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El decremento del flujo migratorio mexicano de los años treinta debido a la recesión económica, tomó un nuevo impulso a raíz de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La escasez de mano de obra local en aquel país llevó a los agricultores del suroeste estadounidense a presionar a su gobierno para demandar la puesta en marcha de un programa de gran escala a través del cual se contratara mano de obra mexicana que cubriera las grandes necesidades de aquella en los campos agrícolas. Las negociaciones entre México y Estados Unidos no demoraron mucho y tras la valoración de la situación, los departamentos de Agricultura, el de Estado, del Trabajo y Departamento de Justicia norteamericanos y del lado mexicano, la Secretaría del Trabajo, de Gobernación y Relaciones Exteriores, firmaron el convenio el 4 de agosto de 1942, el cual se extendería con sus respectivas renovaciones hasta 1964.1 Aunque en el documento quedaron plasmados los requerimientos mexicanos para sus ciudadanos, referidos a transporte, trato justo, buenas condiciones de trabajo, alojamiento, salarios, salud e higiene, en la práctica, tales disposiciones fueron pocas veces cumplidas a los migrantes, por lo que sufrieron penurias, fraudes y abusos en ambos lados de la frontera, problemática objeto de nuestro estudio que abordaremos para el caso de los braceros michoacanos. El contexto michoacano de 1942 a 1964 contó con cinco gobernadores: se inició en parte con la administración del general Félix Ireta, en 1940, pasando por la de José María Mendoza Pardo, Dámaso Cárdenas del Río, David Franco Rodríguez y terminó con Agustín Arriaga Rivera; este último gobernó de 1962-1968. En general y de principio a fin en el periodo, los gobiernos michoacanos se ocuparon y dirigieron su atención en solucionar aspectos económicos, de educación, salud, comunicaciones, industria, obra pública y contrario a la misiva oficial, muy poco atendieron los asuntos agrarios y campesinos.