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Se apela en este artículo a la conveniencia de reforzar el uso del comparatismo como instrumento metodológico para comprender mejor la historia del primer liberalismo portugués y español y de sus probadas interacciones. Partiendo de la Historia Comparada, y del “análisis del discurso (AD)”, considerando fuentes secundarias y fuentes primarias legislativas y mediáticas, se entra en el debate jurídico e historiográfico respecto al impacto de la Constitución española de 1812 en la Constitución portuguesa de 1822, de la que este año celebramos el bicentenario, y se reinterpreta y matiza el papel desempeñado por la introducción de una Declaración de Derechos Humanos – ausente en la Constitución gaditana – en la Constitución lusa, minimizando la carga diferencial que la historiografía ha solido atribuir a la existencia de esta pieza del discurso normativo sobre los derechos humanos, tanto desde el punto analítico como del socio-político.

El «Derecho Humano a la Seguridad» es rico en manifestaciones y acepciones (Derecho a la Seguridad Personal, Jurídica, Patrimonial, Ciudadana, Colectiva, Pública, del Pueblo, Nacional, Internacional, etc.). Sin embargo, su imprecisa enunciación y la de algunas de las múltiples concreciones registradas en los textos propositivos o normativos de Derechos Humanos, o la variabilidad de las recogidas u omitidas en aquellos, dificultan una descripción intemporal del cambiante concepto y contenido de sus «determinaciones» o incluso del «derecho matriz».En 1793 el «Derecho Humano a la Seguridad» fue definido por los revolucionarios franceses como un «derecho síntesis», que requiere (además de la protección de las personas y sus bienes) la garantía de todos los demás derechos. La ONU echaría mano del potencial sintético del «Derecho a la Seguridad», para subrayar la proclamada indivisibilidad e interdependencia de los Derechos Humanos, de facto tan mal defendidas por la propia Organización como la variable «Seguridad Internacional». En los años 90 del pasado siglo, sus portavoces, para hacer olvidar el fracaso de su objetivo asegurador y reafirmar la indivisibilidad de los Derechos Humanos, promovieron una «re-denominación» del Derecho de Seguridad: El «Derecho a la Seguridad Humana», implicando a la sociedad civil en su defensa y enfatizándolo.

El nacimiento en España de los seguros sociales, fue uno de los frutos de la eclosión, en el tránsito del siglo XIX al XX, de un movimiento de reforma social, cuyos resultados, en el plano jurídico, serán la aparición de un conjunto de leyes protectoras de los trabajadores, las unas de tipo laboral, las otras de previsión, constitutivas de las bases del Derecho del Trabajo.