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Este anexo se concibe como un complemente artículo de ambos autores que figura en este número, “Una propuesta para la lectura filosófica del cine de Aki Kaurismäki: ‘el personalismo fílmico de la perdedora (perdedor) que expresa su dignidad con el amor y la amistad’”. Cuando escribimos su primera versión no habíamos visto Fallen Leaves la última película de Aki Kaurismäki. Ahora completamos este déficit. Los dos artículos estás llamados a formar un díptico. En este justificamos que Fallen Leaves expresa a la perfección “el personalismo fílmico de la perdedora (perdedor) que expresa su dignidad con el amor y la amistad”. Para ello traemos a colación el testimonio de acreditador estudiosos y críticos de cine que realizan juicios que pueden ser considerados convergentes. A continuación abordamos como Fallen Leaves trata de las posibilidades de redención de los trabajadores y su relación con el personalismo fílmico. En tercer lugar damos cuenta del texto filosófico fílmico de la película, si bien no de una manera exhaustiva. Finalmente realizamos unas breves conclusiones que son como una prospectiva de futuro para seguir profundizando en la película.

La obra de Aki Kaurismäki no deja indiferente ni con respecto a sus estilo ni con respecto a sus contenidos. Ambos deben analizarse de manera conjunta y así nos encontraremos con que el autor desarrolla, de modo análogo a los personalismos fílmicos de directores como Frank Capra, leo McCarey, John Ford, Frank Borzage, Mitchell Leisen o Gregory La Cava lo que hemos calificado como personalismo fílmico. En su caso lo hemos calificado como “el personalismo fílmico de la perdedora (perdedor) que expresa su dignidad con el amor y la amistad.” A lo largo de esta contribución hemos comprobado cómo se va labrando este personalismo por medio de las opciones estilísticas características del director y por medio de la descripción de cómo ha evolucionado su filmografía.

Este trabajo trata sobre la progresiva reducción de respeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales en orden a la regulación de los derechos fundamentales de los últimos años. Esta tendencia se percibe, desde antiguo, en la regulación de la materia de derechos fundamentales por leyes de rango inferior a ley orgánica. Este problema también se aprecia en la normativa de urgencia, como se ve, por ejemplo, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, donde el Gobierno se ha arrogado, no solo durante el período más duro de la pandemia, funciones muy amplias de regulación de derechos fundamentales. Todo lo cual apunta a que se ha producido un debilitamiento paralelo del principio de sujeción inmediata de los poderes públicos a los derechos fundamentales –respectivamente, arts. 9.1 y 53.1 de la CE–, y hasta una cierta relativización o banalización y reducción de importancia de los derechos fundamentales en el Estado, con efectos imprevisibles e inquietantes

El objeto de este trabajo y su aportación más específica es abordar el problema de la gestación subrogada por medio de una perspectiva narrativa. Con ello se quiere contribuir al debate sobre la oportunidad o inoportunidad de su institucionalización jurídica y de su reconocimiento como derecho. A tal efecto, tras el correspondiente análisis de la situación jurídico-legal en España, se hará un análisis doble. En primer lugar, uno de carácter jurídico-constitucional, en que se tendrán en cuenta especialmente los derechos reproductivos y los valores de igualdad, libertad y dignidad. En segundo lugar, se abordará la cuestión desde el punto de vista de la ética biomédica, considerando las dos metodologías más corrientes, principialismo y casuismo. Por último, se abordará la cuestión desde una perspectiva narrativa.

En el presente texto se abordan el control de convencionalidad y el margen de apreciación como modelos jurídico-políticos de protección de derechos humanos que se derivan de las visiones particulares, necesidades y recursos institucionales que cuentan los Estados de la OEA y el Consejo de Europa respectivamente. De esta manera, se establece que la dignidad humana es el objetivo universal para el eficaz ejercicio de los aparatos de justicia, a pesar de los métodos dispares de integración de derecho internacional. Para este fin, se realiza una investigación descriptiva y explicativa, se emplea la metodología dogmática —clásica de las ciencias jurídicas— y los submétodos sistemático, analítico y de enjuiciamiento de hecho. En este sentido, se concluye, en primer lugar, que se deben menguar los efectos de soberanía nacional, los cuales limitan la armonización garantística del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, se vislumbra un estándar mínimo internacional a través de un espacio constitucional común que dote de facticidad un equilibrio de derechos universalmente protegidos por jueces multinivel.

Este ensayo postula que la noción de dignidad humana formulada filosófica y moralmente desde la civilización occidental moderna, demanda hoy una re-lectura de sentido, a la luz de las perplejidades que anidan en la disonancia entre los principios morales y el derecho legal justiciable de los Derechos Humanos en las democracias contemporáneas. Si bien, la noción de Derechos Humanos deriva de la pertenencia a la familia humana en la que se asienta idealmente la universalidad de sus titulares y por el principio de autonomía, el resultado de esta mixtura tiene su traducción en dos concepciones problemáticas: una abstracta del ser humano sobre la que se instrumenta una supuesta universalidad que derivó en otra individualista que convierte a los hombres en sujetos aislados y egoístas. Identificar el núcleo de esta perplejidad en Platón, Aristóteles y Benhabib, constituye el propósito de esta reflexión.

En el contexto de la relación entre los Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts(DAR) y los criterios de la denominada Responsibility to protect (R2P),este artículo de investigación describe un problema hermenéutico que consiste en la dificultad de determinar el significado no solo de esos textos, sino también de las conductas de los Estados. Para solucionar dicho problema hermenéutico, el artículo utiliza un método multidimensional que evidencia la tensión aparente entre el principio de no intervención y los elementos de la responsabilidad internacional, y que recurre a herramientas de law and economics, algunos elementos de intersección entre la teoría del derecho internacional público y las relaciones internacionales y otros de psicología del poder. El artículo propone como hipótesis de trabajo que, en últimas, la adscripción de significado, que el autor denomina filling, obedecerá a dinámicas políticas y concluye afirmando la coincidencia entre el mundo del derecho y el mundo de la política.

En este trabajo pretendo establecer los términos en los que puede plantearse el problema filosófico de la identidad cultural, en el entorno de la dicotomía conceptual entre la pretensión de validez universal de los derechos humanos y la particularidad que especifica la realización de los esquemas culturales, especialmente en el contexto del fenómeno de migración. En efecto, la migración es una realidad que no sólo problematiza el marco conceptual del pensamiento político, económico y jurídico, sino también la comprensión de las dinámicas culturales. A partir de ello, intento sostener que el análisis conceptual de la identidad cultural debe ampliar la comprensión de la migración en el discurso y pensamiento contemporáneo de los derechos humanos, para integrar la identidad cultural como un principio que no desvirtúa la aplicación de los mismos derechos humanos en el contexto de diversidad cultural en que se comprende la migración.

El presente texto se propone analizar los límites a la intervención penal derivados del contenido constitucional de la dignidad humana, entendida como intangibilidad de integridad física y moral del individuo, no sin antes precisar, de forma muy breve, la función del principio de respeto a la dignidad humana en el derecho penal, en general, y la manera como las diferentes atribuciones que caracterizan este principio según su elaboración por parte de la Corte Constitucional se configuran como límites al poder penal del Estado. Para ello, se realiza un análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional usando herramientas de la dogmática constitucional y penal. El artículo propone que, a pesar de la diáspora jurisprudencial y la complejidad del concepto dignidad humana, es posible derivar un contenido del mismo que sirva como limitación del derecho penal en el marco del Estado de derecho.

Objetivo. Comprender emociones políticas como la repugnancia y vergüenza, sus rasgos y su relación con la dignidad humana y la libertad en los actos bélicos en Colombia. Metodología. Se realizó una pesquisa teórica en torno a las emociones políticas destacando creencias, juicios y valoraciones asociados a la vergüenza y la repugnancia. Se abordaron algunos aspectos enmarcados en la filosofía del mal como la dignidad humana y su relación con la libertad. Resultados. Se encontraron rasgos configurantes de las emociones de repugnancia y vergüenza en los actos bélicos. Conclusiones. El mal en la guerra está teñido de emociones políticas como la vergüenza y repugnancia, la dignidad humana se hace frágil y está asociada a la libertad y a la voluntad.

La cláusula del Estado social ha sido interpretada desde las coordenadas del pensamiento único, estático y unilateral, precisándose nuevos enfoques más humanos en consonancia con la centralidad y capitalidad del principio de la suprema dignidad del ser humano. En este sentido, se estudia el concepto de los derechos fundamentales de la persona en sus versiones individuales y sociales planteando la conveniencia del uso del concepto de la libertad solidaria.

This text briefly introduces the concept of a "new just war" and attempts to situate Canadian military professional ethics based on respect for human dignity, the service to Canada and obedience to legal authority in the context of intervention in Afghanistan. The discussion of official texts dating back to the time when Canada's involvement was most intense and that of a particular case, shows the "natural tension" between the obligation to obtain results and of respecting high ethical standards. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El presente artículo se propone reportar la presencia de la ley natural en los textos del Concilio Vaticano II. La ley natural es muy importante en el Magisterio contemporáneo, aun cuando se trate de un concepto filosófica y culturalmente discutido. A pesar de las pocas recurrencias del término “ley natural”, el Concilio presenta abundantes referencias y puntualizaciones que abren el camino a una formulación más rica de la ley natural y sus implicancias. A la vez, es posible poner de relieve algunas consecuencias pastorales del uso actual del concepto de la ley natural.

This paper tries a new, heterodox interpretation of Kant’s concept of autonomy. From a “heteronomous” account inquires about the possibility of thinking this autonomy without ignoring its classical interpretation, but reflecting on it as being subsidiary of a heteronomy that points out a dignity on which the autonomy has practically no meddling. It is thus highlighted, indeed, the fact that this inviolable dignity indicates a more radical practical difference than that of the logical identity on which autonomy is based and on which rests the ontology as such.

Se ha usado la expresión de Hannah Arendt «el derecho a tener derechos» como uno de los acercamientos más certeros sobre el significado de ciudadanía. El uso de esta imagen se ha extendido para entender los derechos humanos. En ambos casos se deduce que ciudadanía o derechos humanos no se refieren a eventos o reglas específicas como el voto o el derecho a la libertad de expresión, sino a una cualidad constitutivo de la persona humana. ¿Cómo observar los derechos culturales desde esta perspectiva? ¿Se los puede pensar de igual modo como un principio constitutivo del ciudadano? ¿Cuánto gana una sociedad al medirse a partir del rasero de los derechos culturales? Este texto se ha elaborado a partir de la situación mexicana de los derechos humanos y culturales y propone que el desarrollo, ampliación y garantía de los derechos culturales debiera ser un indicador relevante para el evaluar el desarrollo de la ciudadanía y su fortalecimiento. Palabras clave: ciudadanía, derechos culturales, acceso a la cultura, dignidad humana, garantías constitucionales. Cultural rights and citizenship. A reflection from the Mexican condition Abstract: Hannah Arendt's expression «The right to have rights» is close to define citizenship. In addition to this, it has been used in order to understand human rights. It can be deduced from both concepts that neither refers to events nor specific rules, but to human qualities. Then, from this perspective, how can human rights be observed? Are they social indicators? Based on the current Mexican human rights situation, the purpose of this paper is to propose that the development, the extension and the guarantee of cultural rights must be a relevant cultural indicator in order to evaluate citizenship development and strengthening. Keywords: citizenship, cultural rights, cultural access, dignity, constitutional rights. Artículo recibido: 09/06/2016. Artículo aceptado: 28/06/2016.

The paper addresses critically the constitutional status of the so-called ‘last resort’ principle on three different levels: in the jurisprudence of the Federal Constitutional Court of Germany, in the criminal justice principles at a European level, and, finally, in select human rights instruments at a global level. The paper claims that the penal sanction that the ‘last resort’ principle allegedly delimits, i.e. imprisonment, is a highly polymorphous sanction. In addition to the deprivation of liberty, imprisonment involves elements of corporal punishment and shaming that usually go unrecognised. Correspondingly, the basic right protected by the principle is not exclusively personal freedom as is usually claimed but an equally polymorphous human dignity. The polymorphosity of both imprisonment and human dignity, both the sanction and the right it threatens, introduces a ‘fuzziness’ into the ‘last resort’ that is typical of the principles of liberal constitutionalism. El artículo aborda críticamente la situación constitucional del principio llamado “último recurso”, a partir de tres niveles diferentes: en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal de Alemania, en los principios de la justicia penal en el ámbito europeo, y, por último, en determinados instrumentos de los derechos humanos a nivel mundial. En el artículo se afirma que la sanción penal que el principio de "último recurso" supuestamente delimita, por ejemplo el encarcelamiento, es una sanción que asume múltiples formas. Además de la privación de libertad, el encarcelamiento implica elementos de castigo corporal y vergüenza que suelen pasar desapercibidos. En consecuencia, el derecho fundamental protegido por el principio no es exclusivamente la libertad personal como se suele afirmar, sino la dignidad humana, igualmente polimorfa. Las numerosas formas que adoptan tanto el encarcelamiento como la dignidad humana, la sanción como el derecho que amenaza, introduce una "falta de claridad" en el "último recurso" que es típico de los principios del constitucionalismo liberal. DOWNLOAD THIS PAPER FROM SSRN: http://ssrn.com/abstract=2200411

Este capítulo, revisado y actualizado a comienzos de 2011, analiza el modo en que los derechos humanos se han construido e integrado en la agenda política internacional desde mediados del siglo XX. Este análisis busca contextualizar algunos de los debates suscitados en el ámbito de los derechos humanos recientemente. Lo hace partiendo de la comprensión de la función de los derechos humanos como instrumentos para la defensa de la dignidad humana frente a las prácticas de los agentes que la amenazan. En este sentido es posible, a día de hoy y de cara al futuro, argumentar su plena validez basándose en su propia condición de construcción social, cuya naturaleza es contingente, y está vinculada a las formas en que se entiende la propia dignidad humana, y el papel del estado como principal garante y fuente de amenazas para los derechos humanos individuales.

El presente artículo busca encontrar los primeros gérmenes del Estado social de derecho en el ordenamiento jurídico colombiano, partiendo de la tesis de que este encuentra sus inicios antes de la Constitución de 1991 y antes de la reforma de 1936 la cual fue trascendental para la Carta Política de 1886. Para ello revisa la Constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863, buscando en su articulado verdaderos cimientos de los postulados mínimos de un Estado social de derecho. A partir de lo anterior se mostrarán los albores del Estado social, democrático y de derecho, desde mediados del siglo XIX, su nacimiento con la reforma del presidente López Pumarejo y su máxima expresión en la Constitución de finales del siglo XX.

La Constitución Política colombiana de 1991 consagra unos principios de manera ex-presa; sin embargo el artículo 94 abre la posibilidad de que sean aplicados, dentro del ordenamiento jurídico, interno principios no expresos constitucionalmente siempre que se relacionen con la Dignidad humana. Es el caso de los principios bioéticos, que toman al Hombre y su Dignidad como la medida de todas sus reflexiones. Los avances en las Biotecnologías han generado controversias que para la Bioética son de continua preocupación y por ello posee mejores herramientas teóricas para proponer soluciones que el Derecho, y que pueden ser aplicados siguiendo los principios constitucionales, en los términos del artículo constitucional mencionado.

Se concibe el modelo de justicia restaurativa como un cambio de paradigma, soporte necesario para el logro de una nueva concepción de la administración de justicia, dentro del marco de un Estado Social de Derecho, regido por su principio fundante: “la dignidad humana”; que abandone el modelo represivo y retributivo, replanteando para ello el papel del Estado frente al ejercicio del ius punendi y considerando los límites constitucionales impuestos a éste, pero fundamentalmente considerando al proceso jurisdiccional como un instrumento de paz. Asumimos entonces, el supuesto que plantea el modelo de Justicia Restaurativa cual es la Humanización del proceso penal, a partir de la convocatoria de los actores del conflicto delictivo: Estado. Sociedad, victimario y víctima, para que en forma concertada y justa encuentren la solución al fenómeno delictual, cuya característica fundamental debe ser la reformulación de los fines de la pena, otorgando para ello, un papel protagónico a la víctima en el nuevo proceso penal acusatorio, dotándolo con verdaderas facultades de parte procesal, pero sobre todo respetando su dignidad humana.

Legitimado el Estado para el ejercicio de la actividad penal en toda su dimensión, esto es, imposición de la pena, obligación de probar responsabilidad, si se dice ser ESTADO SOCIAL DE DERECHO FUNDADO EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, no puede ese Estado, amparado en la idea de eficacia de la Administración de Justicia, utilizar al hombre y su cuerpo, SIN SU CONSENTIMIENTO, como evidencia probatoria; lo contrario conduciría ineludiblemente al irrespeto de la dignidad humana "como al irrespeto por sus derechos humanos fundamentales.

Pretendemos realizar un acercamiento al Proyecto de Nación que en el siglo XVI emprendió el Obispo Francisco Marroquín en Guatemala. Profundizar en su visión integral del desarrollo humano: asentamientos fijos, familias nacidas de los nativos y los europeos, educación universitaria, identidad religiosa, etc.La configuración de esta Nación Americana contiene diversos elementos que por su complejidad se presentaron como un desafío y una novedad: fundar un modo distinto de convivencia humana que buscaba hacer frente a las exigencias precisas de las condiciones existentes en Guatemala. Aunado a esto, en éste Proyecto de Nación se intuye una concepción más positiva de la persona humana.

El bienestar social, paradigma político–social característico de la Europa occidental, se enfrenta a inicios del siglo XXI a los retos de una cuestión social emergente que en estas páginas denominamos como “desarrollo humano integral”, y que parece determinar un tiempo histórico distinto. En este artículo realizamos una reflexión teórica de esta coyuntura desde la perspectiva del trabajo social, instrumento básico en la ejecución de los servicios sociales y espectador destacado en los cambios políticos y económicos globales, no siempre advertidos, que afectan de manera directa a las realidades sociales de ámbito local y personal.

El artículo responde a la necesidad de reflexionar sobre la importancia de la legitimidad del Estado de Derecho. La comprensión moral en la que éste se legitima, reclama la construcción de una ética pública en el actual contexto de pluralismo cultural, garantizando exigencias y valores básicos que hagan posible una convivencia pacífica. De esta forma, corresponde a los poderes públicos la obligación de procurar una formación ciudadana, respetuosa con las diferencias, que reconozca y capacite como sujetos morales a todos los miembros de la sociedad. Asimismo, se pretende advertir sobre los riesgos que corre dicha legitimidad, ante estrategias políticas que defienden la utilización de procedimientos violentos para salvaguardar la seguridad nacional. Se hace ver, cuál es el trasfondo ideológico que subyace a la argumentación que justifica los discursos de los responsables políticos que se citan. Todo ello refuerza nuestra convicción acerca de la necesidad de una adecuada formación de la ciudadanía.

El presente ensayo representa una aproximación al concepto de Estado social de derecho, partiendo de los elementos que lo integran: Estado, Nación y República. Se abordan sus principales características desde la perspectiva de la Corte Constitucional, para delimitar su alcance en el ordenamiento jurídico colombiano desde la Constitución de 1991. Posteriormente se hace una breve reseña de algunas sentencias de la Corte, en las cuales es reivindicado el valor de la dignidad humana como elemento fundante de las actuaciones del Estado, distinguiendo la misión del poder legislativo como promotor de la calidad de vida y del poder judicial como garante de la dignificacion del individuo en sociedad. Finalmente, se hace una reflexión del papel de los jueces constitucionales en términos del impacto de sus sentencias para la seguridad jurídica.