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Este estudio se propuso analizar las persistentes violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penal mexicano, a pesar de las reformas implementadas. El objetivo principal fue examinar el papel del control social formal en la prevención y represión del delito, así como evaluar la eficacia del derecho penal sustantivo y adjetivo en la protección de los derechos fundamentales. Para llevar a cabo esta investigación, se realizó una revisión de la literatura especializada, informes de organizaciones internacionales y nacionales. Los resultados revelan que, a pesar de los avances normativos, persisten prácticas como la tortura, las detenciones arbitrarias y las condiciones inhumanas de reclusión. Estas violaciones se ven agravadas por la falta de independencia judicial, la corrupción y la impunidad. El análisis del derecho penal sustantivo y adjetivo mostró que, si bien existen avances en la legislación, persisten problemas como la imprecisión de algunos tipos penales, la sobrecarga de trabajo de los operadores del sistema y la falta de recursos. En conclusión, el sistema penal mexicano enfrenta desafíos significativos en la protección de los derechos humanos. Se requiere una reforma integral que aborde las causas estructurales de las violaciones, fortalezca la independencia judicial, profesionalice a las fuerzas policiales y garantice el acceso a la justicia. Asimismo, es fundamental promover una cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Este trabajo analiza el rol de las víctimas en el proceso judicial ante la Corte Penal Internacional (CPI). En la fase de primera instancia, se examina cómo las víctimas pueden participar activamente con la presentación de observaciones y su representación por abogados comunes. En la fase de apelación, el estudio explora el papel limitado pero significativo que tienen las víctimas, principalmente en la revisión de las decisiones iniciales. Además, el trabajo aborda los riesgos del modelo de participación de las víctimas, señalando que su implicación podría afectar la imparcialidad y celeridad del juicio. Un caso práctico relevante es el de Thomas Lubanga Dyilo donde se ejemplifica cómo las víctimas contribuyeron al proceso, cuestionaron las decisiones de la Fiscalía y ampliaron el alcance del juicio al visibilizar crímenes no investigados. Finalmente, el trabajo subraya la importancia de la participación de las víctimas en la búsqueda de justicia, aunque también reconoce los desafíos que plantea su intervención en el equilibrio entre derechos y la eficiencia del proceso judicial.

Este documento es el resultado de una entrevista realizada a Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, fotógrafo del diario «El Comercio», quien junto a Paúl Ortega, periodista y Efraín Segarra, conductor, fueron secuestrados y posteriormente asesinados por disidentes del grupo irregular «Frente Oliver Sinisterra» (Torres, A. y Arroyo, M. B., 2019). Fue designado como representante de los trabajadores de medios de comunicación, tanto privados públicos y comunitarios (Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación [Consejo de Comunicación], 2023); y, actualmente, ocupa el cargo de Presidente del Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico en Ecuador (2024). Esta instancia técnica estatal, de acuerdo con su normativa vigente, “[…] tiene como objeto adoptar medidas de prevención y protección que garanticen el trabajo periodístico, mediante la instauración de políticas de seguridad” (Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, 2023, art. 21). Además, se desempeña como vocero oficial de la fundación «Nos Faltan Tres», y está activamente involucrado en diversas acciones dirigidas a evitar la impunidad en el secuestro y asesinato de los tres trabajadores de la comunicación del diario «El Comercio».

Este ensayo abordó la grave problemática de violencia que enfrentaron las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos en México durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023. El argumento central sostuvo que la alta incidencia de agresiones, tentativas de homicidio y feminicidios está relacionado con la impunidad y la falta de protección por las autoridades, lo que pone en riesgo su derecho a ejercer la libertad de expresión. Se derivaron tres premisas: la imperante necesidad de visibilizar la impunidad generalizada que atenta hacia un de los principios básicos de la democracia; el incremento progresivo en la vulnerabilidad a sufrir agresiones y ataques violentos debido a la falta de protección efectiva por parte de las autoridades y; por último, la vulneración de la libertad de expresión de estas mujeres, la cual no sólo menoscabó su capacidad para contribuir al debate público, sino que también puso en riesgo su propia vida. El aporte de este trabajo radicó en analizar la intersección entre la violencia de género y la libertad de expresión, vulnerando uno de los principios básicos de la democracia. Un aporte crucial para abordar la violencia contra las mujeres y avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas.

en los márgenes de la dualidad entre la guerra y la paz en Colombia se tejen las disputas por las memorias sociales del conflicto armado y sus secuelas. Tal disputa encuentra en Risaralda un agravante adicional: el discurso negacionista del conflicto armado acompañado de una representación oficial del pasado matizado por el civismo y el progreso a escala regional. En ese marco, este artículo de corte sociohistórico apeló a la historia oral y al estudio de caso para interpretar las tensiones por las memorias sociales del conflicto armado interno en el departamento colombiano de Risaralda, tomando el concepto de lugares de memoria del historiador Pierre Nora. Así, fue posible identificar y describir tres dispositivos de las memorias sociales del conflicto armado en Risaralda representados por lugares de memoria objetivados en los siguientes casos: los hornos crematorios como memorias de impunidad (municipio de Santuario); en las prácticas de gobernanza triétnica como memorias de resistencia (municipio de Pueblo Rico); y en las luchas sociales urbanas y las críticas a los relatos hegemónicos del civismo como expresiones de memorias sociales en tensión (ciudad de Pereira). Así, se concluyó que las disputas por el pasado perfilan en la actualidad los insumos para la memoria histórica y para las pretensiones de justicia y verdad en el tiempo del posacuerdo, en una región abocada al negacionismo del conflicto y sus complejas secuelas.

El presente trabajo tiene como propósito ilustrar al lector respecto de los tópicos que están presentes en los casos de violencia de género, intenta exponer la violencia como un todo y no como actos individualizados o aislados, con un enfoque en la violencia institucional contra las mujeres, pero con un análisis del paradigma que existe con relación al tema de la violencia en general, y concretamente la violencia ejercida contra las mujeres en sus múltiples maneras de manifestarse.

El presente artículo analiza la relación entre el derecho a la verdad y su desenlace y/o implicaciones en los derechos humanos, en el contexto de la región latinoamericana, para ello, se emplea el enfoque didáctico. En ese sentido, se pretende ahondar más que desde una perspectiva que permita al lector formarse un criterio elemental de esta temática, por cuanto, somos conscientes que este tópico presenta mayores grados de problematicidad y análisis, sobre todo, si nos referimos al continente americano. En consecuencia, se plantea el escenario sociopolítico que ha vivido Latinoamérica, desde tiempos pasados, y como éste ha impedido el surgimiento y consolidación de una cultura democrática en los diferentes países de la región. Por último, se presenta algunos aportes que, desde los diferentes órganos del sistema interamericano de derechos humanos, como son: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y La Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han suscitado en el marco de la consolidación del derecho a la verdad como herramienta en contra de la impunidad.

Esta investigación contiene un análisis que vincula estudios de género y administración de justicia en El Salvador. Presenta un problema sociojurídico sobre las barreras en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, enfocándose en los derechos fundamentales de la mujer en el curso y resolución de procesos judiciales. Se sostiene la metodología jurídica de análisis de género, en cuanto herramienta eficaz para impartir justicia a la luz de estándares internacionales y constitucionales sobre derechos humanos y aplicación del principio de igualdad. Produciendo este estudio en el marco de la formación Doctoral de esta autora. Se aborda esta problemática desde la ciencia del derecho, apoyándose en fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legislativas en materia de derechos humanos. Se presenta en esta investigación el argumento fundamental de considerar una figura legal que unifique la incorporación del género en todo el proceso judicial, desde la calificación del delito, la valoración de la prueba y el fallo judicial y así dar mayor certeza y seguridad jurídica a las mujeres al pie de igualdad que los hombres. El estudio concluye proponiendo algunos criterios básicos para la implementación de la perspectiva de género en la administración de justicia. Para sustentar posiciones en este artículo, se analiza la realidad en la que la autora se desempeña: El Salvador. Pero también se retoman las buenas prácticas de aplicación de justicia en otros contextos legales como México, Chile, Guatemala y Nicaragua. Para que puedan ser retomadas para garantizar el debido proceso de los derechos de las mujeres hacia una sociedad igualitaria en donde el derecho y la justicia sirvan como instrumentos de paz para la construcción de una cultura de legalidad y de protección de los derechos de los seres humanos. Pretendiendo enaltecer el rol de la judicatura con la utilización del análisis de género como herramienta para administrar justicia a la luz de estándares jurídicos internacionales sobre los derechos humanos.

Este artículo aborda el posible conflicto entre la inviolabilidad regia y los principios que caracterizan a un Estado social y democrático de derecho como el Reino de España, y tiene por objetivo explorar los límites de la inviolabilidad del Monarca tanto desde una perspectiva de interpretación de la legislación vigente como desde la propuesta de reforma. Se asume la hipótesis de que “inviolabilidad” no equivale a “impunidad” –o, al menos, no debería– en un Estado social y democrático de derecho que propugna la igualdad y la justicia, entre otros, como valores superiores de su ordenamiento jurídico. Tras aclarar los conceptos de inviolabilidad, irresponsabilidad y refrendo, se abordan las diferentes posiciones doctrinales respecto a la delimitación de esta prerrogativa regia en términos temporales, materiales y en relación con el Poder Legislativo. Finalmente, se esboza una modesta propuesta de reforma.

Han sido muchos los delitos ejecutados con ocasión y en desarrollo del conflicto armado colombiano por parte de agentes del Estado, en este siglo estos se especializaron en la comisión, especialmente de homicidios en persona protegida, en los que los culpables fueron integrantes del ejército colombiano. Este artículo determina las conductas punibles que se designan en este país como crímenes de Estado y cómo debe ser el tratamiento penal de las mismas al ser efectuadas por soldados rasos o mandos medios que se confabularon con civiles y otros agentes estatales para procurar dejar en la impunidad, particularmente desapariciones forzadas de personas y miles de homicidios. Estos crímenes se materializan en medio de un Estado que en lugar de salvaguardar derechos los limita, los cercena, y en consecuencia las posibilidades de hacer justicia son lejanas, lo que pone de manifiesto un terror estatal en el que diferentes gobiernos han concebido al menos por omisión como parte de su política de seguridad una multiplicidad de crímenes respecto de jóvenes indefensos que no pertenecían a ningún grupo guerrillero, pertenecientes a estratos populares que eran mostrados por la fuerza pública colombiana a través de los medios de comunicación como guerrilleros dados de baja en combates. Este escrito concluye que al examinar estas conductas se encuentra que no fueron hechos aislados, que los crímenes presentan una generalidad y sistematicidad y otras particularidades que, al ser un tipo de violencia estructural, se pueden tipificar como crímenes de lesa humanidad. Lo que fusionado con lo señalado por la Jurisdicción Especial para la Paz que ha encontrado que son 6402 los muertos presentados como bajas ilegítimamente presentadas en combate en el que sus autores o participes son integrantes del ejército colombiano, lleva a deducir que deben ser tipificados como crímenes perseguidos interna e internacionalmente.

La presente contribución tiene como principal objetivo describir el problema de feminicidio que se vive en México, visualizando alguna de las brechas existentes que impiden alcanzar el objetivo de las estrategias implementadas por el gobierno mexicano a lo largo de la historia para su combate. Para la elaboración del presente artículo, se siguió una metodología documental a un nivel descriptivo, concluyendo que los feminicidios en México constituyen uno de los problemas graves que debe atender nuestro país, pero también uno de los más difíciles de erradicar, toda vez que, a lo largo de la historia se ha permitido que este fenómeno cobre fuerza a través de la presencia de algunas factores sociales potencializadores del problema como la: impunidad, naturalización de la violencia, corrupción, la nula empatía y perspectiva de género que resalta en el accionar de quienes recae la procuración e impartición de justicia en los casos de violencias de género.

El presente artículo da cuenta de los procesos de transición de diversas dic-taduras militares de Hispanoamérica a regímenes democráticos, ocurridos en las últimas tres décadas del siglo pasado, poniendo el foco de atención en la manera como en distintos países de la región se enfrentó la pesada carga en materia de violaciones a los derechos humanos heredadas de esas dictaduras, así como los diferentes grados de verdad y justicia alcanzados en cada uno de esos procesos, como las dificultades que surgieron para alcanzar dicho cometido. Especial consideración se hace con respecto al caso chileno y los resultados obtenidos en esta área.

The increase of violence against women and girls (VAWG) in Mexico, in its various contexts and modalities comes hand in hand with a perception of impunity that calls into question the effectiveness of the criminal justice system to attend this problem. The creation of new crime regulations and the increase in penalties have proven to be ineffective strategies in the prevention and attention of these cases, since they lack a systemic vision of the problem. This paper seeks to develop an idea of impunity that goes beyond the absence of punishment and is defined on the basis of the structural notion of VAWG. Therefore, impunity can be associated with the absence of access to justice and a gender perspective.

In La oscura memoria de las armas (2008) Ramón Díaz Eterovic explores the topics of memory, Chile’s dictatorship, transition, violence and truth from the perspective of Detective Heredia, who goes through the streets of Santiago elucidating a murder that, based on rumours and on a conscious of effort of not forgetting history, it deals with relevant topics that were not talked about on the time of the transition to democracy, where memories become an "endriaga" at the sight of the establishment of the collective memory, birthed on the streets of the city. A memory made of testimonies dripping with the horror, torment and silence that the dictatorship imposed over the inhabitants of Santiago and allows us to configure the urban imaginary of Santiago de Chile at the time of the transition to democracy, introducing a new character into the national literary imaginary: the victim of the dictatorship who seeks justice and revenge.

Este artículo analiza cómo distintos actores, utilizando discursos que decían sustentarse en el orden legal transnacional de la responsabilidad, orientaron la negociación del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz hacia el componente retributivo. Este orden, acompañado de discursos anti-impunidad de distinto tipo, orientó los debates sobre el Acuerdo de Paz a centrarse en la discusión sobre el componente de justicia, el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la materia y la impunidad, evitando que la justicias restaurativa y distributiva tuvieran un mayor alcance en el modelo de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre los diversos tribunales penales internacionales ad hoc que se han creado desde finales del siglo XX, el Tribunal Especial para el Líbano destaca por su particularidad, tanto a nivel jurisdiccional como por su contribución al tratamiento de las víctimas. La labor del Tribunal Especial para el Líbano comenzó en 2009, dictando su primera sentencia de instancia el 18 de agosto de 2020. Mediante su constitución, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas apostó por no abandonar el camino iniciado en 1993 con la creación de los tribunales de Yugoslavia y Ruanda; sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. Este trabajo pretende analizar las peculiaridades del Tribunal y su trabajo, realizando un análisis crítico del mismo como oportunidad perdida para el proceso de reconstrucción del Líbano.

El presente artículo analiza la película Argentina, 1985 desde la perspectiva del derecho internacional; en particular, se analizará con el enfoque en la lucha contra la impunidad y rendición de cuentas y los derechos humanos de las víctimas de la dictadura de Videla. Por ello, se hablará de la obligación estatal de investigar, perseguir y en su caso juzgar a los presuntos criminales, así como también el imperativo de implementar mecanismos jurídicos y judiciales en el foro interno a fin de hacer efectiva la obligación citada, y reconocer y salvaguardar los derechos de las víctimas en el proceso penal.

La sociedad internacional nos demuestra continuamente que el pulso entre la protección de los derechos humanos y la acción exterior de los Estados está siempre latente. Un pulso que se traslada también al terreno de la lucha internacional contra la impunidad, en aquellos contados casos donde el pragmatismo político se ha visto inmerso en un proceso penal. Evidentemente, la búsqueda de responsabilidad internacional sigue siendo una rara excepción, pues son realmente ínfimos los casos que llegan a judicializarse por las numerosas trabas y obstáculos existentes que se anteponen a la justicia cuando se trata de asegurar los intereses nacionales y de seguridad de los Estados. Ante este escenario de retroceso de las garantías procesales que afectan a los derechos humanos y a los estándares internacionales, aprovechamos la coyuntura actual para plantear un viejo debate alrededor de la siguiente pregunta: ¿En qué medida la política exterior de los Estados condiciona la persecución judicial de crímenes internacionales? Una pregunta que, aunque parece retórica, cuestiona directamente los pilares en los que tradicionalmente se ha asentado nuestro sistema, y ahí es donde radica el verdadero debate.

Chicas muertas (2014) trata sobre la investigación de tres asesinatos de mujeres ocurridos en los años ochenta en Argentina y que, en su momento, quedaron impunes. La voz narrativa reconstruye estas historias individuales y visibiliza cómo estas muertes fueron un problema de matriz colectivo, cuando todavía la carátula de “femicidio” no existía ni para la ley argentina ni para los medios de comunicación. Esta obra es catalogada como no-ficción; sin embargo, posee todos los elementos necesarios para ser leída desde la óptica del neopolicial contemporáneo, ya que, como su título anticipa, todo tiene que ver con violencia, mujeres víctimas y una narradora—investigadora— en busca de respuestas y de justicia que el Estado no ha sabido proporcionar. A la vez, es un relato atravesado por marcas de suspenso y tensión constante que lo acercan a la estética del policial.

Con el fin de analizar la criminalidad corporativa o de cuello blanco transnacional, este artículo estudia el caso del fraude con las prótesis de una empresa francesa usadas en el implante de senos en mujeres, especialmente en América Latina. Se describe sucintamente el caso y las decisiones judiciales tomadas al respecto, así como el contexto cultural de las víctimas sometidas al procedimiento fraudulento. Luego se plantea un marco teórico sobre este tipo de criminalidad y se exploran las condiciones que promueven la impunidad para los autores de estos delitos. El artículo demuestra cómo, entre otras causas, las falencias del derecho internacional, así como el estatus de quienes cometen estos delitos, favorecen la impunidad y el desamparo de las víctimas. Al final, se ofrecen algunas conclusiones y propuestas para incidir sobre este problema.

A la luz de tres escrituras mexicanas contemporáneas analizaremos las distintas manifestaciones y consecuencias que la narcoviolencia ha tenido en el México contemporáneo. La crónica El hombre sin cabeza de Sergio González Rodríguez (2009) nos permitirá, en un primer momento, explorar los indicios rituales de las prácticas de tribalismo aún existentes para los sujetos del narcotráfico; luego, con la novela Trabajos del reino de Yuri Herrera (2004), podremos observar el problema de la impunidad y los elementos que dirigen la maquinaria de la dominación desde el Estado hacia los reinados de los narcotraficantes; y por último, a partir de la novela Señales que precederán al fin del mundo, también de Herrera (2009), se analizará el autoexilio y la recomposición de una nueva identidad como corolario de la insatisfacción que deben soportar los sujetos que son víctimas de la marginalidad y las injusticias al interior de las fronteras mexicanas. Tres obras narrativas que muestran las señales de una decapitación moral que se vive día a día en dicho espacio, tanto dentro y como fuera de sus fronteras.

El presente trabajo ofrece una clave de interpretación en torno a la aplicación y validez de los Derechos Humanos en Colombia. Las situaciones de abuso a la población por parte del estado y diversos actores del conflicto, evidencian la crisis social del país, la impunidad respecto a tales delitos y las falencias en la implementación de una cultura de paz. De este modo, abordar la naturaleza de los Derechos fundamentales en la actualidad lleva consigo la pregunta por su legitimidad, si podrían llegar a considerarse como instrumento de dominación ideológica, como elementos de lucha o, por el contrario, la defensa jurídica de los mismos se apoya en un aparato legislativo hermético y corrupto.

Se busca identificar el comportamiento geográfico y las correlaciones estadísticas entre variables de índole socioeconómico y de incidencia de delitos cometidos, con información al nivel estatal de 2020, diferenciando por sexo. Aquellas variables que representan situaciones de carencia extrema mostraron relaciones inversas con la tasa de incidencia, mientras que la disponibilidad de ciertos dispositivos en la vivienda tuvo una asociación directa y significativa; pareciera que la tasa se incrementa en entornos económicamente menos vulnerables. Se verifica que, además del contexto socioeconómico, la corrupción, la impunidad y la ineficacia de los servicios públicos también se correlacionan con las tasas de criminalidad. Asimismo, se identifica que el comportamiento espacial de algunas variables se relaciona con el número de delitos cometidos en las entidades.

Desde el 28 de abril hasta finales de julio, Colombia ha sido atravesada por una movilización de carácter nacional que involucra a todos los sectores sociales. En este artículo se argumenta por qué, más que un estallido, este periodo de tres meses de resistencia civil puede caracterizarse como un levantamiento social. Se analizan, además, las distintas formas y lógicas de acción identificadas mediante entrevistas a actores sociales involucrados en el paro, realizadas en el marco de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS). A la par de ello, se propone avanzar en la conceptualización de estas, con miras a observar que existe tanto una espiral de la violencia como una espiral de la noviolencia. En este sentido, las/los autoras/es, quienes fueron comisionadas en la Misión SOS, describen la respuesta del adversario reseñando los principales hallazgos de esta y, de manera más específica, la impunidad y el papel de los medios de comunicación masivos durante las protestas, mientras que se cuestionan ¿qué sigue?, con la expectativa de que esto pueda servir para evitar que la espiral de la violencia revierta los esfuerzos de transformación social de quienes han decidido luchar en Colombia.

Desde la reapertura de los juicios por los crímenes cometidos por la última dictadura militar en Argentina, han emergido nuevos aspectos en la escena judicial, siendo uno de ellos la “retórica edad-impunidad”. En su dimensión visual, entendemos por dicha retórica a la representación de los perpetradores que ha ido tomando forma en los últimos años, habilitando la posibilidad de eximirlos de culpa y responsabilidad por los crímenes cometidos en virtud de su avanzada edad. Sostenemos que lo visual configura una determinada estética que brinda andamiaje a la impunidad y su naturalización, dando lugar a una forma de impunidad que puede ser denominada como “impunidad gerontológica”. Para adentrarnos en la construcción de esa representación, pondremos en tensión el par visto/no visto a través de fotografías y editoriales de la prensa escrita, siendo nuestros principales puntos de anclaje teórico el concepto de “viejismo” aportado por la gerontología y la “fórmula del martirio” que surge del estudio de las representaciones de masacres y genocidios desarrollado por José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski.

La impunidad y corrupción son flagelos siempre presentes en la impartición de justicia. La falta de capacidad técnica del fiscal en las audiencias preliminares y de juicio, genera en muchos casos impunidad y en otros casos es generada por la corrupción. El presente artículo aborda este tema, a través de un método de casos que tiene como actividad central el análisis de dicha problemática presente en las audiencias. La finalidad es darle sentido a la norma constitucional federal cuando establece en su fracción I, apartado A, del artículo 20, “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune”. El análisis surge desde la práctica profesional, la hipótesis consiste en sostener la necesidad de justificar la sustitución del fiscal en el sistema penal acusatorio en México a través de los principios del propio sistema. La figura del fiscal como órgano técnico debe ser abordada, para lo cual es necesario exponer mecanismos, que permitan al juez esa sustitución entre tanto se establece en la norma de manera explícita.

Un martes cualquiera es una instalación archivística, sonora y performática que recupera-expone, de manera crítica y poética la voz, la imagen, las memorias oficiales y no oficiales de la matanza de los obreros del ingenio AZTRA sucedida el martes 18 de octubre de 1977 durante la dictadura militar. Este artículo expone el proceso reflexivo que permitió la implementación de la obra para el premio Nuevo Mariano Aguilera. La reflexión desplaza la cuestión estética de las imágenes hacia su rol político como una operación de doble desaparición: por un lado, los cuerpos de los obreros asesinados durante la dictadura militar y por otro las representaciones posibles del horror.

Objetivo. Analizar la realidad histórica de las actividades criminales efectuadas por integrantes de las fuerzas militares desde 1975 en algunos países de Suramérica. La persecución trasnacional a los presuntos terroristas, comunistas y en general disidentes de los diferentes gobiernos como generadores de inseguridad en la región, ocasionó que estos fueran desaparecidos, asesinados y torturados. Metodología. Este artículo hace parte de una investigación socio-jurídica, en la que se utilizó un método jurídico-doctrinal. Resultados. En la denominada “Operación Cóndor” como forma de alcanzar seguridad, degeneró en la comisión de crímenes que fueron cometidos utilizando el fenómeno del terrorismo de Estado, el cual subyace en las prácticas de terror realizadas en el continente con el apoyo de los EE.UU. Conclusión. Para eliminar estas prácticas es fundamental la intervención de tribunales internacionales de tal forma que se evite la impunidad frente a estos graves crímenes de naturaleza internacional.

La pandemia del coronavirus acapara toda la atención. Para los pueblos del mundo, se trata de una amenaza superlativa; para muchos Estados, en cambio, es la cortina de humo bajo la cual ocultan su rostro. En ella ven la oportunidad para cambiar de personaje y de máscara. El poder mediático convierte al COVID-19 en el gran villano, y a algunos gobernantes, en héroes. Sin embargo, el COVID no es más que la punta del iceberg de un sistemático entramado de praxis discriminatorias y grietas estructurales: el Estado inconstitucional, que desde vieja data ha gestado una oleada de pandemias sociales. Colombia es un ejemplo paradigmático al respecto. Para ilustrar esta tesis, se analiza el fenómeno de impunidad ante delitos sexuales. Unconstitutional State and Pandemics Abstract: The coronavirus pandemic gets all the attention. For people of the world, it is a superlative threat; instead, for many States, it is the smokescreen under which they hide their faces. On it, they see the opportunity to change their character and mask. The media’s power makes COVID-19 the great villain, and some rulers into heroes. However, the COVID is only the tip of the iceberg of a systematic network of discriminatory practices and structural cracks: the unconstitutional State, which from long ago has created a wave of social pandemics. Colombia is a paradigmatic example in this regard. To illustrate this thesis, the phenomenon of impunity for sexual crimes is analyzed. Keywords: Unconstitutional State, social pandemics, impunity.

España experimentó una muy particular justicia transicional para la que la visibilidad de quienes fueron victimarios y de quienes sufrieron como víctimas fue prácticamente nula. No hubo ni justicia ni reparación de la memoria de las/os asesinadas/os. Se impuso desde el poder una memoria hegemónica que ocultaba a las víctimas, pero también a sus asesinos. Esta cultura memorial ha fijado unas reglas hasta nuestros días según las cuales no cabe pedir responsabilidades penales ni morales a los victimarios. Moralmente tampoco existe su arrepentimiento. La Ley de Amnistía de 1977 los ampara y no existe ninguna comisión de la verdad que señale a los asesinos de la dictadura, aunque no sean ya responsables penalmente. Muchos de esos victimarios son hoy en día espectros del pasado; ahora bien, cabe la posibilidad de que aparezcan en nuestra memoria como los “otros” negativos de nuestra tradición democrática.

Esta investigación pretende denunciar la impunidad de uno de los crímenes más atroces del Estado español como es la desaparición forzada de miles de niños que fueron arrebatados a sus madres, primero como castigo ideológico e instrumento represivo de depuración eugenésica instaurado por el franquismo y que, convertido después en un lucrativo negocio de compraventa de menores, acaba moviendo a su antojo los hilos de la filiación en España hasta bien entrada la democracia. Pese a que los numerosos casos denunciados en los últimos años apuntan a que podríamos estar ante un verdadero crimen de lesa humanidad, las autoridades españolas, tanto gubernamentales como judiciales, no permiten investigar estos hechos, al igual que otras muchas de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, de manera que, a día de hoy, la única esperanza de las víctimas para acceder a la verdad, la justicia y la reparación está depositada en la justicia penal internacional.

Instalado en la conciencia general de la humanidad el imperativo de impedir la impunidad de los más graves crímenes internacionales, la relevancia de la jurisdicción universal en la consecución de dicho fin resulta incuestionada desde el consenso internacional. Sin embargo, ese consenso desaparece cuando se profundiza en su alcance, contenido y aplicación. Estados que apostaron por ella están sucumbiendo ante fuerzas antagónicas favorecidas por el disenso internacional en su regulación. El caso de España y su reciente reforma legislativa sirve de ejemplo actual de la involución a la que se ve sometido el principio de jurisdicción universal. Entre tanto, la brecha de impunidad frente a las graves violaciones de los derechos humanos se amplía, a pesar de notables prácticas de tribunales estatales en el enjuiciamiento y castigo de los enemigos de la humanidad (hostis humani generis).

El objetivo del artículo es analizar el impacto que la corrupción y la impunidad tienen sobre las violaciones a derechos humanos. Para ello, se realizaron varios modelos estadísticos. Se observó que existen ciertos tipos de violaciones a los derechos humanos que se perpetran mediante actos de corrupción. En la medida en que ni el acto de corrupción ni esa violación sean sancionados, la impunidad se convierte en un contexto que incentiva al perpetrador a seguir cometiendo los mismos actos de corrupción, lo que generará nuevas violaciones a derechos humanos. Cuando la corrupción y la impunidad se conjugan, ambas se convierten en patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos.

¿Qué elementos debemos ordenar y mapear antes de iniciar una estrategia anticorrupción? Es necesario aclarar tres puntos: ¿cuál es el tipo de impunidad que queremos combatir? ¿En qué órganos o unidad(es) de análisis realizaremos la política anti-impunidad? ¿Cuáles son las distintas causas que general el tipo de impunidad que nos interesa disminuir en el órgano concreto que estamos analizando? En el artículo se responden estas preguntas.

A partir del contexto de impunidad y olvido que se determinó en El Salvador después de la guerra civil (1980-1992), el presente trabajo investiga la presentación y la re-presentación de los restos materiales en el ámbito de la noción de huella como presentificación material de una historia transcurrida pero vigente. Se hace referencia a unos restos (huesos, prendas de vestir, juguetes) que son pruebas procesuales, pero a esta función se añade otra, que implica el nivel afectivo, el trabajo del duelo, la reparación. El trabajo empieza con una breve y necesaria reseña histórica que enlaza la represión de 1932 con la estrategia de la tierra arrasada realizada por las fuerzas armadas en los 80, para luego examinar restos materiales diferentes. Se ponen a dialogar los testimonios, escritos y orales, las instalaciones y las performance artísticas, la ficción, la fotografía, atravesados por el trauma del pasado y las inquietudes del presente. Se investiga cómo la presencia o la evocación de los restos materiales puede vehicular el acceso y la comprensión del pasado en función de una memoria que sea un proceso dinámico y un proyecto de relaciones políticas y culturales diferentes.

El artículo presenta de manera breve y concisa una descripción de la figura del enriquecimiento sin causa como vertiente de la corrupción y la relación que ésta tiene entre la impunidad, derechos humanos y prescripción, tomando como base los criterios dados a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en América. La investigación fue realizada de manera bibliográfica, producto de una estancia de investigación en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en San José, Costa Rica. Los hallazgos de la investigación determinan que existen criterios y obligaciones emitidos por los órganos competentes en materia de Derechos Humanos en pro de la defensa de lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) que determinan que la prescripción es generadora de impunidad y que ante los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en temas de corrupción, estos pueden ser aplicados de forma proporcional a la prescripción de la acción civil en los casos de enriquecimiento sin causa en El Salvador al que refiere el artículo 240 inciso final de la Constitución, mediante el uso interpretativo de la inconvencionalidad como herramienta protectora de Derechos Humanos.

A la par del auge de los movimientos sociales en la postdictadura chilena, el Estado y su institucionalidad ha desplegado una serie de técnicas de respuesta que, contrariamente a lo demandado, refuerzan el modelo actual. Dentro de estas, la impunidad de los agentes estatales se posiciona como un fenómeno vigente y duramente criticado por la sociedad civil. A través de la revisión de prensa, en diálogo con la literatura científica y empírica existente, buscamos aproximarnos a la problematización sobre la impunidad en la postdictadura, entregando elementos, desde una lógica reflexiva, que propicien y contribuyan al debate público sobre este fenómeno.

La agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), conformada por los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, hizo desde fines de los años 90 un programa radial en FM Futura y radio Universidad.

Este trabajo pretende justificar la importancia del ejercicio de la jurisdicción universal para combatir la impunidad en casos de graves violaciones de los derechos humanos. De manera más específica, se busca defender la necesidad de recuperar el ejercicio de la jurisdicción universal en España. Para ello, se abordan sucesivamente distintos aspectos: el alcance del consenso sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional; la dimensión del espacio de impunidad existente para tales crímenes con especial referencia a los factores que limitan la acción de la Corte Penal Internacional; el papel fundamental que juega la jurisdicción universal como paliativo a la impunidad y la necesaria revitalización de la jurisdicción universal en España después del proceso legislativo de desarticulación que este principio ha sufrido en los últimos años

La evolución de las reformas legales adoptadas por los Gobiernos españoles en torno a la jurisdicción universal parece dar la razón a las críticas pragmáticas (que no realistas) que anunciaron el escaso recorrido que cabía prever. Pero la insistencia en las dificultades que atañen a la efectividad —entendida en los términos ideales de la nota de impositividad inexorable atribuida a los fenómenos jurídicos— no es suficiente para impugnar su valor como condición de legitimidad de esos mismos fenómenos. En todo caso, la lucha contra la impunidad de actuaciones que constituyen graves violaciones de derechos humanos exige una voluntad política decidida y claros instrumentos jurídicos. Ninguno de esos requisitos parecen concurrir en el caso español en la actualidad

El artículo trata de los límites jurídicos que debe tener la lucha contra el terrorismo. Se analizan y comentan las Sentencias de la Corte Suprema norteamericana en los casos Rasul, Hamdi y Padilla, y en el caso Hamdan, en las que se reconoce a algunos detenidos en Guantánamo el derecho al habeas corpus y a ser juzgados por tribunales ordinarios con las garantías requeridas internacionalmente. En el artículo también se denuncian los casos de tortura y malos tratos a que son sometidos los presos en Guantánamo y algunas teorías jurídicas que justifican o asumen la impunidad de estas prácticas.

No es extraño afirmar que, alrededor de la violencia política, la sociedad colombiana ha construido una comunidad de vida en tanto se ha logrado incrustar en el seno de sus relaciones interpersionales y sociales una unanimidad de experiencias negativas a causa de una colectividad que a lo largo de la historia ha estado marcada por el conflicto ideológico. Esta realidad compartida fue producto de la repetición de los diferentes conflictos y sus efectos, lo que ocasionó una especie de hábito que hizo tránsito a una costumbre que, al día de hoy, ha mutado en una cultura ajena a la verdad. El propósito de este escrito es proponer el diálogo dirigido al entendimiento como fuente de construcción de experiencias colectivas distintas a la violencia a partir de la convicción del sujeto del decir veraz sobre sí mismo.

En este artículo se analizan dos sentencias de Tribunales Constitucionales en América Latina que aplican la Convención de Belem do Pará como parte del método para juzgar con perspectiva de género, y la manera en que este tratado internacional juega un papel esencial para la efectiva garantía en el ámbito judicial del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y el combate a la impunidad sistemática de la violencia contra las mujeres en la región.

Resumen: Este texto analiza las ejecuciones extrajudiciales acontecidas en Colombia entre los años de 2002 y 2010, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizadas por su crueldad: primero, se intentaron justificar argumentando que los ejecutados eran “enemigos” del Estado (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, etc.), “dados de baja” en operativos defensivos de la fuerza pública, cuando realmente se trató de combates simulados con víctimas arbitrariamente privadas de su libertad y en condiciones de indefensión; segundo, los miles de casos fueron consecuencia de una política que valoró a sus agentes por el “número de bajas” de sus “enemigos”, estableciendo recompensas, premios y reconocimientos por ese motivo. Esta violencia institucional, sirvió a propósitos abyectos del poder político: hizo “populismo punitivo” con las cifras de “bajas” para la reelección presidencial; encubrió las falencias de las negociaciones con el paramilitarismo, así como la connivencia del Estado con este actor; incrementó la sensación de “seguridad ciudadana”, criminalizando la pobreza. Finalmente, desplegó varios dispositivos para garantizar la impunidad de estos crímenes, a través del fuero penal militar y, luego, tratando de reproducir los privilegios de esta jurisdicción, en el campo de Justicia Especial para la Paz.

It is widely accepted that voluntary corporate responsibility for human rights is a means of continuing “business-as-usual”. Corporate Social Responsibility (CSR) has been denounced as “whitewash”, with little effect in practice. I claim here that voluntary CSR is far worse than “whitewash”: it actively bolsters corporate impunity by rendering the violence of development illegible and equating resistance with irrationality or subversion. It thrives upon the state of exception that provides the permissive context of human rights violations. I make this argument by returning to the birthplace of corporate responsibility for human rights: BP’s Colombian oilfields, combining ethnographic research with trenchant critique of the colonial myths informing mainstream discussion of business and human rights. The UN has responded to the potential of voluntary CSR to detract from abuses by emphasising the importance of judicial remedy. What the analysis here reveals is how voluntary measures and provision for judicial remedy may work in opposite directions. La responsabilidad social corporativa (RSC) ha sido acusada de ser una mera fachada. Aduzco aquí que es peor aún: refuerza activamente la impunidad empresarial, ya que rinde ininteligible la violencia del desarrollo y tilda toda resistencia de irracional o subversiva. Se alimenta de un estado de excepción que proporciona un contexto propicio a las violaciones de derechos humanos (DDHH). Regreso al origen de la responsabilidad corporativa respecto a los DDHH –los campos petrolíferos colombianos de BP–, para combinar la investigación etnográfica con una crítica a la mitología colonial que da forma al debate sobre empresas y DDHH. La ONU ha reconocido que la RSC voluntaria puede ocultar los abusos, subrayando la importancia del recurso judicial cuando las medidas voluntarias no alcanzan. No obstante, este artículo subraya que las medidas voluntarias y jurídicas pueden servir distintos fines. Available from: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-0973

The aim of this article is to propose that the weakness of the state has been a factor although not the only one, but the one that can explain the level of introduction of organized crime in Latin America. There are not many bibliographies about this subject focused on this problem, and perhaps because of the fact that there are no failed states in Latin America (besides Haiti), the state is not considered important for the understanding and solution of this problem. Nevertheless, it is precisely state’s weakness, which is a general situation throughout the whole region, that converts Latin American states into more attractive places than the failed states for the implementation and the expansion of illegal activities of organized crime. This weakness can drive the states to a way of protecting the organized crime. This scenario helps to explain why this particular implantation of the crime organized exists in the region. Although it is necessary to differentiate the situation among the Latin-American countries.

Según estudios de organismos nacionales e internacionales, se evidencia altos niveles de corrupción en el país, a pesar de adoptar diferentes mecanismos legales. Por eso, se buscó delimitar las raíces de la corrupción en Colombia; la legislación nacionales con mayor corrupción; y las posibles soluciones. Se concluyó, la necesidad de adoptar medidas coercitivas, desarrollar una cultura desde la educación, para formar un ciudadano cumplidor de la ley en beneficio su comunidad.

La corrupción constituye un fenómeno que inquieta de modo creciente a la sociedad mexicana. Su presencia atraviesa diversas dimensiones (la economía, la cultura política, la justicia, el orden electoral) y sus manifestaciones más preocupantes se expresan en la creciente inseguridad en distintas regiones del país. En este ensayo se examinan las interpretaciones que desde varias perspectivas se han hecho en torno al origen y la dinámica de expansión de la corrupción en México. Se reconstruyen los argumentos de intelectuales como Octavio Paz, Gabriel Zaid, Jorge Portilla, Fernando Escalante, Jorge Castañeda, Mauricio Merino e Irma Eréndira Sandoval. Al analizar sus contribuciones, el ensayo se propone mostrar que la corrupción es un fenómeno multifactorial que requiere antídotos multidimensionales, y en la lucha contra esta patología se han hecho indispensables no sólo cambios en el diseño institucional, sino también y sobre todo en el orden político. Acabar con la impunidad supone cambios estructurales y una amplia y comprometida participación ciudadana. La corrupción, se afirma, contribuye a reproducir la desigualdad y es el principal instrumento que emplea el poder para perpetuarse.

“Nosotras. Territorio que habla” es la materialización creativa de la necesidad de denunciar, de testimoniar, de reflexionar desde la propia voz de tres madres, Luz Marina Bernal, María Ubilerma Sanabria y Lucero Carmona, cuyos hijos fueron ejecutados por el ejército colombiano entre el 2007 y el 2008. En este libro ellas comparten su experiencia de tantos años de injusticia. El relato de tan cruento capítulo en la historia de la violencia de un país, lo contamos a través del archivo personal de estas mujeres, de la necesidad de saber y de reclamar justicia, de la investigación, la denuncia, el posicionamiento político y el análisis común. Queremos compartir cómo está siendo esta experiencia, desde esa corpo-política de estas tres madres cuyas narrativas indagan y se preguntan sobre la violencia y la impunidad. Para ello proponemos tres epígrafes que pretenden ofrecer algunas respuestas a (1) cómo se tomó la decisión de escribir juntas un libro; (2) cómo está siendo este proceso y (3) para qué hacemos lo que hacemos o el porqué de relacionarnos de otra manera.

La transparencia, la actuación frente al fraude y sobre todo de qué manera evitar la impunidad, situación muy grave para las organizaciones y el Estado, se han convertido tanto en los sectores públicos como privados en demandas sociales. Según la Encuesta sobre fraude y delito económico 2018, de Price Waterhouse Coopers Méxicoindica que del porcentaje de organizaciones que experimentaron delitos económicos (2016-2018), el mayor incremento en delitos económicos se registró en América Latina, con un alza de 25 puntos porcentuales en comparación con 2016, países de Europa del Este y Asia Pacífico experimentaron un aumento de 14 y 16 puntos porcentuales, respectivamente. Para esta investigación se utilizaron los métodos cualitativo (estudio de casos) y analítico con el objetivo de contribuir a la generación de protocolos de actuación frente al fraude mediante la presentación de casos acontecidos en compañías y una recopilación de estándares y publicaciones que define la importancia y el rol de la auditoría interna en la investigación de fraudes.