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La provisión del primer ciclo de educación infantil (EI a partir de ahora) ha aumentado de manera sostenida en España desde el año 2000. A pesar de una considerable dispersión territorial, esta expansión ha tenido lugar en todas las comunidades autónomas. En este artículo estudiamos cómo los distintos diseños institucionales a escala autonómica impactan en la equidad tanto en el acceso al servicio como en el coste para las familias. Tratamos de averiguar en qué condiciones puede el primer ciclo de EI ir más allá de una política de conciliación empleo/familia y considerarse una política redistributiva y de igualdad de oportunidades que favorezca acceder a él y sufrague su coste para los colectivos socialmente más desfavorecidos. Analizamos la evolución de la normativa estatal del primer ciclo de EI desde la LOGSE de 1990 hasta la LOMLOE de 2020, y comparamos siete comunidades autónomas que presentan distintos niveles de cobertura y modelos de gestión. Nuestro estudio concluye que, si bien existe disparidad en los criterios tanto de acceso como de precios, todas las comunidades autónomas estudiadas han ido avanzando hacia un servicio más garantista, con un reconocimiento explícito de las circunstancias de especial dificultad originadas por bajos ingresos, discapacidad, monoparentalidad o violencia de género. Aun así, características estructurales del primer ciclo de EI, como una financiación fluctuante, una regulación y control públicos débiles y una importante externalización a proveedores privados, dificultan su universalización como una política redistributiva y de calidad.

La educación infantil de 0 a 3 años es una política con efectos muy relevantes en el bienestar infantil y la igualdad de género. Su acceso universal es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y tiene efectos positivos cuando es de calidad en el corto, medio y largo plazo en toda la infancia, especialmente en la de origen vulnerable. Igualmente, su grado de cobertura es un elemento determinante para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Este artículo tiene como objetivo estimar los costes y beneficios de universalizar el primer ciclo de educación infantil en España, considerando la situación actual, las posibles mejoras de su calidad y las condiciones laborales, así como su interacción con reformas factibles de políticas fundamentales para la economía feminista: permisos parentales sucesivos y jornadas laborales más cortas. Para la evaluación ex ante se realiza un análisis de coste-beneficio actualizando costes y beneficios a 2021, y considerando la variación de costes en diferentes escenarios posibles en España y potenciales fuentes de financiación. Los beneficios cubren ampliamente los costes no solo de la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años, sino también de una mejora notable de su calidad y condiciones laborales. Si se modifica el diseño de los permisos parentales para garantizar la posibilidad de usarlos sucesivamente y alargar a ocho meses el cuidado de bebés en el hogar, se puede costear el aumento de su calidad. Esta reforma permitiría cubrir el coste de mejorar notablemente las condiciones laborales de este sector ampliamente feminizado.

Este trabajo investiga las razones de la caída continuada de la participación de los salarios en la renta de la economía española durante el período 1987-2015. El análisis toma como variable explicativa fundamental los factores socioinstitucionales que influyen decisivamente en la capacidad de los trabajadores para negociar sus salarios. Identificamos dos grandes ámbitos en los que se han producido importantes transformaciones: el sistema de relaciones laborales y la estructura y regulación del empleo. Primero, empleamos una metodología estadístico-descriptiva para dar cuenta de la relevancia y evolución de ambos. En segundo lugar, elaboramos un índice de capacidad negociadora (ICN) de los trabajadores a partir de siete variables. Nuestras estimaciones indican que el ICN es capaz de explicar gran parte del retroceso de la cuota salarial y que la capacidad de negociación es un determinante fundamental de la distribución funcional de la renta.

La actualidad española se caracteriza por un retraso en el calendario en lo que respecta al logro de una emancipación completa, consecuencia de un alargamiento del periodo formativo y de una inestabilidad y una precariedad considerables en el empleo, entre otras cuestiones. Concretamente, Andalucía es una de las comunidades autónomas con más problemas en este sentido —mayor nivel de desempleo y de precariedad laboral, entre otros aspectos. El objetivo principal del presente artículo es conocer los factores que influyen en la probabilidad de que un joven se emancipe. Para ello se propone distinguir, dentro de la emancipación, cuáles son independientes residencialmente o económicamente para averiguar si existen diferencias en los factores que influyen en que un joven sea independiente residencialmente y no económicamente, y viceversa. Se ha utilizado una base de datos de 2017, con una muestra de 1.981 jóvenes de 14 a 35 años llevada a cabo con el propósito de diseñar el III Plan Integral de Juventud de Andalucía. La regresión logística multinomial ha sido la técnica de análisis utilizada. Los resultados muestran que los jóvenes que se aproximan más a la finalización de la transición de la juventud tienen más probabilidades de haber formado un hogar propio y de ser autosuficientes económicamente. Sin embargo, aquellos que todavía están formándose o tienen intención de retomar los estudios, están desempleados y no tienen descendencia ni intención de tenerla, se aproximan más a formas de independencia incompletas (residencial o económica) o bien nulas.

El objetivo de este artículo es profundizar en las explicaciones sobre la emergencia de nuevos partidos. En concreto, se estudia qué cuestiones han sido centrales en los discursos de las nuevas formaciones y hasta qué punto dichos temas 1) son demandas de la sociedad (demand syde) y 2) ya habían sido abordados por los partidos establecidos (supply syde). Para ello, utilizando los casos de España y los Países Bajos, analizamos los programas electorales de las nuevas formaciones políticas, identificamos los temas principales de su discurso, con encuestas de opinión vemos las principales preocupaciones de españoles y holandeses y, gracias al Comparative Manifestos Project, comprobamos hasta qué punto estos temas no habían sido abordados previamente por las fuerzas tradicionales. Nuestros resultados muestran que, mientras que en los Países Bajos los temas de los nuevos partidos apenas son nombrados por las formaciones tradicionales, en España los asuntos centrales son compartidos por todas las formaciones, y los partidos emergentes surgen debido a los sentimientos de desconfianza hacia los que ya estaban establecidos.

Este texto constituye una presentación del monográfico «La participación política de las comunidades migrantes en España: nuevos y viejos dilemas». Junto con un encuadre teórico que recoge las principales contribuciones más recientes al debate en torno a la participación política de las comunidades migrantes, se introducen los principales aspectos de diseño teórico y metodológico del proyecto de investigación sobre asociacionismo migrante en Galicia, que está en el origen de esta publicación, y se presentan brevemente cada uno de los artículos que componen el volumen.

Hace más de treinta años se reguló en España la doble red de centros públicos y privados. Es un buen momento para preguntarse qué ha significado en términos de equidad. Este artículo aborda la aportación diferencial de la educación pública y privada a la segregación escolar de carácter socioeconómico. Más concretamente, tiene como objetivos, por un lado, estimar la magnitud de la segregación por nivel socioeconómico de los centros de educación secundaria obligatoria de titularidad pública y de titularidad privada y, por otro, determinar la contribución diferencial de ambos a la segregación global en cada comunidad autónoma. Para ello, se realiza una explotación secundaria de los datos PISA-2015 y se estima el índice de segregación de raíz cuadrada de Hutchens y su descomposición en los subsistemas de educación pública y privada para cuatro colectivos de estudiantes: el 10 % y el 25 % de los estudiantes con familias con menor nivel socioeconómico, y el 10 % y el 25 % de los de mayor nivel. Los resultados apuntan, en primer lugar, a una gran variabilidad en la segregación escolar entre comunidades, tanto en magnitud como en composición público-privada. En segundo término, se encuentra una notable segregación de los estudiantes de familias con menor nivel socioeconómico y cultural en los centros privados y en los centros públicos de mayor nivel, lo que apunta a la importante contribución que la educación privada realiza a la segregación escolar global por carácter socioeconómico.

En un momento en que las políticas para la diáspora están en auge a escala global y la mayor parte de las investigaciones estudia iniciativas generadas desde los estados nación, este artículo examina las políticas para la diáspora desplegadas desde una escala más pequeña. Tomando como estudios de casos las medidas de dos regiones de España e Italia (Galicia y el Véneto), se analizan los antecedentes, las características, las motivaciones y la evolución de las políticas regionales para la diáspora y se exploran algunas de sus consecuencias. El artículo adopta la perspectiva de la antropología de las políticas para analizar las políticas para la diáspora, y explora sus consecuencias a partir de un trabajo etnográfico que incorpora las narraciones de dos generaciones de migrantes que pueden categorizarse como diáspora. Se revela un incremento del lenguaje economicista en las políticas y un escaso interés hacia las mismas por parte de los migrantes entrevistados.

Normalmente, se piensa que España es un país de alta estabilidad por lo que se refiere a la residencia; sin embargo, según la European Quality of Life Survey, más de 1,2 millones de hogares creían que abandonarían su vivienda a corto plazo por problemas económicos en 2011. El artículo analiza esta inseguridad residencial en España, que es mayor que en Europa por los motivos siguientes: a) mayor inseguridad transversal; b) mayor heterogeneidad interna en contra de los grupos más vulnerables, y c) mayor peso de los grupos más vulnerables. El caso español es próximo al francés y al italiano, pero se aleja mucho de los casos alemán y sueco, países en que las personas están más seguras en su vivienda independientemente de su situación. El artículo acaba mostrando que la alta inseguridad residencial puede ejercer un impacto negativo sobre el desarrollo y los planes vitales de los hogares jóvenes. Por último, se propone la transmisión intergeneracional de seguridad residencial como un rasgo, con fecha de caducidad, del sistema residencial español.

El objetivo del artículo es analizar el desarrollo de las investigaciones sobre la ejecución penal femenina en el Estado español a lo largo de los últimos treinta años, en el marco de los principales debates e ideas de las «criminologías feministas anglosajonas». Tratar los hitos clave de estos enfoques feministas, las principales dificultades que ha atravesado, las autoras y los autores más relevantes que han liderado este debate intelectual y académico, las interconexiones entre las investigaciones y la acción de los poderes públicos y, finalmente, las temáticas y los enfoques más significativos que se han ido debatiendo desde una perspectiva crítica y no androcéntrica. El estudio de las cárceles de mujeres y de las mujeres encarceladas ha sido, en España, un tema largamente olvidado por la academia, especialmente por la investigación sociológica, que no le ha prestado la atención que merecía hasta recién entrado el siglo xxi. Desde entonces, imbuidas de las ideas y de las reflexiones de las «criminologías feministas anglosajonas», han ido emergiendo distintas investigaciones que las visibilizan y ponen de relieve la importancia de examinar estas instituciones de reclusión a la luz de las nuevas formas de control punitivo hacia las mujeres.