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Una política regulatoria basada en la idea de legislación inteligente implica que la producción de normas tiene que estar condicionada por objetivos económicos y, por lo tanto, las leyes tienen que favorecer las condiciones que hagan posible la mejora de la economía y potenciar el crecimiento económico, tal y como propugna la OCDE y la propia Unión Europea. Esta tendencia regulatoria está informada por una serie de principios, tales como transparencia, cooperación, efectividad, eficiencia, participación y apertura. Desde el punto de vista de sus postulados, las normas son “de más calidad” cuando han sido elaboradas con la participación de los ciudadanos. Por tanto, la democracia participativa es uno de los postulados en los que se asienta la llamada legislación inteligente, que busca la colaboración de los ciudadanos y de los interesados en el procedimiento legislativo, no solo en los primeros estadios del proceso, sino también a lo largo de toda la vigencia de la norma. Dicha participación se articula sobre todo a través del mecanismo de las consultas. Este artículo analiza el régimen jurídico de las consultas en el contexto de los procedimientos para producir normas comunitarias de segunda generación.