúa en qué medida la habilidad argumentativa de los accionantes da cuenta del sentido de las decisiones judiciales. Para el efecto, se define la calidad de la argumentación como la habilidad del demandante para: (i) identificar normas constitucionales violadas y disposiciones inconstitucionales; (ii) exponer sus argumentos de manera clara y coherente, y (iii) sustentar sus pretensiones sobre la base de fuentes jurídicas. A partir del análisis cuantitativo de una base de datos original que incluye cuarenta acciones públicas de inconstitucionalidad resueltas por la Corte Constitucional de Ecuador desde 2008 hasta 2016 y una encuesta dirigida a expertos, este artículo halla que, a diferencia del tipo de accionante (público o privado), la argumentación de las demandas no tiene un impacto estadísticamente significativo sobre las probabilidades de obtener una decisión judicial favorable para las pretensiones de quien la interpone. Legal scholars often analyze argumentation from a formal perspective, mostly applied to judicial decision making. This article presents an alternative approach, as it empirically evaluates the quality of petitioners’ legal argumentation within the context of abstract constitutional review proceedings. The quality of legal argumentation is herein defined as the ability of the petitioner to (i) identify the challenged norm and the potentially infringed constitutional norm, (ii) present clear and coherent arguments, and (iii) justify its arguments upon legal sources, such as jurisprudential precedents or legal doctrine. Original data on forty lawsuits presented before the Ecuadorian Constitutional Court between 2008 and 2016 is used to test whether legal argumentation determines the outcome of a decision. A novel measure of the overall quality of argumentation and strength of cases brought before the Ecuadorian Constitutional Court by both public and private parties is also developed in the form of an expert survey. The main findings suggest that plaintiffs’ legal argumentation quality does not determine the outcome of the final decision of the Ecuadorian Constitutional Court, but rather the type of plaintiff (public or private) does.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, edificado sobre la base de la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, se ha presentado como un Código basado en el principio de igualdad y no discriminación, un Código intencionado hacia una mirada pro persona). Sin embargo, la eliminación de dos institutos proyectados -la gestación por sustitución y la filiación post mortem- ha dejado fuera del marco legal la previsión de situaciones que acontecen en la realidad con la desprotección que ello implica para las personas. El presente trabajo tiene como objetivo efectuar un análisis profundizado del modo en que el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación preveía dichos institutos, así como de las consecuencias de su omisión. Finalmente, analizaremos las resoluciones judiciales dictadas con posterioridad a la entrada en vigencia del Código, para así demostrar como la jurisprudencia ha venido a poner en evidencia la necesidad de la sanción de leyes especiales que regulen la materia, volviendo antiguo un código de fondo sancionado hace apenas 2 años., The new Civil and Commercial Code of Argentina, built on the basis of the opinion of legal experts on international human rights law, has been presented as a Code grounded on the principles of equality and non-discrimination; in short, a Code with a pro homine view on reality. However, the elimination of two draft bills -surrogacy and post-mortem filiation- meant excluding from the legal framework the contemplation of actual cases, leaving them without legal protection. The purpose of this paper is to take a critical look at the way in which the Draft Civil and Commercial Code of Argentina provided for such legal devices as well as the consequences of eliminating them. Finally, we will analyse the judicial decisions issued after the Code became effective, in order to demonstrate how precedent has come to show the need for the enactment of special laws regulating that subject-matter, turning old a substantive Code which was sanctioned only two years ago., Dossier: Las familias y el derecho de las familias a dos años de vigencia del Código Civil y Comercial., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

In the common use of the expression, to prove means to test, to check, as a way of demonstrating. These days, the criminal proceedings, in order to achieve the nearest demonstration to the certainty or, in legal language, to the material truth, uses some tools of mathematical field for giving more strength to evidentiary result. In this regard, the probability product of statistics is increasingly occupying a major role. This paper aims to reveal the hazards that involve trusting completely of numerical data in legal assessment, particularly if the parties of the proceedings misinterpret mathematical results, since that could seriously influence on the judicial decision foundation., En el uso corriente de la expresión, probar significa comprobar, verificar, para de este modo, poder demostrar. El proceso penal, en aras de conseguir una demostración más próxima a la certeza o, como suele expresarse en el lenguaje jurídico, a la verdad material, cada vez con más frecuencia recurre a herramientas del campo matemático para dotar de mayor fuerza al resultado probatorio. En este sentido, la probabilidad derivada de la estadística está ocupando un papel protagonista. Este artículo pretende poner de manifiesto los riesgos que conlleva para la valoración judicial confiar plenamente en estos datos numéricos ya que, en ocasiones, las partes los exponen haciendo uso de interpretaciones erróneas que pueden llegar a condicionar la motivacion de la sentencia., Em seu uso comum, provar significa comprovar, verificar, para desse modo, poder demonstrar. No processo penal, com o objetivo de conseguir uma demonstração mais próxima da certeza ou, como se costuma expressar em linguagem jurídica, à verdade material, cada vez com maior frequência se recorre a ferramentas do campo da matemática para fortalecer o resultado probatório. Nesse sentido, a probabilidade derivada da estatística está ocupando um papel de protagonismo. Este artigo pretende expor os perigos causados à decisão judicial pela confiança plena nesses dados numéricos já que, algumas vezes, as partes partem a sua exposição de interpretações erradas, o que pode chegar a determinar a motivação judicial.

El objetivo del artículo es argumentar y fundamentar la teoría del dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada. El diseño metodológico es deductivo, es decir, se basa en fuentes fundamentalmente documentales mediante las cuales se llegó a dicha teorización. Aun cuando tiene las limitaciones del método, el artículo es innovador porque analiza sistemáticamente fenómenos subjetivos —migrantes, deportados, desplazados y solicitantes de asilo varados o en espera de fallos judiciales que viven en basureros y otros lugares similares— y estructurales —violencia criminal, estatal y sexual, impunidad y megaproyectos económicos— para proponer una teorización de la migración forzada como un dispositivo que operativiza una serie de políticas cuyo fin es administrar la muerte de poblaciones desechables para la reproducción del capitalismo neoliberal, tanto legal como criminal, y las circunstancias políticas y sociales que lo sostienen.

La actividad judicial se dirige principalmente a la resolución de conflictos entre miembros de la sociedad. A tales efectos el intérprete judicial debe realizar un razonamiento lógico-deductivo, en el cual derive una solución del análisis de hechos acaecidos (premisa menor) y normas vigentes en el ordenamiento jurídico (premisa mayor). El problema de la actividad judicial radica en que el objeto a conocer, dado por hechos y normas, se enraíza en tiempos distantes al del sujeto, quien se encuentra empapado de su propia tradición e historia. Dada las exigencias sociales, políticas e institucionales sobre la actividad judicial, históricamente los juristas han tratado de dar con alguna teoría que brinde criterios o reglas de corrección que, al ser contrastados con las sentencias judiciales, den cuenta de su objetividad o arbitrariedad. Bajo este panorama, la teoría hermenéutica propuesta por H. G. Gadamer, aporta herramientas para describir y entender cómo los jueces interpretan aquel objeto distante. El pensamiento Gadameriano, resulta relevante en la práctica para los operadores jurídicos y la sociedad en general, a pesar de no tratarse de una teoría prescriptiva que brinde criterios de corrección de las decisiones judiciales.

Se analiza la influencia de la pericial psicológica en las decisiones judiciales en delitos sexuales infantiles en tres departamentos de Colombia y una provincia española. El estudio transcultural compara las sentencias entre los años 2000 y 2014. Los resultados arrojaron que en el 91.7 % de sentencias de juicios celebrados, los magistrados españoles hacen referencia explícita a la pericial psicológica. En tanto que en Colombia, la proporción fue del 88.8 %. La cercanía de estos porcentajes es alentadora, porque a estos resultados se llega utilizando examen de datos distintos, desiguales códigos penales y recorridos dispares en la aplicación de la pericial psicológica. Se obtienen conclusiones similares que refrendan la importancia del psicólogo en la toma de decisiones judiciales. It was analyze the influence of psychological evaluation in judicial decisions of child sexual abuse in three departments of Colombia and in a Spanish province. The transcultural analysis compares judgments of child sexual abuse in both countries between the year of 2000 and 2014. The 91.7% of judgments of the Spanish judges or magistrates made explicit reference to the psychological evaluation while in Colombia the proportion was 88.8%. The proximity of these percentages is encouraging because these results were reached using different test data, different criminal codes and different routes in the application of psychological expertise. Similar conclusions in both countries confirm the value of the contribution of psychologist on judicial decisions.

RESUMEN: El presente artículo comenta una sentencia del Tribunal Supremo de España, en recurso de casación, recaída en un caso en que dos órganos públicos discuten sobre su competencia sobre la determinación de cierta clase de cargas. Dichas cargas, para un órgano estatal (Gobierno Autonómico), constituyen tarifas (prestaciones patrimoniales no tributarias) y, para el otro órgano estatal (ayuntamiento), constituyen tasas (prestaciones patrimoniales tributarias). Esta sentencia pone de relieve la vigencia del debate acerca del ámbito conceptual del tributo, lo que constituye un asunto de gran complejidad y en que convergen diversos elementos, de todo lo cual se hace referencia en este trabajo. El caso dice relación específica con el debate sobre la naturaleza jurídica de la prestación que pagan los usuarios de servicios públicos de abastecimiento domiciliario de agua.

El pensamiento jurídico actual está dominado por teorías acerca de diferentes aspectos de la actividad judicial que no permiten controlar si los jueces cumplen o no las obligaciones que el Derecho les impone. Entre dichas teorías figuran teorías acerca de cuáles son las obligaciones de los jueces, teorías acerca de la motivación de las decisiones judiciales, teorías ontológico-jurídicas acerca de la naturaleza del Derecho, teorías relacionadas con la aplicación del Derecho y teorías de la interpretación del Derecho. Current legal thinking is dominated by theories about different aspects of judicial activity that do not allow one to control whether judges comply with the obligations imposed upon them by the law. These theories include theories about the obligations of judges, theories about the motivation of judicial decisions, ontological-legal theories about the nature of law, theories related to the application of law and theories of interpretation of law. La investigación realizada en este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de investigación DER2016-74898-C2-1-R, «Conflictos de derechos, tipologías, razonamientos, decisiones», financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, AEI y FEDER.

En este trabajo acepto como axioma que la literatura es fuente de reflexión moral. Tomo bajo consideración un relato literario del escritor Ian McEwan que plantea problemas jurídicos y morales. Para analizar estos problemas,conecto tres conceptos: razonabilidad, conflicto moral y tragedia. Expongo la noción de pérdida moral, implicada en la decisión judicial de un conflicto. Muestro el modo en que la decisión de un juez puede afectar el sentido y curso de un plan de vida. In this paper I accept as an axiom that literature is a source of moral reflection. I try to take under consideration a literary story of Ian McEwan that raises both legal and moral problems. In order to analyze these problems, I will connect three key concepts: reasonableness, moral conflict and tragedy. I will also expound the notion of moral loss, involved in the judicial decision of a conflict. In addition, I attempt to show how a judge’s decision can affect the direction and the course of a life plan. Neste trabalho aceito como axioma que a literatura é fonte de reflexão moral. Levo em consideração um relato literário do escritor Ian McEwan que levanta problemas jurídicos e morais. Para analisar estes problemas, conecto três conceitos: razoabilidade, conflito moral e tragédia. Exponho a noção de perda moral, implicada na decisão judicial de um conflito. Mostro o modo em que a decisão de um juiz pode afetar o sentido e curso de um plano de vida. Fil: Lariguet, Guillermo Claudio. Universidad Nacional de Córdoba. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales; Argentina

40 Páginas Este artículo presenta los resultados de un estudio empírico que sistematizó las acciones populares falladas por el Consejo de Estado colombiano durante un período de 17 años (1998-2015). Los autores utilizaron metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo para sistematizar más de 250 fallos de acciones populares decididas por el Consejo de Estado. Los resultados presentados en este artículo muestran las tendencias más importantes del litigio de acciones populares ambientales en Colombia: tipos de demandantes y demandados; tipo de recursos medioambientales protegidos; tasas de éxito de los demandantes; regiones y ciudades más litigiosas; efectos generales del incentivo económico en el tipo de litigio, entre otras variables. Los resultados de este estudio también muestran que el incentivo económico para las acciones populares no estaba favoreciendo los intereses de litigantes temerarios, como lo sostuvo el gobierno nacional cuando propuso al Congreso una reforma a las acciones populares, que se concretó en la Ley 1425 de 2010. Finalmente, se sugiere que la eliminación del incentivo económico de las acciones populares puede tener un efecto negativo sobre el litigio de interés público. This paper presents the results of an empirical study that systematized environmental judicial opinions handed down by Colombia’s highest administrative Court —Consejo de Estado— over a 17-year period (1998-2015). Thanks to a research grant, the authors and a team of coders systematized, using state-of-the art content analysis methodologies, more than 250 opinions handed down by Colombia’s highest administrative Court. The results presented in this paper show the most important trends of collective environmental litigation in Colombia: types of plaintiffs and defendants; type of environmental resources involved in the case; plaintiffs’ success rates; most litigious regions and cities; overall effects of economic incentives on the type of litigation, among several other subjects. This paper concludes that collective environmental litigation has been instrumental to protect environmental resources in Colombia, one the most biodiverse countries in the world. Finally, the paper concludes that the elimination in 2011 of the economic incentive in favor of litigants did not favor public interest litigation.

This paper has the aim to revisit the theme of the brazilian public health system from the perspective of its operation and funding of its actions and services, analyzing some of the main obstacles to its effectiveness. Endowed with its own logic of organization, planning and funding of its actions and services, the Brazilian Unified Health System (SUS) finds barriers to its sustainability when it comes to funding and the judicialization of health. Historical under-funding worsened by the economic and political crisis the country currently faces plus the increase in casuistic judicial decisions that prioritize the individual logic over the collective right have produced serious shocks in the system. These are just some of the challenges to an effective public health system. This is why the work of public bodies must be responsible and always take into consideration the collective dimension of the right to health under penalty of causing the collapse of the public health system altogether. El artículo tiene como objetivo examinar la cuestión del sistema público de salud brasileño, desde el punto de vista del funcionamiento y la financiación de sus actividades y servicios, el análisis de algunos de los principales obstáculos para su plena efectividad. Equipado con su propia lógica de organización, planificación y financiación de sus actividades y servicios, el sistema de salud es, en la financiación y la creciente judicialización de los obstáculos para la salud de la sostenibilidad. La falta de financiación histórica agravada por la reciente reforma constitucional que reduce la contribución de los fondos públicos, las perspectivas de la crisis económica y política que atraviesa el país, y el aumento de juicios casuísticas que el prestigio de la lógica individual en detrimento de los derechos colectivos han producido conmociones cerebrales graves a las sistema público universal, son sólo algunos de los desafíos a la eficacia del sistema de salud pública. Por lo tanto, el papel del gobierno debe ser responsable, y siempre con vistas a la dimensión colectiva del derecho a la salud, en su defecto para dirigir el sistema de salud pública a colapsar. This paper has the aim to revisit the theme of the brazilian public health system from the perspective of its operation and funding of its actions and services, analyzing some of the main obstacles to its effectiveness. Endowed with its own logic of organization, planning and funding of its actions and services, the Brazilian Unified Health System (SUS) finds barriers to its sustainability when it comes to funding and the judicialization of health. Historical under-funding worsened by the economic and political crisis the country currently faces plus the increase in casuistic judicial decisions that prioritize the individual logic over the collective right have produced serious shocks in the system. These are just some of the challenges to an effective public health system. This is why the work of public bodies must be responsible and always take into consideration the collective dimension of the right to health under penalty of causing the collapse of the public health system altogether

El presente artículo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue determinar y analizar los casos de tutelas presentadas por la población carcelaria sobre las transgresiones de sus derechos, en el marco del Estado Constitucional, a partir del desconocimiento de la dignidad humana. En una primera parte, realizamos un breve estudio sobre el concepto de dignidad, para pasar a describir la situación del sistema penitenciario en Colombia, ante el cual se presentan las solicitudes de protección que analizamos desde las decisiones judiciales adoptadas por la Corte Constitucional colombiana (1992-2012). Luego de este análisis, nuestras conclusiones dan cuenta de que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado un proceso argumentativo sólido, sobre la necesidad de protección a esta población vulnerable, pero hasta la fecha no ha sido posible la materialización de estos mandatos judiciales. This paper presents the results of an investigation which objective was to determinate and analyze the cases of the legal action taken for protecting the rights of the prison population, about transgressions of their rights, based on the ignorance of the human dignity. At first, we expose a short research about the concept of dignity. Straightaway we are going to describe the present situation of the Colombian penitentiary system, present situation that implies the presentation ofprotection solicitudes that we analyze from the judicial decisions adopted by the Constitutional Court of Colombia (1992-2012). After the analysis, we present our conclusions that show that the constitutional jurisprudence has developed a solid argumentative process, but until the date, it has not been possible to materialize the judicial mandates.

A partir de su sentencia C-400-98, la Corte Constitucional acogió el monismo moderado como teoría orientadora para entender las relaciones entre el derecho internacional y el derecho colombiano. La sentencia sustentó esta teoría en la doctrina de Alfred Verdross, quien según la Corte es un expositor de esta postura. El presente artículo de investigación se encarga de analizar de manera crítica el monismo moderado defendido por la Corte, a partir de la teoría original de Verdross. Para ello, se examinarán en primer lugar los elementos constitutivos del monismo moderado planteado por la Corte; posteriormente, se analizarán las teorías clásicas que han intentado explicar las relaciones entre el derecho internacional y el nacional, en especial el monismo moderado auténtico. A continuación, mediante una comparación entre el discurso de la Corte Constitucional y el texto de Verdross citado en la C-400-98, se demostrará que el tribunal colombiano tergiversó las tesis de Verdross, lo cual arroja un manto de duda sobre la solidez del fundamento teórico asumido por la Corte. Lo anterior permitirá concluir que Colombia nunca ha acogido la teoría del monismo moderado y por tanto, resulta necesario abandonar este referente y modificar el precedente jurisprudencial vigente. Since the C-400-98 decision, the Colombian Constitutional Court adopted for the first time the thesis of moderate monism, as a theory to orientate the relationship between international law and domestic law. This judicial decision supported its theory on Alfred Verdross' doctrine, who according to the Court is the leading author of moderate monism. This article will analyze the theoretical and doctrinal support of the theory advocated by the Court, based on the original theory of Verdross. To do this, the article will analyze the proposal of the Constitutional Court; then, it will present a summary of the theories that explain the relationship between International and domestic law, chiefly the genuine moderate monism. Next, after comparing the Constitutional Court's and the original theory of Verdross, it will be demonstrated that the Colombian Tribunal distorted moderate monism, which casts a shadow of doubt on the soundness of the theoretical foundation assumed by the Court. This will lead to conclude that Colombia has never accepted the moderate monism theory and therefore it is necessary to abandon such doctrinal reference and modify the existing precedent.

In this article the author show us the situation of the precarious along the eviction process where they are involved. Likewise, he tell us regarding the cumbersome situation and the null legal certainty that existed about this theme before the emission of the Fourth Civil Cassation Plenaries.After the Plenaries, the author points, were given rules to identify this matterand reach uniforms conclusions by judges, which represents an advance in the predictability of the judicial decisions about the eviction by precarious occupation. En el presente artículo el autor no presenta la situación de los precarios y los procesos de desalojos donde se ven involucrados. Asimismo, nos cuenta acerca de la situación engorrosa y la nula seguridad jurídica que existía acerca del tema antes de la emisión del Cuarto Pleno Casatorio Civil. A partir del Pleno, señala el autor, se dieron reglas para identificar este problema y llegar a conclusiones uniformes por parte de los jueces, lo que representa un avance en la predictibilidad de las resoluciones judiciales sobre el desalojo por ocupación precaria.

The article revolves around the doctrine of precedent within the so-called European legal space, wondering whether and to what extent we can speak of a convergence towards a stare decisis model boosted by the harmonizing role of the Court of Justice of the European Union. The article argues that although there are still some differences between civil law and common law legal systems they regard more the style of reasoning and the deep understanding of the relationship between the present decision of a court and past judicial decisions than the very existence of the constraints of the latter upon the former. The article concludes that a sort of mechanism of stare decisis has in fact been created, even though, on the one hand, uncertainty remains as to the way in which the binding force of a precedent concretely operates in the system, and on the other hand, this mechanism relates exclusively to the relationships between past and future decisions of higher courts (horizontal effect). This change, far from being a shift towards a truly judge-made law system or a consequence of the final abandonment of the dictates of the rule of law, enhances legal certainty contributing to the fundamental requirement of stability of law as a feature of the ideal of the rule of law.

Este artículo aborda el tema del reconocimiento y el acceso a los derechos de los migrantes internacionales que habitan en Argentina. Específicamente, se analiza las decisiones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ Baires) respecto al derecho al trabajo y al ejercicio de la docencia de maestros extranjeros. Se efectúa el análisis desde una perspectiva sociológica, ya que se ha focalizado en las representaciones sociales que se pueden rastrear en la sentencia. En suma, se ha logrado evidenciar que la mirada de la mayoría de los jueces intervinientes en el caso se encuentra cargada de elementos nacionalistas (de tipo culturalista y constitucionalista), que obstaculizan garantizar el acceso de los migrantes internacionales al derecho en cuestión. This article discusses the issue of recognition and access to the rights of international migrants living in Argentina. Specifically, it discusses the judicial decisions of the Superior court of Justice of the Autonomous City of Buenos Aires (TSJ Baires) with regard to the right to work and exercise of the teaching of foreign teachers. The analysis is carried out from a sociological perspective, since it has been focused on the social representations that can be tracked in the sentence. In short, it has achieved to demonstrate that the look of the majority of the judges interveners in the case is loaded with nationalistic elements (of type culturalist and constitutionalist) that prevents to guarantee the access of the international migrants to the right in question. Fil: Gonzalez, Anahi Patricia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina

El objetivo de este trabajo consiste en construir una reflexión sobre los aportes que, desde el campo jurídico, podrían realizarse en la intersección entre el ordenamiento ambiental del territorio y los mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones. Para ello se toman como punto de partida algunos elementos de la causa judicial “Mendoza”, en la que se ha decidido sobre uno de los problemas de contaminación estructural más importantes de Argentina y que plantea un desafío medular en términos de políticas públicas socio-ambientales. Se trata de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo que proviene de un tipo de relacionamiento entre naturaleza y sociedad que hoy empieza a revisarse. En la primera y segunda parte del trabajo se articulan conceptos relativos al ordenamiento del territorio y los mecanismos de participación ciudadana a la vez que se efectúa una presentación de la causa judicial. Luego, se focaliza en identificar las contribuciones que el derecho podría realizar, en su rol de diseño institucional, a los efectos de mejorar la articulación entre los procesos de toma de decisiones en torno a los usos del territorio. The aim of this work is to construct a reflection on the contributions that, from the juridical field, might be realized in the intersection between the environmental ordination of the territory and the mechanisms of civil participation for the decisions’ construction. We part from some elements of the judicial decision “Mendoza” in which it has been decided on one of the more important problems of structural pollution in Argentina and that raises a fundamental challenge in terms of public environmental policies. This case treats about the pollution of the basin Matanza-Riachuelo that comes from a type of relation between nature and society that today starts being revised. In the first and second part of the work there is an articulation between concepts relatives to the territory ordination and the mechanisms of civil participation, in simultaneous with judicial case presentation. Then, we focused in identifying the contributions that the juridical field might realize, in his role of institutional design, to improving the processes of constructing decisions concerning the uses of the territory. Fil: Berros, María Valeria. Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Santa Fe; Argentina

In the study of the judicial activity, the fundamental subject is not the motivation of the judicial decisions, as the current legal philosophy maintains, but the application of the legal sentences. And I think in addition that the standard conception of the motivation of the judicial decisions is erroneous precisely because of not to have considered this fact. On the other hand, I also consider mistaken the existing conceptions with respect to the application of the legal sentences (whether it is the theory of the judicial syllogism, or the logical conception). According to theses exposed in my book Las obligaciones básicas de los juices (2005), with respect to the application of the primary legal sentences, the correct conception is the syntactic conception; whereas with respect to the application of the secondary legal sentences the correct conception is the semantic conception.En el estudio de la actividad judicial, el tema fundamental no es la motivación de las decisiones judiciales, como sostiene la filosofía jurídica actual, sino la aplicación de los enunciados jurídicos. Y creo además que la concepción estándar de la motivación de las decisiones judiciales es errónea precisamente por no haber tenido en cuenta este hecho. Por otra parte, también considero equivocadas las concepciones existentes respecto a la aplicación de los enunciados jurídicos (sea la teoría del silogismo judicial, sea la concepción lógica). Según las tesis expuestas en mi libro Las obligaciones básicas de los jueces (2005), respecto a la aplicación de los enunciados jurídicos primarios, la concepción correcta es la concepción sintáctica; mientras que respecto a la aplicación de los enunciados jurídicos secundarios la concepción correcta es la concepción semántica.

En este escrito se defiende la idea de que las autoridades administrativas tienen que decidir casos trágicos. Se realiza una exploración y crítica a la doctrina internacional que centra su estudio del caso trágico como un asunto de los jueces. Para ello se resalta que el ejercicio de la función administrativa en el Estado social de Derecho no puede seguir los postulados clásicos del principio de legalidad, sino que exige realizar actividades de planeación en donde tienen aplicación principios constitucionales para justificar sus decisiones aplicando para ello la ponderación. El reconocimiento de la existencia del “caso trágico administrativo” también es resultado de considerar que la realización de la justicia no sólo corresponde a los jueces, sino también a las autoridades administrativas por más que sean en algo responsables de la desigualdad de las sociedades. This article defends the idea that administrative authorities have to solve tragic cases. It explores and criticizes the international doctrine that considers the study of tragic cases as a matter of judges. It is pointed out that the exercise of administrative functions within the Social State of Law cannot follow the classical proposals of the rule of law principle. As a matter of fact, it requires planning activities and the implementation of constitutional principles to justify judicial decisions which are based on the weighing up of divergent rules. The recognition of the existence of the "administrative tragic case" is also the result of considering the realization of justice not only by judges, but also by the administrative authorities even if they are somewhat responsible for social inequality.

En este trabajo ofrezco un análisis de algunas de las ideas más importantes sostenidas por Ricardo Caracciolo en su ensayo sobre hechos y justificación de las decisiones judiciales (“El problema de los hechos en la justificación de sentencias”, Isonomía 38 [2013], pp. 13-34). Estas tesis son: a) tesis de la aplicación posible. Las normas generales sólo se pueden aplicar a los casos que ellas regulan; b) tesis de la aplicación efectiva. Una norma general es aplicada a un hecho sólo si la premisa que describe ese hecho es verdadera. Este artículo muestra que hay buenas razones para revisar ambas tesis ya que ellas pasan por alto una distinción relevante entre distintos sentidos de ‘casos individual’: casos individuales de un universo del discurso y casos individuales de un caso genérico. Como consecuencia de ello, se señala que es necesario modelar un concepto de justificación jurídica que no presuponga a esas mencionadas tesis. In this paper I offer an analysis of some of the most important ideas advanced by Ricardo Caracciolo in his essay on facts and justification of judicial decisions (“El problema de los hechos en la justificación de sentencias”, Isonomía 38 (2013), pp. 13-34). This paper mainly comments on the following two theses: a) the thesis of the possible application. A general norm N can be applied only to the facts regulated by N; b) the thesis of the actual application. A general norm N is actually applied to a certain fact F only if the description of F is true. In this paper I claim that there are good reasons for revising both theses because they overlook a relevant distinction between two different meanings of ‘individual cases’: individual cases of the Universe of Discourse and individual cases of a Generic Case. As a consequence, I stress that it is necessary to reconstruct a concept of legal justification independent from both theses. Fil: Navarro, Pablo Eugenio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina

Este ensayo propone una crítica a la tesis pragmática según la cual los enunciados probatorios de las decisiones judiciales del tipo «está probado que p» poseen fuerza descriptiva siendo, por tanto, verdaderos o falsos. En primer lugar, se dilucida la noción de fuerza pragmática y se estipula la distinción entre enunciados descriptivos y normativos. Luego, se muestra que en los contextos procedimentales donde el sistema de valoración de la prueba es el conocido como Sana Crítica Racional, los enunciados probatorios, por una parte, expresan un juicio valorativo de quien los profiere y, por la otra, fungen de razones prácticas dirigidas a justificar una acción del mismo emisor, a saber: la aceptación del enunciado fáctico como premisa de la decisión judicial. Estas circunstancias, se sostiene, muestran que enunciados probatorios proferidos en esos contextos poseen fuerza normativa postulándose provisoriamente su carácter constitutivo. This essay proposes a criticism to the pragmatic thesis according to which, the proof statements of judicial decision of the kind «it is proven that p» have descriptive strength, being, therefore, true or false. First of all, the notion of pragmatic strength is enlightened and the distinction between descriptive statements and normative statements is provided. Then, it is shown that in judicial process contexts where the proof evaluation system is the well-known as principle of «free proof», the proof statements, in one hand express a judgment of value of the one that utters them, and in the other hand, they work as practical reasons aiming to justify an action of the decision-maker by himself, namely: the acceptation of the factual statement as a premise of the judicial decision. This circumstances, it is upheld, demonstrate that proof statements issued in this kind of contexts bear a normative strength, postulating temporarily their constitutive character.

Este trabajo constituye una aproximación a los primeros procesos de judicialización de la trata de mujeres y niñas con fines de comercio sexual en la Argentina a partir de la sanción de la ley 26.364. Como corpus para la indagación se analizarán un conjunto de decretos de procesamiento confirmados por fallos de primera y/o segunda instancia desde la puesta en marcha de la ley. Me propongo describir y analizar la labor interpretante desarrollada por los actores judiciales a los fines de constituir acontecimientos ligados al comercio sexual, y a las migraciones asociadas a este mercado, como delitos de trata de personas. This work constitutes an approximation to the first processes of judicialization of the trafficking on women with ends of sexual trade in Argentina since the sanction of the law 26.364. The corpus for the investigation will analyze a set of decrees of processing confirmed by judicial decisions on first and/or second instance from the putting in March of the law. I propose to describe and analyze the interpretation labor developed by the judicial actors to the ends of constituting events tied to the sexual trade and to the migrations associated with this market as crimes of human trafficking. Fil: Varela, Cecilia Ines. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones "Gino Germani"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Nordeste. Instituto de Investigaciones Geohistóricas (i); Argentina

This paper analyses the justification of the normative premise in judicial decisions applied to preventive detention and examines some frequent criticisms. For this purpose, it firstly reconstructs the dominant doctrinal conception of preventive detention, which some refer to as ‘precautionary conception’. Further, it shows that the normative premises on which judges base their decisions embrace this doctrinal conception, which is confirmed in a number of procedural arrangements that in many other aspects are very heterogeneous. Subsequently, it presents some doctrinal criticisms that claim the illegitimacy of this conception of preventive detention El presente texto se ocupa de la justificación de la premisa normativa en las decisiones judiciales aplicativas de la prisión preventiva frente a ciertas críticas doctrinarias hoy frecuentes. Para ello, se reconstruye en primer término la concepción doctrinaria mayoritaria de la prisión preventiva que algunos denominan “concepción cautelar”. Se muestra luego que las premisas normativas en que los jueces basan sus decisiones responden a esa concepción doctrinaria, lo que se verificaen una pluralidad de ordenamientos jurídico-procesales que en muchos otros aspectos son muy divergentes. Se presentan luego algunas críticas, en general también provenientes de la doctrina,que alegan la ilegitimidad de la prisión preventiva así concebida

La decisión judicial se basa en un nivel de suficiencia probatoria (dosis de prueba). En los países anglosajones, se utilizan dos estándares de prueba. Por una parte, el beyond any reasonable doubt, basado en el principio de que es preferible la absolución de muchos culpables a la condena de un solo inocente, utilizado bajo la formulación del beyond any reasonable doubt o satisfied so that you feel sure, destacándose en la práctica de los tribunales que no es tan importante la concreta fórmula utilizada cuanto el grado de convicción del jurado sobre la culpabilidad del acusado. Por otra parte, el preponderance of evidence, también conocido como balance of probabilities o preponderance of evidence, propio del proceso civil, y que puede enunciarse afirmando que ante varias hipótesis sobre la existencia de un hecho deberá escogerse aquella que tenga el grado más elevado de confirmación lógica (regla más probable que no). En los países del civil law no existe un equivalente a los estándares de prueba, y se utilizan reglas de valoración de la prueba, destacando entre ellas las reglas de la sana crítica, entendido como sistema de libre valoración motivado. También se han efectuado construcciones jurisprudenciales, como en el ámbito penal, la mínima actividad probatoria y como el coeficiente de elasticidad de la prueba. Los estándares de prueba y las reglas de valoración de la prueba deben concebirse como mecanismos que permiten objetivar y racionalizar el proceso autónomo y subjetivo de formación de la convicción judicial. The judicial decision is based on a level of sufficiency of evidence. In common law systems there are two standards of proof. On the one hand, beyond any reasonable doubt, based on the principle that it is preferable to acquit many guilty people rather than condemning one innocent person. It is used with the wording beyond any reasonable doubt or satisfied so that you feel sure, and the courts emphasise that the wording is not as important, as the jury’s degree of conviction about the culpability of the accused. On the other hand, the preponderance of evidence, also known as the balance of probabilities, used in civil actions, affirms that faced with different hypotheses the one with the highest degree of logical confirmations must prevail (more probable than not). The civil law system does not have an equivalent to the standards of evidence, and they refer to the rules of assessing evidence, especially «reasonable judgment», understood as a system of free and reasoned assessment. There are also some case law constructions, such as in the criminal courts, which rerquiere minimum proof of guilt or the coefficient of the flexibility of the evidence. Both standards and rules of assessing evidence must be conceived as mechanisms that allow for a subjective decision-making process that is more objective and rational.

En este artículo, E. Bulygin aborda, una vez más, el problema del status lógico de los permisos y de las normas permisivas. Bulygin defiende la pertinencia de la triple clasificación de los permisos que ofreciera, junto con C. Alchourrón, en Normative Systems. De acuerdo con esta obra, debe distinguirse entre un concepto prescriptivo y dos conceptos descriptivos de permisión (fuerte y débil). La pertinencia y el alcance explicativo de estas distinciones han sido puestos en cuestión en algunos trabajos recientes, y estas «nuevas herejías» —dice E. Bulygin— «me obligan a empuñar nuevamente la pluma en defensa de la ortodoxia». Esta defensa desemboca en un conjunto de conclusiones, de las que parecen de especial importancia las siguientes: no existe la pretendida equivalencia pragmática sostenida por algunos críticos entre la no prohibición y la permisión; las normas permisivas son normativamente relevantes, pues cumplen múltiples funciones normativas; la concepción del Derecho que comprende reglas y principios subyacentes es irrelevante para el problema de la equivalencia entre regulación negativa (no prohibición) y permisión y para la caracterización de las lagunas normativas; las decisiones judiciales que hacen lugar a la demanda y las que la rechazan son simétricas. In this article, E. Bulygin once again approaches the problem of the logical status of permissions and permissive norms. Bulygin supports the appropriateness of the triple classification of permissions which he, together with C. Alchourrón, presented in Normative Systems. In accordance with this work, a distinction must be drawn between a prescriptive concept and two descriptive concepts of permission (strong and weak). The appropriateness and the explanatory reach of these distinctions have been questioned in some recent works and, in the words of E. Bulygin, these «new heresies have made me take up my pen again in defence of orthodoxy». This defence results in a number of conclusions of which the most important appear to be the following: the so called pragmatic equivalence believed by some critics to be found between nonprohibition and permission does not exist; permissive norms are normatively relevant, since they perform numerous normative functions; the conception of law which includes rules and underlying principles is irrelevant both with regard to the problem of equivalence between negative regulation (non-prohibition) and permission, and with regard to the characterization of normative gaps; judicial decisions which admit a claim and those which dismiss it are symmetrical.

El objeto de este trabajo es presentar una serie de objeciones en contra de las tesis explicativas del análisis económico del Derecho de daños. Ellas toman como eje central la distorsión conceptual que se produce cuando se interpreta la responsabilidad extracontractual a la luz del principio de eficiencia. En particular, se argumenta que el uso exclusivo del balance entre costos y beneficios no permite dar cuenta de la práctica efectiva de los tribunales. El razonamiento consecuencialista no se ajusta a la argumentación que lleva a un juicio de responsabilidad —fuertemente marcado por un lenguaje deóntico— ni al sentido de las decisiones judiciales. Así, entre otras cosas, la eficiencia es incapaz de sostener la diferencia conceptual que existe entre la conducta incorrecta y la conducta meramente riesgosa; tampoco puede capturar la relevancia de la causalidad en el Derecho de daños, ni explicar la estructura bilateral de la responsabilidad extracontractual. Por estas razones, las teorías económicas no pueden ofrecer una imagen del Derecho de daños que sea reconocible por aquellos individuos que adoptan el punto de vista interno. The purpose of this article is to raise a number of objections to the economic explanation of tort law. They are primarily based on the conceptual distortion that occurs when tort law is interpreted in light of the efficiency principle. Particularly, it is argued that the exclusive use of the cost benefit analysis cannot provide an account of the actual practice of the Courts. The consequentialist reasoning does not fit in with the arguments leading to a responsibility judgment —that strongly stresses the deontic language— nor with the sense of the judicial decisions. So, among other things, the efficiency principle cannot account for the conceptual distinction between wrongful conduct and merely risky conduct; neither can capture the relevance of causation in tort law, nor explain its bilateral structure. For these reasons, economic theories cannot provide a representation of tort law that is recognizable for those individuals who take up the internal point of view.

espanolEl texto aborda la discusion acerca de la estructura del dolo eventual, a partir de su fenomenologia contemporanea, y el tratamiento que la jurisprudencia y doctrina alemana e italiana le han dado, particularmente en relacion a supuestos relacionados con la transmision de enfermedades de caracter sexual y de negativa de transfusion de sangre a menores por padres Testigos de Jehova. Se afirma que la doctrina dominante del consentimiento o aceptacion no resuelve adecuadamente la fenomenologia analizada y se plantea superar las dificultades que ello acarrea mediante la regulacion legal del concepto de dolo eventual que se propone como conclusion. EnglishThe article discusses the structure of dolus eventualis (recklessness), considering its contemporary phenomenology, and the contributions of judicial decisions and legal scholarship in Germany and Italy. Especial consideration is given to the cases of sexually transmitted diseases and the refusal of blood transfusions to children by their Jehova's Witnesses parents. It is argued that the dominant doctrine of consent or acceptance does nor adequately resolve the analyzed phenomena, and a proposal is advanced towards a legal definition of the concept of recklessness.

El artículo analiza la precariedad de la normativa constitucional chilena en materia de incorporación del derecho convencional internacional, tanto en común como específicamente en materia de derechos humanos, pronunciándose sobre la jerarquía de los tratados que contienen derechos humanos de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, abogando por un pronto desarrollo de normas constitucionales al efecto.This work highlights the precariousness of Chilean Constitutional Law with respect to the incorporation of international conventional Law, both in general and specifically in the area of human rights. The status accorded to human rights treaties by legal scholarship and judicial decisions is examined, and advocacy is advanced for further development of constitutional norms on the matter of incorporation of international treaties on human rights.