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La consulta previa a los pueblos indígenas en México se fundamenta en el reconocimiento internacional y el marco jurídico nacional que busca proteger y promover los derechos de estas comunidades. Este proceso garantiza que los pueblos indígenas puedan participar en decisiones que afectan sus vidas, territorios y recursos. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, son claves en este reconocimiento. A nivel nacional, la Constitución y diversas leyes refuerzan este derecho. Sin embargo, la implementación de la consulta previa en México ha sido inconsistente, enfrentando desafíos como la falta de claridad en los procedimientos y la resistencia de algunas autoridades y empresas. La reciente sentencia de la SCJN en el caso de la Planta de Amoniaco 2200 en Topolobampo subraya la obligación de realizar consultas genuinas y efectivas con las comunidades indígenas desde las primeras etapas de cualquier proyecto que las afecte.

El artículo tiene por objetivo presentar el uso de la técnica de análisis cuantitativo regresión logística multinomial para la identificación de los principales factores que inciden en la optimización del relacionamiento entre empresas y comunidades étnicas en escenarios de procesos de licenciamiento social y responsabilidad social empresarial (RSE). A partir del uso de la regresión logística multinomial se explicarán los principales factores que inciden en la optimización de los escenarios de diálogo, reconocimiento y construcción de consensos entre empresas y comunidades étnicas. El caso analizado se refiere a una compañía de inversión, la cual ha debido tramitar una serie de licencias sociales frente a comunidades étnicas a través de la consulta previa en la ciudad de Cartagena de Indias, lo anterior para poder dar inicio a proyectos de intervención en sus territorios. Se obtiene como resultado que el éxito en la gestión del relacionamiento de la empresa con la comunidad se basa en la confianza que logre generar al interior de esta última y en su involucramiento activo en los procesos orientados al desarrollo, fortaleciendo el tejido social a través de la comunicación, el diálogo y la implicación. Dentro de las principales conclusiones se destaca que la regresión logística multinomial es una técnica de análisis de enorme utilidad para analizar el relacionamiento de una empresa con una comunidad étnica en el marco de una consulta previa, así mismo constituye método confiable para la toma de decisiones informadas y responsables en este tipo de escenarios.

La Constitución Política de Colombia reglamenta el pluralismo, y de ahí se desprende el derecho a la consulta previa, la cual es una garantía constitucional para las comunidades étnicas. La Constitución también reglamenta la propiedad intelectual, que involucra los derechos del obtentor. Pero se ha puesto en discusión la primacía del derecho a la propiedad intelectual y el pluralismo, como en el caso del Tratado de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, ratificado mediante la Ley 1518 de 2012, que fue declarado inexequible mediante la Sentencia C-1051 de 2012, por no haber agotado el requisito de consulta previa. Este artículo pretende analizar cómo el pluralismo en toda su extensión afecta la implementación de tratados internacionales relacionados con propiedad intelectual como la UPOV de 1991.

En este artículo analizo la categoría “comunidad étnica” como mecanismo de la gubernamentalidad que gestiona y reactualiza la diferencia étnico-racial en Colombia. Para ello, examino su emergencia y uso en los procesos de la Consulta previa libre e informada. Acudo a la revisión y análisis de sentencias de la Corte Constitucional, a entrevistas en profundidad y a la observación participante en la Orinoquía para mostrar cómo la reflexión jurídica sobre los derechos a la diferencia produce nuevas subjetividades que se presentan como anteriores al Estado nación, a la vez que agencia nuevas estructuras burocráticas estatales. Este trabajo se enmarca en la antropología del Estado y se sustenta principalmente en las teorías de las identidades y la gubernamentalidad.

La Consulta Previa, se ha constituido en los últimos años como un mecanismo mediante el cual las comunidades pueden ejercer el derecho a la participación sobre los proyectos, actos o medidas legislativas que los puedan afectar directamente; sin embargo, su aplicación en el contexto colombiano presenta diversas problemáticas, esto debido a inconvenientes como la falta de claridad la consulta previa y sus productos producto del poco tratamiento legal sobre el tema. Por medio de una revisión documental del concepto de consulta previa, la naturaleza jurídica de la consulta previa y del acuerdo y el desacuerdo producto de esta, esta investigación analizó los efectos jurídicos-vinculantes derivados de los actos producto de las consultas previas en comunidades étnicas sobre actos administrativos que afectan directamente el medio ambiente; de esta forma se concluye que el carácter de derecho fundamental hace que el incumplimiento del procedimiento de consulta precia y el acuerdo que resulta de esta es una violación directa del derecho que se puede proteger vía tutela produciendo así la nulidad o suspensión de la actividad que causa el perjuicio; pero por el lado del acto administrativo de licencia ambiental que nace del desacuerdo en la consulta previa se sujeta a la jurisdicción contenciosa administrativa y su incumplimiento se resuelve por esta vía.

En Colombia se ha tratado imponer una restricción a los métodos tradicionales de resiembra, medida que atenta contra la soberanía alimentaria y los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y especialmente de las comunidades campesinas. A través de un ejercicio reflexivo y de un razonamiento inductivo es abordada esta problemática para proponer, a manera de resultado, unos lineamientos para lograr que a través de la consulta previa se involucren a los campesinos y se garanticen los derechos vulnerados.

El objetivo de este artículo es analizar la situación de la regulación de la consulta previa en el Perú, prestando especial atención a la garantía del derecho a la consulta previa durante el Estado de excepción a través de la propuesta de consulta previa virtual. Para ello, analizaremos la literatura científica reciente sobre la consulta previa en el Perú, la normativa pertinente a nivel nacional e internacional, así como los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la propuesta de consulta previa virtual. El artículo concluye que, en el caso de la consulta previa virtual, las recomendaciones de la IACHR son claras al señalar que, dadas las fallas estructurales que incluyen la brecha digital existente en los pueblos indígenas, esta medida no permitiría realizar una consulta previa que cumpla con la participación plena y la formación de la voluntad libre e informada. Asimismo, considerando las deficiencias institucionales y los desincentivos señalados respecto de la consulta previa estándar, de llevarse a cabo, agudizaría la desventaja existente entre los pueblos indígenas frente al Estado.

En los Estados latinoamericanos, las migraciones de los indígenas del campo a la ciudad tienen ya tintes históricos, no obstante, en los últimos años dichos flujos se han acelerado, debido a conflictos extractivos en sus territorios ancestrales y la búsqueda de empleo. En este contexto, los gobiernos locales de ciudades que no cuentan con una población indígena autóctona se encuentran en una situación inesperada de diversidad étnica que demanda una respuesta multicultural. Así es el caso de Nuevo León, un Estado industrial en el noreste de México, que ha recibido intensos flujos de migrantes indígenas desde la década de 1990, de forma que en 2015 más de cuatrocientas mil personas ahí residentes se autoadscribían como indígenas. A partir de trabajo de campo realizado entre 2015 y 2017, se analiza la consulta previa –que se suele asociar con conflictos territoriales– como herramienta de multiculturalidad frente a flujos de migración indígena a contextos urbanos. Se sugiere que, aun cuando las consultas realizadas no cumplan ni con los estándares del Derecho Internacional ni con los preceptos básicos de la participación ciuda- dana, pueden ofrecer un espacio simbólico que acerca a las partes para conocerse y entablar un incipiente diálogo intercultural

Las metodologías aplicadas a diferentes proyectos en el mundo, son analizadas en este artículo cuyo propósito es la identificación de criterios y aspectos que pueden ser aplicados en una metodología propuesta para la Agencia de Renovación del Territorio-ART, en Colombia. Lecciones aprendidas tanto de casos exitosos como otros que promueven una revisión más amplia de los enfoques y procesos aplicados a proyectos, permiten en este artículo una propuesta metodológica, frente a la gestión de involucrados, las fases de los proyectos, un marco regulatorio, un enfoque de bienestar y colaborativo, cuya eventual aplicación en la ART, puedan generar resultados de desarrollo local sostenible.

El presente artículo aborda el tema de la consulta previa como mecanismo de participación democrática y derecho fundamental enfocado en la protección del medioambiente, las comunidades étnicas, su entorno sociocultural y la relación entre el territorio, la identidad y los recursos naturales. En ese sentido, se analizan las distintas interpretaciones que las altas cortes han hecho del mecanismo de participación ciudadana y sus implicaciones en la construcción y protección del ambiente como recurso indispensable para la supervivencia de los pueblos.

El presente trabajo trata el análisis sobre el espejismo de la consulta previa en el Ecuador, por lo que desarrollamos un estudio reflexivo y crítico sobre la aplicación y eficacia de este derecho en el contexto constitucional ecuatoriano, desde su aparición en la norma suprema, propiciando comprender las bases conceptuales y su importancia e implicación al prescribirlo como derecho constitucional; a partir de este análisis revisamos tres aspectos fundamentales en su entorno, es decir, la eficacia, aplicación y su aspecto vinculante en el contexto jurídico ecuatoriano, por lo que intentaremos dar respuesta a la siguiente interrogante ¿por qué el derecho a la consulta previa no es vinculante?

El propósito de este artículo es sintetizar un examen crítico sobre la relación del discurso jurídico del modelo de desarrollo, las políticas nacionales sobre inversión extranjera directa y la gobernabilidad minera con las reivindicaciones de las comunidades étnicas colombianas, en especial las comunidades indígenas. Para ello, mencionaremos la literatura latinoamericana que ha impulsado una aproximación crítica al modelo de desarrollo promovido por los Estados del Norte global y las agencias multilaterales que estos presiden. Posteriormente, haremos un breve recuento histórico de la correlación entre la extracción minera extranjera y el esquema jurídico occidental que hemos heredado y acogido, que se asienta como antecedente y telón de fondo de un contexto jurídico que refleja la ineficacia de la consulta previa para alcanzar un verdadero diálogo intercultural. En este sentido, demostraremos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a este mecanismo ha defendido un régimen de verdad oficial, acorde con la metáfora de éxito del desarrollo económico y, de esta manera, ha desconocido el saber-poder situado y periférico de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en Colombia. Proceder que ha significado la ausencia de una reflexión seria sobre la interculturalidad legal (o interlegalidad) crítica.

El autor diserta ensayísticamente acerca de futilidad de la figura de la Consulta Previa, tal como se expresa en las Cartas Magnas ecuatoriana y boliviana, mientras ella no produzca obligación jurídica sobre el Estado. Se argumenta, junto a Edwar Vargas Araujo, que la consulta Previa no hace más que generar una referencia “caligráfica”, esto es, no de fuerza política real, lo que pone en riesgo el ambiente y la eco-cultura amerindia por parte de las empresas mineras e hidro-carburíferas en territorios protegidos.

El presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la forma en que se coordinan la jurisdicción especial indígena (JEI) y la jurisdicción especial para la paz, así como el rol que las comunidades indígenas desempeñan en la justicia aplicada en el posacuerdo. Para lograrlo, emplea el enfoque empírico-analítico y el exploratorio-descriptivo desde el caso Embera Chamí en Riosucio (Caldas), apoyándose en el diálogo con dicha comunidad desde su conocimiento sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los posibles conflictos que pueden darse en la aplicación de la justicia transicional en sus dimensiones sancionatorias o penales. Como resultado, se encuentra que las jurisdicciones interactúan en el marco de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, con fundamento en la armonía institucional, la diversidad jurídica y el entendimiento entre culturas, lo cual permite que la coordinación entre ambas encuentre múltiples expresiones. Como conclusión se encuentra que, lejos de asumir un rol pasivo y a pesar del conflicto de competencias que se produce, la jurisdicción especial indígena reivindica distintos roles en la justicia del posacuerdo en temas como la asistencia, atención, reparación integral de las víctimas, reconstrucción de la verdad y de la memoria, reincorporación de indígenas excombatientes, entre otros.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para la implementación del acuerdo.

Los pueblos indígenas se han desarrollado en un contexto de exclusión con enfoques asimilacioncitas, especialmente en Latinoamérica. En este sentido, varias han sido las luchas de estos pueblos para impedir la imposición de la cultura hegemónica en su identidad, costumbres y tradiciones, con la finalidad de hacer efectivos sus derechos. Uno de estos derechos fundamentales, es la consulta previa, misma que se encuentra establecida en normativa internacional como es, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, pese a la promulgación de normas cuyo fin es el respeto y protección a los pueblos indígenas, esta normativa por lo general, no cumplen con la finalidad para la que fueron creadas. El estudio que se presenta en las siguientes líneas se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa, con una perspectiva analítico-descriptiva; específicamente, se realizó el análisis de la Sentencia T-444/19 de la Corte Constitucional colombiana, evaluando un caso en el que se evidenció como verdaderamente se materializa la relación de los pueblos indígenas y las empresas, cuál es la realidad de la consulta previa, así como, cuál es el papel del Estado como garante de los derechos humanos dentro de ese escenario en Colombia.

El artículo propone una lectura en clave de las relaciones economía/cultura, que busca identificar las tensiones y paradojas en las cuales se debaten las existencias colectivas de pueblos y comunidades indígenas colombianas, al relacionarse en sus territorios con intereses y proyectos económicos empresariales foráneos. El texto realiza un doble recorrido sintético, que reconoce hitos de luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Colombia, y problematiza algunos de los instrumentos normativos que actualmente regulan las relaciones entre pueblos, Estado y empresas, así como sus apropiaciones paradójicas por parte de organizaciones sociales y comunidades. Se recurre a experiencias de trabajo en instituciones, así como a registros de trabajo de campo de los autores, buscando conexiones y rupturas entre los esfuerzos comunitarios por sobrevivir de manera colectiva, construir su autonomía y resguardar sus relaciones territoriales, y las presiones económicas de distinta escala y envergadura que participan en sus dinámicas vitales en el marco de un creciente extractivismo que plantea retos para comunidades y empresas.

El objetivo propuesto en esta investigación consiste, en examinar la efectividad de la consulta previa realizada en el corregimiento de pasacaballos, de la ciudad de Cartagena con motivo del proyecto Sociedad Portuaria Puerto Bahía; para ello la metodología empleada fue la de la investigación socio jurídica y aplicada para el derecho y las técnicas de recolección de la información fueron las primarias ya que se aplicaron encuestas sociales a integrantes de la base social que viven en dicha localidad, para establecer su percepción sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Sociedad Portuaria Puerto Bahía en la Consulta Previa realizada por su Consejo Comunitario, y medir estadisticamente su impacto en el desarrollo socioeconómico de dicha comunidad; además se utilizaron fuentes secundarias como la ficha bibliográfica que permitió realizar un análisis de contenido a libros, capítulos de libros y artículos científicos y elaborar así el estado de la discusión sobre la consulta previa en Colombia a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinal. Encontramos que los resultados de las encuestas sociales aquí analizadas estadísticamente denotan según el sentir de los encuestados, el poco desarrollo social del corregimiento mencionado entre los años 2014 a 2018, aun cuando el proyecto en mención, durante el desarrollo de la consulta previa realizada por el consejo comunitario pactó unas compensaciones proporcionales al daño recibido por los afrodescendientes que allí habitan, dada la imposibilidad de gozar y usar su territorio, por poner en riesgo su vida debido a la instalaciones portuarias que tiene una terminal de líquidos al granel, que además durará instalado por tiempo indeterminado.

El presente artículo lleva a cabo una aproximación al conocimiento tradicional como un elemento esencial de la identidad, el territorio y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Se analizan algunos escenarios de vulneración por parte de la industria de la moda, que dan cuenta de la desprotección de los derechos e intereses de las comunidades, quienes a través de estos saberes, técnicas y costumbres reflejan su relación con el mundo que les rodea. El enfoque metodológico analítico escogido, permitió llevar a cabo una reflexión integral a partir de diversas fuentes especializadas. Así, tras plantear la problemática antes descrita, los autores proponen, a manera de resultados, redimensionar el comercio justo y garantizar el derecho a la consulta previa desde un escenario constitucional.

A pesquisa possuiu o cerne de refletir a respeito da participação dos povos indígenas no cenário das políticas públicas sob a análise da sociedade de conhecimentos. Todas as ações governamentais devem respeitar as diversidades culturais, e as políticas públicas pressupor as representatividades dos coletivos. Em razão disso, as políticas indigenistas devem proporcionar o diálogo direto entre aqueles que as criam e os que são considerados destinatários (indígenas). É necessária a participação democrática e cidadã indígena naquilo que diz respeito às medidas estatais que lhes atinjam diretamente, posto que se deva resguardar a existência pluricultural diversificada em uma sociedade de conhecimento. Assim sendo, há necessidade de consulta indigenista prévia para a construção das políticas públicas, à medida que as normas de um Estado Democrático do Direito asseguram as existências culturalmente diferenciadas. Por fim, ressalta-se que para a confecção deste ensaio realizou-se estudo exploratório bibliográfico, sob o enfoque do método qualitativo.

Este artículo analiza las actas concernientes a los procesos de consulta previa sobre hidrocarburos, con el objetivo de determinar si el Estado peruano cumplió con las normas internacionales de derechos humanos o, por el contrario, si el derecho a la consulta previa se redujo a un proceso informativo que legitima al estado peruano para que proceda con la exploración o explotación de hidrocarburos en territorios indígenas. Las actas pertenecen a las etapas de Evaluación Interna y de Diálogo. En las Actas de Evaluación Interna están plasmadas la reflexión y deliberación de las comunidades indígenas sobre la medida propuesta. En las Actas de Consulta —denominadas así por ley— se plasman los acuerdos totales o parciales alcanzados durante el diálogo entre representantes de las comunidades indígenas, quienes transmiten el contenido de las Actas de la Evaluación Interna, y los representantes de la entidad que promueve la aprobación de la medida. Recibido: 06 marzo 2020 Aceptado: 14 mayo 2020 Publicación en línea: 26 junio 2020

El presente ensayo trata sobre las políticas públicas del estado, de protección a los pueblos indígenas, que se basan solo en el derecho a la consulta formal; sin embargo, este derecho tiene como finalidad llegar a un acuerdo a través de una negociación “libre e informada”; dicha forma de protección, es necesaria pero no suficiente; ya que todo sistema social está influido por muchos factores; factores que en un Estado dirigido por una ideología neoliberal, no son tomados en cuenta, lo que cuenta es la maximización de beneficios del individuo.

Este artículo ofrece un mapa de las «instituciones participativas» (ip) que se presentan en escenarios de conflicto en megaproyectos en minería, hidrocarburos e industrias de energía eólica e hidroeléctrica en México. Argumentaremos que existen disonancias significativas entre el marco jurídico que regula las ip y su implementación. Adicionalmente, se establecen hipótesis exploratorias en torno a posibles relaciones entre ip y tres resultados perseguidos por los principales actores involucrados en los conflictos antes señalados, que a su vez implicarían intercambios subóptimos entre sí: 1) impedir la instalación de megaproyectos, 2) disminuir la violencia y 3) obtener beneficios pecuniarios por parte de las comunidades afectadas por megaproyectos.

El gobierno colombiano le ha apostado a lo que llama locomotora minera, sin tener una visión sobre el impacto que tendría a futuro en las zonas donde se lleva a cabo la explotación. Por esto, el objetivo de esta investigación es determinar el impacto que ha tenido el desarrollo minero en torno al desarrollo sostenible con repercusiones económicas y sociales, en los departamentos del cesar, guajira y magdalena. Los datos presentados son de entidades del estado colombiano y ong’s. En este artículo, se encontraron inconsistencias al momento de asignar licencias ambientales otorgadas por las entidades respectivas hacia algunas empresas para poder ejecutar los proyectos mineros, desconociendo anticipadamente derechos de la comunidad protegidas de estas regiones, sin utilizar la consulta previa.

The tension between neoliberalism and human rights in Latin America has served as a broth of crops of new categories of analysis such as the concept of constitutional regulatory state, that arises in a context of economic development focused on the production of materials bonuses and the constitutional consolidation of a discourse of rights, in which the courts constitutional have assumed an important role. This document explains how to has developed this process in the regulation of prior consultation in Colombia, Peru and Chile, to demonstrate the permanent interaction between branches of public power, especially those cuts, and discourse of rights with that of regulation based on efficiency.

La Constitución de 1991 abrió espacios de participación política para los pueblos indígenas pero también perpetuó prácticas nocivas como la formación de élites articuladas al aparato estatal. Con base a mi trabajo de campo etnográfico, expongo cómo estas sociedades han renunciado a su capacidad de participación y acción política cediéndosela a esta nueva élite. En el caso del algunos de los pueblos indígenas de los Llanos, la creación de una élite política indígena se traduce en la renuncia del movimiento social indígena como sujeto político, por una parte, y por otra, la entrada a una nueva disputa caracterizada por la lucha por los recursos económicos del Estado colombiano y las multinacionales que hacen presencia en la región. Esta disputa por administrar los recursos, está ligada a la lucha por la arena política legitimada por el sistema, recursos que benefician solo a la élite indígena y su círculo más cercano. Se concluye la configuración de la autonomía indígena como un espejismo y no una realidad.Publicación en línea: 11 diciembre 2017

En este artículo se aborda la relación entre empresa y Estado, que se encuentra ligada por la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos «John Ruggie». Aunque estos principios no son fuente formal del derecho internacional, ya que son soft law, en su esencia, recopilan las bases para mitigar, prevenir y reparar las afectaciones a derechos humanos que causen las empresas en el desarrollo de actividades económicas a comunidades que se encuentren en un territorio específico. Debido a esto, cada vez más se ve su aplicación en políticas públicas por parte de los Estados y en planes de ejecución empresarial mediante la aplicación de la debida diligencia. Este concepto cobra mayor relevancia por ser una herramienta más de defensa de la Consulta Previa, y a su vez ser el puente de conexión entre la aplicación de los Principios Rectores y los efectos que conlleva generar una afectación a los derechos humanos. Abstract: This article approach the relationship between business and the State is linked by the application of the United Nations Guiding Principles on Human Rights and Business «John Ruggie». Although these principles are not a formal source of international law since they are soft law, in essence, they gather the bases to mitigate, prevent and repair the human rights violations caused by companies in the development of economic activities to communities that are in a specific territory. Also, it is increasingly seen its application in public policies by the States and in business execution plans through the application of due diligence. This concept is more relevant because it is one more tool to defend the Prior Consultation; and at the same time, be the connecting bridge between the application of the Guiding Principles and the effects entailed in generating an impact on human rights.

El presente artículo pretende demostrar, con base en el derecho nacional e internacional, la obligación estatal de consultar concesiones mineras a los pueblos indígenas en el Perú, en un contexto de neo-extractivismo. Igualmente, a partir de los vínculos entre la consulta y los derechos políticos, territoriales y culturales, busca evidenciar que la expedición arbitraria de concesiones en territorios indígenas puede causar el menoscabo o la desaparición de sus manifestaciones culturales; es decir, supone una amenaza a su supervivencia cultural. Para esto, se analizará casos de comunidades quechuas y aimaras que grafican un patrón de violaciones a derechos de los pueblos indígenas.

Este documento realiza un compendio de análisis normativo para abordar los antecedentes de la Consulta Previa como derecho fundamental de las comunidades étnicas, lo anterior tomando como referencia algunos pronunciamientos del Consejo de Estado, que generalmente en sede de tutela, contenciosa o de consulta ha tenido tímidos pronunciamientos basándose en criterios meramente formales y en ocasiones poco garantistas del mencionado derecho.

El presente estudio tiene como principal objetivo analizar los aportes del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acerca del derecho a la consulta previa como herramienta de protección de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este análisis se fundamentó en la metodología cualitativa, se atendió al enfoque analítico-descriptivo, se utilizaron herramientas como el análisis jurisprudencial, y se enfocó en la sentencia de la Corte Interamericana Sarayaku vs. Ecuador. Finalmente, se dedujeron algunas realidades jurídicas relativas a las consecuencias de acoger a la consulta previa en los ordenamientos jurídicos de Ecuador y Colombia; así como, su incidencia en la realidad socio-económico de estos Estados y en su población indígena.

Objetivo. Exponer el marco de referencia para la intervención desde el Trabajo Social en el derecho a la Consulta Previa. Metodología. Para llevar a cabo el estudio se utilizó la investigación documental. Resultados. Los marcos referenciales son herramientas imprescindibles para la intervención porque permiten conocer y abordar las realidades sociales desde sus diversos componentes. Conclusiones. Llevar a cabo posteriores investigaciones que estudien los procesos de Consulta Previa desde la perspectiva de género y que den cuenta de la especificidad del Trabajador Social en los procesos de Consulta Previa. Reconocer la importancia de fortalecer internamente las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

El presente trabajo analiza el proceso de participación que se llevó a cabo en el marco de la consulta previa entre el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bellavista (CCCNB), situado en el distrito de Buenaventura y la Empresa de Energía del Pacífico (EPSA) con motivo de la formulación del Plan de Manejo Ambiental para la actual operación y mantenimiento la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchicayá (Colombia). Se presentan los antecedentes de la evaluación de impacto ambiental en el ámbito internacional y en Colombia, y se explica en qué consiste el proceso de la consulta previa en los proyectos que requieren licencia ambiental. Posteriormente se analizan las etapas del proceso (etapa previa; estudios ambientales y socioeconómicos; identificación y evaluación de impactos ambientales; y construcción de medidas de manejo ambiental) y finalmente se analiza el proceso de consulta previa, identificando los valores agregados que pudo generar el proceso.

This article treats the changes over the past decades regarding relations between indigenous peoples and the States in Latin America, particularly since the introduction of a body of rights of international origin that in theory substantially modifies the dynamics between these peoples and other ethnic minorities with the States. The way this influence occurs with regards to the State is very broad. To demonstrate this phenomenon, the cases of Colombia and Guatemala are contrasted. In Colombia, the effect has been to change the narrative and institutional practice, while in the Guatemala, the State has been absent and reticent in the exercise and implementation of the rights of indigenous peoples. To analyze this aspect, this article discusses the construction of a hydroelectric power plant in the Ixil region of Guatemala, where the effect of the presence of the State has been a strong repression of the indigenous population which have had their ancestral lands usurped, to the point that 75% of their lands is in the hands of two persons of foreign origin. On the basis of proven responsibility of the army of Guatemala - which executed several massacres against the Ixil people at the beginning of the 1980s, the dictator and general Efraín Ríos Montt was found guilty of genocide in 2014, but his sentence was overturned a few days later for alleged defects in the proceedings.

La consulta previa ha sido reconocida como uno de los instrumentos más emacipatorios en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, con el que cuentan los pueblos indígenas y las comunidades étnicas para defender sus territorios en la actualidad. Sin embargo, la consulta previa también ha tenido en algunos casos un uso ambivalente por diversos actores que han acudido a este instrumento para fines diferentes a los contemplados en el Convenio 169 de la oit, uso que, lejos de proteger los derechos de los pueblos y comunidades, ha redundado en su afectación y en el detrimento de estos grupos. El propósito principal de este artículo es cuestionar el uso ambivalente de la consulta previa en Colombia desde la perspectiva del pensamiento decolonial, partiendo de la noción de la ‘colonialidad’. Específicamente se argumenta que el problema de las restricciones y limitaciones de la consulta que se explican en este artículo obedece a los sesgos coloniales que arrastra la consulta y que a su vez se encuentran imbuidos en la lógica liberal a la que responde dicha institución.

La consulta previa es un derecho fundamental del que son titulares los grupos étnicos para decidir sobre todo tipo de medida estatal que pueda afectarlos directamente. Encuentra su fundamento constitucional en el reconocimiento de la identidad multicultural del Estado colombiano, bajo una óptica democrática incluyente; en el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias prioridades de acuerdo con sus propias creencias, instituciones y/o territorios que ocupan o utilizan; y en el derecho de participar en el diseño, implementación y evaluación de programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarlos. En este sentido, el Estado colombiano ha sido receptor de importantes instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las minorías étnicas, no obstante, los órganos legislativo y gubernamental no han brindado los instrumentos legales y reglamentarios suficientes para hacer efectiva tal protección, vacío que ha sido suplido por una labor activa de la Corte Constitucional. En este sentido, a través de la jurisprudencia constitucional el Estado colombiano ha pasado de una concepción restringida de la aplicación del derecho a la consulta previa a una ampliamente extensiva que evoluciona hacia el consentimiento libre, previo e informado, el cual implica que el Estado debe buscar el consentimiento de los grupos étnicos en un diálogo intercultural de buena fe, con información oportuna y veraz que les permita ser conscientes del contenido, alcance y consecuencias de las medidas que se pretende adoptar. En este contexto, el consentimiento libre, previo e informado condiciona el accionar de la administración pública, constituyendo un referente de obligatorio cumplimiento y garantía de transparencia en la gestión administrativa.

La Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la consulta previa es un derecho fundamental, del cual son titulares los grupos étnicos del país: comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanos. Desde esta perspectiva, resulta de gran relevancia jurídica estudiar e identificar la procedencia de la consulta previa como mecanismo de protección de los derechos de estas comunidades, en especial cuando son vulnerados en los casos de exploración y explotación de recursos naturales de sus territorios. En esta investigación jurídica de tipo cualitativo, en la que se utilizan fichas bibliográficas como técnica derecolección de datos y el análisis de textos como método, se determinarán los derechos que protege la consulta previa y los fundamentos jurisprudenciales como requisito de procedibilidad.

Las demandas de reconocimiento de derechos territoriales y de uso de los recursos naturales que los pescadores cucapás le hacen al Estado mexicano, desde 1993, después de la creación de la Reserva del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (en adelante, la Reserva), son unas más en el panorama de los problemas socioambientales y de despojo territorial, que afectan a los pueblos originarios en México. La característica particular en este caso es que el Estado mismo es quien construye los marcos legales en materia de protección a las especies —sin consultar debidamente a dichos pueblos—, volviendo ilegal la presencia cucapá en esa zona y vulnerando sus derechos como población indígena del delta. En consecuencia, las autoridades medioambientales y de pesca mexicanas han constituido la zona del delta del río Colorado como un territorio en disputa, al implementar esquemas de protección ambiental y de pesca, sustentados en modelos disciplinarios, que únicamente se alimentan de información biológica y pesquera. El conflicto se genera cuando se deja al elemento humano fuera de los análisis, como si las comunidades asentadas en los territorios protegidos y usuarias de los recursos no formaran parte de los ecosistemas. Al crear el núcleo de la Reserva en el mismo lugar donde se encontraban los campamentos de pesca del pueblo cucapá se volvió ilegal el aprovechamiento de los recursos pesqueros en la zona. En este contexto se han criminalizado las acciones de resistencia con las que los cucapás responden ante la regulación medioambiental del delta del río Colorado. Al ver imposibilitada la continuidad de su práctica pesquera, los habitantes se organizan para defender su acceso al territorio y, en un sentido más amplio, sus formas de vida y de trabajo. Este caso, en particular, visibiliza maneras contemporáneas por las que el Estado despoja el territorio y desaparece prácticas culturales propias de los pueblos naturales, a través de ciertos discursos y prácticas legales —en este caso los de conservación—.

It’s not possible to forget the indigenous and native communities as a key element in the Peruvian constitutional structure. Previous consultation is a reflection of this. However,this has not always been so. For a long time,the economic and cultural hegemonies that influenced the constitutional conceptions putaside the fundamental diversity and dialogue. In this article, the author alludes to Low- intensity Constitutionalism which marked distance between political events and social conflict. For the author, the emergence of prior consultation is a sign of historical grievance and that in this context, a constitutional theory that does not put aside cultural diversity is necessary, since political representation is legitimized when the State ensures the rightsof all citizens.

Este escrito analiza la difícil coexistencia, no siempre pacífica, entre el crecimiento económico y la preservación del patrimonio ambiental, histórico, social y cultural de las minorías étnicas enraizadas en Colombia, un país pluriétnico y multicultural. El documento explora y describe a partir de un estudio de caso, los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales de defensa de los derechos de los afrodescendientes habitantes de la Isla de Barú, ubicada en el Distrito Cultural e Histórico de Cartagena de Indias, frente a la realización de megaproyectos turísticos público-privados que pueden producir efectos directos indeseables para su territorio.

En el presente artículo analizamos las condiciones históricas, normativas y políticas en que se desenvolvió la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en el Perú. Asimismo tratamos las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano (TCP) a la luz del intercambio que se produjo entre este órgano jurisdiccional y las organizaciones indígenas en el último lustro. En especial a lo concerniente al diseño del derecho a la consulta previa, libre e informada, y a la identificación de obligaciones del Estado en la implementación de este derecho colectivo de los pueblos indígenas. Esto último reflejado en el nuevo marco legal de este específico derecho bajo la vigencia del Convenio N.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El trabajo expone el proceso de aplicación de la Ley de Emergencia Territorial N° 26160 en la Provincia de Misiones, las excepciones que se han producido en relación con la formulación legal y su reglamentación, particularmente en la conformación de los Equipos Técnico-Operativos (ETO), así como en la continuidad de operativos de traslado forzoso e intimidación a los asentamientos indígenas. El trabajo llama también la atención sobre la falta de aplicación de las normas internacionales de consentimiento libre, previo e informado (CLPI), particularmente en el planteo de mega represas binacionales que afectarán a muchos de esos asentamientos.