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Este artículo aborda un análisis de la nueva regulación jurídica operada tras la reforma del delito de maltrato y abandono animal que ha sufrido el Código Penal, con estudio comparativo de la regulación anterior, así como la adecuación y encaje tanto en vía penal como civil. Así mismo, se analizan las novedades, avances y deficiencias de la nueva regulación jurídica del código penal y el impacto jurídico que tiene sobre la protección del bien jurídico protegido.

En un context de crisi climàtica global, integrar els principis de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà resulta imprescindible per impulsar la transició circular. La Unió Europea ha fet passos significatius en aquest sentit establint com a objectiu per al 2050 el consum zero de sòl i promovent la rehabilitació de l’entorn construït com una política prioritària en connexió amb l’eficiència energètica. Aquest article analitza les implicacions jurídiques d’un mandat general d’optimització del sòl urbà i la seva adequació al nostre ordenament jurídic. Es conclou que, malgrat els desenvolupaments recents en la matèria, hi ha encara marge en el nostre ordenament per a la delimitació de la propietat urbana i l’impuls del reciclatge del sòl mitjançant polítiques més ambicioses i d’abast estructural.

Este trabajo analiza de forma crítica la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) como instrumento para lograr una efectiva economía circular. Con este fin, se estudia su conceptualización, su regulación y su evolución. Este instrumento requiere de una revisión constante para lograr la efectiva minimización de los residuos, apostando por la prevención, especialmente por la durabilidad de los productos. En primer lugar, se estudia su configuración inicial en la Directiva (UE) 2008/98, Marco de Residuos (DMR), como instrumento novedoso, y en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (LRSC) que la transpuso al estado español, así como en los reales decretos que la desarrollan. En segundo lugar, se estudia su nueva configuración tras la modificación de la DMR por parte de la Directiva (UE) 2018/851, fruto del Plan de Acción sobre Economía Circular de 2015, así como en la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. En tercer lugar, se exponen las propuestas más destacadas del anteproyecto de LRSC. Por último, se presentan unas reflexiones finales a modo de conclusión y unas recomendaciones.

Para entender el presente y el futuro del derecho ambiental, no puede prescindirse de la consideración de la crisis de la teoría filosófica cartesiana donde se modeló y se sustentó el derecho positivo moderno, caracterizada por un marcado acento antropocéntrico, y del avance actual hacia una visión cada día más ecocéntrica, que plantea una nueva interpretación de la relación del Hombre con la Naturaleza, rompiendo la hegemonía de la idea del dualismo ontológico, para comprender al ser humano como parte de la naturaleza que interactúa en un modo sistémico de interrelación permanente y dinámico con los demás seres vivos, conformando una cosmogénesis que comparte no solo su origen sino también su destino.

El presente artículo analiza la evolución experimentada por el Derecho ambiental en los últimos diez años en España. En particular, analiza la incidencia de la crisis económica en este ámbito. La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha actuado como motor para la transformación del derecho público y, en el derecho ambiental, ha inspirado numerosos cambios normativos y ha servido para justificar la apertura de nuevas líneas evolutivas que son objeto de análisis en este trabajo. En primer lugar, se analizan los cambios profundos en las políticas ambientales que ha provocado la crisis: ralentización y prioridad de los objetivos de reactivación de la economía sobre los ambientales. En segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre el ejercicio de las competencias en materia de protección del medio ambiente y se destaca la recentralización de competencias producida al servicio del mercado y en detrimento de la protección ambiental. En tercer lugar, se estudia la incidencia de los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa sobre el el derecho ambiental y se analizan los principales cambios producidos en la legislación ambiental. Por último, también se realizan algunas reflexiones sobre las oportunidades que la crisis ha supuesto para el derecho ambiental.

Desde principios de siglo XX, el Patrimonio Cultural en Argentina ha contado con una estructura institucional propia y una legislación específica. La incorporación de la protección del Patrimonio Cultural en el artículo 41 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, relativo al derecho a un ambiente sano, pone en tensión dos posturas: a) la de los profesionales en ciencias sociales, quienes consideran que el Patrimonio Cultural debe tener su campo propio en lo político y en lo jurídico b) Las nuevas interpretaciones (marcadas por el peso de las convenciones internacionales), que argumentan que dada la amplitud protectora de las normas ambientales éstas deberían utilizarse para ampliar la protección del Patrimonio Cultural.