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La Constitución de 1917, producto de la propuesta de Venustiano Carranza, es una Constitución impuesta por las armas y no por los votos, decisión de una minoría y por ende no democrática, que obligó a los Estados de la República a la armonización de sus constituciones locales con la Federal, obteniendo poco a poco su aceptación. En el Estado Mexicano la simulación constitucional ha definido al Derecho público, ocasionando un sentimiento de comodidad y preocupación por conservarla.

El presente artículo aborda el análisis de lo ocurrido a un siglo de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, que se propuso responder a los ideales de la Revolución Mexicana de 1910. Se analizan las reformas constitucionales que, a partir de 1982 y hasta la fecha, con la llegada al gobierno federal de la denominada corriente tecnocrática, modificaron el contenido esencial del texto de 1917, dando paso a la conformación de un Estado de corte neoliberal por la vía pacífica y parlamentaria.

The topic of the violation of human rights to people who have a gender orientation and preference, is a reality that the Mexican state has left in the forgetfulness until the present. Not only because the human rights of people who ponder a sexual orientation and gender preference are violated by the same Mexican institutions - within the three levels of government - but also because society also contributes to the promotion of non-respect of these rights. To such a degree is the non-respect of the rights for this part of the population, that even specific cases have been detected where these people have been deprived of life, solely for having a different gender preference for the rest of the population. population. It is for this reason that it is necessary to date that the Mexican State should consider the real and imminent need of its penal regulation throughout the Mexican territory, through an autonomous criminal type

The present work consists in an analysis of the constitutional and legal dispositions related to public security, the reforms that elaborate a concept of security a bit more in agreement with the human rights, in contrast with the characteristics that at the moment are subject of debate and criticism by the way in which the Mexican State conducts public policies and that result in contexts of greater violence. Two discourses are contrasted, one on human rights and one on the other, which goes hand in hand with governmental actions that have not been able to offer solutions to the serious problem of insecurity.

Pensar en la protección de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas desde el marco de los derechos humanos implica reflexionarlos como derechos individuales y colectivos, y no sólo desde el carácter individual y universal de la teoría occidental de los derechos humanos. La cultura, la libre determinación y el territorio, son algunos de esos derechos colectivos que cobran un énfasis mayúsculo cuando de pueblos indígenas hablamos.La garantía de los derechos indígenas dentro del Estado mexicano implica una discursiva de reconocimiento cultural de su existencia, y un reconocimiento como sujetos de derecho, como agentes políticos en los espacios del Estado que se van construyendo desde sus propias complejidades y contradicciones. En otras palabras, para una auténtica garantía de los derechos indígenas es fundamental darle la connotación política al reconocimiento cultural de los pueblos.

Este artículo desarrolla el concepto de equidad homogénea de los pueblos indígenas para aprovechar los recursos naturales de los lugares en los que viven, en comparación con el de equidad individual como concepto universal del derecho humano a un medio ambiente sano, tomando como base de su desarrollo un trabajo de investigación de campo realizado en las comunidades indígenas de origen náhuatl: Suchitlán y Zacualpan localizadas en el municipio de Comala de la entidad federativa mexicana de Colima.

En el siguiente artículo se presenta una disertación en torno a las disposicionesestablecidas en el artículo 18 constitucional, específicamente las que hacen mención de la existencia de centros de reclusión especiales destinados a personas ubicadas dentro de la delincuencia organizada y aquellos internos que requieren de medidas especiales de seguridad.La discusión se realiza desde dos puntos de vista: uno práctico-moral y otro desde la Sociología del derecho. En el primero, se analiza la influencia del desarrollo moral en las producciones legislativas, y en el segundo, la coherencia sistemático-jurídica de las normas referidas, así como los efectos de su aplicación. Haciendo especial énfasis en la paradoja creada por el estadomexicano: haber legislado la aplicación de medidas restrictivas que lastiman severamente a cierto tipo de prisioneros, y que estas normas sean parte de una gran reforma a nuestro sistema penal que, además, en el año 2011, se han revestido de respetuosas de los derechos humanos.