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Royal Decree-Law 8/2023 adopts measures to address the economic and social consequences derived from conflicts in Ukraine and the Middle East, as well as to alleviate the effects of drought. Title III of the decree is dedicated to energy, establishing measures for the incorporation of renewable energy facilities into the electrical system. Access and connection to electricity transportation and distribution networks are also regulated, as well as self-consumption and decarbonization of the industry. Modifications are introduced to prevent speculative hoarding of network access permits, and guarantees and expiration periods are established for access and connection permits. Additionally, measures to flexibilize electricity supply contracts are maintained, and the support mechanism for electro-intensive industries is extended. The possibility of modifying the list of Just Transition Nodes is also contemplated, and the La Pereda 220 kV transportation network node is granted the status of Just Transition Node. An urgent review of legislation affecting the hydrocarbon sector is foreseen due to the transformation of the market in recent years. Royal Decree-Law 8/2023 establishes measures to address fraudulent practices in the liquid hydrocarbon sector and to comply with the renewable energy objectives established by the European Union Directive. Support measures to mitigate the effects of drought in sectors such as agriculture are also included. Modifications are introduced in the legislation of the electricity and water sectors to promote energy storage and ensure water supply to nuclear power plants. These measures will come into effect on different dates starting from December 29, 2023. [Extracted from the article]

The Royal Decree-Law 20/2022, of December 27, establishes measures in response to the economic and social consequences of the War in Ukraine and support for the reconstruction of the island of La Palma and other vulnerable situations. Measures are taken to facilitate the deployment of renewable energies and self-consumption, as well as to streamline permits and energy efficiency. It also establishes an environmental impact procedure for renewable energy projects, regulates the management of means in international arbitration on renewable energies, and extends the validity of aid for coal mining regions. In addition, other related regulations are modified. The Royal Decree-Law came into effect on December 28, 2022. [Extracted from the article]

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ya definió el autoconsumo como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía eléctrica asociadas a un consumidor y distinguía varias modalidades de autoconsumo. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por derecho de acceso se entenderá el derecho de uso de la red en unas condiciones legal o reglamentariamente determinadas y por derecho de conexión a un punto de la red, el derecho de un sujeto a acoplarse eléctricamente a un punto concreto de la red en unas condiciones determinadas. El problema radica en que el desarrollo reglamentario del precepto, hasta este momento, todavía no se había producido. El Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho de la Unión Europea, ha llevado a cabo una reorganización competencial en relación con el acceso y la conexión a las redes eléctricas de tal forma que corresponde al Gobierno aprobar, mediante real decreto del Consejo de Ministros, los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deberá satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables. Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará, mediante circular, la metodología y las condiciones de acceso y conexión. El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, incluyó en su disposición adicional tercera diversas medidas para luchar contra la especulación en los derechos de acceso y conexión en las instalaciones de producción e incrementar la firmeza exigible a los proyectos. En este contexto, el presente RD regula los aspectos relativos al acceso y la conexión que se enmarcan dentro del ámbito competencial del Gobierno. Tiene por objeto establecer los principios y criterios en relación con la solicitud, tramitación y otorgamiento de los permisos de acceso y de conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que se aplicarán a productores, consumidores, titulares de instalaciones de almacenamiento y titulares y gestores de las redes de transporte y distribución. Este RD se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y las bases del régimen minero y energético, respectivamente. Se destacan los siguientes aspectos: -La obligación de las nuevas instalaciones de generación, consumo, almacenamiento, transporte y distribución de obtener permisos de acceso y de conexión para poder conectarse a la red. -Con carácter general, el criterio de ordenación del otorgamiento será el de prelación temporal, si bien, con el fin de servir al impulso de la penetración de las energías renovables, se regula la excepción al mismo en los casos de hibridación de instalaciones de generación existentes y de concursos de capacidad de acceso en nuevos nudos de la red de transporte. -En general, existe un procedimiento único para la obtención de los permisos de acceso y de conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas, en el que el gestor de la red actúa como punto de contacto para el solicitante durante todo el procedimiento. -En el caso de consumidores y generadores de pequeña potencia, se prevé la aplicación de un procedimiento simplificado en el que los tiempos se ven reducidos a la mitad. -Exime de obtener permisos de acceso y de conexión a determinadas instalaciones de generación de electricidad vinculadas a las modalidades de autoconsumo. Adicionalmente, hace extensiva esa excepción en el caso de consumidores a los que les resulte de aplicación el artículo 25.1 del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre. -Las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso y de conexión, que serán establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. -La obligación del titular de la instalación de suscribir un contrato técnico de acceso con el titular de la red a la que se conecte, que regirá las relaciones técnicas entre ambos. -El capítulo V regula la posibilidad de convocar concursos para el otorgamiento de permisos de acceso en nudos concretos de la red de transporte para nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica que utilicen fuentes de energía primaria renovable, solas o combinadas con instalaciones de almacenamiento, o para nuevas instalaciones de almacenamiento. -El capítulo VII regula las garantías económicas que deberán constituirse para poder tramitar la obtención de permisos de acceso y de conexión en el caso de instalaciones de generación de electricidad. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Sentencia seleccionada en esta ocasión resuelve el recurso núm. 001/4263/2015 interpuesto, entre otros, por Lasal del Varador, S.L, ; Solartys; Clúster d'Eficieéncia Energética de Catalunya; Alternativa Verda; Dia de la Terra; Grup de Cientifics i Tècnics per un Futur no Nuclear; Eurosolar, sección española y Solar Tradex y Greenpeace España, contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Son partes demandadas tanto la Administración General del Estado como Iberdrola España, S.A. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Esta sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, siendo parte demandadas la Administración General del Estado, Gas Natural SDG, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A, Iberdrola España, S.A.U., y Cide Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica. La entidad recurrente solicita la nulidad de los artículos 17, 18, 25.1 y 2 y la disposición transitoria tercera del Real Decreto objeto de impugnación. No obstante, también pide la nulidad del Real Decreto 900/2015 en su conjunto por inadecuación a las Directivas europeas 2009/28/CE, de fomento de las energías renovables, 2009/72/CE, del mercado interior de la electricidad, y 2012/27/UE, de eficiencia energética, y solicita el planteamiento tanto de una cuestión de inconstitucionalidad como de una cuestión prejudicial. Con esta finalidad, fundamenta el recurso en varios argumentos. En primer lugar, se objeta la legalidad de determinados cargos impuestos a los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo por falta de metodología para su determinación, ya que esta circunstancia los haría arbitrarios y generadores de inseguridad jurídica. En segundo lugar, se alega que a los autoconsumidores se les imponen más cargos que a otros usuarios, en contra del mandato contemplado en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, que impone que los sujetos sometidos a cualesquiera modalidades de autoconsumo estarán obligados a pagar los mismos peajes que los consumidores. En tercer lugar, se realizan algunas alegaciones sobre los principios de tipicidad y proporcionalidad de infracciones y sanciones. En cuarto lugar, se argumenta que la disposición transitoria tercera incurre en retroactividad prohibida, ya que exige someter a las instalaciones en funcionamiento al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Real Decreto impugnado. Tal exigencia supondría, en su opinión, una importante inversión no prevista en el plan de negocio inicial y el riesgo eventual de que les pudiera ser denegado el punto de conexión por falta de capacidad de la red y tuviesen que retirar instalaciones. Por último, en relación con los sistemas autorizatorios de instalaciones de autoconsumo, aduce la vulneración de las Directivas comunitarias 2009/28/CE, de fomento de las energías renovables, 2009/72/CE, del mercado interior de la electricidad, y 2012/27/UE, de eficiencia energética. En la medida en que estas normas comunitarias establecen un mandato para que los Estados miembros prevean procedimientos de autorización específicos y simplificados para las pequeñas instalaciones de generación distribuida, la demandante considera que el Real Decreto impugnado vulnera tal mandato al no prever procedimiento alguno de autorización simplificada para instalaciones de autoconsumo. El Tribunal Supremo desestima todas las alegaciones formuladas por la demandante contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. [ABSTRACT FROM AUTHOR]