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En el marco del régimen jurídico aplicable de las Asociaciones Público Privadas, se pretende identificar la violación del interés público y buena fe, específicamente, en virtud a la cláusula de terminación anticipada en el contrato de concesión de infraestructura de transporte de Asociación Público Privada —APP—, como consecuencia de la nulidad absoluta y declaratoria de pago de los costos, inversiones y gastos ejecutados por el contratista en el desarrollo del contrato estatal, cuando el concesionario o los integrantes de este hayan dado lugar a la causal por la existencia de una conducta dolosa en la comisión de un delito o una infracción administrativa relacionada con la celebración o ejecución del contrato. Lo anterior, en virtud de la prevalencia del derecho de propiedad privada sobre el principio de interés público, como consecuencia del pago del pasivo externo del proyecto con terceros de buena fe —por parte del sistema bancario—. Ello genera los mal llamados “elefantes blancos” por la no consecución final del objeto contractual y los fines del Estado Social Derecho e interés público, al no tener garantía en nuestro ordenamiento para la consecución del contrato estatal. Within the framework of the applicable legal regime of Public-Private Partnerships, it is intended to identify the violation of the public interest and good faith, specifically, by virtue of the early termination clause in the concession contract for transport infrastructure of public-private partnership –APP–, as a result of the absolute nullity and declaration of payment of costs , investments and expenses executed by the contractor in the development of the State contract, when the concessionaire or the members of it, have given rise to the cause, for the existence of a wilful conduct in the commission of a crime or an administrative infraction related to the conclusion or execution of the contract. above, by virtue of the prevalence of the right of private property over the principle of public interest, as a result of the payment of the external liability of the project with third parties in good faith -banking system-. Thereby, this produces the so-called "white elephants" because of the non-final achievement of the contractual object and the purposes of the social state right and public interest , as there is no guarantee in our legal system for the achievement of the state contract. Magister en Derecho Contractual Público y Privado Maestría

RESUMEN. Teniendo a la vista el estado actual del derecho de contratos, el presente artículo indaga sobre la justificación normativa de diversos deberes de conducta derivados de la buena fe. Se procura demostrar que algunos deberes encuentran su justificación normativa en un modelo de individualismo desinteresado -que, en términos generales, impone la necesidad de no lesionar los legítimos intereses del otro-, mientras que otros la encuentran en un modelo de altruismo moderado -que, en determinadas hipótesis, impone un deber de sacrificar o poner en riesgo la satisfacción de los intereses propios-. Se concluye que, aunque buena parte de los deberes derivados de la buena fe encuentran su justificación normativa en un modelo de altruismo moderado, la buena fe reposa sobre una fundamentación normativa dual en el estado actual del derecho de contratos. ABSTRACT. This article, bearing in mind the current state of contract law, inquires about the normative justification of various duties of conduct derived from good faith. It seeks to demonstrate that some duties find their normative justification in a model of disinterested individualism -which, in general terms, imposes the duty of not to harm the legitimate interests of the other- while others find it in a model of moderate altruism -which, in certain hypotheses, it imposes a duty to sacrifice or jeopardize the satisfaction of one's own interests-. It is concluded that, although a good part of the duties derived from good faith find their normative justification in a model of moderate altruism, good faith continues to find a dual normative foundation in the current state of contract law.

RESUMEN No cabe duda de que la buena fe desempeña un papel fundamental en el derecho de contratos moderno; sin embargo, su campo de acción y por ende el papel del juez parecen variar según la apertura del sistema de fuentes del ordenamiento en que se pretende aplicar. Así, el ejemplo de las soluciones que se ofrecen frente al fenómeno de la excesiva onerosidad sobrevenida, y en particular en tiempos de pandemia, muestra cómo ellas varían de un ordenamiento a otro según la posibilidad del juez de recurrir a la equidad para fundar su decisión. ABSTRACT There is no doubt that good faith plays a fundamental role in modern contract law, however, its field of action and therefore the role of the judge seem to vary according to the openness of the system of sources of the legal system in which it is intended to be applied. Thus, the example of the solutions offered to the phenomenon of supervening hardship, particularly in times of pandemic, shows how they vary from one legal system to another according to the judge's possibility of resorting to equity to underlie his decision.

Debido a la gran demanda de celebración de contratos de seguro, las aseguradoras han implementado la contratación de estos a través de contratos de adhesión, que eventualmente implican un desequilibrio entre las partes. Esto conlleva a que la aseguradora pueda imponer cláusulas abusivas al tomador y/o asegurado, que vayan en detrimento de sus derechos, lo cual ocurre con frecuencia. No obstante, los criterios para identificar cláusulas abusivas en el contrato de seguro no están plenamente determinados en nuestro ordenamiento jurídico. De ahí la gran importancia de que el tomador, asegurado y/o beneficiario conozca los presupuestos que las configuran. Por lo tanto, en este trabajo se identificarán los criterios de las cláusulas abusivas en el marco del contrato de seguro en Colombia, a partir de un análisis integrado de las leyes pertinentes, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina nacional y extranjera. Posteriormente, se realizará un análisis casuístico que permitirá poner en práctica, y así afianzar, la teoría previamente analizada., Due to the high demand of insurance contracts, the insurers have implemented the contracting of these through adhesion contracts, which possibly imply an unbalance between the parties. As a result, the insurance company usually imposes unfair terms on the insured, in detriment of his rights. However, the criteria for identifying unfair terms in the insurance agreement are not fully specified in our legal system. Therefore, it is of major importance for the insured to be aware of the requirements that make up such clauses. Consequently, this paper will identify the characteristics of unfair terms in the framework of the insurance contract in Colombia, based on an integrated analysis of the relevant laws, the jurisprudence of the Supreme Court of Justice and the national and foreign doctrine. Afterwards, a casuistic analysis will be carried out, which shall allow to put into practice, and thus reinforce, the previously analyzed theory.

A través de un estudio sistemático de la norma mercantil bajo parámetros descriptivos y prescriptivos, se pretende examinar si las objeciones del asegurador a las reclamaciones directas que se les presenta, deben continuar siendo “serias” y “fundadas” a la luz del Código de Comercio y el Estatuto del Consumidor Financiero, a pesar de la derogación que hizo la Ley 1564 de 2012 a dichas expresiones consagradas en el enunciado normativo del numeral 3 del artículo 1053 del Código de Comercio. Así las cosas, se busca una exposición coherente de las reglas que sistematizan el deber de información contractual, el principio de la buena fe y el deber de vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, para concluir que no es necesario revivir la regla que introdujo el artículo 80 de la Ley 45 de 1990 mediante la cual se cualificaba la fórmula de la objeción, pues la oposición del asegurador siempre debe ser seria y fundada, so pena de pagar la indemnización de forma principal o ser multado de forma subsidiaria., Through a systematic study of the commercial law under descriptive and prescriptive parameters, this paper aims to examine whether the insurer's objections to the direct claims should continue to be “serious” and “well-founded” in accordance with the Commerce Code and the Financial Consumer Statute of Colombia, based on the basis that those words were repealed of numeral 3 of article 1053 of the Commerce Code by Law 1564 of 2012. With which, in the development of the thesis, the reader will find a coherent exposition of the rules that systematize the duty of contractual information, the principle of good faith and the duty of vigilance of the Superintendencia Financiera, to conclude that it is not necessary revive the rule of article 80 of Law 45 of 1990 by which the objection formula was qualified, because the insurer's opposition must always be serious and well-founded, under penalty of paying compensation, primarily, or being fined, subsidiary.

Con el cambio que introdujo el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, se creó lo que se conoce como pactos de exclusión salarial o de desalarización, entendidos como aquellos “acuerdos realizados entre el empleador y el trabajador, con el fin de restar incidencia salarial a ciertos beneficios y auxilios que va a recibir durante su relación contractual” (Becerra, González, 2019, p g. 21). En otras palabras, son acuerdos a través de los cuales el empleador y trabajador determinan qué beneficios y/o auxilios extralegales no tendrán incidencia salarial durante la ejecución y vigencia del contrato de trabajo. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y de la Corte Constitucional, analizan y decantan el alcance y validez de estos pactos. Se afirma por un lado, que los pactos sí lo pueden versar sobre pagos que no cuenten con el elemento caracterizador del salario, es decir, que no tengan como fin remunerar directamente el servicio prestado por el trabajador – contraprestación directa del servicio –, y por otro, que el consentimiento que se precisa para predicar la validez de los actos jurídicos que surgen en el marco de las relaciones de trabajo, debe ser un consentimiento libre, consciente y espontáneo. En el presente trabajo se analiza desde un punto de vista doctrinal, legal y jurisprudencial la naturaleza y requisitos de validez del acto jurídico con el fin de determinar si los pactos de exclusión salarial pueden enmarcarse dentro de la teoría del acto jurídico y por lo tanto si su validez requiere que se cumpla con los cuatro requisitos que instituye el derecho para que las partes pueden obligarse válidamente, estos son, la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito y físicamente posible, y la causa real y lícita. En vista del largo desarrollo jurisprudencial que ha existido sobre la materia, y la confusión que aún se presenta sobre los pagos o conceptos que pueden o no ser objeto de los pactos de desalarización, se analizan cuáles son las sumas que se consideran salario y aquellas que por su naturaleza no lo son, para poder puntualizar los pagos sobre los cuales puede versar válidamente un pacto de exclusión salarial, en armonía con los principios de orden constitucional y legal que aplican en las relaciones laborales, como son, la primacía de la realidad sobre las formalidades escritas, la buena fe, el carácter de orden público de las normas que consagran los derechos laborales, entre otros. With the change introduced by Article 15 of Law 50 of 1990, it was created what is known as salary exclusion agreements or desalarization agreements, understood as those "agreements made between the employer and the employee, in order to subtract salary incidence to certain benefits and aids that the employee will receive during the contractual relationship" (Becerra, Gonz lez, 2019, p. 21). In other words, they are agreements through which the employer and the employee determine which benefits or extra-legal benefits will not have a salary incidence during the execution and validity of the employment contract. The jurisprudence of the Supreme Court of Justice, Labor Cassation Chamber and the Constitutional Court, analyze and determine the effect and validity of these agreements. On the one side, it is affirmed that the agreements can only deal with payments that do not have the characterizing element of salary, that is, that do not have the purpose of directly remunerating the service provided by the worker - direct compensation for the service -, and on the other side, that the consent required to advocate the validity of the legal acts that emerge within the framework of labor relations, must be a free, conscious and spontaneous consent. This assignment analyzes from a doctrinal, legal and jurisprudential point of view the nature and requirements of validity of the legal act in order to determine whether the salary exclusion agreements can be framed within the theory of the legal act and therefore whether its validity requires compliance with the four requirements established by law so that the parties can validly commit themselves, these are capacity, consent free of vices, the lawful and physically possible object, and the real and lawful cause. In view of the long jurisprudential development that has existed on the issue, and the confusion that still exists regarding the payments or concepts that may or may not be subject to desalarization agreements, we analyze which are the amounts that are considered as salary and those that by their nature are not, in order to be able to specify the payments on which a salary exclusion agreement may validly be based, in harmony with the constitutional and legal principles that apply in labor relations, such as the primacy of reality over written formalities, good faith, the public order nature of the rules that establish labor rights, among others. Magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social Maestría

La Ley 1564 de 2012, nombrada como Código General Del Proceso, en su título IV permite a la persona natural no comerciante acogerse al régimen de insolvencia, la cual puede depurar sus deudas manteniendo la posibilidad de continuar con su patrimonio o en última instancia, entregar sus bienes como parte de pago, convirtiendo sus acreencias en obligaciones naturales, saneando así, su estado económico y de crédito. El objeto del presente artículo consiste en el analizar la ley 1564 de 2012 denominada Código General Del Proceso en su título IV correspondiente a la insolvencia de personas naturales no comerciantes; se utilizó una metodología de tipo descriptivo con técnica de revisión documental. Se concluye en que la información que suministre el deudor, debe ajustarse, además de los preceptos legales al principio de buena fe, con la que actúa ante terceros y el conciliador; quien sirve como mediador en la etapa concursal, permitiendo a las personas optar por la “ley de insolvencia”, entre otras causas, y así, superar el periodo de recesión por el que atravesamos debido a la pandemia mundial causada por el virus SARS-CoV-2, reiterando en la responsabilidad que tiene el deudor de obrar con transparencia, lo que redunda en una solución efectiva y favorable para las partes. Law 1564 of 2012, named as the General Code of the Process, in its Title IV allows the non-trading natural person sumbit to the insolvency regime, which can purify his debts while maintaining the possibility of continuing with his assets or as last resort, deliver his assets as part of payment, converting his liablities into natural obligations, thus, cleaning up his economic and credit situation. The purpose of this article is to analyze the law 1564 of 2012 called General Code of the Process in its title IV corresponding to the insolvency of non-trading natural persons; a descriptive methodology with documentary review technique was used. It is concluded that the information supplied by the debtor, in addition to the legal precepts, must adjust to the principle of good faith, which acts before third parties and the conciliator; who serves as mediator in the insolvency stage, allowing people to opt for the "insolvency law", beside other causes, and thus, overcome the period of recession we are going through due to the global pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, reiterating the debtor responsibility of act with transparency, which results in an effective and favorable solution for those who are involved. Magister en Derecho Privado Maestría

RIASSUNTO. Il Tribunale di Roma configura l'obbligo di rinegoziazione dei contratti di durata, il cui equilibrio risulti modificato dalla pandemia legata al covro. La decisione ravvisa, in capo alle parti, un generale obbligo di eseguire il contratto in buona fede e attribuisce al giudice la possibilità di procedere a una revisione giudiziale. Si tratta di una decisione attesa da tempo in dottrina e che si conforma alle indicazioni dell'Ufficio Massimario della Cassazione espresse nella nota 56/2020. ABSTRACT: The Tribunal of Rome imposes an obligation to renegotiate long-term contracts, the balance of which has been modified by the covro pandemic. The decision establishes a general obligation for the parties to execute the contract in good faith and gives the judge the possibility of a judicial review. This is a long-awaited decision in doctrine which complies with the indications of the Supreme Court of Cassation expressed in its memorandum 56/2020.

En ésta investigación se concluye que si la discusión entre el los particulares y la DIAN se enmarca en la aplicación e interpretación de una norma que ya ha sido objeto de estudio por parte de la autoridad tributaria nacional a través de un concepto tributario, es innecesario y, por lo tanto, vulnerador de la tutela judicial efectiva exigir como requisito, para acudir a la jurisdicción, la interposición del recurso de reconsideración, salvo la excepción que surge cuando se ha dado respuesta en debida forma al requerimiento especial dentro del procedimiento de determinación de impuestos. A la anterior conclusión se llegó después de profundizar en tres temas fundamentales: (i) el derecho a la tutela judicial efectiva, en donde se resaltó en la prerrogativa en él incorporada relacionada con el acceso a la justicia; (ii) la razón de ser de los conceptos tributarios expedidos por la U.A.E. DIAN y su imposibilidad de ser desconocidos por esa entidad administrativa; y (iii) los objetivos buscados con la exigencia del recurso de reconsideración en el procedimiento tributario nacional. A partir de lo anterior y teniendo como apoyo un caso concreto e información estadística de la resolución de recursos de reconsideración por parte de la U.A.E DIAN, se refuerza y reafirma la conclusión del trabajo de investigación. Como parte final del trabajo, se proponen algunas posibles soluciones para superar la afectación a la tutela judicial efectiva, como la creación de un Tribunal Fiscal Administrativo, el establecimiento de un régimen de advance tax ruling y la modificación del artículo 720 del Estatuto Tributario, entre otros. In this investigation it is concluded that if the tax legal discussion between the individuals and the DIAN is framed in the application and interpretation of a tax law that has already been studied by the national tax authority through a tax concept or general tax ruling, it is unnecessary infringing of effective judicial protection when it requires as a requirement, to go to the jurisdiction, the filing of the appeal for reconsideration, except for the exception that arises when a response has been given in due form to the special requirement within the procedure for determining the taxes. The previous conclusion was reached after delving into three fundamental issues: (i) the right to effective judicial protection, where the prerogative incorporated in it related to access to justice was highlighted; (ii) the rationale for the tax concepts issued by the U.A.E. DIAN and its impossibility of being unknown by that administrative entity; and (iii) the objectives sought with the requirement of the appeal for reconsideration in the national tax procedure. Based on the foregoing and having as support a specific case and statistical information on the resolution of reconsideration appeals by the U.A.E DIAN, the conclusion of the research work is reinforced and reaffirmed. As a final part of the work, some possible solutions are proposed to overcome the impact on effective judicial protection, such as the creation of an Administrative Tax Court, the establishment of an advance tax ruling regime and the modification of article 720 of the Tax Statute, among others.

RESUMEN. El presente trabajo tiene por finalidad demostrar que la buena fe puede ser considerada no solo como principio del derecho civil patrimonial, sino que también como un principio del derecho de familia. Siendo así, la buena fe familiar permitiría determinar que los miembros de una familia tienen el deber de comportarse leal y correctamente en el cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen entre sí, de manera que un comportamiento desleal e incorrecto será constitutivo de mala fe, lo cual permitiría fundamentar una acción de indemnización por incumplimiento de los deberes familiares. ABSTRACT. The present work aims to prove that good faith might be considered not only as a principle within the patrimonial Civil Law, but also as a principle within the Family Law. Being like that, family good faith would allow to determine that the members of a family have the duty of behaving loyally and correctly while accomplishing the duties and obligation among them, so a disloyal and incorrect behavior would constitute bad faith, which can be considered as an argument to sustain a compensation action for the breach of family duties.

The Argentine Civil and Commercial Code lacks an express norm imposing on the delinquent creditors the obligation to reimburse the expenses and compensate the damages caused by their default. However, the doctrine recognizes that obligation without giving many explanations. This article uses the methodology of legal dogmatics and aims at addressing the problem using Argentine legislative and doc- trinal sources and reviewing some European and Latin American regulatory models. After examining this material, an attempt is made to build a solution based on concepts and rules present in the Argentine Code itself. In particular, the normative definition of obligation, the requirements that derive from good faith, useful employment and enrichment without cause which make possible to create an articulated solution that can respond to the problem of the negative consequences suffered by the debtor willing to comply, but unable to free himself for reasons attributable to the creditor's own realm, guilty or not. El Código Civil y Comercial argentino carece de una norma expresa que imponga al acreedor moroso el deber de reembolsar los gastos y resarcir los daños provocados por su mora. Con todo, la doctrina reconoce ese deber sin dar muchas explicaciones. Este artículo emplea la metodología propia de la dogmática jurídica y se propone abordar el problema a partir de las fuentes legislativas y doctrinarias argentinas y revisar algunos modelos normativos europeos y latinoamericanos. Tras examinar ese material, se intenta construir una solución basada en conceptos y reglas presentes en el propio Código argentino. En particular, la definición normativa de obligación, las exigencias que derivan de la buena fe, el empleo útil y el enriquecimiento sin causa permiten componer una solución articulada capaz de dar respuesta al problema de las consecuencias negativas sufridas por el deudor dispuesto a cumplir, pero imposibilitado de liberarse por razones que son atribuibles a la esfera propia del acreedor, culpable o no. O Código Civil e Comercial argentino carece de uma lei expressa que imponha ao credor moroso o dever de reembolsar as despesas e ressarcir os danos provocados por sua mora. Contudo, a doutrina reconhece esse dever sem dar muitas explicações. Este artigo utiliza a metodologia própria da dogmática jurídica e se propõe a abordar o problema a partir das fontes legislativas e doutrinárias argentinas, e verificar alguns modelos regulatórios europeus e latino-americanos. Após examinar esse material, tenta-se construir uma solução baseada em conceitos e regras presentes no próprio Código argentino. Em específico, a definição normativa de obrigação, as exigências que derivam da boa-fé, o emprego útil e o enriquecimento sem causa permitem compor uma solução articulada capaz de dar resposta ao problema das consequências negativas sofridas pelo devedor disposto a cumprir, mas impossibilitado de se liberar por razões que são atribuídas à esfera própria do credor, culpado ou não.

espanolEl presente articulo original breve, da conocer resultados preliminares de un estudio realizado en el ano 2 014 sobre la perdida del bien en obligacion proveniente de delito o falta y la restitucion del bien regulada por el ordenamiento juridico peruano, por consiguiente tiene el objetivo de establecer el sentido interpretativo del articulo 1 140° del Codigo Civil de Peru estableciendose que el deudor (autor del delito o falta) tiene la obligacion de pagar el valor del bien cierto, surgido por la comision del delito o falta al acreedor (tercero adquirente de buena fe), por la imposibilidad juridica de entregar un bien que fue restituido a su legitimo titular. Este supuesto no se aplica cuando el deudor (delincuente) ha constituido en mora al acreedor (tercero adquirente de buena fe). Para llegar a este resultado, se acudio a los saberes del derecho de obligaciones y el derecho penal, que nos permitieron contextualizar el problema interpretativo. En la investigacion se empleo el metodo juridico (dogmatico juridico), tecnicas de interpretacion juridica y fichas textuales de revision bibliografica. EnglishThis original article brief, gives release preliminary results of a study conducted in the year 2014 on the loss of the good obligation from crime or misdemeanor and the restitution of property governed by Peruvian law, therefore it aims to establish the interpretive meaning of Article 1140 of the Civil Code of Peru established that the debtor (author of the crime or offense) is required to pay the value of a good, arising from the commission of the offense or lack the creditor (third party purchaser in good faith), by the legal impossibility to deliver a well that was returned to its rightful owner. This course does not apply when the debtor (the offender) has been in arrears to creditor (third party purchaser in good faith). To reach this result, he came to the knowledge of contract law and criminal law, which allowed us to contextualize the interpretive problem. The investigation employment legal method (legal dogmatic), techniques of legal interpretation and textual records of literature review.

El seguimiento de los principios del derecho frente a las diferentes etapas de la contratación, lleva a evaluar la aplicación de postulados como la confianza legítima que se deben los contratantes en etapas como la precontractual, específicamente en contratación atípica, como en los contratos de colaboración empresarial; etapa en la cual se generan tratos entre las partes que conllevarían a la formalización del contrato principal pero que la inobservancia del principio de la buena fe y el rompimiento inesperado de las tratativas preliminares por uno de los contratantes conllevarían a la obligación de reparar los daños causados a la parte afectada. (Texto tomado de la fuente) The follow-up of the principles of the law in front of the different stages of the hiring, leads to evaluate the application of postulates as the legitimate trust that the contractors owe in stages such as pre-contractual, specifically in atypical hiring, as in business collaboration contracts ; stage in which deals are generated between the parties that would lead to the formalization of the main contract but that failure to observe the principle of good faith and the unexpected breakdown of preliminary negotiations by one of the contractors would lead to the obligation to repair the damages caused to the affected part. Maestría

Actualmente en Colombia la responsabilidad de los administradores se encuentra regulada por la Ley 222 de 1995. Dentro de la misma, se transforma de una tendencia únicamente romano germánica, a una tendencia donde se incluyen conceptos anglosajones, en materia del derecho societario. A través de dicha regulación se determina como opera el régimen especial de responsabilidad frente a los administradores de las sociedades. Sin embargo, se ha venido identificando por sectores de la doctrina que, puede traer más beneficios a la economía y a los comerciantes una regulación derivada principalmente del derecho anglosajón, pues se entiende que de esta forma puede existir una mejor armonía entre la normatividad y la realidad. Teniendo esto en cuenta, se presentó un proyecto de ley que proponía crear una nueva regulación frente al régimen especial de responsabilidad de los administradores, la cual tomaba como base principalmente normas existentes en Estados Unidos. Dicho proyecto no prosperó en el Congreso, sin embargo, se ha evidenciado que en la jurisprudencia se han utilizado principios derivados de la normatividad anglosajona para fallar en casos donde se pretendía determinar si había responsabilidad de los administradores. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la discusión frente a si se debe realizar o no una reforma o modificación a la actual normatividad regulatoria sobre el régimen especial de responsabilidad de los administradores. Por lo que se procede a analizar la actual situación y se determina cuál sería la recomendación personal que se podría plantear para el asunto en cuestión., Currently in Colombia, the responsibility of the managers is regulated by the Law 222 of 1995. Inside this Law, the regulations transform form an only Roman-Germanic tendency to a regulation with also Anglo-Saxon concepts included in corporate law. Through this Law the Congress determined how the special regime of responsibility on managers of companies is going to operate. Although, it has been identified that in commercial matters, a regulation derived principally from Anglo-Saxon Law could bring more benefits to the economy and merchants, because this could bring a better harmony between normativity and reality. Having said that, there was a project of law that proposed a new regulation of the special regime of the managers, using laws form USA to use as a guide. This project wasn’t successful in the Congress, but the high courts have used principles from Delaware Laws to decide in cases where they wanted to identify if there was responsibility from the managers of companies. Having said this, a discussion begins on this matter, analyzing if the current law on the special regime of responsibility of the managers should or shouldn’t have a reform or a modification. We proceed to make an analysis on the current situation and afterwards determine what could be a personal recommendation that could be proposed for this matter.

espanolEste articulo analiza el rol de la accion de cumplimiento tras el escenario que supuso el incumplimiento del Gobierno sobre lo pactado en los acuerdos regionales que motivaron la terminacion del Paro Nacional Agrario de 2013, mediante los cuales se suscribio el compromiso de suspender mecanismos policivos de decomiso y destruccion de semillas no certificadas, asi como de mejorar condiciones para continuar con las practicas tradicionales de resiembra que a los campesinos les ha garantizado su soberania alimentaria durante generaciones. El problema juridico que se busca abordar es de si tal incumplimiento se genero o no en un contexto de inseguridad juridica para las comunidades campesinas, en su condicion de administrados y, si en tal sentido, se presento una defraudacion de su confianza legitima. Se propone que, a traves de la legitima confianza y la buena fe como enfoques interpretativos, la accion de cumplimiento seria invocable en esta situacion particular. EnglishThe article analyzes the role of the compliance action after the scenario supposing the failure of the Government to comply with the regional agreements that led to the termination of the National Agrarian Strike in 2013 through which commitment to suspend police confiscation mechanisms and destruction of non-certified seeds, as well as to improve conditions to continue with the traditional practices of replanting, which have guaranteed peasants their food sovereignty for generations, was signed. The legal problem to be addressed is whether the non-compliance was generated in a context of legal uncertainty for the peasant communities in their condition of being administered and, in that sense, if defrauding of their legitimate expectations was present. It is proposed that, through legitimate trust and good faith as interpretive approaches, enforcement action would be invoked in this situation.

Resumen El presente artículo tiene por objetivo examinar dos cuestiones: Por una parte, el control al que debe someterse la facultad unilateral de poner término al contrato por incumplimiento como herramienta de tutela, conforme a los parámetros de la buena fe contractual y, por otra, aceptando que la buena fe es una herramienta de valoración del comportamiento del acreedor, determinar cuál sería el régimen de responsabilidad aplicable en el caso que el acreedor ejerza dicha facultad contra la buena fe y cause daños, en su ejercicio, al deudor. Abstract The purpose of this article is to examine two issues. On the one hand, the control to which the unilateral power to terminate the contract for nonperformance must be submitted, as a tool of contractual remedy, in accordance with the parameters of contractual good faith and, on the other hand, accepting that good faith is a tool of assessment of the behavior of the creditor, determine what would be the liability regime applicable in the case that the creditor exercises such power against good faith and causes damage, in its exercise, to the debtor.

The present Essay analyzes the duty of the Administration to provide reliable, completeand truthful information to the bidders whom it calls to participate in a selectionprocess and also the consequences derived from the breach of this duty. In the sameway, this Essay analyzes the scope of the duty to be informed that the bidders havewhen applying for selection processes called by the public entities. El presente estudio analiza el deber de la administración de suministrar informaciónfiable, completa y veraz a los postores a quienes convoca para participar en un procesode selección y, además, las consecuencias derivadas del incumplimiento de este deber.Del mismo modo, analiza el alcance del deber de informarse que tienen los postorescuando postulan a procesos de selección convocados por las entidades públicas.

RESUMEN. El presente artículo realiza un análisis critico de la regulación contemplada en el código de procedimiento civil de los medios probatorios cuya iniciativa corresponde a las partes durante la segunda instancia. El evaluador de dicha regulación será la carga de prueba objetiva, la que comprende ciertos objetivos de buena fe procesal. Se sostiene que la posibilidad de rendir prueba en segunda instancia permite comportamientos estratégicos y una divergencia entre los intereses públicos y privados. Por tanto, la presentación de prueba en esa instancia debe limitarse a la existencia de hechos nuevos. Esto último es más acorde con la finalidad revisora del recurso de apelación. ABSTRACT. This article makes a critical analysis about the regulation contemplated in the civil procedure code regarding the means of proof whose initiative corresponds to parties during the processing of the second instance. The evaluator of this regulation will be the burden of objective proof, which includes certain objectives in good procedural faith. It is argued that the possibility of testing in the second instance allows strategic behaviors and a divergence between public and private interests. Therefore, the presentation of evidence in that instance must be limited to the existence of new facts. The latter is more in line with the review purpose of the appeal.

En el presente ensayo se abordan las tres etapas de la contratación estatal, haciendo énfasis en la etapa precontractual, en la cual comienza el proceso de la contratación. Dentro del estudio de dicha etapa se observará la importancia de los estudios previos y los requisitos para comenzar el curso de este proceso. Igualmente se habla del acuerdo de voluntades dentro de esta etapa, en donde no se consolida una obligación jurídica pero que dicho ánimo de querer formar un negocio basta para tenerse en cuenta como palabra dada. Contenido Palabras Clave ........................................................................................................... 3 Keywords .................................................................................................................. 4 Introducción .................................................................................................................. 5 Formulación del Problema .............................................................................................. 6 Objetivo general ......................................................................................................... 6 Objetivos Específicos ................................................................................................. 6 Etapas de la contratación estatal ...................................................................................... 6 Etapa precontractual ................................................................................................... 6 Acuerdo de Voluntades en la etapa pre-contractual ............................................................ 9 Principio de Buena fe y alcances ................................................................................... 10 Buena fe subjetiva .................................................................................................... 11 Buena fe objetiva ..................................................................................................... 11 Garantía de seriedad en la oferta .................................................................................... 14 Confianza legitima ....................................................................................................... 17 Reparación de daños antijurídicos .................................................................................. 19 Interés negativo ........................................................................................................ 21 Daños al contratista reconocidos por el consejo de Estado en la etapa precontractual .......... 22 5 Conclusiones ............................................................................................................... 23 Bibliografía ................................................................................................................. 24 In this essay, the three stages of state contracting are addressed, emphasizing the pre-contractual stage, in which the contracting process begins. Within the study of this stage, the importance of previous studies and the requirements to begin the course of this process will be observed. Likewise, there is talk of the agreement of wills within this stage, where a legal obligation is not consolidated but that the spirit of wanting to form a business is enough to be taken into account as a given word. Pregrado

The present investigation studies the good faith from the point of view of Private Law, evidenced as: its frequent invocation does not always bring with it a thorough understanding of the principle; in this way, it is reviewed in a famous way, by some elementary notions and classifications developed both at the doctrinal and jurisprudential level; the above, with the clear purpose of laying the foundations from which, must derive the doctrine of own acts, which despite its application vitality, has not been fully studied and even less, assimilated -in regarding its budgets and characteristics- in the Costa Rican forum. La presente investigación estudia la buena fe desde el punto de vista del Derecho Privado, evidenciado como: su frecuente invocación no siempre lleva aparejada una cabal comprensión del principio; de este modo, se pasa revista de forma célere, por algunas nociones elementales y clasificaciones desarrolladas tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial; lo anterior, con el claro propósito, de dejar sentadas las bases a partir de las cuales, debe derivarse la doctrina de los actos propios, misma que a pesar de su vitalidad aplicativa, no ha sido del todo estudiada y menos aún, asimilada -en cuanto a sus presupuestos y características- en el foro costarricense.&nbsp

RESUMEN. Este trabajo problematiza el requisito de la imprevisibilidad como condición de aplicación de los remedios de adecuación o resolución del contrato previstos por el nuevo código civil y comercial argentino de 2014 para el supuesto de excesiva onerosidad sobrevenida. Pese a que el reciente texto normativo, a diferencia del sustituido, lo omite, la doctrina argentina y una incipiente jurisprudencia lo dan por existente. Tras un análisis del dispositivo legal y de las distintas interpretaciones, se propone una solución diversificada: la imprevisibilidad será un requisito cuando la onerosidad sobrevenida sea "excesiva", pero no habrá de exigirse cuando, además de excesiva, sea manifiestamente "irrazonable o inicua". ABSTRACT. The present article has as main goal to problematize the requirement of the unpredictability as a condition for the application of the adjustment remedies or to provoke the resolution of the contract, which is established by the recent Civil and Commercial Code of Argentina (2014) for those cases in which the performance of the contract becomes excessively onerous. Despite the lack in the previous named legal code, unlike the former one, most of the Argentinian authors, as well as an incipient jurisprudence, its recognize its existence. After dealing with the regulatory text, as well as its many different interpretations, we will propose a "diversified" solution: the unpredictability should be a requirement when the performance of the contract becomes excessively onerous; on the contrary, it shouldn't be such a requirement when, as well as an excessively onerous, the performance of the contract becomes also unreasonable or iniquitous.

La autoconfiguración de las cláusulas del contrato sobreviene en obligaciones entre las partes y, de conformidad con la autonomía de la voluntad, responden al interés general, como principio previo al ordenamiento jurídico. La sistematización de su fundamento jurídico permite -mediante un análisis lógico- la concreción de conocimientos sobre la estructura teórica del contrato como instrumento jurídico regulador de la economía. Dicho análisis se basa en la buena fe que irrumpe como un principio general del Derecho, que construye actuaciones condicionadas y derivan consecuencias jurídicas a interpretarse de la forma que más favorezca su aplicación. Esa interpretación es la vía para alcanzar la progresividad de los derechos del individuo en la sociedad a partir del desarrollo de las políticas públicas., The autoconfiguration of the clauses of the contract ensues in obligations between the parties and in accordance with the autonomy of the will respond to the general interest, as a prior principle to the legal system, the systematization of its legal basis allows through a logical analysis the concretion of knowledge about the theoretical structure of the contract as a regulatory legal instrument of the economy, based on good faith that breaks down as a general principle of law, which constructs conditioned actions and derives legal consequences to be interpreted in the way that favors its application, as a way to achieve the progressiveness of the rights of the individual in society based on the development of public policies., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Caracterización de la buena fe y la teoría del enriquecimiento sin causa en el derecho público Los sistemas contractuales públicos y privados se encuentran ampliamente regulados por las normas de derecho positivo. En algunas ocasiones, al margen del cumplimiento de solemnidades legales, se presentan hechos que dan origen a la aplicación y consolidación de los principios de la buena fe y el enriquecimiento sin causa como una manera de equilibrar la relación asimétrica existente entre el Estado y el Contratista. Así, el presente artículo esboza los criterios básicos delimitados por la ley, la jurisprudencia y la doctrina para predicar la responsabilidad del Estado derivado del beneficio obtenido por él mismo en una relación dada por fuera del vínculo contractual estatal. De esta manera, se presentará el régimen general de protección aplicable y se analizará, desde su naturaleza jurídica, las implicaciones de las figuras en el derecho público. Desarrollo del principio de la buena fe en la figura del enriquecimiento sin causa a la luz de las tesis del consejo de estado El Consejo de Estado hasta el año 2012 consideraba la existencia de responsabilidad del Estado en aplicación del enriquecimiento sin causa teniendo como fundamento la buena fe y la equivalencia de prestaciones mutuas. A partir de la Sentencia de Unificación se pusierono en riesgo principios constitucionales y principios generales del Derecho que hacían menos gravosa la situación para los contratistas que prestan servicios o ejecutan obras a favor del Estado por fuera del marco contractual. Así, el presente artículo analiza si existe afectación del principio de Buena Fe en materia de Contratación Estatal en Colombia dentro de la aplicación de la figura del enriquecimiento sin causa y si constituye una involución o retroceso jurídico en el arte de administrar justicia. The public and private contractual systems are widely regulated by the rules of positive law. On some occasions, apart from compliance with legal solemnities, there are facts that give rise to the application and consolidation of the principles of good faith and unjust enrichment as a way to balance the asymmetric relationship between the State and the Contractor. Thus, this article outlines the basic criteria defined by law, jurisprudence and doctrine to preach the responsibility of the State derived from the benefit obtained by him in a relationship given outside the state contractual relationship. In this way, the applicable general protection regime will be presented and the implications of the figures in public law will be analyzed from their legal nature. The Council of State until 2012 considered the existence of responsibility of the State in the application of unjust enrichment based on good faith and the equivalence of mutual benefits. Since the Unification Judgment, constitutional principles and general principles of the Law were put at risk, which made the situation less burdensome for contractors who provide services or execute works in favor of the State outside of the contractual framework. Thus, this article analyzes whether there is an affectation of the principle of Good Faith in the matter of State Contracting in Colombia within the application of the figure of enrichment without cause and if it constitutes an involution or legal backwardness in the art of administering justice. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

Actualmente en el derecho se plantean grades retos ante las diversas y novedosas modalidades de intercambio de bienes y servicios; la asimetría reconocida ya por la legislación colombiana ubica a los consumidores en una situación de inferioridad que requiere la especial protección de sus derechos. Así, a través del método inductivo sobre la base del estudio del programa “Cheviplan” en Colombia, el presente escrito analiza la relación jurídica y tipología contractual que se deriva de los “Contratos de Autofinanciamiento Comercial”. De esta manera, se presentará el régimen de protección aplicable, y se analizará la efectividad del mismo frente a los problemas que suscita su uso en el tráfico mercantil; finalmente, por ser el sistema de autofinanciamiento comercial una figura que está latente en Latinoamérica, veremos algunas de las posturas de la doctrina argentina y mexicana que han surgido en torno al contrato estudiado. LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN LOS CONTRATOS DE AUTOFINANCIAMIENTO COMERCIAL El propósito de este artículo consiste en analizar la relación de consumo que deriva de los contratos de autofinanciamiento comercial en Colombia, para de esta manera establecer el régimen de protección al consumidor que le es aplicable y los mecanismos de defensa judicial existentes en el ámbito de las funciones jurisdiccionales otorgadas a ciertas entidades administrativas. Actually, the law poses great challenges in the face of diverse and novel modalities of exchange of goods and services; the asymmetry already recognized by Colombian legislation places consumers in a situation of inferiority that requires the special protection of their rights. Thus, through the inductive method based on the study of the "Chiviplan" program in Colombia, this article analyzes the legal relationship and contractual typology derived from the "Commercial Self-Financing Contracts". In this way, the applicable protection regime will be presented, and its effectiveness will be analyzed in the face of the problems caused by its use in commercial traffic; finally, because the commercial self-financing system is a figure that is latent in Latin America, we will see some of the positions of the Argentine and Mexican doctrine that have arisen around the contract studied. The purpose of this article is to analyze the consumption relationship derived from commercial self-financing contracts in Colombia, in order to establish the applicable consumer protection regime and the existing judicial defense mechanisms in the field of jurisdictional functions granted to certain administrative entities. Abogado http://unidadinvestigacion.usta.edu.co Pregrado

espanolSe aborda en este articulo el examen de la controversia entre Bolivia y Chile sobre la obligacion de negociar un acceso al oceano Pacifico, centrandose en la decision dictada en cuanto al fondo del asunto en la Sentencia de 1 de octubre de 2018. En el se analizan previamente los planteamientos desarrollados tanto por Bolivia como por Chile en las sucesivas fases del procedimiento y se incide en la restrictiva delimitacion del objeto de la controversia efectuado por la Corte en su previa decision sobre admisibilidad (excepcion preliminar) de 24 de septiembre de 2015. Tras lo cual el analisis de la decision de 2018 revela un enfoque de la Corte plegado a un formalismo y a una concepcion voluntarista del Derecho internacional, incapaz de extraer la mas leve significacion juridica de los numerosos intercambios diplomaticos entre las partes a lo largo de casi un siglo de contactos. Frente a ello se defiende que una aproximacion mas flexible a los elementos del caso, prestando la debida atencion al principio de buena fe, hubiera podido extraer unas conclusiones diametralmente opuestas y el consiguiente reconocimiento de una obligacion juridica a cargo de Chile. EnglishThis article addresses the study of the dispute between Bolivia and Chile regarding the obligation to negotiate an access to the Pacific Ocean, focusing on the judgment on the merits of 1 October 2018. It starts by considering the stands taken by both Bolivia and Chile in the successive phases of the procedure, leading to the defining of restrictively the object of the controversy made by the Court in its previous decision on admissibility (preliminary objection) of 24 September 2015. Further, the analysis of the 2018 judgment reveals a Court’s approach inspired by a formalist and voluntarist conception of International Law, unable to overlooking the slightest legal significance of the numerous diplomatic exchanges between the parties over almost a century of contacts. Contrary to this angle, it is argued that a more flexible approach to the elements of the case, paying due attention to the principle of good faith, might have drawn diametrically opposed conclusions and the consequent recognition of a legal obligation incumbent to Chile.

El presente trabajo determinará si en el ámbito nacional colombiano es viable la incorporación de sujetos no signatarios del pacto arbitral. Para sustentar la vinculación de sujetos que no han suscrito formalmente el convenio arbitral, se partirá de la relativación de la autonomía de la voluntad, para luego tratar los principios de kompetenz kompetenz y de indubio pro arbitris y las teorías internacionales. Finalmente, se analizarán algunos casos de carácter nacional e internacional que ayuden a identificar las falencias en el arbitraje doméstico. (texto tomado de la fuente) This paper will determine if non-signatories may be bound by arbitration agreetment in Colombia. In order to support the binding non-signatories who have not formally signed an arbitration agreement, it will be based on the relative party autonomy, and then discuss the principles of kompetenz kompetenz and indubio pro arbitris and international theories. Finally, some national and internacional arbitral awards will be analyzed to identify the shortcomings in domestic arbitration. Maestría

RESUMEN. La negociación es un proceso de recaudo e intercambio de información que les permite a las partes determinar la viabilidad de la operación y los términos más eficientes para contratar. Negociar no significa contratar, y cualquiera de las partes podrá retirarse de la negociación, siempre que se respeten los postulados de la buena fe. NO obstante, cuando surge una situación de confianza se deberán examinar los motivos que acompañan la decisión. Cuando estos son razonables se mantiene la regla de la asunción de las inversiones propias y cada parte asumirá los costes del fracaso. si se estiman caprichosos, cambia la regla y las inversiones deberán ser internalizadas por quien se retira. El presente artículo analiza aquellos motivos que podrían tenerse por válidos en una hipotética ruptura. ABSTRACT. Negotiation is mainly a process of collecting and exchanging information to determine whether an operation is desirable at all and what terms are best. Negotiation does not mean contracting, therefore the parties can freely withdraw from negotiation at any time before reaching an agreement, whenever they act in good faith. Where a reliance situation arises, however, reasons for the breaking-off matter. If they seem reasonable, each party bears their own investments, otherwise, the improper party must compensate investments carried out by the aggrieved one. This paper analyses certain reasons that could be acceptable in a hypothetical breaking-off.

espanol Este trabajo problematiza el requisito de la imprevisibilidad como condicion de aplicacion de los remedios de adecuacion o resolucion del contrato previstos por el nuevo codigo civil y comercial argentino de 2014 para el supuesto de excesiva onerosidad sobrevenida. Pese a que el reciente texto normativo, a diferencia del sustituido, lo omite, la doctrina argentina y una incipiente jurisprudencia lo dan por existente. Tras un analisis del dispositivo legal y de las distintas interpretaciones, se propone una solucion diversificada: la imprevisibilidad sera un requisito cuando la onerosidad sobrevenida sea “excesiva”, pero no habra de exigirse cuando, ademas de excesiva, sea manifiestamente “irrazonable o inicua”. EnglishThe present article has as main goal to problematise the requirement of the unpredictability as a condition for the application of the adjustment remedies or to provoke the resolution of the contract, which is established by the recent Civil and Commercial Code of Argentina (2014) for those cases in which the performance of the contract becomes excessively onerous. Despite the lack in the previous named legal code, unlike the former one, most of the Argentinian authors, as well as an incipient jurisprudence, its recognize its existence. After dealing with the regulatory text, as well as its many different interpretations, we will propose a “diversified” solution: the unpredictability should be a requirement when the performance of the contract becomes excessively onerous; on the contrary, it shouldn’t be such a requirement when, as well as an excessively onerous, the performance of the contract becomes also unreasonable or iniquitous.

Resumen En el contexto de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se establecen algunas medidas en el Decreto 902 de 2017 con el fin de facilitar la implementación de una reforma rural integral. Esas medidas pueden ir en contravía de la protección a la propiedad privada. El autor propone una lectura de la protección de la propiedad privada legítimamente adquirida con base en los principios generales del derecho, la buena fe y la confianza legítima, con el fin de evitar equivocaciones en el momento de aplicar el Decreto 907 de 2017. Abstract Measures in order to facilitate the implementation of a comprehensive rural reform are established in Resolution 902 of 2017, part of the agreements signed between the Colombian Government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Some of these measures might go against the protection of private property. The author proposes a reading of the property protection legitimately acquired based on the general principles of law, good faith and legitimate expectation, in order to avoid misinterpretations when applying the measures of the aforementioned Resolution.

Resumen La buena fe contractual tiene la forma de una cláusula general cuya aplicación presupone delegar en el juez la tarea de definir en concreto los deberes de comportamiento o efectos jurídicos que se derivan de la misma y que constituyen el contenido implícito del contrato. Para realizar esa tarea el juez debe efectuar una valoración de todas las circunstancias concretas a la luz de los valores y fines remitidos por la buena fe, de manera que su aplicación presupone la existencia y ejercicio de una potestad delegada, pero estrictamente dirigida, orientada a concretizar el estándar del contratante leal y honesto. La necesidad del derecho de contratos de contar con un instrumento de esa naturaleza radica en la falta de exhaustividad de sus normas, permitiendo la buena fe, primero, morigerar la aplicación puramente formal de la ley cuando en atención a circunstancias particulares esa aplicación lleva a resultados insatisfactorios y, segundo, hacerse cargo de las transformaciones sociales que inciden en la institución del contrato y que resultan imprevisibles para el legislador. La buena fe permite, de esta manera, la aplicación coherente y el desarrollo interno del derecho de contratos, de un modo que resulta consistente con los valores y fines que lo fundan. Abstract Good faith in Contract Law has the form of a general clause. Its application presupposes a delegation to the judge of a power to determine in particular cases the specific content of the legal duties or the legal effects implied in a contract. In order to carry this task forward, the judge must assess all the circumstances specific to the case in light of the values and purposes to which good faith points at. Its application, therefore, presupposes the exercise of a delegated but strictly directed power, aimed at specifying the meaning of the good faith standard. The need for such a standard stems from the lack of exhaustivity of the norms of Contract Law. Thus, good faith allows alleviating the unsatisfactory results brought forth by a formalistic application of the Law of Contract and also giving due consideration to the changes in economic and social circumstances which were unforeseeable to the legislator. In this sense, good faith fosters a coherent application and a development of Contract Law that is consistent with its foundational goals and values.

espanolEl presente trabajo trata los problemas de las antinomias en el derecho procesal en relacion con el principio de la buena fe adjetiva. Lo anterior, con ocasion de la reciente incorporacion al ordenamiento juridico procesal chileno de la Ley sobre Tramitacion Electronica que contiene expresamente el instituto y ademas menciona la posibilidad de contravenir los propios actos dentro de las figuras contrarias al principio. EnglishThis paper deals with the problems of antinomies in procedural law in relation to the principle of adjective good faith. This, on the occasion of the recent incorporation to the Chilean procedural legal system of the Law of Electronic Processing that expressly contains the institute and also mentions within the figures contrary to the principle, to the own acts.

The civil codes of Argentina and Perú are two of the few South American civil laws that, with different legal formulas, recognize on the creditor party a burden or duty of mitigate damages. On this basis, this paper aims to arrive, after a general approach to the duty or burden of mitigate damages in case of breach of contract, to a brief comparative analysis about the regulation that this figure has received in both civil codes, dealing with matters related not only to the structure and content of rules concerning this duty, but also to the juridical nature and foundations of the mitigation. All in order to stablish the existing similarities and differences between rules that incorporate the duty to mitigate damages in the civil codes of Argentina and Perú, the possibility of finding a common juridical foundation to both legislations, and the incidence of such a foundation in the interpretative scope of the rules mentioned. Los códigos civiles de Argentina y Perú son de los pocos códigos sudamericanos que han recogido expresamente, aunque con fórmulas distintas, el deber o carga que tiene el acreedor de evitar o mitigar los daños. Atendiendo a esta particularidad, en el presente trabajo, luego de una aproximación general al deber o carga de mitigar los daños en casos de incumplimiento contractual, arribamos a un breve enfoque comparativo de la regulación que dicha figura ha recibido en ambas legislaciones,abordando aspectos referidos no solo a la estructura y contenido de las respectivas reglas, sino vinculados también con la naturaleza jurídica y los fundamentos de la mitigación. Todo ello, con el fin de establecer las semejanzas y diferencias existentes entre las reglas que recogen el deber de mitigar los daños en los códigos civiles de Argentina y Perú, la posibilidad de encontrar un fundamento jurídico común a ambas legislaciones, y la incidencia de dicho fundamento en los alcances interpretativos de las citadas reglas.

Resumen: Este trabajo explora las posibilidades que abre el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, conforme al cual la referida Corte se declara competente para conocer de la demanda presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia, en abril del año 2013, en contra de la República de Chile. En virtud de esta demanda Chile estaría obligado a negociar de buena fe una salida soberana al océano Pacífico en favor de Bolivia. A propósito de dicho pronunciamiento, se intenta dar respuesta a cuatro interrogantes: i. ¿cuál es el sentido de la expresión “buena fe” en el dominio del derecho internacional público?; ii. ¿cuál es el alcance de la expresión “estar obligado a negociar de buena fe”?; iii. ¿cuál ha sido la jurisprudencia de la Corte en esta materia?, y iv. ¿qué se puede esperar del fallo de la Corte Internacional de Justicia a la luz de la teoría, la práctica y la jurisprudencia internacionales? Abstract: This paper explores the possibilities that arise from the recent judgment of the International Court of Justice at The Hage, under which the aforementioned Court declares that has jurisdiction to entertain the Application filed by the Plurinational State of Bolivia on April 2013 against the Republic of Chile. According to this Application, Chile would be obliged to negotiate in good faith with Bolivia in order to reach a fully sovereign access to the Pacific Ocean. According to that statement four questions should try to be answered: i. ¿What is the meaning of good faith in the field of international law?; ii. ¿What is the scope of the term “be obliged to negotiate in good faith”?; iii. What has been the jurisprudence of the Court on this matter?, and, iv. ¿What can be expected from the judgment of the International Court of Justice according to the theory, practice and international jurisprudence?

RESUMEN Este artículo se ocupa del análisis de algunos principios hermenéuticos esenciales cuyo alcance normativo define el ejercicio racional de las relaciones obligatorias y, en consecuencia, las contractuales, así como las extrancontractuales, en un mundo globalizado. El análisis está construido desde una visión constitucionalista del derecho privado que enarbola los postulados del Estado Constitucional y Social de Derecho y el avance del Derecho internacional en la regulación de las operaciones económicas y comerciales. Estos principios constituyen un marco jurídico esencial para garantizar el equilibrio y la equidad en las relaciones económicas, evitando los excesos de los grupos económicos fuertes o de los sujetos del vínculo obligacional o contractual situados en posición dominante o de preeminencia sobre el otro, abogando por un equilibrio contractual real, favoreciendo la protección de los derechos del consumidor en la totalidad del ciclo económico, en un contexto de aprovechamiento racional de los recursos naturales en forma incluyente, solidaria y humanizada. ABSTRACT This paper analyses some hermeneutic principles whose normative scope defines the rational exercise of mandatory relationships and, as a consequence, contractual and extracontractual relationships. This analysis is built from a constitutional view of private law, which emphasizes in postulates of the Constitutional and Social Law State and the advancement of International Law on regulation of economic and commercial transactions. In a context of rational use of natural resources, those principles constitute the legal framework to ensure balance and equity in economic relationships, by preventing excesses of strong economic groups -or those contractual subjects in a dominant position- and favoring the protection of consumer rights along the business cycle. RESUMO Este artigo ocupa-se da análise de alguns princípios hermenêuticos essenciais cujo alcance normativo define o exercício racional das relações obrigatórias e por consequência as contratuais, assim como as extracontratuais em um mundo hoje globalizado. A análise está construída desde uma visão constitucionalista do direito privado que arvora os postulados do Estado Constitucional e Social de Direito e o avanço do Direito Internacional na regulação das operações económicas e comerciais. Estes princípios constituem um marco jurídico essencial para garantir o equilíbrio e a equidade nas relações económicas, evitando os excessos dos grupos económicos fortes ou dos sujeitos do vínculo obrigacional ou contratual situados em posição dominante ou de preeminência sobre o outro, advogando por um equilíbrio contratual real, favorecendo a proteção dos direitos do consumidor na totalidade do ciclo económico, em um contexto de aproveitamento racional dos recursos naturais em forma inclusiva, solidária e humanizada.

Resumen : Los procesos de modernización de la justicia civil en curso de ser implementados en Chile reconocen como características, por una parte, la instauración de un modelo de juzgamiento oral fundado en el principio adversarial, con fuerte injerencia de las partes en su conducción, y por otra, una manifiesta promoción, públicamente alentada, de los sistemas alternativos de solución de conflictos (SARC). La adopción de etapas de revelación temprana de evidencia pertinente (discovery y disclosure) modeladas a partir de la experiencia comparada del common law norteamericano e inglés presenta una serie de efectos que facilitan la promoción de ambas características del nuevo diseño procesal, tornando necesario que se considere la inserción de aquellas en las iniciativas de reforma en curso, de ser puestas en marcha. Abstract : The civil justice modernization process currently under implementation in Chile, features, on one hand, the establishment of an adversarial-founded oral trial model in which parts hold a central and relevant role, and on the other, a publicly fostered and openly promoted initiative towards the adoption of Alternative Dispute Resolution (ADR) means. The incorporation of early stages of disclosure of relevant evidence (discovery or disclosure) modelled by the american and british common law experience display a series of positive consequences for both characteristics of the new process design, making it necessary to ponder on the insertion of the aforementioned within the initiatives of reform presently under discussion.

La investigación trata sobre la interpretación del requisito de la Buena Fe que regula el artículo 950° del Código Civil para adquirir un Bien mediante Prescripción Adquisitiva de Dominio corta u ordinaria. El Objetivo Principal del presente trabajo de investigación fue determinar la influencia de la interpretación del requisito de la Buena Fe en la Adquisición de un Bien mediante la Prescripción Adquisitiva de Dominio. El tipo de investigación fue Cualitativo y el nivel Básico Teórico. El Método y Diseño de investigación fue descriptivo, dogmático e inductivo. La Población en estudio estuvo constituida por las sentencias que hemos obtenido del año 2010 al 2015 de Órganos Jurisdiccionales en las que hubo referencia a la Prescripción Adquisitiva de Dominio; y la Muestra fue de diez (10) Sentencias con un muestreo no probabilístico. La conclusión a la que arribó la Tesis fue que a través del análisis de las sentencias estudiadas se llegó a comprobar la Hipótesis Principal, es decir, que para adquirir un Bien mediante la Prescripción Adquisitiva de Dominio corta u ordinaria, se debe requerir contar con una Buena Fe de tipo Objetivo. The investigation is about the interpretation of the requirement of Good Faith that regulates article 950 of the Civil Code to acquire a Good through Short or Ordinary Domain Acquisition Prescription. The main objective of this research was to determine the influence of the interpretation of the requirement of Good Faith in the Acquisition of a Good through the Domain Acquisition Prescription. The type of research was Qualitative and Basic Theoretical. The Research Method and Design was descriptive, dogmatic and inductive. The study population was constituted by the sentences that we obtained from the year 2010 to 2015 of Jurisdictional Organs in which there was reference to the Prescriptive Acquisition of Domain; and the Sample was ten (10) Sentences with a non-probabilistic sampling. The conclusion reached by the thesis was that through the analysis of the judgments studied, the main hypothesis was verified, that is, to acquire a good through the short or ordinary domain procurement, it must be required to have a Good Faith of type Objective Tesis

La Tesis Doctoral define los límites de los derechos fundamentales del trabajador en las relaciones laborales, proponiendo un criterio para adecuar las fricciones entre estos derechos y el poder directivo empresarial. Para tanto, propone la aplicación articulada de los principios de dignidad humana, proporcionalidad y buena fé. La dignidad humana porque actúa no solo como límite inmanente de los derechos fundamentales – límites de los límites – pero también como un límite externo en un núcleo de moralidad, estableciendo la idea de que el derecho al trabajo no permite a uno hacer todo lo que quiera. Una vez que el derecho fundamental esté adecuado a su contenido esencial de dignidad, se investiga si su ejercicio en las relaciones laborales está de acuerdo a la buena fé y, al fin, vencidas estas etapas, se el empleador al ejercer el poder directivo empresarial al limitar el derecho fundamental, observa el principio de proporcionalidad.

La presente investigación tiene por objeto, establecer los fundamentos constitucionales que permitan convalidar a la confianza legítima para obtener la seguridad jurídica en las decisiones de la Administración Pública en Colombia, teniendo en cuenta que esta figura no hace parte del ordenamiento constitucional colombiano, razón por la cual se hace necesario conocer su origen, evolución histórica, postulados teóricos y realizar un análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, instancias que han venido involucrando la confianza legítima en el derecho colombiano, y en consecuencia establecer si es suficiente este respaldo para quienes adquirieron derechos y las decisiones respecto de quienes están frente a meras expectativas; contextos por los que es imperioso analizar si convalidar la confianza legítima con ciertos fundamentos de rango constitucional, coadyuva a generar una percepción de seguridad y por ende la eficacia propia de los actos administrativos, presupuestos que también son necesarios para inspirar las actuaciones por las que la administración revoca sus propios actos. Es así, que se percibe un panorama poco alentador cuando la administración de manera abrupta despoja de ciertas prerrogativas que venían gozando los administrados, sin que de manera previa se haya adelantado un período de transición en que se les brinde alternativas de solución, dejándoles en una situación de desprotección jurídica a la hora de pretender exigir la nulidad del acto administrativo y el restablecimiento de sus derechos soportados en la vulneración de la confianza legítima, cuando tal figura no tiene la categoría de principio constitucional que respalde con mayor eficacia el debido proceso ante las autoridades judiciales encargadas de definir el asunto. This research aims to establish the constitutional foundations that allow validate the legitimate expectations to get a sense of legal certainty in the decisions of the Public Administration in Colombia, given that this figure is not part of the constitutional order, reason why it is necessary to advance a series of investigations that reveal the origin, historical evolution, theoretical postulates and jurisprudential analysis of the Constitutional Court and the State Council, instances latter are the architects of involvement so far, the legitimate expectation Colombian law, and thus establish whether sufficient this support for administrative actions that create legal situations individuals either vesting or conversely the failure to protect them, contexts for which it is imperative to pretend that the legitimate expectations with certain fundamentals of constitutional status that provide a sense of security validates and therefore the actual effectiveness of administrative acts, budgets are also needed to inspire the actions by the administration sometimes revoked their own actions. In this way, a somber picture is perceived when the management abruptly despoiled of certain privileges that came enjoying managed without prior manner has advanced a transition period to be provided with alternative solutions, leaving them in a situation of legal vulnerability when trying to demand the annulment of the administrative act and restores their rights supported breach of legitimate expectations when such a figure does not have the status of constitutional principle, to support more effectively due proceedings before the judicial authorities to define the issue.

En la legislación laboral española se regulan una serie de motivos por las cuáles se permite despedir disciplinariamente a un trabajador. Una de las causas que más relevancia tiene, hoy en día, es la transgresión de la buena fe contractual. La buena fe se aplica en todo el ordenamiento jurídico español, no obstante, donde mayor incidencia tiene, por la implicación personal de los trabajadores, es en el contrato de trabajo. Tanto en la legislación laboral, como en la legislación española en general, no se concreta el significado del término “buena fe”, por lo que, para poder saber qué tipo de conductas se encuadran en el despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual, es necesario hacer un análisis de la jurisprudencia y la doctrina judicial de los diferentes Tribunales., The Spanish labor legislation regulates a series of reasons for which it is allowed to dismiss a worker disciplinarily. One of the most important causes, today, is the transgression of contractual good faith. Good faith is applied throughout the Spanish legal system, however, where the highest incidence has, by the personal involvement of workers, is in the contract of employment. In both labor legislation and Spanish legislation in general, the meaning of the term "good faith" does not materialize, therefore, in order to be able to know what kind of conduct is involved in disciplinary dismissal for breach of contractual good faith, it is necessary to make an analysis of the jurisprudence and the judicial doctrine of the different Tribunals., Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado (M155)

La figura del tributo aparece habitualmente asociada a la idea de gravamen y carga ya que supone la entrega de parte del patrimonio, además de onerosas obligaciones de colaboración. Pero la contribución, además de obligación, representa un valor esencial en nuestra conveniencia ciudadana: la solidaridad. Solidaridad que constituye valor imprescindible en los Estados considerados de Derecho, por aparecer vinculado a la idea de autoimposición y dignidad, además de ser medio para la realización de los derechos prestacionales consustanciales al denominado Estado social. Si necesario resulta poner de relieve el carácter fundamental de tal deber no lo es menos efectuar un tratamiento acorde a la hora de su exigencia por los poderes públicos. En las sociedades actuales, de gran movilidad e intercambio económico, el Derecho Tributario ha de prever con antelación las conductas que le son lesivas. En tales contextos, la admisibilidad ética de algunas medidas preventivas utilizadas resulta cuestionable. Pues si las normas tributarias evidencian un compromiso ético de la sociedad, los instrumentos y formas de exigencias han de ser coherentes y, en todo caso, respetar los principios que las justifican. En el presente artículo, se pretende mostrar el carácter, además de jurídico, intrínsecamente valorativo y ético del deber de contribuir y de su exigencia. Ambos aspectos -deber y exigencia- son parte de una misma dimensión, pero de diversa perspectiva. Con el deber se afirma su vinculación y con la exigencia se estudia el papel del legislador y de la Administración, pero también sus límites. The notion of tax is generally associated with the ideas of levy and charge, as it implies the delivery of a part of one's property, along with costly obligations to collaborate. However, fiscal contribution, apart from being a duty, expresses an essential value for our citizen coexistence: solidarity. It is an indispensable value for the Rule of Law as it reckons on the ideas of self-assessment and dignity, and being also a mean for the achievement of provision rights, inherent to the so-called welfare State. It is necessary to underline the fundamental aspect of this duty along with its processing when it is required by the public authorities. In our current societies, of great mobility and economic exchange, tax law must anticipate the conducts that are harmful to it. In such contexts, the ethical eligibility of some preventive measures might be questionable. Thus, if tax rules reveal an ethical commitment of society, the instruments and forms of exigencies must be coherent, and, in any cases, respectful of the principles that justify them. This article intends to show not only the legal feature, but also the intrinsically ethical and axiological aspects of the duty to pay one's taxes and its exigency. These two features -obligation and exigency - are part of the same dimension, but from a different perspective. With the obligation, a commitment is established, and through the exigency, the role of the legislator and the administration is studied as long as its limits. A figura tributo normalmente aparece associada à ideia de carga tributária, uma vez que significa tanto a entrega de parte do patrimônio de um indivíduo quanto o surgimento de obrigações de colaboração custosas. Mas a contribuição, além de ser uma obrigação, representa um valor essencial à nossa convivência cidadã: a solidariedade. A solidariedade é um valor essencial ao Estado de Direito, por ser ligada às ideias de autoimposição e de dignidade, bem como por ser um meio de alcançar os direitos prestacionais, intrinsecamente ligados ao chamado Estado de bem-estar. É necessário destacar o aspecto fundamental deste dever em conjunto com o seu processamento ao ser requerido pelas autoridades públicas. Nas sociedades modernas, de alta mobilidade e intercâmbio econômico, o direito tributário deve antecipar os comportamentos que lhe podem ser prejudiciais. Em tais contextos, a admissibilidade ética de algumas medidas preventivas pode ser questionável. Assim, se as regras fiscais demonstram o compromisso ético de uma sociedade, os instrumentos e as formas de exigências devem ser coerentes e, em qualquer caso, respeitar os princípios que os justificam. No presente artigo, pretende-se demonstrar o aspecto não somente jurídico, mas também inerentemente axiológico e ético do dever de contribuir e de sua exigência. Ambos aspectos - exigência e dever - são parte da mesma dimensão, mas seguindo uma perspectiva diferente. Com o dever se afirma um compromisso, e, a partir da exigência, estuda-se o papel do legislador e da administração, com seus limites.

La doctrina de los actos propios es una manifestación del principio general de la buena fe, que puede ser aplicada en el Derecho del Trabajo. La irrenunciabilidad de los derechos laborales es un obstáculo superable para la aplicación de tal teoría, en la medida que se distinga entre ejercicio de derechos irrenunciables versus ejercicio abusivo de los derechos irrenunciables. The Own Acts Theory is a concrete way to realize the general principle of good faith, and potentially has application in Labour law. The non-renounceability of these labour rights is an obstacle that can be overcome by applying this theory, to the extent that there is distinction between exercises of inalienable rights versus the unlawful exercise of inalienable rights.

This article provides a different approach to the debated issue of the criterion of solution of what has come to be called “property not registered vs. embargo registered”. In it, it argues that all the solutions that has been raised (even the adopted as “binding precedent” in the judgment of the Seventh Civil CassationPlenary) are based on an optical error, because they look at the embargo act of a static way, as if it were an act that creates a final situation, forgetting that the embargo is a procedural act that is not an end in itself, but is inserted into the dynamic of the execution process, a process in which the final situation occurs (the awarding of the asset under seizure to the successful bidder or creditor, that is, the acquisition of a real right). Observed, however, theembargo on the dynamic of the executive procedure, as an act that prepares the forced alienation of the asset, is postulated, as a criterion of solution to the problem, that of priority registration (that is, the contained in the first paragraph of the article 2022 of the Civil Code, but with the tempering of the appreciation of good faith), once the annotation of the embargo “reserve priority” to the act of forced alienation of the asset. El presente trabajo pretende aportar un enfoque distinto al debatido tema del criterio de solución de lo que ha venido a llamarse “propiedad no inscrita vs. embargo inscrito”. En él, se sostiene que todas las soluciones que se han planteado (incluso la adoptada como “precedente vinculante” en la Sentencia del VII Pleno Casatorio) parten de un error de óptica, pues miran el acto del embargo de manera estática, como si se tratara de un acto que crea una situación final, olvidando así que el embargo es un acto procesal que no es fin en sí mismo, sino que se inserta en la dinámica del proceso de ejecución, proceso en el cual se produce la situación final (la adjudicación del bien embargado al postor adjudicatario o al acreedoradjudicatario, esto es, la adquisición de un derecho real). Observado, en cambio, el embargo en la dinámica del procedimiento ejecutivo, como acto que prepara la enajenación forzada del bien, se postula, como criterio de solución al problema, el de la prioridad registral (esto es, la contenida en el primer párrafo del artículo 2022 del Código Civil, pero con el atemperante de la apreciación de la buena fe), en cuanto la anotación del embargo “reserva prioridad” al acto de enajenación forzada del bien.

From a sociological angle, the buying and selling contract of future products has been consolidated in the agrobusiness field, as long as it facilitates a series of benefits from a financial, technical, or simply a convenience point of view for those who intent to use it with the purpose of commercialize or to buy future produce. From a legal point of view, the contract type previously mentioned is recognized in the Colombian law and it is classified according to the level of uncertainty of the future existence of the produce, which at the moment when the contract takes place it is nonexistent but there is a high probability of its existence in the future. The first classification is of aleatory nature and the second one is of commutative nature. Nevertheless, the laws that regulate them do not establish a clear solution in the event that the parties do not specify the type of buying and selling contract that took place in the negotiation. In order to solve the issue previously discussed, the present document suggests as a parameter to identify the type of buying and selling contract of future product the principle of good faith. Desde una arista sociológica, el contrato compraventa de cosa futura se ha consolidado en el ámbito agroempresarial, toda vez que facilita una serie de beneficios desde el punto de vista financiero, técnico o de simple conveniencia, para quienes lo empleen con el propósito de comercializar o comprar frutos futuros. Desde el punto de vista jurídico, el citado tipo contractual es reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y se clasifica según su objeto recaiga en el álea o esperanza de la existencia futura de un bien o en la cosa esperada que al momento del perfeccionamiento es inexistente, pero que en el futuro va a existir en una alta probabilidad. La primera modalidad de contrato ostenta el carácter de aleatorio y la segunda es de naturaleza conmutativa. Sin embargo, las normas que lo reglamentan no establecen una solución clara en el evento en que las partes no plasman de manera diáfana en el contenido del negocio jurídico la especie de compraventa de cosa futura que realizaron. Para resolver la problemática antes reseñada, el presente escrito plantea como parámetro jurídico para identificar la modalidad de contrato de compraventa de cosa futura el principio de la buena fe.

En los contratos de adhesión su contenido es impuesto por el predisponente al adherente sin ninguna posibilidad de ser discutido ni modificado, incrementándose así el riesgo de alteración del equilibrio jurídico del mismo, mediante la inclusión de cláusulas abusivas en su contenido. En el ordenamiento jurídico colombiano se han identificado diversas clases de cláusulas que implican beneficios desmedidos, injustos e injustificados a favor del predisponente, y que colocan al adherente en una situación de mayor debilidad. La teoría de las cláusulas abusivas surge como un mecanismo para recomponer el equilibrio jurídico roto, existiendo diferentes criterios para su aplicación en el derecho colombiano, según se trate de contratos de adhesión con consumidores o de contratos de adhesión entre empresarios (o no consumidores). The content of adhesion contracts is imposed by the proposing party to the adhering party without the possibility of being discussed or modified, thus increasing the risk of altering it's legal balance by the inclusion of unfair terms. For example, in the Colombian legal system different kinds of clauses involving excessive, unfair and unjustified benefits have been identified which benefit the proposing party and that place to the adhering party in a situation of greater weakness. Consequently, the theory of unfair clauses has arisen as a method of repairing this legal imbalance. Different criteria exist for applying this theory in Colombian law, such as in the case of adhesion contracts with consumers or adhesion contracts between employers (or non-consumers).

El autor, luego de esbozar brevemente las distintas problemáticas relacionadas con la identificación del objeto del contrato y su eventual ausencia de completitud, se ocupa de este último problema desde el punto de vista jurídico y económico, identificando las interferencias mutuas en el plano operativo. A continuación, aborda la compleja relación entre el carácter incompleto y la invalidez del contrato, centrándose en el rol de la integración ope legis de su contenido. Luego se ocupa de manera específica de las particulares causas de dichos vacíos y su relevancia en el ámbito de la eventualidad, para finalmente presentar las posibles soluciones ofrecidas por el ordenamiento italiano, concentrando la atención en el uso de la cláusula general de buena fe. The author, after having briefly outlined the various issues relating to the identification of the object of the contract, and its possible incompleteness, focuses on the problem of the incompleteness of the contract itself. By addressing the topic from both an economic and legal perspective, the author attempts to identify the interplay between these two operational levels. The author then addresses the complex relationship between the incompleteness and invalidity of the contract, focusing on the role played by legal integration. He then deals with the specific causes of incompleteness and analyzes unforeseen occurrences in particular. Finally, the author analyzes the remedies offered by Italian contract law against contractual incompleteness, focusing on the use of the general clause of good faith.