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Este artículo aborda las definiciones de la categoría de género que se han desarrollado en las experiencias de justicia transicional en Colombia y su operativización en informes y decisiones judiciales, con el fin de identificar sus usos y su utilidad, desde algunas premisas teóricas de los estudios de género. Concluye que el género, en tanto categoría, se asocia fundamentalmente a los sujetos mujeres y población LGBT, de quienes se presupone su existencia, relegando su uso como categoría analítica de relaciones de poder a un segundo plano. La justicia transicional en Colombia aún debería poder utilizar la categoría de género para explicar la institución de la guerra y debería mantenerse alerta para identificar cómo la guerra construyó identidades generizadas que son, a su vez, continuamente construidas a partir de la narrativa generada en las decisiones judiciales.

Las mujeres ven en las transiciones hacia la paz unas “ventanas de oportunidad” para movilizar sus perspectivas e intereses sobre la paz. En el caso de Colombia, estas ventanas son extraordinarias para visibilizar las acciones en pro de la búsqueda de la paz durante el conflicto, sin embargo, estas también son afectadas por el género; las transiciones abren posibilidades, pero el contexto de violencia y discriminación que sufren las mujeres en lo cotidiano del conflicto no se suspende durante las transiciones. La experiencia de las mujeres en el conflicto armado y su participación en los procesos de paz no es universal. Las mujeres tienen puntos en común en las agendas que buscan garantizar y avanzar sus derechos, pero las estrategias y los medios empleados para alcanzar la incorporación e implementación de dichos objetivos depende de diversos factores que usualmente favorecen la participación de los colectivos mejor informados y conectados. El artículo ofrece un análisis de las ventanas de oportunidad construidas por las mujeres en el marco del proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP (2012-2016), a través de un análisis del funcionamiento de la justicia transicional en Colombia.

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Este artículo analiza la implementación de la política de restitución de tierras de Colombia durante más de 12 años, con el objetivo de proporcionar información sobre el debate acerca del desempeño y la eficacia de las instituciones para abordar los problemas de propiedad en contextos de conflicto armado y acceso desigual a la tierra. Los autores recopilaron información estadística sobre las reclamaciones tramitadas, realizaron entrevistas y discusiones en grupos focales y analizaron más de 860 decisiones extraídas de la página web de la agencia gubernamental para comprender por qué la Agencia para la Restitución de Tierras de Colombia ha rechazado más del 65 % de todas las reclamaciones recibidas. El artículo busca contribuir a la literatura sobre justicia transicional (JT) y gobernanza de la tierra de tres maneras: proporciona pruebas empíricas, facilita la conexión entre los hallazgos empíricos y la literatura sobre burocracias transicionales, y mejora la comprensión del diseño y funcionamiento de las burocracias JT relacionadas con la tierra. Los autores sostienen que, si bien los marcos normativos innovadores y los impulsos políticos al más alto nivel son necesarios para una implementación de los mecanismos de justicia transicional de manera exitosa, es necesario ofrecer una explicación más detallada del éxito o fracaso de dichos mecanismos. El artículo se centra en la literatura académica, examina las principales características del modelo de restitución colombiano, y concluye con una serie de reflexiones sobre los límites de la reforma institucional en contextos de transición.

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Las crecientes demandas para que se reconozca internacionalmente el derecho a la memoria tienden a no tener en cuenta el potencial conflicto que puede surgir entre este derecho y otros derechos humanos reconocidos en los procesos de justicia transicional. Tomando como punto de partida la Ley colombiana de Víctimas y Restitución de Tierras, este artículo ofrece un panorama de los derechos (tanto de las víctimas como de los victimarios) que pueden entrar en colisión con un eventual derecho a la memoria –e incluso imponerle restricciones–, y aborda las salvaguardias prácticas en el diseño e implementación de políticas de memoria que resultan necesarias para acomodar los derechos en conflicto.

Una de las cuestiones más importantes para la comprensión de la justicia de transición se deriva de la relación de tensión existente entre Derecho y poder de cara a las necesidades de justicia como reclamo a graves violaciones a los derechos humanos cometidas en periodos de conflictos armados, guerras civiles o dictaduras. Dicha relación de tensión se explicó inicialmente haciendo gala de la dicotomía entre realismo e idealismo. Más allá de tomar partido entre una y otra teoría, a través de este documento se pretende argumentar que la configuración del modelo de justicia transicional en Colombia se ha dado a partir de la interacción entre diversos enfoques y miradas, haciendo un énfasis particular en las teorías realista y constructivista. Así, se propone que la comprensión y la legitimación de los mecanismos de transición adoptados en el país pueden explicarse desde el realismo jurídico, el realismo político y la mirada constructivista. Tal propuesta puede ayudarnos a comprender e interpretar los avances o retrocesos en la implementación de las medidas creadas para la superación del conflicto armado y la reconciliación nacional.

La diferenciación entre verdad judicial y verdad histórica constituye una premisa central para la justicia transicional y, aunque esta última está hoy en día en el centro del debate global, la diferencia entre ambos tipos de verdad y el estudio de sus productos no ha recibido suficiente atención. Este trabajo examina las premisas teóricas que sustentan la distinción entre verdad judicial y verdad histórica a partir del estudio de algunos ejemplos que dejan en evidencia la porosidad de tal diferenciación y sugiere que al observar los insumos que alimentan los productos de los dos tipos de verdad las premisas no se sostienen. Por el contrario, muestra que la verdad no tiene un lugar estático de producción en el diseño institucional de las transiciones.

El presente artículo expone los hallazgos hechos durante la revisión de la categoría de reparación de las víctimas, estudiada en diferentes áreas del conocimiento. El resultado alcanzado evidencia el confinamiento de esta categoría dentro de los referentes de elaboración conceptual y por los contextos de aplicación de la Justicia Transicional. Debido a ello, surgen algunas controversias, tanto en el plano teórico como en el práctico, las cuales giran en torno a las situaciones en las que ocurrió el daño, a la calidad de víctima y a las circunstancias en las que se exige la reparación. Como alternativa, se expone una estrategia que articula las categorías de víctima y derecho a la reparación, fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos y en la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, se propone la comprensión de la reparación como derecho humano, cuyo desarrollo progresivo promueva su expansión en escenarios no transicionales.

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El presente artículo analiza el alcance de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en escenarios de transición de conflicto armado a una paz negociada, a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del marco jurídico que rige a la Corte Penal Internacional (CPI). A través de un análisis doctrinal y jurisprudencial, las autoras identifican que existen debates, vacíos y cuestiones problemáticas en la determinación de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y que para darle mayor claridad deben analizarse conjuntamente el SIDH y el marco normativo de la CPI, ya que pueden resultar complementarios teniendo en cuenta el alto contenido penal de la obligación. Así mismo, las autoras evidencian que la existencia de vacíos en la determinación de la obligación, especialmente en relación con las conductas objeto de la obligación y la posibilidad de seleccionar casos y concentrarse en los máximos responsables, tiene graves consecuencias para la seguridad jurídica de los Estados y de los ciudadanos.

Los Acuerdos de Paz firmados en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), poniendo fin a un conflicto de más de cincuenta años, prevén mecanismos de justicia transicional adaptados a víctimas provenientes de grupos étnicos y culturales. En efecto, las modalidades de reparación de estas víctimas toman en cuenta sus particularidades étnicas, culturales y sociales, así como sus vivencias del conflicto y sus necesidades específicas. A pesar de que los representantes indígenas, afrocolombianos y roms hayan sido invitados tardíamente a las conversaciones de paz en La Habana, y de que su poca visibilidad en el proceso haya dejado presagiar una neutralización de su victimización peculiar, el “enfoque diferencial” y el “Capítulo étnico” incluidos en el Acuerdo Final anuncian algunos logros para estas comunidades en Colombia: primero, su reconocimiento como principales víctimas del conflicto; luego, la afirmación de la idea según la cual grupos étnico disponen de derechos específicos; y sobre todo, la posibilidad para ellos de apropiarse el derecho para adaptarlo a sus cosmovisiones.

Uno de los principales retos del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP es la conciliación entre el logro de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. El Congreso de Colombia aprobó en julio de 2012 el “Marco Jurídico para la Paz”, un conjunto de mecanismos de justicia transicional que pretenden facilitar las negociaciones, evitar la impunidad de los graves crímenes cometidos por los diferentes actores (guerrillas, grupos paramilitares y agentes estatales) y otorgar garantías a las víctimas. Este Marco introduce los principios de priorización y selección para el ejercicio de la acción penal, es decir, define en qué supuestos y con qué criterios se pueden priorizar unos delitos respecto de otros e, incluso, si se puede centrar la investigación penal exclusivamente en los máximos responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Este es el umbral mínimo que cabe exigir tanto al Estado colombiano (y en particular a las fuerzas armadas) como a los miembros del Secretariado de las FARC. El Marco Jurídico para la Paz también prevé la creación de una Comisión de la Verdad que arroje luz sobre los gravísimos crímenes cometidos en Colombia, y deja en manos del Estado instrumentos importantes en materia de flexibilización de la respuesta penal ante los crímenes cometidos por diferentes actores armados. Estos beneficios están condicionados a que los desmovilizados efectúen contribuciones significativas para una paz duradera, la verdad y para lograr la reparación de las víctimas.

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El artículo establece una distinción entre “el derecho de la memoria”, que corresponde al conjunto de normas y políticas públicas destinadas, especialmente en sociedades que establecen una forma democrática de gobierno y adhieren a los derechos de la persona humana, a dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos que han precedido; y “el derecho a la memoria”, concebido como un derecho subjetivo de las víctimas a ver las violaciones que ellas han sufrido reparadas en el nuevo orden jurídico-político, y a sus autores condenados. Muestra, a partir de un análisis de la justificación moral, de la justificación política y del contexto, que si buenas razones, en primer análisis, pueden empujar a defender la idea de un derecho a la memoria, su reconocimiento puede plantear problemas jurídicos al nuevo orden democrático, así como plantear problemas políticos, susceptibles de afectar la transición democrática. Concluye que la justicia de transición no debería considerar que este derecho a la memoria ha de estar automáticamente garantizado, debería estar regulado en función del objetivo de establecer eficazmente un nuevo orden democrático fundado sobre el respeto de los derechos humanos.

El presente artículo pretende plantear la manera como se establecen relaciones entre la memoria, la historia y el derecho a la verdad a la luz del derecho internacional e interno, y la forma como se usan tanto en la narración de la historia como en la construcción de la verdad judicial. Esta visión nos permitirá comprender la manera como conceptos que muchas veces son considerados aislados y sin puntos de contacto, hacen posible descifrar la dinámica de los conflictos no solo en la práctica judicial, sino en la perspectiva disciplinar.

En 2011, veintisiete años luego del final de la dictadura militar en Brasil, una ley, aprobada con amplia mayoría en el Congreso, creó la Comisión Nacional de la Verdad. Sin carácter jurisdiccional, la Comisión tiene el mandato de aclarar, en dos años, las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura, incluso si se produjeron en el extranjero. Al mismo tiempo sigue vigente una Ley de Amnistía anterior, de 1979, que, en su momento, resultó de un delicado acuerdo político entre el gobierno y la oposición. Dicha ley fue esencial para la transición pacífica del país a la democracia pero sus términos, hoy en contravía de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, no permiten que los responsables por las violaciones sean juzgados y condenados. En su trayectoria de justicia transicional, Brasil solo aplicó el principio de la reparación y ahora camina hacia el principio de la verdad. Pero sigue legalmente impedido de aplicar la justicia. Cabe preguntarse cuál será la reacción de la sociedad brasileña ante las verdades aclaradas y el impacto que esa reacción pueda generar en la trayectoria de la justicia de transición brasileña: ¿indiferencia o cambios radicales?

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