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El modelo de democracia que se deriva de la Constitución española aprobada en 1978 se ha intentado definir a través del uso de instrumentos de participación electoral/representativos e instrumentos de participación directa. No obstante, el vértigo de un constituyente timorato, una interpretación restrictiva de la jurisprudencia constitucional y una práctica perezosa han convertido en marginales los instrumentos de participación política semidirecta. Con este complicado marco de partida, el presente trabajo intenta describir los problemas con los que se ha encontrado el reconocimiento constitucional de la iniciativa legislativa popular, valorar cómo se ha gestionado en la vida política ese instrumento de participación ciudadana y, por último, hacer propuestas que pudiesen revitalizar el ejercicio popular de ese mecanismo para que el Cuerpo Electoral pueda colaborar efectivamente en el proceso legislativo junto con las Cortes y el Gobierno.

Resumen: Las Comunidades Autónomas pueden, porque así se lo autoriza el artículo 87.2 de la Constitución, iniciar leyes estatales tanto ante el Gobierno de la Nación como ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, los escasos trabajos que se ocupan de la iniciativa legislativa autonómica se centran casi exclusivamente en la segunda de las vías acogidas por aquel artículo, sin que prácticamente se haya llevado a cabo ningún comentario teórico que trate de dar sentido, hacer la crítica y elaborar unas ciertas garantías a la utilización de la vía ante el Gobierno. El ejercicio de esta modalidad de iniciativa legislativa regional abre todo un panel de cuestiones a tratar, algunas más sustantivas, como el saber el por qué de dicha previsión (¿para qué estimular la puesta en marcha de la ley ante un órgano que no es un legislador?), y otras estrictamente procedimentales (principalmente referidas a la tramitación que han de seguir, en el seno del Gobierno, las solicitudes de proyectos de ley remitidas por los parlamentos regionales), a todas las cuales el presente estudio trata de dar respuesta. Con el fin de ordenar todas estas cuestiones es útil distinguir dos fases claramente diferenciadas a través de las cuales se articula la actuación de este estímulo de la iniciativa legislativa gubernamental. La primera de estas fases tiene lugar en el seno de los parlamentos regionales de acuerdo con lo previsto en sus respectivos reglamentos parlamentarios, y se concreta en la aprobación por tales Cámaras de la remisión al Gobierno de una propuesta -articulada o no- de proyecto de ley. La segunda fase se desarrolla en el seno del Gobierno, el cual, si decide discrecionalmente atender la solicitud remitida por una Asamblea autonómica, iniciará el procedimiento de elaboración, aprobación y posterior remisión a las Cortes del proyecto de ley previsto en nuestro ordenamiento jurídico. De especial interés resulta, a este respecto, analizar las consecuencias de la incomprensible ausencia de un mínimo procedimiento que prolongue la actuación de la iniciativa autonómica con algún tipo de actuación necesaria a cargo del Gobierno de la Nación, lo cual viene a reducir la facultad atribuida por la Constitución a las Asambleas de las Comunidades Autónomas que nos ocupa a un “vacío” ayuno de toda entidad jurídica, razón por la cual nos permitimos proponer algunas medidas de lege ferenda con el fin de reintegrar este instituto a su verdadero sentido y a su más cierta eficacia. Abstract: The article 87.2 of the Spanish Constitution assigns to the Assemblies of the Autonomous Communities the power to initiate state laws, power that can exercise before the National Government or the Chamber of Deputies. However, few studies dealing with the regional legislative initiative focusing exclusively on the second of the routes received by that article. Practically it has not been carried out any theoretical commentary try to make sense, to criticize and develop a certain guarantees to the use of the road with the Government. The procedure for exercising the request to government bills opens some substantive problems (for example, why should stimulate the implementation of the law before a body which is not a legislator?), and others of a procedural nature (mainly concerning the processing to be followed within the Government requests for bills approved by regional parliaments), all of which this study try to respond. For this, it examines each of the two phases through which the exercise of this regional initiative articulates. The first phase takes place within regional parliaments in accordance with the provisions of their respective parliamentary rules in order that such chambers approve the referral to the State Government a proposed bill. The second phase develops within the Government, which, if it decides to grant the request submitted by a regional Assembly, it will initiate the procedure for preparation, approval and subsequent submission to the state Parliament of the bill. We examined its regulatory framework, the assumption of the regional impulse by the Government (the “previous pass” of the Council of Ministers), or the advantages can have this form of the regional legislative initiative against the other form of regional legislative. Of particular interest is analyzed the consequences of the incomprehensible absence of a minimum procedure to prolong the action of the regional initiative with some kind of action to be taken by the Government of the Nation, which has the result of reducing to a “vacuum” the statutory provision of article 87.2 of the Constitution, for which reason it is proposed here some further measures de lege ferenda that are desirable in order to this institution might better fulfil their purposes in an efficient manner. Title: The exercise of the legislative initiative of the Autonomous Communities before de national Government. Singularity, deficits and proposals de lege ferenda Summary: I. INTRODUCTION. II. WHAT THE LAW SAYS ABOUT IT: 2.1 The autonomic phase. Articulated or unarticulated formulation of the impulse of the Assemblie of the Autonomous Community. 2.2 State phase and the action (or inaction) of the national Government: A) Regulatory framework. B) The assumption of the autonomic impulse by the Government: the «praevios pass» of the Council of Ministers. C) Excursus: advantages and disadvantages that can result from this type of autonomic initiative. Considerations about the supposed primacy of the governmental legislative initiative. III. WHAT THE LAW DOES NOT SAY. THE FACTS AS «PASSIVE» OF THIS FIGURE: 3.1 A cause that still belongs to the realm of law: the absurdity that implies that a power granted by the Constitution to autonomics parliaments did not follow any procedure. 3.2. And two consequences of that nonsense: A) An unavoidable sequel: the almost total disengagement of the Government of the Nation. B) And an already proven dysfunctional practice: the use of this figure diverted for different purposes than those you are supposed to. Recourse to the «case method». IV. PROPOSALS DE LEGE FERENDA. V. BIBLIOGRAPHY.

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El principio de división de poderes nunca significó la parcelación de la soberanía, que es única e indivisible, como declaraban los primeros textos del constitucionalismo, también el gaditano. Equivalía y equivale más bien a una división de las funciones correspondientes al poder estatal. Aun así, ha habido dos versiones básicas del citado principio: la separación de poderes/funciones, nunca total, que es la seguida por la Constitución estadounidense de 1787, y su distribución equilibrada, que es el modelo más extendido en Europa. La Constitución gaditana se inclinó por esta segunda versión estableciendo relaciones entre los órganos fundamentales del sistema político que quería implantar: las Cortes y el Rey. Relaciones que eran bien de coparticipación en una función, como la del Rey en la legislativa con su iniciativa, bien de participación en el nombramiento de los titulares de una institución, como la de las Cortes en el de los miembros del Consejo de Estado, ora de bloqueo, aunque sea temporal, como el veto regio a las leyes aprobadas por las Cortes, ora, en fin, de intervención en determinadas cuestiones puntuales, como la de las Cortes en asuntos de la Corona. La división de poderes tampoco impide la existencia de jerarquía entre ellos. En el esquema de John Locke, la supremacía la tiene el poder legislativo, bien que en él participaba el Rey. Éste es el modelo seguido por el constituyente gaditano, con la salvedad de que el veto regio a las leyes de Cortes era superable por éstas. Las Cortes instituidas por la Constitución de 1812 eran un Parlamento en el sentido moderno y liberal de la expresión, muy lejos del precedente que algunos autores han querido ver en las Cortes de Castilla. Se sustenta esta tesis en su composición a base de sufragio activo universal masculino, su autonomía reglamentaria, la publicidad de su funcionamiento, el estatuto de los diputados con las prerrogativas clásicas y la adopción de un sistema de representación muy próximo ya al mandato representativo. Todo lo cual hace que el sistema político que se pretendió instaurar, el de una monarquía moderada, significara realmente una monarquía protoparlamentaria, como la que había por aquella época, aún con notables diferencias, en Inglaterra y como la que quiso crear la Constitución francesa de 1791, que la antecedió en el diseño y en el fracaso, a todas las cuales sólo les faltaba para igualarse a las actuales el importante instituto de la responsabilidad gubernamental ante el Parlamento. The principle of separation of powers never meant the division of sovereignty, which is one and indivisible, as stated the first texts of constitutionalism also Cadiz. Equivalent and roughly corresponds to a division of roles for the state power. Still, there have been two basic versions of that principle: the separation and powers / functions, never complete, which is followed by the U.S. Constitution of 1787, and its even distribution, which is the most widespread model in Europe. The Cadiz Constitution was inclined to this second version establishing relationships between the main organs of the political system he wanted to implement: the Cortes and the King. Relationships that were sometimes of sharing a function, like that of the King in the legislative initiative, good participation in the appointment of holders of an institution, like the courts in the member of the Council of State locking prays, even temporarily, as the royal veto laws passed in the Parliament pro, now, finally, to intervene in certain specific issues, such as the courts in matters of the Crown. The division of powers does not prevent the existence of hierarchy among them. In the scheme of John Locke, the supremacy has the legislative power, well that, in him Rey participated. This is the model followed by the constituent Cadiz, with the exception that the royal veto the laws of Cortes was surmountable by them. Courts instituted by the 1812 Constitution was a parliament in the modern sense of the term liberal, far from the above that some authors have seen in Castile. He supports this thesis in its composition based on universal male vote, their regulatory autonomy, the advertising of its operation, the status of traditional prerogatives deputies and taking a very close representation system and the representative office. All of which makes the political system that sought to establish was that of a moderate monarchy, and monarchy protoparlamentaria really meant, as he had at the time, even with significant differences in England and how they wanted to create the French Constitution 1791, that preceded the design and failure, which only lacked to match the existing institute the important government accountability to Parliament.