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El objetivo es mostrar los sentidos de delito político y participación en política proyectados por los magistrados de la corte constitucional colombiana a través de las argumentaciones empleadas en la sentencia C-577 de 2014 y en sus salvamentos de voto. el enfoque metodológico elegido es descriptivo e interpretativo, centrado en el análisis de la manera cómo las argumentaciones puestas en juego en la sentencia C-577 de 2014 por los magistrados de la corte constitucional contribuyeron en la actualización del sentido de delito político y participación en política en colombia. se destacan tres resultados: 1) la mayoría de los magistrados usaron un modelo argumentativo con el fin de proyectar un sentido de inclusión y deliberación en lo concerniente con la manera cómo debe interpretarse la participación en política y el delito político; 2) el magistrado disidente total recurrió a un esquema argumentativo para posicionar un sentido meramente formal, centrado en el seguimiento de procedimientos ineludibles; y 3) los magistrados disidentes parciales utilizaron un modelo argumentativo con el propósito de introducir un sentido de inclusión radical. se concluye que el sentido incluyente deliberativo logró posicionarse en colombia como referencia obligatoria, cuando el constituyente secundario pretenda regular la función atribuida constitucionalmente al legislador de fijar el contenido normativo del delito político, con el fin de favorecer la participación en política de quienes hayan participado en el conflicto armado interno dentro de un contexto de justicia transicional.

En Colombia las comunidades negras, principalmente las asentadas en el departamento del Chocó, sufren graves vulneraciones a sus derechos humanos, tanto individual como colectivamente a causa del conflicto armado interno; estas comunidades han sido desarraigadas de sus territorios, los cuales son utilizados por los distintos actores armados para el cultivo ilícito y la minería ilegal. La presente investigación se caracteriza por ser de tipo descriptivo, carácter cualitativo y tener un diseño documental, en esta se describen los avances que ha tenido el proceso de reparación colectiva para víctimas de comunidades negras en Chocó, los antecedentes y motivos que dieron origen a dicho proceso. Se evidenció, primero, que los procesos de elaboración y concertación de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4635 de 2011, se realizaron sin observancia del derecho fundamental a la consulta previa libre e informada; segundo, que los pocos avances que ha tenido el proceso de reparación colectiva para comunidades negras en el Chocó, se debe principalmente a la poca voluntad política.

En octubre de 2012 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC-EP en la ciudad de La Habana, Cuba, para buscar salidas que permitan la finalización definitiva del conflicto armado interno que ha azotado a Colombia por más de 40 años. La brújula de este nuevo intento de paz es una agenda presentada por el gobierno que contiene 5 puntos que giran en torno a la redistribución de la tierra, al desarrollo agrícola, al fin de la guerra y del narcotráfico y a los derechos a la verdad y a la oposición política. Se sostiene que la justicia transicional que se establecerá en Colombia es atípica, ya que se implementará en medio del conflicto armado. Para el desarrollo del texto se utilizó el método bibliográfico o documental que consistió en recopilar, organizar, sistematizar y analizar la información encontrada en libros, sentencias, artículos, etc., sobre la justicia transicional y el conflicto armado interno en Colombia. Como conclusión se dirá que el Estado colombiano, especialmente su democracia, se encuentra en una profunda transformación que implicará asumir un costo político para obtener el tan anhelado derecho fundamental a la paz.