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Este artículo reconstruye herramientas de control público a partir de categorías conceptuales elaboradas en la teoría política y doctrina jurídica especializada. Para ello, se distinguen modelos de control según el carácter y competencia del órgano que lo ejerce: control parlamentario, control judicial, control administrativo y control social. El análisis permite evaluar comparativamente las ventajas y antecedentes de dichas tipologías, concluyendo respecto de su relevancia para la democracia, los derechos individuales y el buen funcionamiento de la administración pública. Al final del texto, se incluye una tabla que resume los contenidos y principales ejemplos citados.

En el presente trabajo se presenta una definición del concepto de «poder constituyente» como fenómeno de producción normativa. El objetivo es realizar una labor de clarificación conceptual que pretende aportar ciertos elementos para su mejor comprensión. Más precisamente, se tratará de elucidar qué tipo de poder es el capturado por este concepto y bajo qué perspectiva puede decirse que existe una relación entre el poder constituyente y el derecho.

El presente trabajo analiza mediante el concepto de (des)acontecimiento las implicaciones jurídico-constitucionales de la epidemia de la Covid, haciendo una especial referencia a la Constitución Económica. El «acontecimiento» conlleva un «acontecimiento jurídico». Con el retorno a la normalidad se produce también un «desacontecimiento», que no es neutral en términos constitucionales.

Se apela en este artículo a la conveniencia de reforzar el uso del comparatismo como instrumento metodológico para comprender mejor la historia del primer liberalismo portugués y español y de sus probadas interacciones. Partiendo de la Historia Comparada, y del “análisis del discurso (AD)”, considerando fuentes secundarias y fuentes primarias legislativas y mediáticas, se entra en el debate jurídico e historiográfico respecto al impacto de la Constitución española de 1812 en la Constitución portuguesa de 1822, de la que este año celebramos el bicentenario, y se reinterpreta y matiza el papel desempeñado por la introducción de una Declaración de Derechos Humanos – ausente en la Constitución gaditana – en la Constitución lusa, minimizando la carga diferencial que la historiografía ha solido atribuir a la existencia de esta pieza del discurso normativo sobre los derechos humanos, tanto desde el punto analítico como del socio-político.

En este artículo, con base en el concepto de fuerza normativa constitucional, se abordan los casos de Miguel Vega y Justo Prieto acontecidos en el siglo XIX, en los cuales, por primera vez, se realiza en México un control difuso de constitucionalidad. En ese marcose analizan los aportes de estos casos a la luz de los dos puntos culminantes del actual constitucionalismo mexicano, es decir, lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente varios 912/2010 y en la contradicción de tesis 293/2011, el 14 de julio de 2011 y el 3 de septiembre de 2013, en términos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011

La Constitución de la República de Cuba promulgada el 10 de abril de 2019 incorpora el elemento cultural como uno de sus fundamentos. Con ello, la nueva Carta Magna podría ser considerada una Constitución cultural. Sin embargo, presenta limitaciones en cuanto a la regulación jurídica de la cultura. El objetivo de este estudio es analizar las características de este fenómeno, enfatizando sus fortalezas y debilidades. En un primer momento, se examina la lógica que ha movilizado las definiciones de cultura y sus impactos en el ejercicio político cubano. Ello permite establecer la relación que existe entre la cultura y la Constitución, mediante un acercamiento a sus principales categorías jurídicas. Por último, tomando como paradigmas algunas constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, se procede a un análisis exegético de la Carta Magna cubana en busca de aciertos y desaciertos que la regulación jurídica hace del elemento cultural.

El presente trabajo, pretende analizar la naturaleza y la configuración jurídica de los tres estados excepcionales de limitación de Derechos Fundamentales enmarcados dentro del Derecho de Excepción, contemplados en la Constitución Española de 1978 y desarrollados por medio de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, poniendo el principal foco de atención en el análisis del Estado de Alarma declarado con motivo de la pandemia del COVID 19.

This paper explores the possibilities offered by the Spanish legal system regarding the recognition to the Right to Decide. Beginning with a criticism to the report of J.Mª Vilasojana- «Democracy and Right to Decide», published in this magazine- in which the adequacy of that right to the principles of the Constitution of 1978 is defended, I intend to prove, firstly, that the constitutional reform is not, in any case, a suitable way to achieve the introduction to the right to decide; secondly, using constitutionalism as a theory able to integrate the right to decide in the Spanish legal system – as it happens with any other legal route – is bounded to failure since it requires the political will of the majority parties which, as they have declared, it will never exist.

El model pedagògic de l'ensenyament d'una de les llengües regionals per immersió lingüística s’imparteix a França des de fa 50 anys. La creació de diversos centres escolars que imparteixen aquest ensenyament i el seu desenvolupament han proporcionat debats jurídics variats i importants. Avui dia, la immersió lingüística viu una situació paradoxal entre una oposició a la seva integració dins l'escola pública i un reconeixement i un finançament estatal de la seva tasca a l'escola privada. Aquesta situació demostra el precari equilibri en què es troba el model lingüístic i escolar francès, dividit entre l'afirmació del principi del monolingüisme francès de l'educació, d'una banda, i la necessitat de respondre a les necessitats de les escoles que implanten la immersió lingüística, de l'altra.

En este artículo, el autor defiende el derecho a decidir, concretado así: un referéndum sobre el futuro de Cataluña no está prohibido en la Constitución española. Esta tesis se sustenta en que tanto el principio de indisolubilidad (art. 2.1. CE) como el de la soberanía nacional (art. 1.2. CE) deben ponderarse adecuadamente con los principios definitorios de una democracia liberal (arts. 1.1., 23.1, 9 y 10 CE). Desde esta perspectiva, el trabajo ofrece razones para justificar dos cuestiones importantes: 1) la posibilidad de realizar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, teniendo en cuenta una interpretación evolutiva de los derechos democráticos vinculados a una concepción densa de la democracia; 2) la posibilidad de que esa consulta tenga como sujetos a los catalanes, con el fin de evitar pasar del principio de la mayoría al dominio de la mayoría.

En julio de 2018, la Asamblea Nacional cubana presentó un proyecto de Constitución que fue sometido a una fase de consulta ciudadana, entre agosto y noviembre de 2018, destinada a la discusión y recogida de propuestas. Tras la incorporación en el proyecto constitucional de las propuestas ciudadanas que se consideraron procedentes desde el punto de vista jurídico, en diciembre de 2018 la Asamblea Nacional aprobó el proyecto definitivo de Constitución que fue ratificado en referéndum en febrero de 2019. La aprobación de una nueva Constitución constituía una oportunidad para superar el modelo centralizado y burocratizado de ejercicio del poder vigente, desde hace años en la isla, por influencia de los sistemas del mal llamado “socialismo real”. Frente a él, se podía haber constitucionalizado una estructura social activa, deliberativa, comunitaria y autogestionada, que operara como espacio colectivo de construcción e implementación de las políticas de bienestar. No obstante, si bien la nueva Constitución introduce novedades importantes en el ámbito socioeconómico, el diseño político-institucional establecido es continuista.

El presente trabajo revisa la reforma de 2001 sobre derechos y cultura indígena emprendida en México por el Gobierno de Vicente Fox Quesada. A tales efectos se utiliza el Convenio 169 de la OIT como punto de vista comparativo para analizar los avances y retrocesos que implicaron las modificaciones constitucionales realizadas, y se distribuye el análisis en los cuatro ejes de mayor relevancia: el carácter pluricultural de la nación mexicana, la configuración del régimen de propiedad sobre la tierra, el derecho a la libre determinación y el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena. La reforma fue limitada y condicionada por las deficiencias estructurales que impiden la efectiva acogida de las garantías indígenas en el Estado mexicano

En el año 2019 la Corte Constitucional emitió dos sentencias que, en pocas palabras, viabilizan legalmente el matrimonio igualitario en el Ecuador o de personas del mismo sexo. Estas sentencias fueron remitidas a la Corte a través del procedimiento de consulta de norma, con arreglo al art. 428 de la Constitución de la República del Ecuador con el fin de que el máximo tribunal de justicia constitucional del país ejerza el control concreto de constitucionalidad, con respecto a disposiciones legales que atañen al matrimonio civil y de la Opinión Consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2017, solicitada por la República de Costa Rica relativa a la identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. El objetivo del presente trabajo es realizar una crítica a la construcción argumentativa de la Corte en estos dictámenes, al demostrar que dicho organismo arribó a conclusiones inconsistentes sobre la base de premisas incorrectas. Para este efecto, la metodología utilizada es la hipotética-deductiva, a la luz de la crítica argumentativa que ha sido mencionada. El trabajo está compuesto por las siguientes líneas de análisis: Primero, la desnaturalización del control concreto de constitucionalidad. Segundo, la interpretación efectuada a los enunciados normativos aplicables. Tercero, acerca del valor jurídico de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Finalmente, algunas conclusiones que abonarán el debate académico.

The article proposes to analyze -through the use of semiological resources-, the colonial modeling that the modern ethos inflicts on the bodies of indigenous women in the mexican constitutional text. From the perspective of the Crítica Jurídica understood as discoursive analysis, the article intends to reveal the manifestation of said wounds produced thanks to the make-do-saying of the legal discourse, wounds that the discourse of the law conceals under a veil of legal equality, human rights, and pluriculturality.

Il Messico è uno Stato federale fin dalla sua prima Costituzione, nel 1824. Tuttavia, questa classificazione è stata più formale che effettiva. Non si è mai smesso di concentrare poteri nella federazione, non tanto per avere governi efficienti, quanto per conservare lo status quo. Tanto a livello federale quanto a quello locale, la lotta politica e costituzionale non mrava all’uguaglianza dei diritti bensì alla ripartizione dei privilegi tra le élites. Il potere del Presidente della Repubblica continua a condizionare il funzionamento dei tre poteri a livello statale. La sfiducia nelle istituzioni locali fa sì che i meccanismi federali non riescano a controllare le autorità locali. Dal 2000, la rotazione dei partiti alla Presidenza ha comportato un aumento delle risorse dei governi locali, ma davvero pochi pesi e contrappesi. Sebbene forse, l’unica democratizzazione effettiva possa arrivare dagli Stati, attraverso la nascita di governi responsabili più vicini al cittadino. / 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑎 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑢𝑙𝑔𝑎𝑡𝑒𝑑, 𝑖𝑛 1824. 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑡ℎ𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠, 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟𝑠 𝑙𝑜𝑜𝑘𝑠 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑜 𝑟𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑡ℎ𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑐ℎ𝑖𝑒𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑎 𝑔𝑜𝑜𝑑 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑔𝑔𝑙𝑒, 𝑏𝑜𝑡ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙, 𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠, 𝑏𝑢𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒𝑔𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑡𝑒𝑠. 𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠. 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑐ℎ𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑠 𝑢𝑠𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠 𝑤ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠. 𝑆𝑖𝑛𝑐𝑒 2000, 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑏𝑢𝑡 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑓𝑒𝑤 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠. 𝐸𝑣𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ, 𝑡ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑐𝑟𝑎𝑡𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑢𝑙𝑒 𝑎𝑡 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑦 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑝𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑖𝑧𝑒𝑛𝑠.

Las limitaciones o restricciones a la capacidad de ejercicio pueden emanar de la ley o de una sentencia judicial que se funda en la ley. El nuevo ordenamiento, fundado en los principios que surgen del bloque de constitucionalidad, especialmente la Convención internacional de los derechos del Niño y la Convención Internacional de las personas con discapacidad (art. 75 inc. 22 CN) configura un sistema altamente protectorio de los derechos de todas las personas.

This essay identifies the problematic theoretical nature of human rights under Franco's regime, in the light of either a traditionalist or a totalitarian objective natural right's discursive hegemony. This contradictory theoretical alternative was already present in Ramiro de Maeztu's legal-political doctrine, which as the theoretical seed of the regime, led to those contradictions as embodied in two authors: F. Elías de Tejada and L. Legaz Lacambra. Drawing on a political critique of the text itself, the conclusion evinces the doctrinal state of human rights in the current Spanish constitutional system, exposing its contradictions as derived not from a traditionalist or a totalitarian objective natural right but from a subjective natural right.

This article proposes an approach to the Fuero del Trabajo (Labour Charter), the first of the Leyes Fundamentales (Fundamental Laws) of Franco’s dictatorship, which was enacted during the Civil War and constituted expression of the socioeconomic ideas of the regime. Throughout these pages it can be observed the circumstances that surrounded its elaboration, as well as the trends of thought and experiences that influenced the document’s writing, the controversy about its «constitutional» nature, its structure and content, and its significance and effects on the practical level. In the preparation of this work, it has been used a methodology that combines the exegesis of legal texts and the contrast with doctrinal contributions, the contemporaneous with the object being studied ones as well as the recent ones.

Desde la reforma constitucional argentina de 1994 se ha se configurado un nuevo sistema de fuentes del derecho. La idea de supremacía constitucional -contenida en el artículo 31 de la Constitución Argentina- y, principalmente, los Tratados Internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 Constitución Argentina), configuran la base fundamental de un “Sistema de Fuentes” en el ordenamiento jurídico argentino que ha venido indefectiblemente a variar el orden jurídico en general. Estamos en presencia, de este modo, ante el fenómeno de la “Constitucionalización del Derecho Privado” razón por la cual la legislación ordinaria debe partir de este “sistema” para interpretar y aplicar el derecho. Como consecuencia de ello, los casos que rija la legislación del Derecho privado deben ser resueltos de acuerdo a las leyes que regulen la materia de que se trate y que resulten aplicables, interpretándolas conforme a la Constitución Nacional y a los tratados suscriptos por la Argentina. Uno de los principales efectos de esta “Constitucionalización del Derecho común” es que, precisamente, aunque no haya disposición legal que reglamente el derecho reconocido por la Constitución, el derecho es operativo y la persona que demanda la tutela jurisdiccional puede pedir su aplicación. Por ello, la interpretación y aplicación del Derecho Privado argentino no debe desatender la siguiente directiva: adecuar el Derecho común a la Constitución y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados con jerarquía constitucional por la reforma de 1994.

El objetivo de este artículo es dar a conocer la figura de la acción popular analizando y exponiendo, para ello, las normas que así lo contemplan. Este es un derecho que ostentan los ciudadanos reconocido en la Constitución y en las leyes sectoriales para el ejercicio de denuncia contra actos arbitrarios contrarios a las normas y cometidos por la Administración. Denuncia que deberá ejercitarse ante la Administración pública o ante los Juzgados y Tribunales de Justicia. Nuestro fin, por lo tanto, es la defensa del patrimonio histórico y la concienciación al ciudadano de la importancia que tiene el ejercer la tutela para su preservación, conservación y fomento como legado histórico dejado por las generaciones que nos han precedido.

Recientemente, Marruecos ha suprimido algunas de las reservas más importantes que estableció inicialmente frente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y también ha promulgado la Constitución de 2011, que proclama la igualdad entre hombres y mujeres. En particular, en la nueva carta constitucional se dispone que el hombre y la mujer son titulares del derecho de igualdad en materia de derechos humanos, así como de las libertades de orden civil, político, económico, social, cultural y ambiental. También se establece que los gobiernos elaborarán e implementarán políticas destinadas principalmente a individuos y grupos con necesidades especiales. Además, la igualdad de género se traslada a la estructura del Consejo Superior del Poder Judicial y al sistema electoral. Recently, Morocco has removed some of the most important reserves that opposed the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and has also approved the Constitution of 2011, which claims the equality between men and women: men and women enjoy equal human rights and freedoms of a civil, political, economic, social, cultural and environmental, and governments will develop and implement policies for individuals and groups special needs. Moreover, gender equality also moves to the structure of the Judicial Power and the electoral system.

Las sociedades contemporáneas han modificado el paradigma modernista que las vio nacer. En este contexto, desde la perspectiva jurídica, las constituciones han tomado nota de los cambios imperantes, de las relaciones económicas asimétricas y de la necesidad de positivizar derechos y garantías antes reservados al derecho natural. En este contexto, la protección de las personas en su condición de usuarios o consumidores se ha venido plasmando en un conjunto de normas constitucionales y supranacionales con un impacto directo en un universo infinito de relaciones económicas cotidianas estrechamente vinculadas con prestaciones esenciales que tienen que ver con la calidad de vida y la igualdad. El presente artículo tiene como objeto describir el mandato de la Constitución Argentina en materia de protección de usuarios de servicios públicos a partir de comprender este proceso complejo desde la perspectiva jurídica, social y política.

La idea de que la fenomenología de Husserl representa una suerte de filosofía reflexiva, basada en una metodología que desarrolla la tradición cartesiana, se ha convertido en una creencia ampliamente difundida en la literatura filosófica. Este énfasis puesto por Husserl en la reflexión fue arduamente criticado por Heidegger. Desde entonces resulta frecuente encontrarse con la afirmación de que Husserl y Heidegger desarrollan dos conceptos de fenomenología diferentes, incluso antagónicos. No se trata de seguir alimentando esta discusión historiográfica. Aquí, por una parte, se muestra el complejo proceso de desarrollo de la fenomenología hermenéutica de Heidegger en el transcurso de sus primeras lecciones de Friburgo (1919-1923) y Marburgo (1924-1928) y, por otra, se sopesan algunas de las observaciones críticas de Heidegger a Husserl a la luz de evidencias textuales de la fenomenología husserliana, ignoradas no sólo por Heidegger, sino también por un sorprendente número de reconocidos especialistas en el campo de la filosofía, de las ciencias cognitivas y de la filosofía de la mente.

This paper demonstrates the various unconstitutional and fallacies of the Organic Law of Judicial guarantees and Constitutional Control. For that, there will be a comprehensive collation between the mentioned law and the Constitution of the Republic of Ecuador and force. Through this analysis shows a lack of knowledge of Ecuadorian law or legal science by their authors. This study elucidated, inter alia, the inconsistencies in matters relating to the interpretation of constitutional provisions, full compensation, material and integral; challenge administrative acts, judicial unit.

El proyecto de Constitución para Europa no ha prosperado. Causas fundamentales han sido su excesivo tecnicismo, la falta de pedagogía política y la información sesgada que han difundido sus opositores. En este trabajo se propone una alternativa futura de Constitución que conjure estos defectos en aras de un entusiasmo ciudadano no exento de rigor técnico. Se incluye articulado.

El Espectador sevillano is a journal that was edited by Alberto Lista between 1809 (2 October) and 1810 (29 January). It happened to be published in Seville for the town had just become the capital city of unoccupied Spain. El Espectador sevillano provides us with a systematic account of the fundaments of political liberalism as a doctrine that led to the writing of the Constitution of Cadiz a few months after the termination of the journal. However little attention has been paid to El Espectador sevillano despite it is being one of the most political influential journals at that time. In this paper, we fill in this research gap by locating El Espectador sevillano within the complexity of the vibrant political debate that took place in Seville during this period, in order to assess to what extend Lista’s thinking in 1809 can be labelled as revolutionary. | El Espectador sevillano, redactado por Alberto Lista, se publicó en Sevilla del 2 de octubre de 1809 al 29 de enero de 1810. Aunque se trata de uno de los periódicos más importantes del momento, se le ha estudiado poco. Redactado en la ciudad que, por las circunstancias bélicas, había pasado a ser capital de la España libre, ofrece una exposición sistemática de los fundamentos de la doctrina política liberal, que se plasmarían algunos meses después en la Constitución de Cádiz. En estas breves reflexiones, se trata de situar la publicación en el complejo e intenso debate de ideas de que fue entonces teatro Sevilla, para tratar de determinar hasta qué punto puede calificarse de revolucionario el pensamiento del Lista de 1809.

Este artículo busca mostrar cómo y porqué los masones practicantes del Rito Nacional Mexicano en el siglo XIX secularizaron su tradición para responder a sus compromisos sociales, patrióticos, liberales y democráticos. Además, muestra cómo ellos sustituyeron La Biblia por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus juramentos masónicos, en un contexto social en el que jurarla se consideraba un anatema por el Papa Pío IX y el clero católico, y en un contexto masónico adverso en el que sustituir el Libro de la Ley y participar en la política como masones era contravenir la tradición especulativa londinense.

El artículo es un breve recorrido por el difícil camino a la autonomía del País Valenciano, ahora llamado Comunitat Valenciana, con todas sus vicisitudes y problemas, que alargaron, y en cierta manera diluyeron sus propuestas más interesantes, para integrarlo dentro de las autonomías y estatutos de la vía lenta, o las del artículo 143, en contraposición a las autonomías llamadas históricas, con el agravante de una batalla estéril en torno a los signos de identidad de los valencianos que marcaron y aun marcan el devenir político de esta región.

Resumen: Una de las principales expresiones con que actualmente se busca sintetizar el nuevo estilo de país que deseamos construir es 'vivir bien', contrapuesto a vivir mejor. Se ha introducido ahora incluso en el solemne Preámbulo de la Constitución promulgada en febrero 2009, donde enumera las virtudes que debería tener la nueva Bolivia (respeto, igualdad entre todos, solidaridad, armonía, equidad, etc.) y concluye: donde predomine la búsqueda del vivir bien.Abstract: One of the main expressions currently seeks to synthesize the new style of country we want to build is Living Well, as opposed to Live Better. It has now been introduced even in the solemn Preamble to the Constitution promulgated in February 2009, where the virtues that should have the new Bolivia are listed (respect, equality among all, solidarity, harmony, equity, etc.) and concludes: where preponderates the search for Living Well.

Resumen: Este artículo expone algunos antecedentes que explican por qué se ha introducido la expresión Vivir Bien (Suma Qamaña y sus variantes) en el texto constitucional recientemente aprobado en Bolivia. Entre ellos menciona los sorprendentes resultados electorales obtenidos por Evo Morales, que se sustentan en la emergencia y consolidación del pensamiento indígena, en la clara voluntad de adquirir poder político por parte de las organizaciones indígenas y en la necesidad de cambiar el ordenamiento jurídico existente, empezando por la Constitución. Identifica igualmente algunos elementos que caracterizan la resistencia a estos esfuerzos en el ámbito de las tierras bajas. A la pregunta de por qué era necesario cambiar la Constitución, responde que la anterior pretendía la integración de los indígenas despojándoles de su identidad. Por el contrario, la actual se caracteriza por una marcada impronta indígena al tratar los principios, valores y fines del Estado. Es allí donde aparece la expresión Suma Qamaña y otras equivalentes en otras tantas lenguas indígenas, que es necesario leer como el Ethos que inspira a la nueva Constitución y que debe guiar en la construcción del nuevo Estado.Abstract: This article presents some background explaining why the term Living Well (Suma Qamaña and it variants) has been introduced in the recently approved Constitution in Bolivia. This includes surprising election results obtained by Evo Morales, which are based on the emergence and consolidation of indigenous thought, the intention of acquiring political power by indigenous organizations and the need to change the existing legal order, starting by the Constitution. Some factors of the resistance to these efforts in the area of the lowlands are also identified. The previous Constitution wanted the integration of the indigenous identity. On the contrary, the current Constitution takes the indigenous thought to discuss the principles, values and goals of the State. That?s where the expression Suma Qamaña appears, which should be read as the Ethos that inspires the new Constitution and that should guide the construction of the new State.

En este trabajo intento demostrar que en la teoría hegeliana de la pena, la experiencia de lo ilícito es determinante para que el concepto de derecho adquiera la característica de ser coactivo. Dicha experiencia revela la impotencia de un marco jurídico racional establecido a priori según principios morales para regir las conductas de los hombres. Esto conduce a la consideración de las condiciones necesarias para la vigencia efectiva de un estado de derecho. El desarrollo consta de cuatro partes. En la primera, se procede a la determinación del concepto de ilícito como una mediación que permite la transición hacia el derecho positivo. Asimismo, se expone la clasificación hegeliana de las acciones ilícitas a partir de una analogía con los juicios de existencia. A propósito de ello se explica por qué el delito es entendido como un juicio infinito en su forma negativa. En la segunda, se expone la fundamentación hegeliana de la pena como contracara del delito y como un derecho del criminal. La pena expresa en su realidad efectiva la nulidad esencial del acto delictivo.

El estudio expone las diferentes inconstitucionalidades y falacias de la Ley Orgánica de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional. Para lo cual, se realizará un cotejamiento exhaustivo entre la mencionada ley y la Constitución de la República del Ecuador vigente. A través del presente análisis se denota falta de conocimiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano o las ciencias jurídicas por parte de sus autores. En este estudio se dilucidará, entre otras, las incongruencias en temas relativos a la interpretación de las normas constitucionales, la reparación integral, material e integral; impugnación de actos administrativos, de la unidad jurisdiccional.

Human rights were first acknowledged in Colombia in the 1991 Constitution, bringing up a catalogue of specific rights in favour of the female population whose implementation has been possible thanks to the Constitutional Court’s decisive compromise on the struggle against gender discrimination. This way, since the incorporation of the gender perspective in the Colombian Law, great progress has been obtained in the effectiveness of the constitutional normative framework and in the consequent effective protection of women’s human rights in legally relevant different ambits of life.

The compromise acquired since 1991 by successive Chilean governments to recognise indigenous presence in the organization of the State at a constitutional level has revealed the mutual academic and legal ignorance in relation to the evidence for Mapu-Che recognition. This work revisits the historical and legal relationship between the Chilean and the Mapu State, which until the Chilean conquest of the Mapu in the 1880s was carried out through Treaties and Parliaments that implied a mutual recognition of both identities in an international sphere. Study commissions official reports and pleas for truth for a new treaty, first by the United Nations, and later by the Republic of Chile noted the evidence of the constitutional and international significance of the Treaties, but Chile has since transformed its peculiar form of constitutional recognition of the indigenous presence into a display of national unity. This cover-up stems both from the desire to maintain an exclusive Constitution, and the certainty that any other form of recognition would lead to a reconsideration of the roots of the constitutional foundations of the Republic of Chile.

This article addresses the right to conscientious objection as a general constitutional right. Such a right is not different from the right to freedom of conscience, which corresponds to its foundation and justification. In the case of the right to conscientious objection, the reference to its constitutionality represents its source of legitimacy, but also limits its exercise. These restrictions depend on the respect for other constitutional values and on the reasonability of the discrepancy between personal values and duties imposed by law. The right to conscientious objection does not necessarily have to be recognized by a legislator; it may well be acknowledged by judges. The latter seems the most appropriate context because the right to conscientious objection is to defend privacy against public power, even when respecting constitutional values. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

¿Pueden dos objetos ocupar completamente el mismo espacio durante toda su existencia? La teoría estándar nos dice que sí, siempre y cuando pertenezcan a sortales diferentes; esto ocurre cuando un objeto constituye a otro. Sin embargo, para evitar los objetos espacio-temporalmente coincidentes se han propuesto muchas hipótesis, que no han alcanzado consenso. Un modo inexplorado de responder negativamente a la pregunta es aceptar que si un objeto constituye a otro sólo existe el constituido. Eso implica aceptar la existencia intermitente, cuya plausibilidad se defiende aquí a la vez que se estudia su fundamento. Esta noción ha de fundarse en la sub-sistencia del objeto constituyente cuando existe sólo el constituido, y en la super-sistencia del objeto constituido cuando éste ya no existe pero sigue existiendo el constituyente bajo ciertas condiciones.