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En este artículo se abordan todas aquellas acciones que, encaminadas a zanjar las brechas notoriamente existentes en la sociedad por atentar contra el principio-derecho fundamental de la igualdad, tienen cabida en la actividad contractual del Estado en Colombia; su origen y desarrollo histórico, evolución normativa a la luz de la Constitución de 1991, pero principalmente el desarrollo jurisprudencial de la mano de la Corte Constitucional y algunas medidas y casos puntuales en torno a esta discriminación positiva, son la motivación del presente trabajo investigativo.

Este artículo intenta poner de presente una crítica de implicaciones ético-jurídicas que subyacen al momento de ser decretado, por parte de la Corte Constitucional colombiana, un estado de cosas inconstitucional frente al problema del hacinamiento en las cárceles. Se resalta no solo la vulneración masiva de derechos fundamentales, sino también la indiferencia con la que operan los ciudadanos en Colombia, que relegan a una minoría de la población que se vuelve vulnerable ante ese trato residual de la sociedad y de un Estado que se niega a resolver ese problema, aduciendo un déficit presupuestal y una incapacidad de sus instituciones para hacerle frente, atacando desde varios frentes la labor hecha por la Corte en esta trascendental sentencia.

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Las preguntas que guiarán este artículo son: ¿La concepción clásica de sujeto permite la construcción, por parte del derecho, de la categoría de dignidad humana en la aplicación de las penas corporales en las comunidades indígenas? ¿Las caracterizaciones que ha elaborado la Corte Constitucional en este punto permiten una definición coherente con el sistema de derechos fundamentales? La concepción de sujeto que heredamos de la modernidad y que es utilizada en las teorías clásicas del derecho limita el análisis del ser humano al marco de las relaciones con los sistemas sociales. Una teoría donde la diferencia entre sistema y entorno es el punto de partida, permite ver cómo la autonomía de los sistemas y la flexibilidad del entorno aportan a la construcción de los sistemas autopoiéticos. Así, en las sentencias de la Corte Constitucional en las que se consideran por vía de tutela que las penas corporales son admisibles por el sistema jurídico colombiano, la definición de dignidad humana no apareció de manera muy clara, y se recurrió, por el contrario, a razonamientos fácticos. Palabras claves: Sujeto, teoría de sistemas

El presente documento es un análisis detallado del procedimiento utilizado por la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas para decidir las solicitudes de prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia realizadas por las víctimas del desplazamiento forzado interno, en aras de verificar si es respetuoso de sus derechos fundamentales y si se están aplicando las directrices esbozadas por la Corte Constitucional sobre la materia. En una primera parte este documento define qué es la ayuda humanitaria (AH), explicando la normatividad aplicable sobre la misma, tratando de cerca el procedimiento, sus componentes, la procedencia en su otorgamiento, su cuantía y todo lo relativo a su prorroga. Posteriormente, con la información obtenida, se contrasta con los preceptos constitucionales, la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha expedido al respecto y se traerán a colación acciones de tutela presentadas en el distrito judicial de Neiva- Huila, en las que se deja entrever la posición que al respecto tiene el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Antes Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en adelante “Acción Social”) y como funciona en la práctica el procedimiento. Todo esto para sentar una posición respecto del objetivo propuesto y finalizar con la realización de una propuesta o recomendación al respecto.

El propósito del artículo es exponer la presencia de algunas proposiciones morales de la filosofía práctica de corte aristotélico en varias sentencias de la Corte Constitucional Colombiana. Para ello, explicará el uso del lenguaje prescriptivo, luego se realizarán reflexiones críticas de segundo orden o metaético sobre las proposiciones morales aristotélicas. Posteriormente se expondrá la relación entre ciertas ideas promovidas por algunos teóricos del Estado Constitucional y la rehabilitación de dicha filosofía. Finalmente, describirá su consecuente influencia en el papel de los jueces constitucionales; y detallará la recepción de la misma en la jurisprudencia constitucional.

Este artículo presenta los principios que fueron identificados a partir de la revisión de sentencias proferidas por la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (1992-2012), y que sirvieron para resolver algunos problemas derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales. Los principios cumplen así, un importante papel de condensación de la normatividad y articulación de la jurisprudencia.

El presente ensayo analiza el tríptico conceptual “poder constituyente primario”, piedra fundamental del derecho constitucional moderno, que resulta ser una figura más atractiva por sus potencialidades que por sus realidades ya que ha estado sujeta a fuertes variaciones o discontinuidades discursivas y pragmáticas relacionadas con su naturaleza, con su origen, su titular, sus funciones y sus límites. Los usos prácticos del concepto resultan más problemáticos y más ambiguos cuando se atribuye su titularidad al pueblo y cuando se analiza la efectividad de tal reconocimiento. En una primera parte se analizan el origen del concepto, sus implicaciones políticas y jurídicas, especialmente en relación con la posición de Kelsen, y en una segunda parte se presentan los usos del concepto en la historia constitucional colombiana y los obstáculos que han imposibilitado una efectiva aplicación de la titularidad del pueblo como constituyente primario.