Search

Aunque la mayoría de las industrias son en alguna medida imperfectamente competitivas, los gobiernos se han mostrado sensibles a las ineficiencias derivadas de la competencia imperfecta. En ocasiones se regulan los precios y los beneficios de monopolios. Asimismo, la legislación antimonopolio prohíbe determinadas prácticas como la fijación colusoria de precios, propias de las empresas oligopolísticas y los acuerdos para repartirse los mercados. Todas estas iniciativas están encaminadas a propiciar la competencia perfecta y a alcanzar la eficiencia económica y tienen como objetivo común limitar el poder del mercado de los monopolios y de las empresas oligopolísticas, y luchar así contra los fallos percibidos en el mercado, en el que los individuos pueden no tener información suficiente o la capacidad necesaria para protegerse. Para ello el Estado recurre a la regulación o liberalización de determinados sectores e industrias, intentando también fomentar la competencia e impedir los abusos monopolísticos prohibiendo ciertos tipos de prácticas anticompetitivas. Ante este escenario, se analiza en este artículo el caso de la regulación en los mercados de telefonía móvil, situación que puede brindar información importante ahora que se da la apertura en el mercado de telefonía móvil en Costa Rica.

No es solo si se abren o no, ni cuánto se abren, sino en qué contexto lo hacen. Se podría decir que la discusión sobre la relación entre apertura y crecimiento económico ha tenido un comportamiento cíclico. Hasta el momento se han mostrado resultados positivos, sin embargo algunos trabajos muestran que el efecto es ambiguo o, al menos, no es robusto. Este trabajo aporta nueva evidencia a la discusión. Su principal resultado es que existen importantes diferencias entre grupos de economías con respecto a los factores que explican el desempeño tecnológico y el crecimiento del producto.

La crisis de la deuda externa al final de la década de 1970 terminó con la política económica de industrialización por sustitución de importaciones que -con sus políticas de proteccionismo, planificación, intervención y regulación de precios- entonces prevalecía en América Latina. El acuerdo sobre políticas de crecimiento entre políticos y burócratas de las Américas, tecnócratas de las instituciones financieras internacionales y académicos en universidades del mundo en desarrollo y de los países desarrollados, al que se denominó Consenso de Washington, sustituyó al anterior paradigma. Durante los años del cambio de siglo el poco crecimiento y el aumento en la pobreza significó un desencanto con las políticas del Consenso de Washington e incluso con la democracia. Con los resultados actuales, es conveniente reconocer que las reformas aplicadas en las décadas de los ochenta y los noventa han permitido en América Latina un crecimiento mayor al de los países desarrollados, nos han hecho más fuertes frente a los shocks externos y facilitan política y económicamente mantener el crecimiento.