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Esta investigación compara el grado penetración de la inversión social a través del Estado Autonómico. Dado que se observa una desigual implantación entre países, cabe preguntarse si también en el Estado de Bienestar español, con gran influencia de la descentralización, existen variaciones significativas a nivel autonómico. Así, los objetivos son comprender cómo varían las políticas de inversión social entre las Comunidades Autónomas, además de establecer una tipología para caracterizarlas. Para ello fue construido un índice compuesto, además de la aplicación de técnicas de análisis de conglomerados y análisis de componentes principales. Los datos analizados se corresponden a registros administrativos del sistema educativo y de formación profesional, del sistema de empleo y del sistema de atención y ayuda a la dependencia. Los resultados muestran cuatro tipologías diferentes de Comunidades Autónomas, en función del desempeño de las políticas de formación y capacitación, y, en menor medida, de las políticas de defamiliarización. Las principales diferencias se dan en las políticas en las que los factores socioeconómicos, más allá de los institucionales, tienen mayor relevancia.

¿Qué impacto han tenido las dos crisis económicas recientes en las preferencias de política pública de los ciudadanos? Durante la Gran Recesión, las respuestas gubernamentales se focalizaron en la implantación de medidas de austeridad, mientras que durante la emergencia de la COVID-19, que implicó la interrupción de la actividad económica, se han orientado hacia un incremento sin precedentes del presupuesto para atender con urgencia las necesidades colectivas. Estos dos contextos proporcionan un escenario idóneo para investigar los cambios de la opinión pública en coyunturas críticas. En este sentido, el artículo examina la evolución de las preferencias de política pública de los españoles desde el inicio de la recesión de 2008, centrándose en el período de la pandemia. Para ello se analizan las actitudes hacia el gasto público en seis áreas esenciales, a partir de los datos de encuestas realizadas entre 2005 y 2022. Los resultados sugieren que las preferencias de gasto cambian significativamente en estas situaciones, al menos a corto plazo, y que la sociedad apoya el aumento del presupuesto, aunque establece prioridades entre las políticas públicas. Además, se observa que estas prioridades de gasto han variado entre la Gran Recesión y la crisis sanitaria. Finalmente, se pone de manifiesto que se ha producido cierta polarización en función de la clase social y de la orientación ideológica.

El objeto del presente trabajo es analizar una política particular de transferencia condicionada de ingresos: la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUHPS), implementada en Argentina en el año 2009 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1602/09, como un subsistema no contributivo dentro del Régimen de Asignaciones Familiares instituido por la Ley N° 24.714 y bajo jurisdicción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El estudio, metodológicamente basado en el análisis documental, se estructura en torno a una serie de ejes que son imprescindibles examinar de la AUHPS, entre ellos: los antecedentes regionales, el contexto previo a su surgimiento, los aspectos jurídicos normativos que la respaldan, los sujetos de derecho, las consideraciones y debates del feminismo y la mirada peyorativa de los sectores conservadores más reaccionarios que se manifiestan en contra de este tipo de política social que tiende a equiparar en derechos a los hijos e hijas de los trabajadores formales tanto con los de los trabajadores informales como con los de aquellos que se encuentran circunstancialmente desempleados.

Recensión: Rodríguez Bilella, Pablo y Tapella, Esteban, Dejar huella. Historias de evaluaciones que marcaron la diferencia. San Juan, Argentina: Editorial Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), 2018. 188 págs.

Las ideas de la Nueva Gestión Pública y los procesos de emulación de políticas europeas han extendido la colaboración público-privada como instrumento de gobernanza horizontal en la provisión de bienestar. Sin embargo, la búsqueda de una mayor participación del sector privado en la gestión de determinados servicios públicos no está exenta de dificultades. Un caso claro es la reforma de la intermediación laboral llevada a cabo en España desde 2013, cuyo alcance final ha sido muy limitado debido a factores como la crisis, el contexto de gobierno multinivel y la ideología de los gobiernos. En este artículo se analiza el caso concreto de la Comunidad Valenciana para tratar de entender las dificultades de reforma de este programa público y contribuir a la literatura con nueva evidencia empírica sobre la importancia de los factores citados en el grado de éxito de las reformas que persiguen incrementar la colaboración pública-privada en el sector de las políticas sociales.

España ha sido uno de los países de Europa Occidental que ha avanzado hacia adelante en el proceso de descentralización del Estado de Bienestar en las últimas décadas. En concreto, las décadas de 1990 y 2000 fueron testigo de una aceleración de este proceso, el cual ha estado acompañado de una expansión del gasto social (el denominado esfuerzo en bienestar) a nivel sub-nacional (Comunidades Autónomas). Esta investigación pretende contribuir a varios debates abiertos en la literatura académica sobre los cambios en la gobernanza de las políticas sociales en su dimensión vertical –en relación al continuo descentralización/(re)centralización–, así como los factores explicativos de los mismos. En concreto, nos preguntamos si las reformas introducidas en materia de activación en el Estado de Bienestar español en el contexto de la crisis han repercutido también en las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno. Analizamos en detalle el proceso de toma de decisiones y los sistemas de financiación e implementación de las políticas activas del mercado de trabajo. Junto con el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, para contrastar nuestras hipótesis sobre el cambio en la gobernanza multinivel del Estado de Bienestar, en esta investigación se han llevado a cabo 15 entrevistas en profundidad semiestructuradas, realizadas en el marco de un proyecto de investigación más amplio.

En el caso de Argentina, los años posteriores a la crisis económica de 2001-2002 han estado marcados por el protagonismo creciente del Estado en la producción de bienestar. El objeto de este artículo es indagar sobre las políticas de inclusión implementadas por el gobierno argentino en el área de la protección social de las personas mayores de 65 años. El régimen previsional argentino ha sido tradicionalmente de tipo contributivo y de reparto. Las crisis económicas de las décadas anteriores y las reformas regresivas de los años 90 produjeron una notable reducción de la cobertura y de las prestaciones, en términos reales. En consecuencia, en los primeros años 2000, una cuota significativa de los adultos mayores estaba excluida del sistema de protección social. Para hacer frente a esta situación, el gobierno desarrolló un conjunto de medidas de inclusión que favorecieron la ampliación de la cobertura del sistema previsional y una mejora del poder adquisitivo de las prestaciones. Sin embargo, se trató de soluciones transitorias que no han resuelto los problemas estructurales del sistema de protección social. En particular, la persistencia de un mercado laboral dual impide el correcto funcionamiento de las instituciones contributivas del Estado de bienestar argentino.

Se realiza un estudio de las políticas para los Mayores en el ámbito Internacional y en España, haciendo referencia al desarrollo Normativo, a los Planes y estructuras administrativas, así como a los Servicios sociales disponibles.

México presenta graves problemas de pobreza y desigualdad, que sus gobiernos enfrentan seleccionando entre diferentes enfoques de política social, y consecuentemente, de evaluación de sus programas. En dicha selección, la política social del Gobierno Federal mexicano se caracteriza por la focalización de sus transferencias condicionadas, mientras la del Gobierno del Distrito Federal promueve criterios de universalidad y un enfoque basado en derechos. En materia de evaluación también afloran las diferencias organizativas y metodológicas entre ambos gobiernos, especialmente en el énfasis positivista y experimental del primero y el constructivista del segundo.