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Este artículo analiza la relación entre el control judicial de constitucionalidad y la legitimidad política entendida como la capacidad de un sistema político y jurídico de generar respaldo para la implementación de las leyes y políticas, incluso por parte de aquellos que se opusieron a estas por razones sustanciales. El artículo señala que a pesar de que existen diferentes modalidades de control judicial, así como diversas y respetables clases de legitimidad que se derivan de la función judicial, el control de constitucionalidad no está diseñado para producir legitimidad política. En tal sentido, y ante la imposibilidad de solventar esta dificultad democrática, se propone una serie de mecanismos para mitigarla como es el caso de la exigencia de supermayorías para decidir, la necesidad de contar con una presunción fuerte de constitucionalidad y la obligación de ofrecer razones que aborden explícitamente las preocupaciones democráticas. Finalmente, el artículo hace un llamado a la civilidad en el litigio constitucional, con el fin de evitar la demonización del oponente y abrir espacios de legitimidad política en el control de constitucionalidad.