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El estudio tiene como propósito analizar cómo se ejerció la participación ciudadana en los procesos de elaboración de leyes en la Asamblea Nacional del Ecuador durante la pandemia por la Covid-19, en el período 2020. Así mismo, identificar si los mecanismos utilizados facilitaron la incidencia ciudadana en la formulación de 12 proyectos de ley aprobados. Para el efecto, se aplicaron 12 entrevistas a miembros de las comisiones especializadas para el tratamiento de las propuestas legislativas; y, se realizaron 60 encuestas a los asambleístas y a los ciudadanos que intervinieron en los procesos. Además, se realizó un contraste con la normativa legislativa y su internalización por parte de los sujetos obligados y la ciudadanía. Se concluye que, los mecanismos aplicados garantizaron únicamente la comparecencia de invitados y que se alcanzaron niveles básicos de participación. No se logró incidencia en la toma de decisiones, lo que se reflejó en la insatisfacción manifestada.

El presente artículo aborda el tema de la consulta previa como mecanismo de participación democrática y derecho fundamental enfocado en la protección del medioambiente, las comunidades étnicas, su entorno sociocultural y la relación entre el territorio, la identidad y los recursos naturales. En ese sentido, se analizan las distintas interpretaciones que las altas cortes han hecho del mecanismo de participación ciudadana y sus implicaciones en la construcción y protección del ambiente como recurso indispensable para la supervivencia de los pueblos.

El artículo propone una lectura en clave de las relaciones economía/cultura, que busca identificar las tensiones y paradojas en las cuales se debaten las existencias colectivas de pueblos y comunidades indígenas colombianas, al relacionarse en sus territorios con intereses y proyectos económicos empresariales foráneos. El texto realiza un doble recorrido sintético, que reconoce hitos de luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas en Colombia, y problematiza algunos de los instrumentos normativos que actualmente regulan las relaciones entre pueblos, Estado y empresas, así como sus apropiaciones paradójicas por parte de organizaciones sociales y comunidades. Se recurre a experiencias de trabajo en instituciones, así como a registros de trabajo de campo de los autores, buscando conexiones y rupturas entre los esfuerzos comunitarios por sobrevivir de manera colectiva, construir su autonomía y resguardar sus relaciones territoriales, y las presiones económicas de distinta escala y envergadura que participan en sus dinámicas vitales en el marco de un creciente extractivismo que plantea retos para comunidades y empresas.

La Constitución de Colombia define la familia como la conformada entre un hombre y una mujer. Esta concepción resulta sumamente excluyente cuando se constata diversidad de individuos y tipologías de familia que no se ven reflejadas ni en la Constitución ni en la legislación Colombiana. Analizando el caso específico de la tipología de familia homosexual, si bien es cierto que en Colombia se han hecho avances desde la misma despenalización de la homosexualidad desde 1935 y los reconocimientos subsiguientes y contemporáneos en lo respectivo a los derechos de tipo patrimonial, no existe, sin embargo, una igualdad integral para estas parejas a pesar de lo demandado. La Corte Constitucional ha demostrado un activismo y garantismo sin precedentes en esta materia. El artículo expone estos avances, así como el debate jurídico actual en torno al matrimonio igualitario y cómo se percibe el reconocimiento de esta tipología de familia en la comunidad estudiantil universitaria IUE, y finalmente, su posición frente a una posible reforma constitucional.

El dilema entre la explotación indiscriminada de los recursos y la conservación del planeta, ha generado un llamado de alerta al saber jurídico ambiental para que regule las implicaciones entre el ambiente y las culturas y solucione los impactos ambientales negativos que ocasionan los procesos de explotación, producción y consumo. Sin embargo, la sola expedición de instrumentos normativos no basta para remediar esta problemática, se hace ineludible que las comunidades participen en procesos de toma de conciencia y generen las acciones de gestión que deben iniciarse en los ecosistemas. Esta investigación problematiza y pretende analizar en qué medida la comunidad de pescadores de la Ciénaga de Ayapel (Córdoba), depositaria de saberes tradicionales y de una relación indisoluble y armónica con su entorno natural, puede configurarse en un nuevo sujeto social y político que puede exigir sus derechos a preservar su patrimonio cultural y su biodiversidad. Se concluye en este estudio, que ejercer los mecanismos de participación política, administrativa y judicial en materia ambiental, es imprescindible para iniciar acciones desde las comunidades, que posibiliten guardar el equilibrio con la biodiversidad.