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La jurisdicción contencioso-administrativa y el Derecho administrativo vienen configurando el sistema de control de las adjudicaciones contractuales. El nuevo Tribunal Administrativo Central de Recursos administrativos y órganos similares territoriales arraigan el Derecho administrativo en el ámbito contractual, pero pueden llegar a afectar el significado de la jurisdicción contencioso-administrativa. En todo caso, aumentan las exigencias y, en el Derecho español, esto significa que aumenta el rigor del Derecho administrativo, mientras que en otros países se oculta esta realidad en la medida de lo posible prefiriéndose enfocar la materia jurídica desde el punto de vista del Derecho de la competencia. Pese a posibles referencias en el Derecho comparado, las organizaciones del Derecho de la competencia no suponen actualmente en España crisis alguna del modelo tradicional, habiéndose llegado a la asunción de distintas parcelas o ámbitos de control. El reto en realidad es que las resoluciones que se adopten se adecuen, mejor que en el pasado, a los intereses públicos y a los de justicia de los licitadores.