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El objeto del presente trabajo es exponer acerca del principio de publicidad, que rige en todo el proceso penal, pero más aún analizar las restricciones que el Código Procesal Penal establece durante la etapa preparatoria o investigativa para dicho principio, al considerar además las consecuencias de su aplicación en esta etapa, y la eventual confrontación con otros principios o derechos de terceros. Dicha observación adquiere relevancia a fin de marcar pautas en el avance de la investigación versus el principio amplio de publicidad, que rige para los terceros, ajenos al proceso penal en esa fase del procedimiento. Sin embargo, el contenido de la investigación es conocida en la mayoría de las veces mediante el director de la investigación, otras veces a través del auxiliar de la investigación, como la policía nacional. Estas situaciones, con frecuencia, ocasionan una información distorsionada de la realidad al considerar que la investigación sigue vigente y no es recomendable establecer certeza de los hechos sin haber comprobado cada una de las hipótesis. La inobservancia de esta regla perjudica al inculpado al violentar el principio de la inocencia, y no solo eso, si no también podría perjudicar el sistema de garantías del propio proceso penal. Las razones por lo general obedecen al temor a la presión de la prensa, presión mediática.

A modo de introducción corresponde realizar breves consideraciones previas que conducirán al quid del presente artículo, en busca de la legitimidad activa del Ministerio Público contra la nebulosa inacción en materia de incumplimientos de medidas alternativas. En el ámbito penal, nuestro Código procesal penal hace referencia a las medidas cautelares como aquellos actos con objeto asegurativo y provisional. Este instituto introducido en la jurisdicción penal, viene en constante evolución desde las épocas de la Alta Edad Media, en donde existían códigos inquisitivos por parte de las monarquías absolutas; una evolución que desencadenó en un sistema acusatorio como el que tenemos hoy día. En nuestro modelo ritual penal, el instituto de las medidas cautelares presagia que “...la regla compone la libertad durante el proceso y la absoluta descalificación de todas las medidas coactivas de índole aflictiva y la obligación de aportar elementos incriminantes contra sí mismo...”. Según el jurista Adolfo Alvaro Velloso, en la Argentina, uno de los temas que mayor conflictividad presenta en el campo procesal de la República es el relativo a las cautelares procesales. Nuestro Código procesal penal, en su artículo 235 taxativamente discrimina el carácter de las medidas cautelares hábiles. Al desmenuzar el mismo artículo resaltamos que “...la medida cautelar de carácter personal, que consiste en la aprehensión, la detención preventiva y la prisión preventiva; y la de carácter real serán las previstas en el Código Procesal Civil. Estas podrán ser impuestas únicamente en los casos expresamente indicados por este Código y en las leyes especiales”.