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De acuerdo con los planteamientos del constitucionalismo multinivel el Tratado de Lisboa al tiempo que ofrece un mayor protagonismo al Parlamento europeo atribuye nuevos poderes a los parlamentos nacionales. Por un lado, el nuevo Protocolo sobre la subsidiariedad trata de corregir las descompensaciones institucionales internas producidas en el proceso de integración involucrando a los parlamentos nacionales en el control previo, el respeto del principio y poniéndolos en condiciones de bloquear el proceso decisional europeo. Por otro lado, la extensión del procedimento de codecisión, generalizando el poder de veto, tiene el objetivo de seguir la dirección de consolidar el papel del Parlamento europeo con relación a las otras instituciones comunitarias (y particularmente con relación al Consejo). Con la intención de evidenciar las contradicciones que parecen encontrarse en la estrategia doctrinal y que han orientado las decisiones tomadas en el Tratado de Lisboa, el presente trabajo intenta reconstruir el proceso decisional a la luz de la praxis constitucional. El objetivo es el de entender, si más allá de las declaraciones retóricas de conveniencia, las novedades introducidas en el Tratado de Lisboa son realmente buenas como para mejorar la calidad democrática de las decisiones europeas o si más bien con ellas se puedan producir peligrosos cortocircuitos en la lógica de la integración.