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Las misiones internacionales contra la corrupción son una herramienta novedosa para países afectados por graves casos de corrupción y por la infiltración de redes ilícitas en el sector público. Estas misiones se establecen tras un acuerdo entre un Estado y una organización internacional para la identificación y la desarticulación de las redes ilícitas, así como para recibir apoyo técnico internacional en la lucha contra la corrupción. En esta investigación se examinan las fallas de institucionalización de las políticas públicas anticorrupción difundidas por las misiones internacionales y se comprueba la relación causal a través del diseño de políticas públicas y process tracing. El mecanismo causal teórico consiste, primero, en el análisis desde la configuración de la agenda contra la corrupción; segundo, la formulación de la política pública anticorrupción; tercero, el fallo en el cambio institucional para desarticular redes; cuarto, los dilemas en interacciones políticas en transparencia; lo anterior da como resultado la falla en la institucionalización de políticas y el déficit de controles democráticos. En particular, se trata el caso de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecida por el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas desde el año 2007 hasta su disolución en 2019. Este caso es significativo para analizar el rol e impacto de misiones internacionales como una herramienta anticorrupción para los Estados. En esta investigación se demuestra que estas misiones poseen un dilema de institucionalización de políticas en el país beneficiario por problemas de continuidad respecto al diseño y el contexto de políticas, mutación de las redes de corrupción en el sistema público y por sus límites de intervención en la reestructuración institucional del Estado.

El artículo analiza la manera como se replantea la relación entre administración pública e investigación en políticas públicas al concebir estas últimas como tecnologías de gubernamentalidad. Como argumento central se afirma que las políticas públicas están ins­critas por mediaciones técnicas y sus efectos, en el orden de la gubernamentalidad, son a su vez tecnologías que afectan la manera como se conciben el campo de las políticas públicas, el Estado, la administración pública y la socie­dad. Se procede en términos metodológicos y de resultados a partir del proyecto de investiga­ción denominado “Corrupción y lucha contra la corrupción en Colombia. Análisis de caso”. Por último, se concluye que la investigación en políticas públicas como tecnologías de guber­namentalidad debe partir de poner en tensión los postulados epistémicos y ontológicos de lo que se ha concebido, desde las interpretaciones clásicas, como la administración pública y la relación Estado/sociedad.

El agua es un recurso natural indispensable para la vida humana. No obstante, cientos de miles de personas en el mundo no tienen acceso a este recurso. La crisis del agua tiene su origen primordialmente en un problema de gobernabilidad, y la corrupción es uno de los factores centrales de esto. El servicio de suministro de agua potable, por tener características de monopolio natural, debe ser regulado. Sin embargo, la regulación está expuesta a problemas de información asimétrica en varios niveles, lo que puede restar eficiencia a las instituciones involucradas y puede dar pie a la aparición de prácticas corruptas. En Colombia, la regulación del servicio de suministro de agua potable tiene una estructura legal que busca promover la participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad. Sin embargo, hay una brecha significativa entre lo que dice la ley y lo que en efecto se hace en la práctica. Es necesario que desde la regulación se fortalezca la aplicación de medidas que hagan posible la prestación de un servicio eficiente a la población, para que así el derecho al libre acceso a un recurso hídrico de calidad sea una realidad.

El artículo es un ejercicio orientado a analizar los efectos de las medidas anticorrupción en Colombia, las cuales han incluido leyes, políticas, recursos presupuestales y creación de organizaciones y agencias. A partir de una revisión de estas medidas y su contrastación con diversos indicadores de corrupción, el artículo concluye que hay una brecha entre las medidas y los niveles de corrupción entendidos como efectos de estas, y señala elementos para corregir esta situación de cara a políticas públicas comprehensivas en la materia.