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espanolResumen La inembargabilidad general que consagra el articulo 63 de la Constitucion Politica de 1991 ha sido reconocida como una garantia necesaria para preservar los recursos destinados a satisfacer los fines del Estado. Su desarrollo normativo ha provocado importantes conflictos con el derecho de acceso a la justicia, la propiedad, la vigencia y reconocimiento de los derechos fundamentales y el principio de seguridad juridica. Dicha tension ha sido estudiada, desde el analisis jurisprudencial, aplicada a decisiones de la Corte Constitucional proferidas entre 1992 y 2019, de donde se identificaron tres criterios que exceptuan la inembargabilidad de los bienes y recursos publicos: i) la necesidad de satisfacer creditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) cuando se trate del pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad juridica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias y iii) ante la ejecucion de una obligacion clara, expresa y exigible contenida en un titulo emanado del Estado. Al observar la aplicacion de dicho precedente por el Consejo de Estado, se evidencia su adopcion y aplicacion a los procesos ejecutivos desde los anos noventa y hasta la actualidad. EnglishAbstract Protection against the seizure of public assets as enshrined in Article 63 of the 1991 Political Constitution has been recognized as necessary to guarantee that the State has sufficient resources to carry out its functions. However, the normative development of this law has generated important conflicts in relation to the right of access to justice, property, the validity and recognition of fundamental rights, and the principle of legal security. The article addresses these tensions through analysis of legal decisions of the Constitutional Court emitted between 1992 and 2019, in which three exceptions to the nonseizability of public assets and resources were identified: i) when the state needs to make good on debts or other obligations in respect of public sector workers in order to guarantee the right to work in dignified and fair conditions; ii) when the state is legally bound to pay compensation for damages in order to guarantee legal security and the rights of those affected by the state's actions; and iii) when it is a question of the fulfilment of a clear, express and legally enforceable obligation contained in an executive order issued by the state. These exceptions have been adopted by the Council of State and applied to executive proceedings from the 1990s to the present.

Al demandar ejecutivamente a una persona, con el escrito de la demanda se pueden solicitar medidas cautelares que buscan asegurar de manera anticipada el cumplimiento del fallo. Cuando se trata de un proceso ejecutivo adelantado dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se plantea una situación desventajosa para el demandante por cuanto los bienes del Estado gozan de especial protección constitucional, motivo por el cual sus bienes no se pueden embargar en virtud del principio de sostenibilidad fiscal y presupuestal. Esto ha producido una multiplicidad de medidas cautelares decretadas y fallos que no pueden ser ejecutadas porque los bienes del Estado son inembargables. Las medidas cautelares en este tipo de procesos pierdan total eficacia y los fallos se vuelvan ilusorios, ya que la ley no establece mecanismos para asegurar su cumplimiento, situación que provoca una falla de la administración para con sus administrados (Texto tomado de la fuente). When suing a person executively, with the letter of demand, precautionary measures can be requested that seek to ensure compliance with the ruling in advance. When it comes to an executive proceeding carried out within the contentious-administrative jurisdiction, a disadvantageous situation arises for the plaintiff since State assets enjoy special constitutional protection, which is why their assets cannot be seized by virtue of the principle of fiscal and budgetary sustainability. This has produced a multiplicity of decreed precautionary measures and rulings that cannot be executed because State assets cannot be seized. The precautionary measures in this type of process lose their effectiveness and the rulings become illusory, since the law does not establish mechanisms to ensure compliance, a situation that causes a failure of the administration towards its administrators. Maestría Magíster en Derecho Explicativa, cuantitativa

Existe una tensión entre el derecho a la tutela del crédito de que gozan todas las personas y el derecho fundamental y principio constitucional de la protección de la libertad de cultos religiosos, de profesar la religión que se estime de acuerdo con las convicciones propias de cada individuo, y el derecho a asociarse con otros para compartir las mismas visiones y ritos dentro de una religión determinada. En este contexto, el presente capítulo tiene como propósito responder el siguiente interrogante: ¿El Código General del Proceso vulnera el derecho a la igualdad y a la libertad de cultos al establecer la inembargabilidad de los bienes únicamente para los cultos o confesiones que hayan suscrito concordato, tratado de derecho internacional o convenio público interno con el Estado colombiano? Para resolver esta pregunta, se analizará dentro de este trabajo el régimen de inembargabilidad de ciertos bienes y su razón de ser. Paso seguido, se harán unas reflexiones sobre la libertad de cultos como un derecho fundamental y un principio constitucional dentro del ordenamiento jurídico colombiano, para revisar cuál es su alcance y cuáles son las prestaciones que se derivan de este derecho a cargo del Estado colombiano. Con posterioridad, se expondrán algunas consideraciones sobre el derecho a la igualdad y la igualdad relacional, para finalmente concluir si el régimen actual de inembargabilidad de bienes destinados al culto religioso respeta el derecho a la igualdad y a la libertad de cultos, o debe ser modificado o interpretado de una manera distinta para garantizar estos derechos. Actually, it exists a tensión between the right of the judicial protection for the credit that all the people have and the constitutional principle of the protection of the freedom of religious workship, according to the personal convictions of each one, and the right of associationwith others to share the same visions within each religión. In this context, we want to answer in this chapter the following question: The Code of General Process violate the rigth of equality and the freedom of regilious workship, when by establishing the indefeasibility of assets only for cults or confessions that have signed a concordat, international law treaty or internal public agreement with the Colombian State? In orden to solve this question, in this writting we analyze the indefeasibility regime and its justification. Then, we do some análisis about the freedom of religious workship as a constitutional and fundamental rigth, in orden to check which are the duties wich are derived of this rigth in charge of the colombian State. After that, in the text we expose some ideas about the rigth of equality, in order to conclude, at last, if the indefeasibility regime of some assets of some cults and confessions respect the rigth of equality, or needs a modification ora n intepretation in a different way in order to guarantee the protection of these rigths.

En el ordenamiento jurídico de Colombia, se prevé el principio de inembargabilidad de los recursos provenientes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, debido a que éstos, detentan un interés público, no obstante, se encuentra en franca contraposición al ponderarlo con el derecho a la tutela judicial efectiva, concepto último, que según lo ha señalado la Corte Constitucional Colombiana, va más allá del acceso a la justicia, es decir, implica la garantía de ver el cumplimiento de una decisión judicial, aspecto este sobre el que se hará especial énfasis, como quiera que, el referido principio de inembargabilidad, se ha interpretado por la judicatura, dentro de un contexto amplio, que raya con lo absoluto, lo cual ha generado la ineficacia de eventuales medidas cautelares y acciones ejecutivas, iniciadas en procura de perseguir el pago de obligaciones causadas por la prestación de servicios de salud, aspecto que difiere con el alcance que han dado la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia al principio en mención. En consecuencia, el análisis se llevará a cabo inicialmente frente al origen de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, posteriormente, se estudiará el principio de inembargabilidad de dichos dineros, a partir del desarrollo a nivel normativo y jurisprudencial, con el propósito de determinar su alcance, para finalmente confrontarlo con el derecho a la tutela judicial efectiva y fijar una posición crítica sobre el particular. In the Colombian legal system, the principle of non-seizure of resources from the General System of Social Security in Health is foreseen, because they have a public interest, however, it is in direct opposition when weighed it with the right to effective judicial protection, the ultimate concept, which, according to what the Colombian Constitutional Court has indicated, goes beyond access to justice, that is, it implies the guarantee of seeing the fulfillment of a judicial decision, an aspect on which it will be made special Emphasis, as the aforementioned principle of non-seizure has been interpreted by the judiciary, within a broad context, that borders on the absolute, which has generated the ineffectiveness of possible precautionary measures and executive actions, initiated in an attempt to prosecute the payment of obligations caused by the provision of health services, an aspect that differs from the scope given by the Constitutional Court and the Supreme of Justice at the beginning in mention. Consequently, the analysis will be carried out initially against the origin of the resources of the General System of Social Security in Health, later, the principle of non-seizure of said monies will be studied, from the development at a normative and jurisprudential level, with the purpose to determine its scope, to finally confront it with the right to effective judicial protection and establish a critical position on the matter

La presente reflexión pretende analizar qué protección ha otorgado el legislador bonaerense a la vivienda, única y de ocupación permanente, cuando ha estipulado su inembargabilidad e inejecutabilidad a través de la ley 14432, a la luz del Estado constitucional y convencional de Derecho. En este contexto, se analizará cuál ha sido la postura de los tribunales bonaerenses al respecto, con especial atención a lo decidido por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, Sala I, del Departamento Judicial de Azul, toda vez que se inclinó por la inconstitucionalidad de la inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única de ocupación permanente. Asimismo, en contraposición, se considerará un fallo de la Sala 2 de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Plata, del año 2015, donde la jueza Bermejo realizó un control de convencionalidad de la normativa en cuestión, declarando su constitucionalidad., The purpose of this study is to analyze the protection afforded by the Buenos Aires legislature to housing, which is unique and permanently occupied, when it has stipulated its inembargability and inejecutability through Law 14432, in the light of the constitutional and conventional state of law. In this context, the position of the Buenos Aires courts on this matter will be analyzed, with special attention to the decision of the Civil and Commercial Appeals Chamber, Chamber I, of the Judicial Department of Azul, since it was inclined by the unconstitutionality of the inembargability and inejecutibility of the single dwelling of permanent occupation. Also, in contrast, it will be considered a ruling of the Second Chamber of Appeal in Civil and Commercial Matters of the City of La Plata, from 2015, where judge Bermejo performs a conventional control of the regulations in question, declaring its constitutionality., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

34 p. El Fideicomiso Civil y el Contrato de Fiducia Mercantil son negocios jurídicos cuya estructura se ha adaptado a las dinámicas contractuales actuales, al punto de quedar incluso, con regulaciones especiales y diversas bajo el régimen civil y comercial, sin representar esto obstáculo alguno para que las figuras adquirieran la fuerza y relevancia actual, sino por el contrario ha permitido que continúen generando la confianza, las garantías jurídicas y contables y el vehículo idóneo para el desarrollo de casi cualquier negocio. Si bien ambos actos jurídicos permiten la constitución de la denominada Propiedad Fiduciaria, estos suelen celebrarse con finalidades diversas y cuentan con diferencias en su formación y estructura con consecuencias jurídicas trascendentales al momento de predicar el beneficio de la inembargabilidad de la propiedad fiduciaria.

El artículo tiene como objetivo principal mostrar los argumentos en favor de la constitucionalidad del art. 58 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y sus normas reglamentarias a la luz de los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado Argentino. En primer lugar, se analiza la normativa vigente en los ámbitos local, nacional e internacional y el contenido de la misma. Seguidamente, se detallan las sentencias más importantes en la materia del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como se analizan los argumentos de mayor relevancia allí vertidos. Todo ello a la luz de las opiniones vertidas por la doctrina de referencia en la materia analizada y los documentos emanados del Comité DESC. publishedVersion Derecho

Fil: Goldfarb, Mauricio. Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas; Argentina. El Estado provincial puede ser objeto de ejecución y sus bienes pueden ser embargados en el caso de sentencias condenatorias firmes. Las normas que confieren el privilegio de inembargabilidad de los fondos solo resultan oponibles cuando no impliquen degradar y desconocer la sentencia firme. Tal degradación ocurre ante la falta de entrega de bonos -en los casos de deudas consolidadas- , la inexistencia de imputación presupuestaria y pago en un plazo razonable -para el caso de deudas no consolidadas-, y en cualquier otro supuesto donde exista una urgencia debidamente acreditada, por la naturaleza del crédito o por encontrarse el acreedor en situaciones especiales de desamparo o vulnerabilidad.