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El presente artículo de investigación tiene por objetivo determinar la forma en que se coordinan la jurisdicción especial indígena (JEI) y la jurisdicción especial para la paz, así como el rol que las comunidades indígenas desempeñan en la justicia aplicada en el posacuerdo. Para lograrlo, emplea el enfoque empírico-analítico y el exploratorio-descriptivo desde el caso Embera Chamí en Riosucio (Caldas), apoyándose en el diálogo con dicha comunidad desde su conocimiento sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los posibles conflictos que pueden darse en la aplicación de la justicia transicional en sus dimensiones sancionatorias o penales. Como resultado, se encuentra que las jurisdicciones interactúan en el marco de los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía, con fundamento en la armonía institucional, la diversidad jurídica y el entendimiento entre culturas, lo cual permite que la coordinación entre ambas encuentre múltiples expresiones. Como conclusión se encuentra que, lejos de asumir un rol pasivo y a pesar del conflicto de competencias que se produce, la jurisdicción especial indígena reivindica distintos roles en la justicia del posacuerdo en temas como la asistencia, atención, reparación integral de las víctimas, reconstrucción de la verdad y de la memoria, reincorporación de indígenas excombatientes, entre otros.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para la implementación del acuerdo.

A pesquisa possuiu o cerne de refletir a respeito da participação dos povos indígenas no cenário das políticas públicas sob a análise da sociedade de conhecimentos. Todas as ações governamentais devem respeitar as diversidades culturais, e as políticas públicas pressupor as representatividades dos coletivos. Em razão disso, as políticas indigenistas devem proporcionar o diálogo direto entre aqueles que as criam e os que são considerados destinatários (indígenas). É necessária a participação democrática e cidadã indígena naquilo que diz respeito às medidas estatais que lhes atinjam diretamente, posto que se deva resguardar a existência pluricultural diversificada em uma sociedade de conhecimento. Assim sendo, há necessidade de consulta indigenista prévia para a construção das políticas públicas, à medida que as normas de um Estado Democrático do Direito asseguram as existências culturalmente diferenciadas. Por fim, ressalta-se que para a confecção deste ensaio realizou-se estudo exploratório bibliográfico, sob o enfoque do método qualitativo.

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Objetivo. Exponer el marco de referencia para la intervención desde el Trabajo Social en el derecho a la Consulta Previa. Metodología. Para llevar a cabo el estudio se utilizó la investigación documental. Resultados. Los marcos referenciales son herramientas imprescindibles para la intervención porque permiten conocer y abordar las realidades sociales desde sus diversos componentes. Conclusiones. Llevar a cabo posteriores investigaciones que estudien los procesos de Consulta Previa desde la perspectiva de género y que den cuenta de la especificidad del Trabajador Social en los procesos de Consulta Previa. Reconocer la importancia de fortalecer internamente las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Este documento analiza la relación entre los proyectos de desarrollo, los cuales son autorizados mediante licencias ambientales en nuestro país, y los conflictos en relación con el derecho fundamental a la consulta previa que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos y los cuales han terminado por ser resueltos ante los estrados judiciales. Este artículo está orientado a establecer los requisitos mínimos que debe tener la consulta previa para su implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas al territorio, la autonomía, la participación y el desarrollo propio. Adicionalmente, ofrece una mirada al tema del consentimiento previo, libre e informado en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional a través de una de sus providencias, para terminar sosteniendo que estas temáticas tan complejas, deben ser abordadas desde el enfoque basada en derechos humanos.

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