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La búsqueda de la verdad es para las personas un compromiso cotidiano, ella se manifiesta en cada evento que se produce en el escenario de la realidad; durante un tiempo y un espacio. Cuando el hecho no es discutido, los seres humanos convienen su existencia en el pasado y el caso está cerrado; pero ante la duda o la confrontación surge la necesidad de recurrir ante las autoridades judiciales para dirimir esta disputa en el marco que garantiza el Estado de Derecho. Ante esta última situación, si en el proceso penal se investiga la supuesta participación de un funcionario público en delitos o crímenes tipificados en el código penal y que están relacionados con el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Con ese fin, se formula como pregunta general: ¿Le son aplicables únicamente las normas procesales para la demostración de la verdad o también puede invocarse una norma constitucional? El presente trabajo de investigación responde a esta pregunta desde el texto del artículo 23, segunda parte, de la Constitución de la República del Paraguay.

La actualidad criminal representa todo un desafío para las autoridades judiciales, quienes se enfrentan ante la oportunidad histórica de recuperar terrenos perdidos en materia del crimen organizado. La legislación vigente hace décadas, se encuentra en permanente actualización, pues el enemigo que se tiene en frente se desarrolla y propaga velozmente; en consecuencia, se debe revisar desde una perspectiva amplia al fenómeno, observarlo desde un ángulo diferente donde se contemplen circunstancias que permitan descifrar a la figura por completo, sin obstáculos. El concepto del plan da la apariencia de ser sencillo, pero se debe advertir que echar luz sobre las sombras en las que actúa toda empresa ilícita merece una técnica multidisciplinaria en que lo técnico-profesional acepte el aporte que puedan dar la historia, la sociología, la psicología, la geopolítica, entre otros. El combate a este flagelo, que contamina la convivencia humana, requiere de una reingeniería que fortalezca los resultados que ya se van obteniendo desde los jurídico; avanzar hacia una estrategia revolucionaria con la que se pueda alcanzar la meta corrigiendo los errores que se ha cometido hasta la fecha. Biografía del autor Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la (UNA, 2006), Egresado de la Carrera de Ciencias Políticas UNA, 2018 (en proceso de tesis). Docente Universitario de las materias Derecho Constitucional y Filosofía del Estado. En el Ministerio Público: Asistente Fiscal, Docente e investigador del Centro de Entrenamiento. Egresado de la Escuela Judicial; coautor de artículos en Revistas Jurídicas.

La dignidad como base de la naturaleza humana, otorga los derechos fundamentales individuales y colectivos. Entre ambas categorías destacan vida y salud, que se complementan estrechamente en el sentido de garantizar el bienestar de cada habitante del territorio de la República; alcanzar la cobertura de este par de prerrogativas por medio de políticas públicas, en especial en materia jurisdiccional, resulta aún un desafío en varios sectores como ser: calidad de vida, sistema sanitario y seguridad; combate a la pobreza, atención integral a sectores vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores. Desde el Ministerio Público, como institución autónoma que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales ha experimentado en la era democrática un rol trascendental en la titularidad de las acciones penales públicas contra los crímenes y delitos que atentan contra los bienes jurídicos fundamentales tratados en el presente artículo, entre los que destacan: narcotráfico, homicidios, violencias de género, torturas, secuestros, trata de personas, entre otros hechos punibles contra la vida y la salud. Biografía del autor/as Juan Pablo Rolón Ruíz Diaz: Asistente Fiscal Asesoría Jurídica. Ministerio Público. Asunción, Paraguay. Asunción, Paraguay. Abogado por la Universidad Nacional de Asunción (2006), Docente universitario de las materias Filosofía del Estado y Derecho Constitucional. Universidad del Norte (2014 hasta la fecha), egresado de la Escuela Judicial, Diplomado en Reforma Constitucional (Escuela Judicial 2014), Especialización en Docencia Universitaria (Universidad Autónoma del Paraguay 2013), alumno del 7mo. Semestre de la Carrera de Ciencias Políticas (2015 hasta la fecha). Leticia Rossana Casaccia Ocampos: Defensora Pública, Ministerio de la Defensa Pública. Asunción, Paraguay. Abogada y Notaria. Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Docente Universitaria. Egresada de la Escuela Judicial del Paraguay. Estudios de postgrado en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires – UBA, Argentina y el Sistema Penal “Crímenes trasnacionales y corrupción”, Universidad de Salamanca, España. Silvia Casaccia Arias: Asesora Jurídica. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay. Abogada por la Universidad Nacional de Asunción y Notaria Pública por la Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”; Docente universitaria de la Facultad de Derecho – UNA; Asesora Jurídica del Decanato de la Facultad de Derecho UNA; Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional (Colegio de Abogados 2016); Diplomado en Derecho Constitucional (Honorable Cámara de Diputados 2017); actualmente maestrando en Derecho Civil y Procesal Civil (Universidad Americana).

La Constitución, como norma fundamental, en todas las naciones, se erige a la cabeza del sistema jurídico positivo vigente en un Estado. Tiene como función especial el de organizar a este último en elementos que hacen a una colectividad, la dirección política (Gobierno), que administra en la ejecución, leyes y justicia a un grupo de ciudadanos naturales (Nación), en un espacio determinado (Territorio). Como todo, la Constitución como tal, necesariamente, tiene un punto de partida, un nacimiento teórico o doctrinal y otro institucional originario. El primero, basado en aquel acontecimiento que valió para su nacimiento jurídico en su aplicación efectiva y su desarrollo histórico, basado primordialmente en el pensamiento filosófico de juristas de la época de la ilustración del siglo XVIII; y, el segundo, a través de su puesta en vigencia como Ley Suprema en cada uno de los Estados, por encima de las leyes y demás disposiciones de menor rango. La Carta Magna, como integrante del sistema jurídico, posee la naturaleza social de todas las leyes; es decir, es redactada con el fin de organizar a una colectividad humana en diversos aspectos de su vida cotidiana. En este sentido, el hombre ha escrito su historia basado en el cambio, la evolución, buscando incesantemente la fórmula correcta que lo lleve a encontrar y aplicar el sistema político jurídico ideal que, organice la sociedad en el marco del orden, la armonía y finalmente la paz social. Es decir, la historia está basada en la evolución, prec

El sistema judicial paraguayo es producto de una evolución histórica nacional relativamente reciente. La justicia como institución o poder estatal representa un servicio público con consecuencias sensibles en la sociedad, ya que es la única competente para interpretar, integrar y aplicar las leyes positivas. Por lo tanto, se pondrá a consideración y análisis al sistema normativo vigente en la República del Paraguay a fi n de identifi car las debilidades existentes en su esquema, si es que realmente existen en dicho ámbito. También se razonará a la justicia como valor, como moral, presente en cada individuo en forma natural, y que lo llevó, desde los orígenes de la historia, a buscar respuestas en todos ámbitos de su vida - lo religioso, divino, privado hasta en lo público en el Estado-. De hecho, el concepto analizado presenta estas dos manifestaciones; y se pretende enfrentarlas en los acontecimientos reales, para de esa manera extraer el origen de sus inconvenientes y sus posibles soluciones.

La presente investigación tiene el propósito de analizar una conducta extrema, de características especiales y de un alcance jurídico amplio, que plantea un escenario mediático importante, además de delicado para las autoridades públicas. La huelga de hambre implica, para aquel que toma la iniciativa de emprenderlo, la puesta en riesgo de altos intereses personalísimos que afectan a derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la constitución. Se pretende examinar este fenómeno de manera integral para garantizar un abordaje de la manera más completa posible. Por ello, el material se halla dividido en dos partes que se pasan a detallar a continuación. En la primera, se realiza un análisis exhaustivo de los principales derechos fundamentales que el manifestante decide voluntariamente poner a prueba, como ser: la vida, la integridad física y la salud. Se detallan sus conceptos, características y la protección legal a nivel nacional e internacional. En la segunda, se detalla la relación de estos derechos innatos a todos, con la postura asumida por la persona que inicia el proceso de huelga de hambre. Finalmente, se ingresa en el estudio de la huelga de hambre en concreto, con todas sus aristas y características; todo con el objeto de llegar a una conclusión que ofrezca recomendaciones sobre las medidas técnicas multidisciplinarias y legales a ser tomadas en torno al afectado a modo de procurar el cese de la medida, considerando con las intervenciones el respeto absoluto de su libertad de expresión y dignidad humana.