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El objetivo general del artículo fue analizar sistemáticamente mediante la revisión de literatura el impacto de la vulneración del derecho a contradicción en el proceso de colaboración eficaz que recurre al empleo de la prueba pericial. La metodología utilizada fue cualitativa, de tipo básico y con diseño de revisión sistemática, por ello contó con una muestra de 6 artículos relacionados con la temática del estudio. Respecto a los resultados, se determinó que la prueba pericial aporta cogniciones de otras materias cuya relación con el Derecho acrecienta la posibilidad de comprender la situación y resolver un juicio de la manera más integral posible, para lo cual también debe cerciorarse el principio de contradicción. Por otra parte, la indagación se limitó al no realizar comparaciones constitucionales con otros sistemas legales para concebir las diferencias constantes que implican concepciones a tener en consideración; sin embargo, el valor del estudio recayó en el reconocimiento del impacto que la vulneración del derecho mencionado implica para las sociedades y los individuos según su responsabilidad y las imputaciones por las cuales deben responder. Finalmente, se concluyó que el principio de contradicción es crucial para un juicio íntegro y debe reforzarse cuando se reciba evidencia desde otras ramas del conocimiento.

La búsqueda de la verdad es para las personas un compromiso cotidiano, ella se manifiesta en cada evento que se produce en el escenario de la realidad; durante un tiempo y un espacio. Cuando el hecho no es discutido, los seres humanos convienen su existencia en el pasado y el caso está cerrado; pero ante la duda o la confrontación surge la necesidad de recurrir ante las autoridades judiciales para dirimir esta disputa en el marco que garantiza el Estado de Derecho. Ante esta última situación, si en el proceso penal se investiga la supuesta participación de un funcionario público en delitos o crímenes tipificados en el código penal y que están relacionados con el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Con ese fin, se formula como pregunta general: ¿Le son aplicables únicamente las normas procesales para la demostración de la verdad o también puede invocarse una norma constitucional? El presente trabajo de investigación responde a esta pregunta desde el texto del artículo 23, segunda parte, de la Constitución de la República del Paraguay.

La eternamente aplazada reforma integral de la Justicia penal en España no debería abordarse con el único objetivo de mejorar la eficacia del sistema de persecución del delito, sino también —e incluso principalmente— como la ocasión de ajustar la estructura y organización del proceso penal a la finalidad primordial que debe cumplir en una sociedad democrática: la preservación de los derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos enfrentados al ejercicio del ius puniendi del Estado, y de todos los demás intervinientes en el procedimiento, en especial las víctimas. Para ello es imprescindible la superación de la vieja concepción inquisitiva y la sustitución del actual modelo por otro auténticamente inspirado en los principios de presunción de inocencia e igualdad de armas, que ha de partir de la base de que acusación y defensa son titulares de derechos diferentes. Que ese nuevo sistema responda en su conjunto a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos denomina un proceso equitativo exige, por tanto, redefinir de manera asimétrica la posición de las partes en cada fase del procedimiento. El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado en 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal publicada en 2013 han afrontado ese reto con diferente planteamiento y con desigual resultado

En estas páginas se analiza la posible vulneración al principio de contradicción y, consecuentemente, el derecho a un proceso con todas las garantlas y a no sufrir indefensión por parte de los acusados por delitos de rebelión y sedición por el enjuiciamiento de los hechos acaecidos en Cataluna entre septiembre y octubre de 2017 ante la decisión del Tribunal de no permitir la exhibición de la prueba documental videográfica al tiempo que los testigos prestaban declaración para poder contrastar la veracidad de sus declaraciones con lo que en dichos vídeos se podía ver. Para ello, se analiza, junto con la trascendencia del principio de contradicción en la actividad probatoria, las posibilidades que la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece a las partes (y al Tribunal) para corroborar las declaraciones testificales en el juicio oral y si lo pretendida por las partes era necesario para conformar la decisión judicial y si su no realización podría suponer afección de derechos fundamentales procesales

Los relatos escritos por Menchu Gutiérrez nos someten a un presente vibrante e intenso, un presente, tan alejado de la anécdota como el propio curso de las constelaciones, que convierte cada secuencia en «hecho», en una epifanía. El presente nos adentra de inmediato en el espacio altamente simbólico tejido por la escritora y nos involucra en una serie de reduplicaciones especulares nunca exactas, mediante las cuales volvemos a recorrer tanto las moradas de algún castillo interior como las estaciones perfumadas preciosamente iluminadas de un nuevo manuscrito de las «ricas horas». Escritura al filo, en la cordillera, en que se reúnen prosa y poesía, comprensión y enigma, razón y sinrazón y por la que nos proponemos pasear, oído atento a esta lengua inaudita, tanteando oscuridades radiantes con las manos ofrecidas por los propios textos.