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A partir de 2001 se inicia en México un proceso de diseño, legislación e implementación de la Reforma Mexicana de Salud. Un componente clave de ésta fue la creación del Seguro Popular, que pretende extender la cobertura de aseguramiento médico por siete años a la población que no cuenta con seguridad social, la cual constituía en ese momento casi la mitad de la población total. La reforma incluyó cinco acciones: modificar la ley para garantizar el derecho a la protección a la salud para las familias afiliadas, lo cual al ser implantado completamente incrementará el gasto público en salud entre 0.8 y 1.0% del PIB; la creación de un paquete de servicios de salud explícito; la asignación de recursos a secretarías estatales de salud descentralizadas, proporcional al número de familias incorporadas; la división de los recursos federales destinados a los estados en fondos independientes para servicios de salud personales y no personales; así como la creación de un fondo para garantizar recursos cuando se presentan eventos catastróficos en salud. Mediante el uso del marco conceptual de los sistemas de salud de la OMS, se han examinado diversos conjuntos de datos para evaluar el impacto de esta reforma en distintas dimensiones del sistema de salud. Entre los principales hallazgos clave se encuentran que: la afiliación alcanza de manera preferente a las comunidades pobres y marginadas; el gasto federal no correspondiente a la seguridad social aumentó 38% de 2000 a 2005 en términos reales; ha mejorado la equidad del gasto público entre los estados; los afiliados al Seguro Popular presentan una mayor utilización de servicios, tanto a nivel ambulatorio como para pacientes externos y pacientes hospitalarios en comparación con los no asegurados; la cobertura efectiva de 11 intervenciones en salud ha mejorado entre 2000 y 2005; han disminuido las desigualdades en cobertura efectiva durante este periodo en todos los estados y deciles de ingresos; los gastos catastróficos para los afiliados al Seguro Popular son más bajos que los de los no asegurados, a pesar de que se haya incrementado su utilización en México. Este trabajo presenta algunas lecciones para México con base en esta evaluación provisional, así como algunas implicaciones potenciales para otros países que consideran desarrollar reformas en materia de salud.Since 2001, Mexico has been designing, legislating, and implementing a major health-system reform. A key component was the creation of Seguro Popular, which is intended to expand insurance coverage over seven years to uninsured people, nearly half the total population at the start of 2001. The reform included five actions: legislation of entitlement per family affiliated which, with full implementation, will increase public spending on health by 0.8-1.0% of gross domestic product; creation of explicit benefits packages; allocation of monies to decentralised state ministries of health in proportion to number of families affiliated; division of federal resources flowing to states into separate funds for personal and non-personal health services; and creation of a fund to protect families against catastrophic health expenditures. Using the WHO health-systems framework, a wide range of datasets to assess the effect of this reform on different dimensions of the health system was used. Key findings include: affiliation is preferentially reaching the poor and the marginalised communities; federal non-social security expenditure in real per-head terms increased by 38% from 2000 to 2005; equity of public-health expenditure across states improved; Seguro Popular affiliates used more inpatient and outpatient services than uninsured people; effective coverage of 11 interventions has improved between 2000 and 2005-06; inequalities in effective coverage across states and wealth deciles has decreased over this period; catastrophic expenditures for Seguro Popular affiliates are lower than for uninsured people even though use of services has increased. We present some lessons for Mexico based on this interim evaluation and explore implications for other countries considering health reforms.

La falta de protección financiera en salud es una enfermedad recientemente diagnosticada de los sistemas de salud. El síntoma más obvio es que las familias enfrentan la ruina económica y el empobrecimiento por financiar su atención médica. México fue uno de los primeros países en diagnosticar el problema, atribuirlo a la falta de protección financiera y proponer una terapia sistémica a través de la reforma del sistema de salud. Este trabajo analiza la manera en que México convirtió las evidencias sobre los gastos catastróficos y empobrecedores en salud en un catalizador de la renovación institucional a través de la reforma que creó el Seguro Popular de Salud (SPS). Presentamos tanto las tendencias de los últimos 15 años sobre la evolución de los gastos catastróficos y emprobrecedores en salud, como las evidencias recientes sobre el mejoramiento en estos indicadores con la expansión del SP. Los resultados de la experiencia mexicana sugieren que la organización y el financiamiento del sistema de salud han jugado un papel muy importante en la reducción del empobrecimiento y en la protección de los hogares durante los periodos de crisis financiera individual y colectiva.Absence of financial protection in health is a recently diagnosed "disease" of health systems. The most obvious symptom is that families face economic ruin and poverty as a consequence of financing their health care. Mexico was one of the first countries to diagnose the problem, attribute it to lack of financial protection, and propose systemic therapy through health reform. In this article we assess how Mexico turned evidence on catastrophic and impoverishing health spending into a catalyst for institutional renovation through the reform that created Seguro Popular de Salud (Popular Health Insurance). We present 15-year trends on the evolution of catastrophic and impoverishing health spending, including evidence on how the situation is improving. The results of the Mexican experience suggest an important role for the organisation and financing of the health system in reducing impoverishment and protecting households during periods of individual and collective financial crisis.