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Los actos administrativos proferidos por la Fiscalía General de la Nación no son inmunes al control natural de un Estado de Derecho. Es así como aquellos relacionados con la delegación y asignación de fiscales especiales se encuentran regidos por los principios de legalidad y debido proceso, controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, pero también por los jueces penales competentes, a través de los cuales se juzgan sus vicisitudes. La nulidad desempeña un papel importante en el control del ejercicio de la acción penal en tanto expresión de control de un acto administrativo, sujeto necesaria e inescindiblemente a la legalidad y al debido proceso. The administrative acts issued by the Attorney General’s Office are not immune to the natural control of a State of Law. Thus, those related to the delegation and assignment of special prosecutors are governed by the principles of legality and due process, controllable by the administrative contentious jurisdiction, but also by the competent criminal courts, through which the vicissitudes are judged. The nullity plays an important role in the control of the exercise of criminal action as an expression of control of an administrative act, a necessary and undeniable subject to legality and due process. &nbsp

La presente investigación desarrolla la problemática de la inexistencia de actividad probatoria para la acreditación del delito fuente que configura el tipo penal de lavado de activos. Se plantea que el dinamismo probatorio es condición de legitimidad y opera como garantía suprema del convencimiento judicial. La determinación judicial que acredite como cierta la ocurrencia de un hecho criminal –tipo penal– sin el ejercicio idóneo de la actividad probatoria, constituye una clara violación de principios y garantías fundamentales del proceso penal. This research develops the problem of the lack of evidence in order to source accreditation crime that configures the crime of money laundering. Here the evidence suggests that dynamism is a condition of legitimacy, operating as supreme guarantee of the judicial conviction. The judicial determination that proves to be true the occurrence of a penal type criminal act without the suitable exercise of evidential activity, constitutes a clear violation of fundamental principles and guarantees of criminal proceedings.

La Constitución Política de Colombia dispone que algunos altos funcionarios, en razón de su investidura, deben ser investigados y juzgados por la Corte Suprema de Justicia (miembros del Congreso de la República) o juzgados por esa misma corporación judicial, previa acusación del Fiscal General de la Nación (artículo 235 numeral 4.º). De igual manera, la Carta Política dispone que el Presidente de la República, los magistrados de las altas Cortes y el fiscal tienen la condición de aforados, en cuanto la investigación y juzgamiento de estos está atribuida al Senado de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes, y a la Corte Suprema de Justicia, en caso de delitos comunes (artículos 174, 175, 178 numerales 3.º, 4.º y 5.º y 235 numeral 2.º ibídem).El fuero penal y disciplinario de investigación y juzgamiento ha generado un sinnúmero de controversias a nivel doctrinario y jurisprudencial, relacionadas con la competencia exclusiva y excluyente del Fiscal General de la Nación y de los magistrados titulares de la Corte Suprema para adelantar la investigación contra aforados, es decir, sobre la imposibilidad de delegar o comisionar para la práctica de pruebas y diligencias relacionadas con el fuero en tales procesos; el fuero y su relación con el cargo y/o la función; la retención y/o recuperación de la competencia por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tras la renuncia al fuero en procesos por parapolítica; la noción de ejercicio del cargo como fundamento del fuero penal en el caso concreto de los gobernadores encargados; la doble instancia como garantía mínima que deriva de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y lo relacionado con fuero e impunidad en el tema de los juicios políticos o impeachment. The Constitution of Colombia provides that certain senior officials, because of their position, should be investigated and tried by the Supreme Court (members of Congress) or by the same Court upon indictment by the General Attorney (art. 235 n. 4). The Constitution provides that the President, the judges of the high courts and the prosecutor also have a special status, as the investigation and prosecution is allocated in the Senate, previous accusation in the House of Representatives, and in the Supreme Court for the common crimes.The criminal and disciplinary jurisdiction of investigation and prosecution has generated countless controversies at the doctrinal and jurisprudential level, related to the exclusive competence of the Prosecutor General’s Office and the judges of the Supreme Court to advance the investigation. In particular, the impossibility of delegating the commission of evidence and proceedings related to jurisdiction in such processes; the courts and their relationship with the position or function; the retention or recovery of competition by the criminal court room after renouncing the jurisdiction in the parapolitics processes; the notion tenure as a basis for criminal jurisdiction in the case of the governors in charge; a second hearing as a minimum guarantee derived from international standards on human rights and the issue related to jurisdiction and impunity on the subject of political or “impeachment” judgments.

En este artículo se ofrecen algunas consideraciones frente a las últimas sentencias (de 2010 en adelante) del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferidas en ejercicio del control de legalidad de los actos administrativos sancionatorios, expedidos por el juez disciplinario respecto de los sujetos pasivos de la acción disciplinaria, al término de una actuación de la misma naturaleza, con ocasión de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por estos contra dichos actos. Como se plantea, el máximo órgano de lo contencioso administrativo deja clara una nueva posición jurisprudencial en relación con el alcance y los límites del objeto de examen de las providencias contentivas de sanción disciplinaria impuestas por el funcionario con potestad disciplinaria, distinta a la línea que mantenía, hasta 2009, al resolver estos asuntos, la que permitía su comprensión en términos, ni más ni menos, de una tercera instancia disciplinaria.

El texto tiene el objetivo de ilustrar históricamente la formación de la categoría “expectativa razonable de intimidad” en el derecho procesal penal norteamericano y observar las dificultades de su adaptación a los sistemas continentales que cuentan con la intimidad como un derecho fundamental constitucional. En tal sentido, el artículo muestra la evolución de las discusiones jurisprudenciales de Norteamérica, empezando por la decisión Katz de los años 60’s hasta las modernas interpretaciones que extienden el modelo a la vigilancia aérea de objetos y personas. Frente a la legislación colombiana resulta importante destacar que la noción tiene otras perspectivas interesantes, que inscriben la problemática en una nueva realidad del derecho probatorio que se relaciona con la tecnología del control aplicada a las pruebas penales.