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Mediante la Sentencia T-236 de 2017, la Corte Constitucional ordenó la no reanudación del Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig) y sometió su continuación a dos requisitos, a saber: i) la implementación de la consulta previa y posterior en casos de afectaciones directas a comunidades étnicas en el marco de la implementación del Pecig, y ii) el diseño de un proceso para la toma de decisiones con base en el principio de precaución. Hasta la fecha, no se no ha propuesto una política que cumpla con los requisitos establecidos por la Corte; por tanto, el Pecig permanece suspendido. Lo anterior ha suscitado el debate frente a la posibilidad de flexibilizar las órdenes de la Corte ante la necesidad operacional de erradicar los cultivos de uso ilícito, como también replantear el debate de la erradicación desde el nuevo plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida (2022-2026)” y sus perspectivas de seguridad humana, con el fin de enfrentar con eficiencia el aumento constante de estos cultivos. A partir de un análisis sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en este artículo se proponen recomendaciones sobre cómo el Estado colombiano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de cultivos ilícitos desde un enfoque de respeto a los derechos humanos y la protección del ambiente. Through judgement T-236 de 2017 the Colombian Constitutional Court ordered not to resume the Program for the Eradication of Illicit Crops by Aerial Spraying of Glyphosate (Pecig) and subjected its continuation to two requirements, namely: (i) the implementation of prior and post consultation in cases of direct affectations to ethnic communities in the framework of the Pecig’s implementation and (ii) the design of a decision-making process base on the precautionary principle. To date, the National Government has not designed a policy that complies with the requirements ordered by the Court; consequently, the Pecig remains suspended. This context has raised a debate on the possibility of making the Court's orders more flexible due to the operational need to eradicate illicit crops, opening up the possibility of tackling the constant increase of illicit crops efficiently. Therefore, based on an analysis of the Constitutional Court's jurisprudence, this article proposes some recommendations on how the Colombian state should comply with its international obligations regarding eradicating of illicit crops from a perspective of respect for human rights and environmental protection.

Este artículo propone un marco de estudio para aproximarse al comportamiento judicial que tiene en consideración el problema del procesamiento de información en la toma de decisiones, por oposición a la postura dominante de los estudios en este tema en Estados Unidos y América Latina. Desde este enfoque, se hace una aproximación a la selección de tutelas por parte de la Corte Constitucional colombiana, con especial atención al mecanismo de la insistencia. Se concluye que el procesamiento de información sobre tutelas en la Corte Constitucional impide el aprendizaje al asignar las mayores responsabilidades a personas recién llegadas y muy jóvenes, al no estudiar sistemáticamente los resultados de diversas aproximaciones al asunto y al ocultar a los auxiliares judiciales y a los magistrados información sobre las opiniones de otros magistrados y otros funcionarios, así como la información sobre quién decidirá el caso después de ser seleccionado. El mecanismo de insistencia corrige parcialmente estos defectos. This paper, in contrast to mainstream judicial politics literature in the United States and Latin America, proposes an approach to study judicial behavior that takes into account the problem of information processing. From this perspective the authors provide an account of the process of agenda setting through the selection of tutelas by the Colombian Constitutional Court. The authors conclude that the processing of information concerning tutelas by the Court prevents learning by assigning the first reading and selection of cases to very young and inexperienced clerks, by failing to study systematically the results of different approaches to the issues and and by denying Justices and clerks access to information about other justices’ and officials’ opinions as well as on who will decide the case after it is chosen for review. The insistence mechanism partially corrects these defects.

O objetivo desta pesquisa foi analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao direito dos animais não humanos, e a sua articulação com a argumentação jurídica. A metodologia utilizada, em linhas gerais, foi a qualitativa, empírica e exploratória. A revisão da literatura foi realizada por meio de subsídios teóricos em livros, artigos publicados na internet e doutrinas, trazendo aspectos jurídicos sobre o “Direito Animal”, ilustrando a sua jurisprudência no Brasil. Concluiu-se que da análise dos julgados, verifica-se a pluralidade de delimitações utilizadas pelos ministros da Corte Constitucional para reconhecer se determinada lei, que, em todos os casos ajuizados após a ordem constitucional vigente, autorizaria a prática de uma conduta possivelmente lesiva aos animais.

El presente artículo pretende exponer la realidad jurídica de Colombia, tendiente a desconocer las prácticas efectivas de autoprotección de los tomadores/asegurados como consumidores financieros y analiza la posición que ha asumido la Corte Constitucional, la Superintendencia Financiera y el Tribunal Superior de Bogotá. Así mismo, propondrá acciones que permitan regular, educar y sancionar mecanismos de protección a los consumidores financieros en el contrato de seguros. Esta investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, con un alcance exploratorio, utilizando el método hermenéutico analítico y el estudio de casos y a su vez, se empleó la técnica de revisión documental a partir de bases de datos como Scopus, Scielo y Redalyc. This article aims to expose the legal reality of Colombia, tending to ignore the effective selfprotection practices of the policyholders/insured as financial consumers and analyzes the markedly protective position of the insured, which has been assumed by the Constitutional Court, who in recent years has begun to present subtle arguments that link the policyholder/insured with the figure of the financial consumer, from the point of view of the rights that he acquires as such. In the development of the article, the legal and jurisprudential context of the figure of the financial consumer and the self-protection practices are studied, highlighting the recent trend of the Financial Superintendence and legal operators such as the Superior Court of Bogotá; to finally propose actions that allow, from the regulatory, educational and sanctioning point of view, the effective application and use of the protection practices of financial consumers in the insurance contract. This research was developed through the qualitative approach, with an exploratory scope, using the analytical hermeneutic method and the case study and, in turn, the documentary review technique was used. Finally, the work was supported by the Scopus, Scielo and Redalyc databases, established as research tools Magister en Derecho Comercial y Financiero Maestría

En Colombia la decisión sobre a quién se le reconoce el derecho a recibir asilo o refugio porque corre riesgo de ser perseguido, torturado o sufrir graves vulneraciones a sus derechos humanos si regresa a su país de origen la toma el Ministerio de Relaciones Exteriores, una autoridad administrativa perteneciente a la rama ejecutiva. Pese a que el contexto migratorio colombiano de la última década convierte al asilo y al estatuto de refugiado en un área importante en la toma de decisiones judiciales, en realidad este derecho fundamental y el rol judicial para su protección ha sido poco estudiado en Colombia. Ante este panorama, y entendiendo que el asilo es un derecho fundamental, este texto busca identificar cuáles han sido los avances y vacíos de protección del derecho de asilo y estatuto de refugiado en la jurisprudencia de jueces constitucionales de Colombia. Para ello, se presenta un estudio normativo del derecho de asilo en el derecho internacional y en el derecho interno, se hace una revisión bibliográfica de fuentes secundarias sobre el tema y se desarrolla un análisis de jurisprudencia. Finalmente, se presentan recomendaciones para la protección judicial de este derecho fundamental en el país. Magíster en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia Maestría

La vulneración de los derechos fundamentales de comunidades indígenas en el marco de la actividad minera de carbón a cielo abierto en Colombia ha sido visibilizada con el paso del tiempo en la jurisprudencia constitucional. Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados del análisis de la Sentencia T-614 de 2019 en dos etapas: en la primera, se identificaron los instrumentos jurídicos acogidos en el fallo judicial para impartir justicia y control ambiental. En la segunda, se describieron los avances del cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional. Para ello se realizó una revisión detallada de la sentencia, así como de otros fallos judiciales que abordan casos similares al ocurrido con la comunidad indígena Wayuú del Resguardo Provincial. Seguidamente, se revisaron informes emitidos por la empresa Carbones del Cerrejón, las entidades accionadas y vinculadas; además de investigaciones realizadas por organizaciones ambientalistas e instituciones educativas. Se pudo evidenciar que la Corte aplicó los principios de precaución y rigor subsidiario en las órdenes plasmadas en la sentencia; lo cual se considera como un hito en la medida que permite reconocer la interdependencia entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sin embargo, las órdenes se han venido cumpliendo de forma extemporánea, por lo cual se requiere de más voluntad, articulación y esfuerzos entre todos los actores involucrados para garantizar plenamente los derechos a la salud y a gozar de un ambiente sano. The transgression of the indigenous communities' rights in the context of open-pit coal mining in Colombia has been made observable over time in constitutional jurisprudence. This article aims to present the findings obtained from the analysis of sentence T-614 of 2019 in two stages; firstly, this paper demonstrates the identification of the legal instruments utilized for the court ruling to provide justice and environmental control. Secondly, it depicts the breakthroughs of compliance with the orders given by the Constitutional Court. For that purpose, a detailed literature review was made of the sentence and other court rulings that address similar circumstances to the one that transpired with the Wayuú indigenous community of the Resguardo Provincial. Furthermore, a thorough examination was made of the reports issued by Carbones del Cerrejón company; the entities concerned and related were reviewed, as well as research carried out by environmental organizations and educational institutions. It was evident that the Court applied the principles of precaution and subsidiary rigor in the orders established in the judgment, which is considered a milestone insofar as it acknowledges the interdependence between environmental protection, sustainable development, and human rights. However, the orders have been complied with extemporaneously, so it is crucial to more willingness, coordination, and endeavors among all the actors involved to guarantee the health rights and to enjoy a wholesome environment. Especialización

Al finalizar la década de los 90 ́s, se evidencia la crisis humanitaria por la que atraviesa el sistema penitenciario y carcelario de Colombia; mediante la sentencia T – 153 de 1998, la Corte Constitucional, hizo su primer pronunciamiento al respecto, diciendo que el amplio porcentaje de hacinamiento en que se encontraban las instituciones penitenciarias y carcelarias del país, representaba una masiva vulneración a los derechos fundamentales de los reclusos, entre ellos, los derechos a los mínimos vitales, la dignidad humana y la integridad personal. En esta ocasión, la alta corporación decidió declarar Estado de Cosas Inconstitucional (en adelante ECI) para este sistema, motivo por el cual exhortó al Gobierno Nacional a tomar una serie de medidas, que, según ésta, solucionarán las causas de la crisis. En los años siguientes, desde el 2000 hasta el 2010, se implementaron políticas públicas en atención a los lineamientos establecidos por la Corte, quien se pudo haber extralimitado, en sus funciones, en razón a las características de las medidas expuestas a lo largo de su providencia. El presente artículo tiene como fin determinar si hubo extralimitación en las funciones de la Corte, debido a su intervención en el proceso de estructuración de políticas públicas, por vía jurisprudencial. At the end of the 90's, the humanitarian crisis that the Colombian penitentiary and prison system is going through is evident; through ruling T - 153 of 1998, the constitutional court made its first pronouncement on the matter, indicating that, due to the large percentage of overcrowding in the country's penitentiary and prison institutions, there was a massive violation of fundamental rights of inmates, among them, the rights to minimum vitals, human dignity and personal integrity. On this occasion, the high corporation decided to declare the Unconstitutional State of things (here in after ECI) for this system, which is why it urged the national government to take a series of measures, which according to it will solve the causes of the crisis. In the following years, from 2000 to 2010, public policies were implemented that did not completely solve the crisis, giving rise to a new ECI declaration in 2013. The purpose of this article is to determine the influence of the constitutional court based on the ECI declaration made in 1998, in the public policies Abogado Pregrado

La ausencia de la detención domiciliaria en la ley penal militar, la especialidad de la justicia y la protección de la disciplina y el servicio como valores esenciales en la fuerza pública, conllevaron a no conceder este beneficio jurídico a los procesados por esta jurisdicción, aun por vía de integración normativa. Se investigó los parámetros que tiene la justicia ordinaria para otorgar esta figura, y a partir de allí, se preguntó si era concebible aplicarla en la justicia penal militar sin afectar dichos valores. Para resolver el problema se optó por un enfoque cualitativo basado en la revisión y análisis de la jurisprudencia y la doctrina con el fin plantear la posibilidad de otorgar el subrogado penal cumpliendo los mismos parámetros de la jurisdicción común y se determinó que en torno al reconocimiento de la dignidad humana, la libertad y la integración es absolutamente valido el reconocimiento de tan negado beneficio. The absence of home detention of the military criminal law, the specialty of justice and the protection of discipline and service as essential values in the public force, led to not granting this legal benefit to those prosecuted by this jurisdiction, even for way of normative integration. The parameters that the ordinary justice has to grant this figure was investigated, and from there, it was asked if it was conceivable to apply it in the military criminal justice without affecting said values. To solve the problem, a qualitative approach was chosen based on the review and analysis of jurisprudence and doctrine in order to propose the possibility of granting the criminal surrogate fulfilling the same parameters of the common jurisdiction and it was determined that around the recognition of human dignity, freedom and integration is absolutely valid the recognition of such a denied benefit. Maestría

O presente artigo voltou-se ao tema das cortes de vértice em diferentes ordenamentos jurídicos e à avaliação crítica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O objetivo central da pesquisa foi analisar as cortes de vértice brasileiras da justiça comum, ou seja, não especializada - Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal – à luz dos modelos de cortes de vértice de diferentes países. Para tanto, utilizou-se essencialmente de método de abordagem dedutivo tradicional, partindo-se de conceitos gerais a fim de depreender conclusões específicas. Como resultado, repisou-se conceitos essenciais às cortes de vértice e características de alguns modelos de cortes, permitindo-se observar que o sistema brasileiro possui similaridades com outros ordenamentos jurídicos e concluindo-se no sentido de que cada corte de vértice – à sua maneira – reflete a cultura jurídica local do seu próprio ordenamento jurídico face à clara intersecção do direito com a cultura.

RESUMEN En el presente artículo se plantean algunas reflexiones generales sobre el significado y función de la Corte Constitucional con ocasión de los treinta años de vigencia de la Constitución colombiana, a la luz de su diseño, sus funciones y el papel que juega para la consolidación y respeto de la democracia. El estudio se hace a través de tres partes. En primer lugar, se revisa el modelo de justicia constitucional colombiano adoptado en 1991, mediante su comparación con otros modelos de justicia constitucional -concentrados y difusos- en cuanto a su diseño, sus competencias y el ejercicio de su jurisdicción. La segunda sección hace referencia a los elementos que distinguen a la Corte Constitucional colombiana de otros tribunales constitucionales europeos, tales como los mecanismos de protección de derechos fundamentales, los mecanismos de acceso a la acción de inconstitucionalidad y el control a las reformas constitucionales; asimismo, se evalúa el papel de la Corte en la consolidación del Estado constitucional. Por último, se plantean reflexiones sobre la justicia constitucional y el principio democrático relacionadas con la "objeción democrática", los límites a la interpretación constitucional y el papel de los jueces y el activismo judicial. ABSTRACT The aim of this paper is to assess the meaning and role played by the colombian Constitutional Court along thirty years of came into force the Constitution, in the light of its design, its functions and its role to build up democracy. The analysis is divided in three parts. Firstly, there is a comparison between Colombian constitutional justice since 1991 and other models of constitutional justice, through its design and jurisdiction. Secondly, the paper presents some insights to distinguish Colombian Constitutional Court of other constitutional courts, as its mechanism of protection of fundamental rights and the open access to citizens to judicial review and constitutional amendments. The last part has to do with few ideas related to constitutional justice and democratic principle, as the counter-majoritarian dilemma and the judicial activism.

A pesar de que la jurisdicción Contencioso Administrativa tiene una competencia preponderante para el análisis de la constitucionalidad de los actos administrativos en Colombia, la Corte Constitucional también conoce del control de constitucionalidad de algunos actos administrativos, ya sea por competencia expresa o por una asunción propia. Por lo tanto, en este texto se pretende abordar el estudio de este último escenario, para describir, de manera crítica, esa competencia de la Corte Constitucional para conocer del control de constitucionalidad de los actos administrativos a la luz del control de constitucionalidad concentrado y difuso. Even though the Contentious-Administrative jurisdiction has a preponderant competence for the analysis of the constitutionality of administrative acts in Colombia, the Constitutional Court also have the competence to bring out the constitutional review of some administrative acts, either by express competence or by its own assumption. Therefore, the porpouse of this text is to approach to the study of this last scenario, to describe, in a critical way, the competence of the Constitutional Court to assume the constitutional review of administrative acts, starting from of the concentrated and diffuse constitutional review.

Con el aumento de la creación normativa y la transformación de las clásicas fuentes del derecho, sumado a las técnicas de hermenéutica y argumentación jurídica, todo juez debe ser más que un experto en derecho. La complejidad del derecho desborda a todo el sistema judicial, en especial la tarea de los jueces constitucionales, quienes deben conocer no solo la materia en la que son expertos, sino el ordenamiento jurídico colombiano en su plenitud. En este marco, se estudia el impacto del sistema de IA PretorIA incorporado por la Corte Constitucional como una alternativa tecnológica disruptiva para hacer frente a la demanda cada vez más creciente de una correcta y eficiente administración de justicia. With the increase in normative creation, the transformation of the classic sources of law, and the new techniques of legal interpretation and legal argumentation, every judge must be more than a law expert. The complexity of the law overwhelms the judicial system, especially the task of constitutional judges, who must know the Colombian legal system in totality. In this framework will be studied the impact of the PretorIA system, incorporated by the Constitutional Court as a disruptive technological alternative to face the growing demand for a correct and efficient administration of justice. Magister en Derecho http://www.ustabuca.edu.co/ustabmanga/presentacion Maestría

This article addresses a novel modality of constitutional review applied in Ecuadorian constitutional justice: the faculty of the Constitutional Court to declare related statutes unconstitutional ex officio. As its scope remains unclear, it is due to the ambiguity of the legal standards that govern this mechanism, its recent addition to the system, and the lack of studies about it. Firstly, the objective of this essay is to analyze the content of legislation and jurisprudence about the declaration of unconstitutionality of related statutes for understanding its principal attributes in the Ecuadorian legal context. Secondly, the purpose is to comprehend the main critical points that contribute to the difficulties associated with the utilization of this faculty. For that matter, the focus of the analysis will be the applicable rules, emphasizing case law. Even though the Constitutional Court has applied this mechanism numerous times, it has not answered many doubts about its implementation. The development of guidelines for the implementation of this faculty has only begun since issuing judgment 1024-19-JP/21 in 2021. Este trabajo aborda una modalidad de control constitucional novedosa en el sistema de justicia constitucional ecuatoriano: la facultad de la Corte Constitucional para declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas. La falta de claridad en algunos preceptos normativos que rigen este instituto, su reciente inclusión y la ausencia de estudios académicos específicos ha desembocado en que su alcance continúe siendo una interrogante en varios de sus aspectos relevantes. Los objetivos del trabajo son, por un lado, examinar el desarrollo normativo y jurisprudencial de la declaratoria de inconstitucionalidad por conexidad, a fin de comprender sus características en el diseño jurídico ecuatoriano; y, por otro, identificar los principales nudos críticos que dificultan el adecuado ejercicio de esta herramienta. Para este efecto, se analizará la regulación normativa y su desarrollo jurisprudencial. Como se podrá apreciar, a pesar de haber ejercido esta atribución en múltiples ocasiones, la Corte Constitucional no ha contestado todas las dudas que giran en torno a la aplicación de esta importante figura; fue a partir de la emisión de la sentencia 1024-19-JP/21, en el año 2021, que la Corte ha empezado a desarrollar expresamente algunas pautas para el ejercicio de esta atribución.

espanolA pesar de su diversidad etnica y cultural, Colombia no se presenta como referente del buen vivir en los ambitos academico o politico. Por esto, el presente trabajo busca analizar la existencia de los postulados del buen vivir a partir del estudio de tres pronunciamientos de la Corte Constitucional colombiana en los que se han resuelto conflictos sobre el modelo de desarrollo. Se puede anticipar que, en estos fallos, la Corte ha apostado por elementos afines al buen vivir, implicita o explicitamente, mediante una critica a la irreflexibidad economicista con la que se asume el proyecto de desarrollo extractivo colombiano y el respaldo que otorgo a las diversas formas de vida de las comunidades involucradas en estos conflictos. EnglishDespite its ethnic and cultural diversity, Colombia is not a benchmark for good living in the academic or political spheres. Therefore, this work seeks to spot the existence of the postulates of good living based on the study of three decisions by the Colombian Constitutional Court in which conflicts over the national development model were resolved. We can anticipate that, in these rulings, the Court has opted for elements related to good living, implicitly or explicitly, as depicted in the criticism toward the economic lack of reflexibility with which the Colombian extractive development project is assumed and in the support granted to the various ways of life in the communities involved in these conflicts. portuguesApesar de sua diversidade etnica e cultural, a Colombia nao e referencia do bom viver nos contextos academico ou politico. Por isso, neste trabalho, pretende-se analisar a existencia dos principios do bom viver a partir do estudo de tres pronunciamentos da Corte Constitucional colombiana nos quais sao resolvidos conflitos sobre o modelo de desenvolvimento. Pode-se antecipar que, nessas decisoes, a Corte apostou por elementos afins ao bom viver, implicita ou explicitamente, mediante uma critica a irracionalidade economicista com a qual sao assumidos o projeto de desenvolvimento extrativo colombiano e o apoio que outorgou as diversas formas de vida das comunidades envolvidas nesses conflitos.

En el presente documento se presenta esa dicotomía en la cual, por un lado la voluntad de las partes que ha permitido acordar contractualmente el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, renunciando a resolver sus disputas ante la jurisdicción permanente del Estado, en aras de obtener una decisión definitiva por parte de los árbitros y en el marco del Estatuto Arbitral, y por la otra, el acceso efectivo a la justicia Estatal empleando la acción de tutela para buscar la anulación del laudo arbitral como mecanismo alterno al respectivo recurso de anulación, pretendiendo crear instancias adicionales que no fueron previstas en el estatuto arbitral. La intervención de la justicia Estatal en el arbitramento nacional, ha suscitado a una problemática entre el alcance de la autonomía contractual de las partes y la delegación constitucional de jurisdicción respecto de las facultades y competencia atribuibles a la jurisdicción permanente del Estado. En el presente documento, se realizó un breve recuento histórico del arbitramento nacional y la identificación de los aspectos normativos en la interrelación del arbitraje nacional y la jurisdicción Permanente del Estado, así como la limitación de la acción de tutela en los laudos proferidos en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada. The intervention of the State-Justice in the national arbitration has given rise to a problem between the scope of the contractual autonomy of the parties and the constitutional delegation of jurisdiction regarding the powers and competence attributable to the permanent jurisdiction of the state. In this document, a brief historical account of the national arbitration and the identification of the normative aspects in the interrelation of the national arbitration and the permanent jurisdiction of the state, as well as the limitation of the tutelage action in the awards issued under the principle of the autonomy of the private will. Magíster en Derecho Privado Maestría

A pesar de que la igualdad implica necesariamente criterios de diferenciación, el acceso a la función pública en calidad de concejal, no se llega a desarrollar, con arreglo a dicho precepto, puesto que a raíz del artículo 49 parágrafo 3 de la Ley 617 de 2000 se presenta, un trato diferenciado constitucionalmente ilegítimo, sobre los concejales de entidades territoriales de categorías cuarta, quinta y sexta sobre sus homólogos de las categorías superiores. De modo tal que, si una norma legal introduce un trato diferenciado entre determinados destinatarios, como es el caso de los cónyuges, compañeros permanentes y familiares de los concejales de distinta categoría municipal, se deberá justificar bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que de ninguna manera la normatividad puede asumir un criterio discriminatorio y desigual. Dicho lo anterior, el presente escrito se encuentra orientado a identificar en qué medida se presenta vulneración al Derecho Fundamental de Igualdad en el marco del trato diferenciado respecto al régimen de inhabilidades de los concejales de conformidad a la categorización municipal prevista. Despite the fact that equality necessarily implies differentiation criteria, access to public office as a councilman is not developed in accordance with said precept, since as a result of paragraph 3 of Article 49 of Law 617 of 2000, there is a constitutionally illegitimate differentiated treatment of councilmen of territorial entities of fourth, fifth and sixth categories over their counterparts of higher categories. Thus, if a legal rule introduces a differentiated treatment among certain recipients, as is the case of spouses, permanent partners, and relatives of councilmen of different municipal categories, it must be justified under criteria of reasonableness and proportionality, since in no way can the regulation assume a discriminatory and unequal criterion. Having said the foregoing, this brief is aimed at identifying to what extent there is a violation of the Fundamental Right of Equality in the framework of the differentiated treatment with respect to the regime of disqualifications of councilors in accordance with the municipal categorization provided for. Magister en Derecho Público Maestría

Resumen El presente artículo tiene como objetivo realizar el estudio y análisis de las sentencias existentes frente al reconocimiento y reivindicación de derechos a la población LGTBIQ; con el fin de lograr una revisión adecuada frente a los pronunciamientos hechos en el tiempo por la Corte Constitucional. Para ello, se realizó una línea jurisprudencial en la cual se utiliza la técnica propuesta por el académico Diego López en su libro “el derecho de los jueces” y que corresponde al Análisis Dinámico de la Jurisprudencia; es decir, se establece una pregunta o problema jurídico a resolver y se abre un abanico de posibles respuestas a través del análisis de las decisiones judiciales. Se desarrolló este análisis a través de un enfoque de tipo argumentativo, exploratorio y de tipo documental, pues se basó en la revisión de los conceptos de la Corte Constitucional emitidos en relación con la población LGTBIQ. Esta exploración se realizó como insumo para la realización de un proyecto de investigación relacionado con el reconocimiento de derechos pensionales a la misma comunidad. Abstract The objective of this article is to carry out the study and analysis of the existing judgments regarding the recognition and claim of rights to the LGTBIQ population; In order to achieve an adequate review against the pronouncements made over time by the constitutional court, a jurisprudential line was made for this, using the technique proposed by the academic Diego López in his book “the right of judges ”And that corresponds to the Dynamic Analysis of Jurisprudence; that is, a legal question or problem to be solved is established and a range of possible answers is opened through the analysis of judicial decisions. This analysis was developed through an argumentative, exploratory, and documentary type approach, since it was based on the review of the concepts of the Constitutional Court issued in relation to the LGTBIQ population. This exploration was carried out as an input to carry out a research project related to the recognition of pension rights to the same community.

La transición al orden constitucional planteado desde la Carta Política de 1991, da cuentas de un régimen de apertura democrática que dota de mecanismos a la ciudadanía para dialogar con las instituciones del poder y generar espacios de debate y control político. Ello, evidencia la materialización de los elementos de una democracia deliberativa dentro de los contextos jurídico-políticos que se presentan, fundamentalmente, cuando el texto formal contempla un Tribunal Constitucional que posibilita la participación de los círculos sociales, llevando los principios democráticos al campo real de la deliberación colectiva. De ahí que, el estudio expone: En primera medida, el marco teórico-filosófico que caracteriza a la democracia deliberativa y su aplicación dentro del campo jurídico colombiano, expresamente, lo relativo al análisis funcional del Tribunal Constitucional Colombiano, evidenciado desde las intervenciones ciudadanas.

Se analiza desde la perspectiva del Derechos Constitucional, los errores en los fallos judiciales por la indebida interpretación del Art. 45 de la Constitución, acorde a la evolución del Derecho de Familia se sigue la tendencia de cobijar las garantías de este grupo de atención prioritaria como sujeto de derechos humanos. La metodología empleada es cualitativa, sustentada en métodos de análisis y síntesis bibliográficos. La problemática judicial que acaece radica fundamentalmente en que nuestra ley; no adopta en lo orgánico y procedimental mecanismos para que este derecho a ser consultado sea productivo para la argumentación judicial posterior; por lo que el objetivo es crear un protocolo de acompañamiento, interrogantes y abordaje anexo al código orgánico de la niñez y la adolescencia que garantice este derecho constitucional se efectivice y no se considere un requisito vacío a cumplir dentro de un trámite judicial.

This article is the result of the analysis of the protection action, based on the Constitution of the Republic of Ecuador; Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control; jurisprudence and precedents issued by the Constitutional Court of Ecuador and contemporary doctrinaires. To file a protection action, only the quality of citizen is required, therefore, it can be presented by any person at the time when their rights have been violated either by a public authority or by private persons. One of the peculiarities of this constitutional judicial process is that its character is not residual; Therefore, the objective of this work is to analyze the protection action as a mechanism to guarantee the fundamental rights of people in the Ecuadorian legal system, for which a qualitative approach based on the documentary bibliographic analysis was used.

Bajo la estructura dogmática de un enjuiciamiento penal acusatorio, el juez de conocimiento no puede controlar materialmente los preacuerdos y así lo recoge el ordenamiento adjetivo penal en su artículo 351 inciso 4º, pero la interpretación de éste inciso por parte de la corte constitucional y la corte suprema de justicia ha sido distinto, para la primera, el preacuerdo si tiene control material por parte del juez de conocimiento y para la segunda, aun cuando tiene varias líneas del pensamiento al respecto, su corriente mayoritaria profesa que el juez de conocimiento no puede controlar materialmente los preacuerdos; así las cosas, del estudio dogmático del instituto de los preacuerdos y el análisis jurisprudencial de ambas cortes, se llega a la conclusión que el control a los preacuerdos debe ser formal y excepcionalmente material o sustancial, únicamente para evitar que con el mismo se atente gravemente contra garantías fundamentales. Introducción 3 Contexto del Problema 3 Descripción del Problema 3 Pregunta de Investigación 4 Justificación de la Investigación 4 Objetivos de la Investigación 4 Objetivo General 4 Objetivos Específicos 5 Metodología de la Investigación 5 Capítulo I Estructura Dogmática del Instituto de los Preacuerdos en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano 5 Derecho comparado y tendencias nacionales 5 Antecedente Nacional 9 Principios del sistema acusatorio desarrollados en la justicia premial 11 Capítulo II Modalidades de control judicial a los preacuerdos y las negociaciones en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano13 Aspectos Generales 13 Capítulo III El control judicial a los preacuerdos y las negociaciones según la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal Colombiana 15 Corriente que prohíbe cualquier tipo de control material en la acusación y los preacuerdos o negociaciones 15 Corriente que acepta un control material más o menos amplio a la acusación y los preacuerdos o negociaciones 18 Corriente que acepta un control material pero excepcional a la acusación y los preacuerdos o negociaciones 21 Capítulo IV El control judicial a los preacuerdos y las negociaciones según la Corte Constitucional Colombiana y la nueva tendencia al interior de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal 26 Conclusiones 31 Trabajos citados –Bibliografía- 33 Under the dogmatic structure of an accusatory criminal prosecution, the judge of knowledge cannot materially control the pre-agreements and this is reflected in the criminal adjective order in its article 351 paragraph 4, but the interpretation of this paragraph by the constitutional court and the supreme court of justice has been different, for the first, the pre-agreement if it has material control on the part of the judge of knowledge and for the second, even though it has several lines of thought in this regard, its majority current professes that the judge of knowledge cannot materially control the pre-agreements; Thus, from the dogmatic study of the institute of pre-agreements and the jurisprudential analysis of both courts, it is concluded that the control of pre-agreements must be formal and exceptionally material or substantial, only to avoid that with it it seriously violates fundamental guarantees. Maestría

La presente investigación se estructura en cuatro partes, la primera está enfocada en realizar un recuento de las leyes que se han implementado en lo que respecta al medio de policía de traslado por protección y sobre las problemáticas que se han enfrentado hasta llegar a la ley 1801 del 29 de julio de 2016 que se encuentra actualmente en vigencia, para así definir qué medidas se han usado antes de llegar al traslado por protección. En la segunda parte, se analizará el artículo 155 de la ley 1801 o mejor conocida como Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para definir cuáles son los beneficios y qué decisiones se tomaron para garantizar los derechos humanos. En la tercera parte, se lleva a cabo un estudio para identificar las críticas que genera actualmente la norma en cita esto en atención al medio material de policía, para así reconocer las mejoras que se le pueden seguir implementando al Traslado por Protección. También se define la importancia de mantener dicho artículo en vigencia. Por último, se hace una recopilación de testimonios en la ciudad de Villavicencio para analizar si el traslado por protección se implementa actualmente en la misma y qué requisitos son necesarios para implementarlo de manera efectiva en la capital del Meta. During the last century, the Republic of Colombia and the National Police institution have established corrective measures to protect citizens and regulate individual behaviors that may violate collective rights. This new law was designed to ensure the well-being, quality of life of the community, provide public order and above all guarantee ethics, transparency and honesty in the actions of the uniformed. But despite this design, it has been the subject of multiple accusations by citizens who consider some of the articles unconstitutional, such as article 155 "Transfer for Protection”. Therefore, through analysis and reflection, we will seek to respond to the accusations and define whether the public is right about the possible unconstitutionality of the law. Key words: Human Rights Watch. Especialista en Derecho Administrativo http://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacion Especialización

Artículo de investigación Mediante la doctrina de la sustitución, la Corte Constitucional colombiana ha dictado algunas de sus más importantes sentencias en defensa del Estado Social y Democrático de Derecho y en especial de sus ejes definitorios. A pesar de ello, la doctrina de la sustitución ha recibido críticas desde el mismo momento en que el alto tribunal empezó a utilizarla. En el entendido que, para algunos doctrinantes esta teoría es contradictoria con las atribuciones que el artículo 241 de la Constitución otorga al alto tribunal. (Tomado de la fuente). Pregrado Abogado INTRODUCCIÓN 1. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA SUSTITUCIÓN. 2. ANTECEDENTES EN COLOMBIA 3. ELEMENTOS 4. CRÍTICAS A LA DOCTRINA DE LA SUSTITUCIÓN 5. DOCTRINA DE LA SUSTITUCIÓN ¿UNA REVISIÓN MATERIAL DE LA CONSTITUCIÓN? 6. AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE PESOS Y CONTRAPESOS. 7. ¿ES LA DOCTRINA DE LA SUSTITUCIÓN UNA REVISIÓN MATERIAL AL ¿TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN? CONCLUSIONES REFERENCIAS

Crónica jurisprudencial de la sentencia C-102 del 2021 en la que se estableció la exención de IVA a los dispositivos de higiene menstrual en Colombia. Jurisprudential chronicle of judgment C-102 of 2021 in which the vat exemption to menstrual hygiene devices in Colombia was established.

Crónica jurisprudencial de la sentencia C-102 del 2021 en la que se estableció la Exención de IVA a los dispositivos de higiene menstrual en Colombia. Jurisprudential chronicle of judgment C-102 of 2021 in which the vat exemption to menstrual hygiene devices in Colombia was established.

La relevancia del principio de distinción en el Derecho Internacional Humanitario yace en la necesidad de salvaguardar la vida e integridad de quienes no participan directamente en las hostilidades, es por esto que se ve la importancia de realizar un análisis de la aplicación del mismo en el marco de 5 sentencias que la autora consideró relevantes al interior de la jurisprudencia constitucional frente al tema. En el documento se hace un despliegue de actualidad frente a la teoría que permite definir los alcances del principio e incluso hace un corto despliegue respecto a Ley 418 de 1997, la Ley 1908 de 2018 e incluso frente la Ley 2272 de 2022. Posterior a esto se realiza una exposición breve de las sentencias C-572 de 1997, C-1024 de 2002, T-795 de 2013, T-280A de 2016 y C-082 de 2018, que dan paso al análisis crítico que permiten dar respuesta al problema que da origen al artículo: ¿Cuál ha sido la aplicación del principio de distinción por la Corte Constitucional desde las realidades del conflicto armado colombiano? [The relevance of the principle of distinction under International Humanitarian Law rise in need to safeguard the life and integrity of those who do not directly participate in hostilities, which is why it is essential to carry out an analysis of its application within the framework of 5 sentences that the author considered relevant within the constitutional jurisprudence on the subject. The following document displays current affairs in front of the theory that allows defining the scope of the principle and even makes a short display regarding Law 418 of 1997, Law 1908 of 2018, and even Law 2272 of 2022. After this, A brief exposition of the sentences C-572 of 1997, C-1024 of 2002, T-795 of 2013, T-280A of 2016, and C-082 of 2018 is made, which lead way to the critical analysis that allows us to respond to the problem this gives rise to the article: What has been applying the principle of distinction by the Constitutional Court since the realities of the Colombian armed conflict? Pregrado Abogado

Una iniciativa que nace en el marco del grupo de Justicia Constitucional del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, con el objetivo de divulgar, discutir y analizar algunas de las sentencias más importantes que profiere la Corte Constitucional año a año. Un proyecto que, además, hemos pensado a manera de homenaje a este alto tribunal que, durante ya treinta años se ha dedicado tenazmente no solo a la defensa de nuestra Constitución, sino en particular, a la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente, las más vulnerables.

El salario mínimo estipulado por la ley es el de garantizar para el trabajador y su núcleo familiar el cubrimiento de sus necesidades básicas y vitales, de manera que puedan tener una calidad de vida digna, tales como, una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación de calidad, atención en salud y cubrimiento de recreación, con lo cual se configura el principio constitucional de mínimo de mínimo vital y móvil. Este derecho fundamental de la remuneración mínima vital y móvil contemplado así en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 y en tantas ocasiones reiterado en la jurisprudencia tiene como finalidad la de proteger la dignidad de la clase trabajadora, así bien este principio fundamental de la remuneración mínima vital y móvil la Corte Constitucional a indicó que a fin de que el mínimo vital sea garantizado como derecho inalienable de todo trabajador, está constituido Como objetivos generales se tienen la de Interpretar cuáles son los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la Remuneración Mínima Vital Este artículo se justifica porque es importante reconocer que la remuneración mínima vital es un derecho fundamental y a la vez se encuentra incluida en nuestros principios Constituciones como es la dignidad Humana, La metodología utilizada es el paradigma de investigación histórica hermenéutica, este trabajo tiene un enfoque cualitativo el método de investigación es el inductivo el tipo de investigación descriptivo la población y muestra son las diferentes sentencias de la Corte Constitucional sobre el mínimo vital, la muestra es intencional y se tomaran dos sentencias de la Corte Constitucional Técnica a utilizar es el análisis de texto. The minimum wage stipulated by law is to guarantee the worker and his family nucleus the coverage of their basic and vital needs, so that they can have a decent quality of life, such as adequate food, decent housing, education. of quality, health care and recreation coverage, with which the constitutional principle of minimum vital and mobile minimum is configured. This fundamental right of the minimum vital and mobile remuneration contemplated in article 53 of the Political Constitution of 1991 and on so many occasions reiterated in the jurisprudence has the purpose of protecting the dignity of the working class, as well as this fundamental principle of the minimum vital and mobile remuneration the Constitutional Court indicated that in order for the minimum vital to be guaranteed as an inalienable right of every worker, it is made up of the basic requirements essential to ensure the decent subsistence of the person and his family, not only in regarding food and clothing, but also regarding health, education, housing, social security and the environment, as irreplaceable factors for the preservation of a quality of life that, despite its modesty, corresponds to the most elementary demands of being human. The general objectives are to Interpret what are the pronouncements of the Constitutional Court on the Minimum Vital Remuneration This article is justified because it is important to recognize that the minimum vital remuneration is a fundamental right and at the same time it is included in our principles Constitutions as it is human dignity, The methodology used is the paradigm of historical hermeneutic research, this work has a qualitative approach, the research method is inductive, the type of descriptive research, the population and sample, are the different sentences of the Constitutional Court on the vital minimum, the sample is intentional. and two sentences of the Technical Constitutional Court to be used is the text analysis.

El siguiente problema de investigación tiene como principio llevar más allá las perspectivas y retos del derecho constitucional y administrativo en cuanto a los quebrantamientos de las garantías constitucionales en adultos mayores durante el covid-19. Como objetivo general se tiene la de interpretar cuáles son las garantías constitucionales que se le vulneran a los adultos mayores frente al estado de excepción (covid-19) La presente investigación se justifica por que pretende indagar mediante un tema general aquellas vulneraciones que se han llevado a cabo contra los adultos mayores dentro de la pandemia y del confinamiento impuesto en el año 2020 a causa de fuerza mayor, La metodología que se utilizó en este artículo es el paradigma de investigación el hermenéutico histórico, con un el enfoque cualitativo, el método inductivo, el tipo de investigación descriptiva. La población y muestra son los diferentes textos y sentencia de la corte constitucional. la técnica del análisis de contenido de textos La principal conclusión es que en estos momentos el adulto mayor cuenta con todo el apoyo del estado, debido a su indefensión, el Estado es responsable de ser garante de sus derechos por ser parte de la población de mayor vulnerabilidad, así se encuentra establecido en diferentes textos manifestados y proferidos por la Corte Constitucional pero también se necesita una adecuada protección de las personas mayores es imprescindible la colaboración de la población joven y adulta. The following research problem has as a principle to further the perspectives and challenges of constitutional and administrative law in terms of violations of constitutional guarantees in older adults during covid-19. The general objective is to interpret what are the constitutional guarantees that are violated to older adults in the face of the state of exception (covid-19) The present investigation is justified because it intends to investigate through a general theme those violations that have been carried out carried out against older adults within the pandemic and the confinement imposed in 2020 due to force majeure, The methodology used in this article is the historical hermeneutic research paradigm, with a qualitative approach, the inductive method , the type of descriptive research. The population and sample are the different texts and sentence of the constitutional court. the text content analysis technique The main conclusion is that at this time the elderly have all the support of the state, due to their defenselessness, the state is responsible for being the guarantor of their rights for being part of the elderly population vulnerability, as it is established in different texts expressed and proffered by the Constitutional Court, but adequate protection of the elderly is also needed, the collaboration of the young and adult population is essential.

Uno de los elementos (lamentablemente esenciales) del contexto latinoamericano es la profunda desigualdad. Quizá sea más preciso hacer referencia a las desigualdades. Dentro de estas, uno de los dramas más acuciantes es la desigualdad estructural de género y su impacto transversal. De allí que el enfoque de género y la vocación transformadora sean fundamentales en toda decisión judicial. La Sentencia SU-201 de 2021 es una decisión que enfatiza en la centralidad de la perspectiva de género en la función de adjudicación. No se puede superar la desigualdad estructural de género si los poderes del Estado se basan en una visión formal de sus competencias. Esta resulta claramente incompatible tanto con los retos sociales que afrontan como con los generosos mandatos constitucionales y derechos humanos que orientan la acción de la autoridad. Esto vale también para el poder judicial. De allí que las decisiones extra y ultra petita, el principio iura novit curia y las medidas de reparación estructural pertenezcan menos a un esquema de activismo judicial y aparezcan como plenamente compatibles (y exigidas) bajo el paradigma del Estado constitucional. One of the (unfortunately essential) elements of the Latin American context is deep inequality. Perhaps it is more precise to refer to inequalities. Within these, one of the most pressing dramas is structural gender inequality and its transversal impact. Hence, the gender approach and the transforming vocation are fundamental in all judicial decisions. The SU-201 Judgment of 2021 is a decision that emphasizes the centrality of the gender perspective in the adjudication function. Structural gender inequality cannot be overcome if the powers of the State are based on a formal vision of their competencies. This is clearly incompatible both with the social challenges they face and with the generous constitutional mandates and human rights that guide the action of the authority. This also applies to the judiciary. Hence, the extra and ultra petita decisions, the iura novit curia principle and structural reparation measures belong less to a scheme of judicial activism and appear as fully compatible (and required) under the paradigm of the constitutional State.

Artículo de Investigación Reflexión En las últimas décadas se ha discutido sobre la independencia del poder judicial en Colombia, toda vez que cada vez más la implementación judicial se encuentra mediada por la opinión pública y la influenza política, puesto que esta práctica se convierte en un detrimento de los derechos humanos en el país. Pregrado Abogado Introducción I. Desarrollo de la independencia judicial II. la independencia judicial III. El principio de autonomía judicial Conclusiones

Uno de los temas más relevantes del Derecho Administrativo, desde comienzos del siglo XX, lo constituyó el Procedimiento Administrativo al que debe estar atado el ejercicio de la función administrativa del Estado para la expedición de actos administrativos, esto es, para la producción de actos jurídicos unilaterales dotados de la potencialidad de crear, modificar o extinguir una relación de esa misma naturaleza, bien en la esfera de lo general o en el ámbito de lo particular y concreto de los derechos de las personas. En esta investigación se realizó una mirada sobre los antecedentes normativos constitucionales y legales que constituyen el acervo documental de la historia del derecho administrativo colombiano; se observó que tal institución fue completamente ajena tanto a la regulación contenida en la Ley 130 de 1913 (primer Código Contencioso Administrativo) como a la ley 167 de 1941 (segundo Código Contencioso Administrativo), muy a pesar de que en esta última norma, en los artículos del 74 al 81 se reguló la etapa de discusión de la legalidad del acto administrativo a través del llamado “procedimiento gubernativo” o “vía gubernativa”, denominación por la que también se le conoció. En este medio, el procedimiento administrativo, como se evidenció, evoluciona a partir de la regulación legal de un derecho político propio del Estado de Derecho, como en efecto lo es el derecho de petición, derecho que, a pesar de su temprana consagración constitucional, solo vino a ser desarrollado por primera vez en la legislación a través del Decreto 2733 de 1959. One of the most relevant issues of Administrative Law, since the beginning of the twentieth century, was the Administrative Procedure to which the exercise of the administrative function of the State must be tied for the issuance of administrative acts, that is, for the production of unilateral legal acts endowed with the potential to create, modify or extinguish a relationship of the same nature, either in the sphere of the general or in the field of the particular and concrete rights of individuals. In this research, a look was made at the constitutional and legal normative antecedents that constitute the documentary collection of the history of Colombian administrative law; it was observed that such an institution was completely alien to both the regulation contained in Law 130 of 1913 (first Administrative Contentious Code) and Law 167 of 1941 (second Administrative Contentious Code), very despite the fact that in the latter norm, in articles 74 to 81 the stage of discussion of the legality of the administrative act was regulated through the so-called "governmental procedure" or "governmental route", denomination by which he was also known. In this environment, the administrative procedure, as evidenced, evolves from the legal regulation of a political right proper to the Rule of Law, as indeed is the right of petition, a right that, despite its early constitutional consecration, only came to be developed for the first time in legislation through Decree 2733 of 1959.

Desde su creación, la Corte Constitucional de Colombia ha adquirido un papel importante en la sociedad. Parte de ese protagonismo obedece a la intervención judicial en asuntos vitales para la población, tales como el desplazamiento forzado, el aborto, la salud, la eutanasia, la población LGBTI, las cárceles, entre otros. Para fomentar cambios sociales, este Tribunal ha usado excepcionalmente en su jurisprudencia las llamadas sentencias estructurales y ha creado el concepto de declaración del estado de cosas inconstitucional. En el desarrollo de su labor ha conseguido alcanzar algunos logros y sortear ciertas dificultades. Este estudio analiza si la actividad judicial desarrollada en estas decisiones, especialmente la Sentencia estructural T-760 de 2008 se puede ubicar o no en las categorías conceptuales de abogacía de causa y de activismo. La investigación revela de una parte, que la abogacía de causa es una categoría que no se configura en el caso, pero de acuerdo a las dificultades encontradas en el concepto, podría estar relacionada. De otra parte demuestra, que el activismo es una categoría que se enmarca en esta decisión porque ha llevado a la Corte a ejercer un rol activo orientado a la protección de los derechos constitucionales y a la generación de cambios sociales. Since its creation, the Colombian Constitutional Court has acquired an important role in society. Part of this role is due to judicial intervention in vital issues for the population, such as forced displacement, abortion, health, the LGBTI population, prisons, among others. To promote social changes, this Court has exceptionally used in its jurisprudence the so-called structural sentences and has created the concept of declaration of the unconstitutional state of affairs. In the development of its work it has managed to achieve sorne athievements and overcome certain difficulties. This study analyzes whether or not the judicial activity developed in these decisions, especially the structural Judgment T-760 of 2008, can be located in the conceptual categories of advocacy and activism. The investigation reveals, on the one hand, that legal advocacy is a category that is not configured in the case, but according to the difficulties encountered in the concept, it could be related. On the other hand, it shows that activism is a category that is framed in this decision because it has led the Court to exercise an active role aimed at protecting constitutional rights and generating social changes. Maestría Magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público (Modalidad Investigación)

En la legislación colombiana, las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada, por hechos o circunstancias que afecten su salud y en consecuencia el normal desempeño de sus labores habituales, encuentran protección en diversidad de regulaciones normativas de rango Internacional y dentro del ordenamiento jurídico interno, precisamente, dentro del marco de las normas internacionales podemos destacar el Convenio 111 de 1958 de la OIT sobre la discriminación (empleo y ocupación) y la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la cual fue aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009. Dentro del marco Normativo interno, podemos destacar en primera medida el denominado Bloque de Constitucionalidad previsto en la Constitución Política, articulo 53, el cual permite que las normas jurídicas internacionales debidamente ratificadas por Colombia formen parte del marco jurídico interno, así como otras normas constitucionales que permiten la protección de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Dentro del Marco Legal, podemos considerar como la principal la Ley 361 de 1997, mediante la Cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y a su vez se dictan otras disposiciones. Precisamente en el artículo primero de la Referida ley, la cual es conocida como la Ley Clopatofsky, en honor a su ponente, se establecen los principios que orientan esta figura jurídica derivados todos de la Constitución Nacional, es que precisamente, esta ley se creó con el fin de crear una integración social de las personas en situación de vulnerabilidad debido a sus limitaciones físicas o mentales, la asistencia y protección necesarias, en el mismo sentido es dable destacar las disposiciones contenidas en la Ley 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. In Colombian legislation, people who enjoy reinforced job stability, due to events or circumstances that affect their health and consequently the normal performance of their usual tasks, find protection in a diversity of normative regulations of international rank and within the internal legal system. precisely within the framework of international standards we can highlight ILO Convention 111 of 1958 on discrimination (employment and occupation) and the "Convention on the Rights of Persons with Disabilities", adopted by the United Nations General Assembly on December 13, 2006, which was approved in Colombia by Law 1346 of 2009. Within the internal Regulatory framework, we can first highlight the so-called Constitutional Block provided for in the Political Constitution, article 53, which allows international legal norms duly ratified by Colombia to form part of the internal legal framework, as well as other constitutional norms that allow the protection of the rights of people with disabilities. Within the Legal Framework, we can consider Law 361 of 1997 as the main one, through which mechanisms for the social integration of people with limitations are established and, in turn, other provisions are issued. Precisely in the first article of the aforementioned law, which is known as the Clopatofsky Law, in honor of its rapporteur, the principles that guide this legal figure are established, all derived from the National Constitution, it is precisely that this law was created with In order to create a social integration of people in a situation of vulnerability due to their physical or mental limitations, the necessary assistance and protection, in the same sense it is worth highlighting the provisions contained in Law 1618 of 2013, through which Provisions are established to guarantee the full exercise of the rights of persons with disabilities.

El presente estudio de caso teórico tiene como objetivo general analizar la inexistencia de normativa constitucional y la vulneración de derechos en el caso de las personas apátridas. De igual forma la misma pretende determinar la eficacia de los derechos humanos en la movilidad humana de las personas en condición de Apátrida y su desarrollo en la Constitución y los Tratados Internacionales, analizar los derechos vulnerados a las personas en condición de apátridas según la Constitución y los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos y por ultimo promover la protección de los derechos humanos en la movilidad humana de las personas en condición de apátridas establecidas en el Ecuador. La metodología que se utilizara dentro de la presente investigación estará basada en el enfoque cualitativo del análisis del caso teórico, a los efectos de la aplicación del método científico se empleara una guía de observación con características de las variables a los fines de evidenciar las conclusiones del presente estudio. Por último, la investigación concluye señalando que en la ley de movilidad humana no existe un capitulo especifico que regule los derechos y garantías de la población apátrida, solamente se observan normas dispersas de forma genérica en el contenido de la ley situación que evidencia el vacío normativo existente. The general objective of this theoretical case study is to analyze the lack of constitutional regulations and the violation of rights in the case of stateless persons. Likewise, it aims to determine the effectiveness of human rights in the human mobility of stateless persons and its development in the Constitution and International Treaties, analyze the violated rights of stateless persons according to the Constitution and international instruments for the protection of human rights and, lastly, promoting the protection of human rights in the human mobility of stateless persons established in Ecuador. The methodology that will be used within this research will be based on the qualitative approach of the analysis of the theoretical case, for the purposes of applying the scientific method, an observation guide with characteristics of the variables will be used in order to demonstrate the conclusions of the present study. Finally, the research concludes by pointing out that in the human mobility law there is no specific chapter that regulates the rights and guarantees of the stateless population, only rules dispersed in a generic way in the content of the law are observed, a situation that evidences the normative vacuum existing.

A strategic issue of the State, such as the creation of a ministry, should have an adequate legislative procedure and have its structure clearly defined from the moment of its conception. The creation, modification and suppression of ministries and administrative departments should be due to a reasonable planning exercise and not to improvised decisions., Un tema estratégico del Estado, como lo es la creación de un ministerio, debería contar con un procedimiento legislativo adecuado y tener claramente definida su estructura desde el momento de su concepción. La creación, modificación y supresión de los ministerios y los departamentos administrativos debe obedecer a un razonable ejercicio de planeación y no a decisiones improvisadas.

Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados del análisis de la sentencia T-622 de 2016 por medio de la cual se declaró al río Atrato como entidad sujeto de derechos en tres etapas, en la primera, se describen las afectaciones a la salud y al ambiente por el desarrollo de la minería ilegal, en la segunda etapa, se hace un recuento de las consideraciones que tuvo la Corte Constitucional para declarar al río Atrato como sujeto de derechos y en la tercera etapa, se describen los avances de cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte. Se realizó una revisión de los informes emitidos por el comité de seguimiento y los boletines informativos emitidos por el Ministerio de Ambiente como representante legal del río. Se pudo evidenciar que la población asentada en la cuenca del río Atrato está expuesta a concentraciones de mercurio mayores a las recomendadas por la Organización Internacional para la Salud-OMS, como los ecosistemas han perdido su capacidad de proveer servicios a estas comunidades, la vulneración de los derechos a los territorios colectivos, pueblos étnicos y comunidad en general, al igual que el protagonismo que da la corte a la constitución política colombiana de 1991, y la manera extemporánea como han venido cumpliendo las órdenes dadas por la corte. This article aims to present the results of the analysis of judgment T-622 of 2016 by which the Atrato river was declared as an entity subject to rights in three stages, the first one describes the effects on health and environment due to the development of illegal mining, in the second stage, a recount is made of the considerations that the Constitutional Court had to declare the Atrato river as a subject of rights and in the third stage, the progress of compliance with the orders is described given by the Court. A review was made of the reports issued by the monitoring committee and the information bulletins issued by the Ministry of the Environment as the river's legal representative. It was possible to show that the population settled in the Atrato river basin is exposed to concentrations of mercury higher than those recommended by the International Health Organization-WHO, as ecosystems have lost their capacity to provide services to these communities, the violation of the rights to collective territories, ethnic peoples and the community in general, as well as the prominence given by the court to the 1991 Colombian political constitution, and the extemporaneous manner in which they have been carrying out the orders given by the court. Especialización

Se tiene por objetivo, dar visibilidad a una problemática que ha sido ignorada durante el transcurso del tiempo, ya que, como docente universitario muchas veces se deja la vocación en el ejercicio de la profesión, puesto que se encuentra una estabilidad económica sin importar los requisitos de contratación y de cátedra, que llegan a irrumpir posiciones morales y de culto, las cuales generan una exclusión de libertades para el docente universitario y que resultan importantes exponer para poder ser consientes de esta situación , la libertades que se abordan son las de cátedra y culto, como siendo derechos fundamentales están siendo sesgados y no queda otra opción que tener que escoger el disfrute de alguno de los dos y simplemente la renuncia de ambos. The objective is to give visibility to a problem that has been ignored during the course of time, since, as a university teacher many times the vocation is left in the exercise of the profession, since an economic stability is found regardless of the requirements of hiring and professorship, which come to break moral and cult positions, which generate an exclusion of freedoms for the university teacher and that are important to expose in order to be aware of this situation, the freedoms that are addressed are those of teaching and worship, as being fundamental rights are being biased and there is no other option but to have to choose the enjoyment of either or simply the resignation of both. Especialización

RESUMEN El artículo tiene el propósito de analizar los límites de la justicia dialógica que, en años recientes, han implementado los tribunales constitucionales, entre ellos, la Corte Constitucional colombiana, para proteger los derechos sociales, principalmente, en casos estructurales que implican la vulneración sistemática de estos derechos a un grupo importante de personas, y cuya solución amerita el diseño y la ejecución de políticas públicas. Para ello, el texto aborda el experimentalismo democrático y la gobernanza experimen tal, y utiliza ejemplos de la jurisprudencia constitucional de Colombia para mostrar los límites de este tipo de decisiones y las posibles alternativas para contrarrestarlos. Para finalizar, se aboga por una garantía judicial de los de rechos sociales híbrida y contextualizada, de manera que se complementen las órdenes dialógicas con otro tipo de medidas para no dejar desprotegidos los derechos. ABSTRACT The article has the purpose of analyzing the limits of dialogic justice that, in recent years, have been implemented by the constitutional courts, such as the Colombian Constitutional Court, to protect social rights, mainly in structural cases, that is, those that imply the systematic violation of social rights to an important group and whose solution needs the design and implementation of public policies. To do this, the text explains democratic experimentalism and experimental governance and uses examples of Colombian constitutional jurisprudence to show the limits of this type of decisions and possible alternatives to answer them. Finally, it defends a hybrid and contextualized judicial guarantee of social rights, in order to complement dialogical orders with other types of measures to effectively protect the rights.

El presente documento muestra si el proceso de contratación docente hora cátedra de las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional, está acorde a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, para llegar a esto se identificaron las funciones realizadas en relación con el pronunciamiento de la Corte Constitucional lo correspondiente a la contratación docente hora cátedra en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional. Así mismo se caracterizaron las fortalezas y debilidades de la contratación docente en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional y finalmente se identificaron los derechos presuntamente transgredidos por la forma de contratación docente en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional. Para este fin se utilizó la investigación aplicada es aquella que busca generar conocimiento con la aplicación directa en los problemas de la sociedad, se utilizó el método deductivo es el que va desde lo general a lo particular, se uso la técnica del Estudio de Caso, por medio del análisis documental, pues se realizó un rastreo bibliográfico del tema y se realizó una revisión al respecto. Se concluyó que el proceso de contratación docente hora cátedra en las Instituciones de Educación Superior del Ejército Nacional no se encuentra acorde a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional pues ésta mediante Sentencia C-006 de 1996 ha dispuesto que los docentes de cátedra se deben reconocer cómo se reconoce a los docentes de carrera Tabla de Contenido Resumen 6 Abstract 7 1. Problema 8 2. Objetivos 11 2.1. Objetivo General 11 2.2. Objetivos Específicos 11 3. Justificación 12 4. Metodología de la investigación 14 4.1. Tipo de investigación 14 4.2. Método 14 4.3. Población y muestra 15 4.4. Técnica de recolección de datos 15 4.4.1. Estudio de Caso 15 4.5. Instrumentos 16 4.5.1. Análisis Documental 16 5. Marco Teórico 18 5.1. Modalidades de contrato 19 5.1.1. Contrato Escrito 19 5.1.2. Contrato Verbal 20 5.2. Regulación normativa de los Docentes hora cátedra y su forma de vinculación 20 6. Desarrollo 28 6.1. La contratación docente en las Instituciones de Educación Superior del Ejercito Nacional. 28 6.1.1. Profesor de Hora Cátedra: 29 6.1.2. Profesor Militar 30 6.1.3. Profesor Civil de Catedra 30 6.1.4. Etapas del proceso de selección, contratación de profesores hora cátedra y liquidación de los contratos de los mismos: 34 6.1.5. Escuelas y Centros del Sistema Educativo del Ejército Nacional 36 6.1.6. Categoría y condiciones de profesores de hora cátedra 37 6.1.7. Documentos requeridos para el proceso de selección y contratación de profesores de horas cátedra 41 6.2. Fortalezas y debilidades en la contratación de docentes hora cátedra 44 6.2.1. Lineamientos para la estandarización de perfiles de profesores de hora cátedra y desarrollo del proceso de selección, contratación y liquidación de contratos de esta naturaleza 44 6.2.1. Honorarios 45 6.2.2. Salario 50 6.2.3. Derecho al salario 58 6.2.4. Salarios y prestaciones 62 6.2.5. La Hora Cátedra 66 6.2.6. Hora Cátedra y Prestaciones Sociales de los catedráticos 68 6.3. Derechos presuntamente transgredidos 70 7. Conclusiones 72 Bibliografía 75 This document shows whether the process of hiring teacher hours of the National Army Higher Education Institutions is in accordance with the parameters established by the Constitutional Court, in order to achieve this, the functions performed in relation to the ruling of the Court were identified. Constitutional that corresponds to the hiring of teaching hours in the Higher Education Institutions of the National Army. Likewise, the strengths and weaknesses of teacher recruitment were characterized in the Institutions of Higher Education of the National Army and finally the rights allegedly violated by the form of teacher recruitment in the Institutions of Higher Education of the National Army were identified. For this purpose, applied research was used, it is that which seeks to generate knowledge with direct application in the problems of society, the deductive method was used, it is the one that goes from the general to the particular, the technique of the Case Study was used, by means of documentary analysis, since a bibliographic search of the subject was carried out and a review was carried out on the matter. It was concluded that the process of hiring professor hour chair in the Institutions of Higher Education of the National Army is not in accordance with the parameters established by the Constitutional Court, since it by means of Sentence C-006 of 1996 has established that the professors must be recognized how career teachers are recognized Maestría

Courts can have direct and indirect influence on the legislative process. Thus far, studies of the Colombian Congress have mainly focused on the Constitutional Court’s direct influence on the legislature. This article explores the court’s indirect influence. Through a case study of the 2012 Military Criminal Code Reform, it shows how the court changes legislators’ calculations and behavior when discussing a bill. Due to its independence and accessibility, the Constitutional Court provides minority coalitions in Congress with a wider array of strategies they may engage with. The article identifies and characterizes two obstruction tactics: to invite the court (by documenting, inciting, or maximizing procedural irregularities) and constitutionality challenges before the court. Together, these two strategies allow minority coalitions to block bills and advance their agenda. Resumen Las Cortes influyen de forma directa e indirecta en el proceso legislativo. Hasta el momento, los estudios sobre Congreso en Colombia se han enfocado mayoritariamente en la influencia directa de la Corte Constitucional. Este articulo explora su influencia indirecta. Usando la Reforma Penal Militar de 2012 como estudio de caso, mostramos como la Corte cambia los calculos y comportamiento de los congresistas. Debido a su independencia y accesibilidad, la Corte Constitucional amplia el abanico de estrategias disponibles a las coaliciones minoritarias de oposicion en el Congreso. Aqui identificamos dos practicas de obstruccion: invitar a la Corte (mediante la motivacion o aprovechamiento y la documentacion de vicios de procedimiento), y demandas ante la Corte. Juntas, estas estrategias les permiten a oposiciones minoritarias bloquear leyes adversas y avanzar su agenda en el proceso de construccion de politicas publicas.

RESUMEN Las 'cargas argumentativas' exigidas en las demandas de inconstitucionalidad terminaron de eliminar la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad. El presente artículo evidencia empíricamente cómo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional ha incentivado su 'privatización'. Nos referimos a dos fenómenos simultáneos: la restricción generalizada para ejercer el derecho ciudadano de participar en el control del poder político a través de esa figura, y la concentración de su uso y goce en una élite: los abogados. Nuestros modelos probabilísticos advierten el robustecimiento de desigualdades injustificables en el ejercicio y goce de los derechos incorporados en esta acción, tanto entre abogados y no-abogados como entre hombres y mujeres. Señalamos que los efectos de la operación de esta acción deben ser tenidos en cuenta al momento de revisar sus alcances y contenido y sugerimos algunas medidas para su futuro desarrollo. ABSTRACT The 'argumentative requirements' established to assess the admissibility of constitutional complaints ended up eliminating the public and informal nature of the public action of unconstitutionality. This article provides empirical evidence of how the development of the Constitutional Court's case-law has encouraged its 'privatization'. We refer to two simultaneous phenomena: the generalized restriction to exercise the citizen's right to participate in the control of political power through this figure; and the concentration of its use and enjoyment in an elite: lawyers. Our models suggest a strengthening of unjustifiable inequalities in the exercise and enjoyment of the rights incorporated in this action. These inequalities are present between lawyers and non-lawyers and between men and women. Finally, we point out how its effects should be considered when reviewing the action's scope and content. We further recommend some measures for its future development.

A investigação objeto da presente pesquisa analisa a problemática relacionada à proteção dos recursos naturais atrelada às ações governamentais, que frequentemente descumprem com o dever de proteger o meio ambiente em conjunto com a coletividade, agindo com ignorância e despreocupação com relação ao assunto. Essa realidade remete ao ajuizamento de ações constitucionais, com o escopo de verificar na prática se esse dever vem sendo efetivamente cumprido ou se, de fato, está sendo omitido. A pesquisa embasa-se na lógica operacional do método hipotético-dedutivo, mediante pesquisa bibliográfica.

RESUMEN Este artículo presenta la manera como la Corte Constitucional Colombiana (CCC) ha limitado el ámbito de aplicación de la cosa juzgada en los procesos de constitucionalidad. Los autores analizan la práctica de la Corte entre 1992 y 2019, y encuentra que la CCC ha relativizado el efecto de cosa juzgada en la mayoría de los casos, especialmente cuando el proceso fue iniciado por una acción, no de oficio por parte de la ccc. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 270 de 1996, la ccc tiene el deber de realizar una revisión de constitucionalidad completa: se debe analizar la norma demandada frente a toda la Constitución, incluyendo los cargos que no son presentados de manera explícita en la acción. En contra de esa ficción, la Corte estableció con su práctica una nueva regla, especialmente desde 2002: si el proceso inicia por una acción (lo que ocurre en el 86% de casos), la cosa juzgada es relativa a los cargos presentados por el accionante y, entonces, hay posibilidad de reabrir en el futuro el debate constitucional sobre la norma acusada. Para la Corte, la vieja excepción se ha vuelto un nuevo principio: entre 2015 y 2019, el 92,4% de las sentencias establecieron una cosa juzgada relativa. ABSTRACT This article shows how the Colombian Constitutional Court (CCC) has limited the scope of the principle of res judicata in constitutional judicial review. The authors analyzed the Court's judicial practice between 1992 and 2019 to find that the CCC has relativized the effect of res judicata in most cases, especially when judicial review proceedings have been initiated by a claim, not ex officio by direct constitutional command. According to article 46 of Law 270 of 1996, the Court has the duty of carrying out a complete review of constitutionality: it must examine the statutory rule against the whole of the Constitution, including charges not explicitly brought up by the plaintiffs. Against this fiction, the Court has established through his practice a new default rule, especially since 2002: if judicial review procedure is triggered by a citizen's claim (which occurs in fact in 86% of the cases), res judicata is merely relative to the charges brought up and, thus, it will be further possibilities to open up the constitutional debate against that statute. For the Court, the old exception has become the new principle: 92,4% of its decisions have established a relative res judicata between 2015-2019.

En Colombia el derecho a la huelga se encuentra ubicado en el artículo 56 de la Constitución Política, dentro del capítulo de los derechos, económicos, sociales y culturales (DESC). Como de ordinario se suele entender, esta categoría de derechos tiene una naturaleza prestacional y programática, razón por la cual, en principio, carecen de justiciabilidad directa a través de mecanismos jurídicos como, por ejemplo, la acción de tutela. No obstante ello, desde hace algunas décadas, la Corte Constitucional colombiana ha admitido que como consecuencia de su íntima relación con otras garantías fundamentales, la huelga puede ser reconocida como un Derecho Fundamental “por conexidad”. Adicionalmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como parte del bloque de constitucionalidad, ya lo ha denominado como un derecho fundamental en múltiples ocasiones.

En el tema que nos ocupa en esta oportunidad es indispensable revisar algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional y confrontarlos con el poder de reforma, cabría entonces algunos cuestionamientos: ¿puede el poder de reforma de la Constitución controvertir, limitar y anular fallos de la Corte Constitucional por tratarse de un poder constituido? ¿puede manifestarse el pueblo a través de los diferentes mecanismos de reforma previstos en la Constitución para mostrar su desacuerdo y desaprobación en relación con los fallos de la Corte Constitucional? Estos son algunos de los interrogantes propuestos que nos van a permitir darle un rumbo definitivo a nuestra investigación. Es decir, exponer si existen o no límites al poder de reforma y como se vería expuesta la Corte Constitucional ante estas decisiones. On the subject that concerns us on this occasion, it is essential to review some pronouncements of the Constitutional Court and confront them with the power of reform, there would then be some questions: can the power of reform of the Constitution dispute, limit and annul rulings of the Constitutional Court because it is a constituted power? Can the people demonstrate through the different reform mechanisms provided for in the Constitution to show their disagreement and disapproval in relation to the rulings of the Constitutional Court? These are some of the proposed questions that will allow us to give a definitive direction to our investigation. That is, to state whether or not there are limits to the power of reform and how the Constitutional Court would be exposed to these decisions. Magíster en Derecho Constitucional Maestría

La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

El objetivo de la investigación, es analizar como el matrimonio igualitario que demandan los grupos Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersex (ILGA) es incorporado en la legislación ecuatoriana, catalogada como un derecho del ser humano al cual todas las personas tienen la posibilidad de decidir con quien compartir sus preferencias sexuales sin ningún tipo de discriminación. Es importante descifrar si el matrimonio igualitario podría ser catalogado como una moda, o por el contrario, si es producto de una construcción social moderna que debe ser respetada dentro de los Derechos Humanos. Es una investigación de tipo cualitativa, empleando una metodología documental, el cual permitió ordenar y comprender las posiciones de los autores sin perder de vista los ejes temáticos. Los resultados del estudio, determinan que la aprobación del matrimonio igualitario aprobado por la Corte Constitucional ecuatoriana, representa un derecho y, aunque no se encuentra enmarcado dentro del ámbito constitucional, representa un avance relacionado a los Derechos Humanos. La controversia y el debate presentado, denota varias aristas que aceptan de buena manera el matrimonio entre personas del mismo sexo, inclusive aseverando que eso debería ser discutido en la Asamblea Nacional más no en la Corte Constitucional. Sobre todo la iglesia y las clases sociales, el cual son sectores que se preocupan por la supuesta descomposición de las familias ecuatorianas. Hoy en día, Ecuador se encuentra en los 27 países que aceptan el matrimonio igualitario, siendo modelo para todos los demás países suramericanos que se encuentran en este proceso.

La hipótesis de partida del presente trabajo radica en que la Constitución italiana únicamente prevé «revisiones» constitucionales, homogéneas o incluso puntuales (apartado 1). No obstante, el autor critica que las fuerzas políticas han intentado aprobar hasta en seis ocasiones «reformas» constitucionales que, como tales, no son homogéneas. En concreto, cuatro de ellas no consiguieron ser aprobadas, mientras otras dos, aun siendo aprobadas por el Parlamento, acabaron siendo rechazadas tras sendos referéndums en 2006 y 2016 (apartado 2). Por lo tanto, el análisis revela que el significado original del concepto de «revisión» previsto en el artículo 138 de la Constitución italiana se ha mantenido firme (apartado 3). Finalmente, el autor somete a escrutinio la «reforma Boschi» (apartado 4), que fue abordada a iniciativa del líder del Partido Democrático, Matteo Renzi, siendo asimismo rechazada en sede popular. En efecto, dicha reforma planteaba serias perplejidades, tanto por la violación de la elección directa del Senado, como por la naturaleza contradictoria de la disciplina de los Senadores, por la diferenciación excesiva de los procedimientos legislativos y, por último, por la violación del principio constitucional de la garantía de las autonomías territoriales.