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En un mundo interdependiente, el uso del derecho extranjero por tribunales nacionales o domésticos es una práctica y desafío común. Diversas cortes en todo el orbe utilizan doctrina y jurisprudencia extranjera para fundamentar sus sentencias. En esa perspectiva, este trabajo analiza el uso de las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia por el Tribunal Constitucional peruano. En el Perú, el Tribunal Constitucional emplea la jurisprudencia de su par colombiano de dos maneras: (1) uso vinculante: el fallo se remite a una categoría o figura desarrollada por la Corte colombiana y se menciona en la parte resolutiva, es decir, condiciona el sentido de la sentencia y (2) uso incidental: el fallo usa con fines ilustrativos una categoría o figura desarrollada por la Corte colombiana y no se menciona en la parte resolutiva, por consiguiente, no condiciona el sentido de la decisión. Finalmente, a partir de lo anterior, ambas cortes han generado una especie de diálogo en torno a la protección de derechos, debido a que figuras o categorías como el estado de cosas inconstitucional¸ una creación de la Corte colombiana, son empleadas por el tribunal peruano; además, este tribunal usa las decisiones de su par colombiano con mayor frecuencia.

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Este artículo explica el concepto jurídico-positivo de persona. Se revisan, em consecuencia, las diferencias con el concepto de cosa pero también con el concepto moral correspondiente. Para lo anterior se analiza la dicotomía de persona y cosa como una fundamental para el derecho, que evolucionó, en la codificación, hacia una unificación del concepto de persona y una simplificación del concepto de cosa. Esa dicotomía depende de una definición positiva de persona y una negativa de cosa. La caracterización positiva de persona es dependiente de la noción de derecho subjetivo, lo que sirve para mostrar la superioridad de las teorías del derecho subjetivo como interés protegido. Las posturas revisionistas de esta dicotomía y del concepto unitario de persona, particularmente en la discusión sobre derechos de la naturaleza, permitirán comprender de mejor modo el concepto jurídico-positivo de persona: un ser capaz de ser titular de derechos subjetivos. Esto significa: una perspectiva reconocida desde la cual pueden juzgarse estados de cosas como ventajosos/ desventajosos, es decir, desde la cual pueden identificarse intereses.

El objetivo de este artículo es discutir cómo los derechos de la naturaleza han sido juridificados y disciplinados por los jueces colombianos. Para lograrlo, utilizamos una metodología con dos componentes: un análisis del discurso de sentencias judiciales y un examen de doctrina y teoría sobre el origen y los pilares del movimiento de los derechos de la naturaleza. A lo largo del texto analizamos cómo su lectura desde nociones tradicionales jurídicas como propiedad y bien común limita las aspiraciones transformadoras que inspiran el movimiento de los derechos de la naturaleza.

Dotarse de instrumentos normativos y de políticas de género con el objeto de derrotar las desigualdades estructurales es el objetivo de las acciones para la igualdad entre hombres y mujeres diseñadas por los Estados. En este trabajo, centrado en el estudio de caso de la Administración Pública española, se repasan las medidas adoptadas en el ámbito del acceso al empleo público y la política de personal en el periodo democrático, para responder a las preguntas: ¿cuándo y cómo han sido diseñadas?, ¿qué actores políticos las han impulsado?, ¿en qué momento estamos? El propósito último es identificar los avances y las medidas específicas, trayendo al debate los elementos generales y contextuales que obstaculizan la consecución efectiva de la igualdad. El estudio de la Administración Pública española puede ejemplificar un recorrido, particular pero muy ilustrativo, de las dificultades, retos y estrategias en favor de la igualdad y las políticas públicas con perspectiva de género.

Al ser concebidos los derechos fundamentales, desde su funcionalidad, como un sistema dinámico integrado para que las personas puedan alcanzar una vida digna, se despierta el interés general por su estudio en relación con su alcance y eficacia dentro de la sociedad. La amplitud normativa del orden constitucional refleja que el desenvolvimiento judicial es un componente estructural de gran trascendencia para el alcance material de justicia. En ese sentido, el artículo plantea una aproximación a este plano del derecho mediante el estudio de casos referidos al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en contextos de violencia, a fin de constatar que el desenvolvimiento en el ámbito judicial comulga con el alcance de justicia de género; de este modo, primero, se constata el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, y segundo, se aplica la Metodología de Género para el análisis del fenómeno legal. De ello se concluye que esta potestad normativa de las mujeres requiere una ruptura de diversos paradigmas, a fin de lograr la materialidad de este derecho fundamental en los distintos componentes del sistema jurídico, en articulación con los derechos humanos y un verdadero alcance de justicia de género.

El presente trabajo aborda críticamente la influencia del discurso político y filosófico en la comprensión de los derechos fundamentales, particularmente desde la crítica a las nociones de sujeto abstracto y titularidad universal. Este ejercicio propone la noción de diferencia como complemento epistémico para la comprensión de estos derechos, que permita situar a sus titulares en la materialidad que condiciona el ejercicio. Esta exploración tiene como horizonte una reconstrucción del discurso de los derechos desde una epistemología materialista de la diferencia y la subalternidad, que considere dicha condición en su ejercicio, especialmente cuando se trata de garantizar la igualdad de personas pertenecientes a grupos sociales cuya identidad se configura, como en el caso de las personas migrantes, desde la diferencia.

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En este artículo se exploran y analizan con sentido crítico los mecanismos dispuestos en la normativa y la jurisprudencia colombianas para la protección del conocimiento tradicional (CT), con el fin de contribuir al debate actual sobre las racionalidades contrapuestas que subyacen en las propuestas de protección: por un lado, la cosmovisión de las comunidades indígenas, y por el otro, la racionalidad del mercado. Por esta razón, en la primera parte se abordan los elementos del CT, mientras que en las siguientes se analizan tanto los mecanismos existentes (plasmados en normas) como los emergentes (resultantes de las teorías jurisprudenciales y el precedente judicial) para su protección. Se evidencia que existen dos tendencias entre los mecanismos emergentes: una plasmada en las sentencias de tutela de la Corte Constitucional, que puede considerarse proteccionista del CT ya que mantiene una concepción sistémica del mismo y resalta la importancia de considerar los elementos que lo componen para que sea efectiva su protección; y otra inmersa en las sentencias de constitucionalidad de acuerdos comerciales, que antepone la racionalidad del mercado a la concepción sistémica del CT, mediante la aplicación de instrumentos de propiedad intelectual.

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La pobreza en Colombia ha sido estudiada como un problema político o económico, pero no como un problema jurídico. Por tal razón, es importante analizar si la teoría del sistema de derechos se encuentra en condiciones de dar respuestas positivas a esta situación negativa.

La teoría moderna sostiene que la mutación de los derechos tiene los mismos efectos jurídicos que una reforma constitucional. Esta teoría atenta contra las bases fundamentales del sistema constitucional colombiano, pues permite que los cambios en la realidad superen los límites constitucionales. Por tanto, resulta necesario construir una teoría diferente que respete esos límites.

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